miércoles, mayo 12, 2010

Ley racista

Arizona


por Mumia Abu-Jamal

De los miedos, ansiedades y trepidaciones de la vida moderna norteamericana, surge la más reciente Ley de Inmigración desde la Legislatura del estado de Arizona: una declaración de guerra contra la población hispánica grande y creciente en este estado.


El lenguaje recuerda las viejas películas en blanco y negro sobre los oficiales nazis que detienen a la gente en la calle y ordenan: “Tus papeles”. La primera versión de la ley estableció una multa de $ 2,500 U.S. dólares y/o una condena de seis meses en prisión para los que tengan la mala suerte de ser atrapados sin papeles.


La comunidad hispánica ha respondido con indignación y protesta por todas partes del país.


Los mexicanos se sienten especialmente agraviados por este tipo de ley porque el estado de Arizona formaba parte de México durante varias décadas hasta la Guerra entre México y Estados Unidos entre 1946 y 1948, cuando el territorio fue perdido. Desde hace mil años, estas tierras eran el hogar de los pueblos indígenas Anasazi y Hohokum.


Arizona no fue admitido como estado a Estados Unidos hasta el año de 1912. La población hispánica es casi la tercera parte de la población total del estado. Y ahí está el detalle.


Una creciente población de piel morena espanta al Arizona blanco, especialmente a personas de mayor edad quienes observan un cambio que no anticipaban: la morenización de Arizona y la morenización de Estados Unidos.


Ahora la ley da un ultimátum: tus papeles o la cárcel.


El movimiento opositor crecerá a pasos agigantados y los reclamos no se resolverán pronto. Mientras tanto, veremos más miedo, ansiedad y trepidación por los dos lados.


Desde el corredor de la muerte, soy Mumia Abu-Jamal.


2 de mayo de 2010


Audio grabado por Noelle Hanrahan: www.prisonradio.org

Texto circulado por Fatirah Litestar01@aol.com

Traducción Amig@s de Mumia, México



Proclama

Proclama a La Revocacion de Mandato a Felipe Calderon

Más de 4 mil niños mexicanos han muerto en el combate contra el narcotráfico


Casi 4 000 niños han muerto

La diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Teresa Incháustegui, denunció este domingo que en México casi cuatro mil niños han perdido la vida en hechos relacionados con el combate contra el narcotráfico impulsado por el Gobierno, ya sea por fuego cruzados o por acciones delictivas.

La denuncia la realizó a través de un comunicado donde afirma que "esta escalada de civiles inocentes muertos, incluyendo infantes, ha ido en aumento año con año, sin que se sepa a ciencia cierta cuáles han sido las circunstancias de su muerte".

El documento, remitido a las comisiones contra el crimen organizado que se han creado en México, indica que ninguna autoridad federal o local se ha documentado estos fallecimientos en términos de la efectiva participación o responsabilidad que pudieran haber tenido en materia delictiva.

Incháustegui indicó también que la violencia que vive la nación norteamericana ha dejado a más de tres mil 700 menores de edad huérfanos de uno o ambos padres en el mismo contexto, lo que afecta a unas 20 mil familias en México.

Señaló además que de acuerdo a la Red por los Derechos de la Infancia en México, más de 400 niños, niñas y adolescentes han sido reclutados por el crimen organizado tan sólo en Ciudad Juárez (norte).

La diputada del PRD solicitó a la Secretaría de Gobernación (Segob) realizar un registro del número preciso de civiles que han sido víctimas fatales de la lucha contra la delincuencia organizada que se lleva a cabo en las ciudades ubicadas al norte del país.

En este sentido, pidió al Ejecutivo federal crear un fondo nacional de indemnización contra daños patrimoniales y pérdida de vidas inocentes.

La diputada sostuvo que no existe un registro exacto de cuántos civiles inocentes y culpables han muerto a raíz de la lucha contra el narcotráfico impulsada por el presidente mexicano Felipe Calderón.

"En no pocos casos se les ha alterado incluso su identidad para incluirlos en los miles de mexicanos prescindibles, supernumerarios, incluidos en las listas de sicarios, que en la lógica de la guerra contra el narcotráfico son carne de cañón", dijo.

Agregó que ninguna autoridad federal o local se ha dado a la tarea de documentar estos fallecimientos para medir la participación o la responsabilidad de los hechos de los cuales ha

participado. Incháustegui hizo un llamado a la Segob para que inicie un registro puntual de los decesos de civiles donde se indique la edad, sexo y "situación legal respecto a la comisión de delitos" de cada caso.

El espiral de violencia ligada al narcotráfico que se ha desatado en México ha cobrado un saldo de más de 22 mil 743 víctimas desde el año 2006 hasta el 2010 y, según los analistas, el Gobierno de esa nación está lejos de ganar la guerra al flagelo del tráfico ilegal de drogas.

El pasado 23 de marzo la jefa de la diplomacia de Estados Unidos, Hillary Clinton, viajó a México con la intención de determinar el futuro de la Iniciativa Mérida, un plan de financiamiento tecnológico que Washington promueve con el pretexto de disminuir el crimen organizado y el narcotráfico en territorio mexicano.

Este plan se inició en el año 2007 con el auspicio del presidente estadounidense, George W. Bush, y Calderón, en el cual Washington le entregaría a México mil 400 millones de dólares en equipos y tecnologías a lo largo de tres año, bajo el argumento de disminuir estos flagelos en la región.

Según el analista político mexicano y articulista del diario La Jornada, Carlos Fazio, la Iniciativa Mérida es un paso cualitativo en el afán de Estados Unidos de institucionalizar un centro conjunto, como un comando controlado por ese país en suelo mexicano.

Casos como el sucedido en Ciudad Juárez, donde el Gobierno envió a miles de efectivos militares para resguardar la zona, en vez de traer un beneficio más bien ha causado el disgusto de una buena parte de la población por los abusos que éstos cometen.

Se espera que para este 2010 se podría marcar un nuevo récord de casos de violencia ante el incremento que se vio el año 2009, cuando se reportaron nueve mil 635 víctimas, en comparación con las dos mil 837 que se observaron en el año 2007.

Fuente: TeleSur


Sopa de cifras. Sergio Aguayo



Sopa de cifras

Sergio Aguayo Quezada saguayo@colmex.mx,

Reforma 12 de mayo de 2010

El gobierno le declaró la guerra al narco y a la precisión numérica. El desorden desconcierta y conduce a elucubraciones de todo tipo. Lo ejemplifico con una serie de declaraciones aparecidas entre junio y septiembre de 2008.

El 15 de junio de aquel año, Felipe Calderón concedió una entrevista al periódico español El País, en la que aceptó haber declarado la guerra sin conocer la magnitud de la amenaza. El "alcance [del narco] era ya insostenible. Llegué al quirófano sabiendo que el paciente tenía una dolencia muy grave; pero al abrirlo nos dimos cuenta de que estaba invadido por muchas partes, y había que sanarlo a como diera lugar". El desconocimiento sorprende porque debe recordarse que desde 1987 el narco era la principal amenaza a la seguridad nacional.

Después de que hablara el Presidente dio inicio una danza numérica sobre la influencia del crimen organizado en los municipios. El académico del ITAM Edgardo Buscaglia estimó que "entre 50 y 60% de los municipios mexicanos han sido feudalizados y/o capturados" por los cárteles (Reforma, 26 de junio de 2008).

La Procuraduría General de la República (PGR) es particularmente belicosa cuando de números se trata, y el 15 de julio Reforma informó que según la PGR el narco sólo controlaba 80 alcaldías, principalmente en Michoacán y Tamaulipas. Semanas después un diputado del PAN, Gerardo Priego Tapia, se encargó de corregir a la PGR: los municipios infiltrados eran mil 400 (Reforma, 25 de septiembre de 2008). La cereza en el pastel la puso, tres días más tarde, el corresponsal de El País, que citó un documento oficial, también de la PGR, en el que reconocía que el narco tenía infiltrados 80 de los 113 municipios michoacanos (Pablo Ordaz, "Bajo el terror del narco", El País, 28 de septiembre de 2008). ¿A quién creerle?

No describo un hecho aislado. Cifras van y vienen confrontando a la Defensa Nacional con Seguridad Pública y a ésta con la PGR. Esta situación se extiende en relación con la cantidad de dinero que mueve el crimen organizado. Ante la ausencia de una cifra oficial verificable en su metodología y sus fuentes hay una guerra de calculadoras y ábacos. Me referiré a continuación a unos cálculos recientes de una empresa estadounidense dedicada a generar "inteligencia". No dice cómo llegaron al resultado, pero hacen un razonamiento que, de ser cierto, esclarecería alguno de los misterios más insondables sobre el peso del crimen
organizado en la economía.

Hace un mes, George Friedman aseguró que el crimen organizado trae a México cada año entre 35 y 40 mil millones de dólares. Según sus estimaciones, el margen de ganancia de esta actividad anda por 80%, lo que significa que cada año tienen entre 30 y 32 mil millones de dólares para gastar en parrandas, comprar armas y corromper policías y funcionarios. La enorme liquidez sería una de las razones por las cuales las finanzas mexicanas se han comportado tan bien ante la recesión global. La paradoja está en que mientras el crimen organizado desestabiliza algunos aspectos, estabiliza otros. Su conclusión es audaz e
inquietante: a las elites políticas y económicas no les conviene frenar esos ríos de dinero y están buscando, más bien, un equilibrio que preserve los beneficios y reduzca los costos (George Friedman, "Mexico and the Failed State Revisited", Stratfor Global Intelligence, 6 de abril de 2010).

No me encuentro entre quienes tratan como verdad revelada todos los textos que vienen del norte. Sobre todo cuando vienen sin metodología o citas. Recurrí a ese análisis porque la explicación agregada tiene sentido. En esta guerra, que se sepa, no se busca erradicar de raíz esa actividad, sino reducir la peligrosidad de los grandes cárteles resquebrajándolos en unidades más pequeñas. También da una clave explicativa a la pasividad mostrada por las autoridades financieras en el combate al lavado de dinero. Finalmente, la indiferencia ante el costo social es verificable; nuestros gobernantes lo ven y tratan como inevitable y tolerable, quienes recordamos su importancia somos tratados como agoreros obsesionados
con desprestigiar al gobierno de la República.

Cada vez son más frecuentes los sermones de la "unidad nacional" en la retórica del presidente Felipe Calderón y de funcionarios de alto nivel. La exhortación tendría más fuerza si la incluyeran en un discurso coherente, lógico y bien apuntalado estadísticamente. En lugar de eso nos dan una aguada y poco confiable sopa de cifras.

La Miscelánea

Coincido con los llamados para que el gremio periodístico elabore una agenda común con criterios sobre cómo abordar los temas del narcotráfico y la violencia. Es particularmente urgente hacer conciencia de que quienes estamos en la capital gozamos, todavía, de una situación de privilegio frente a nuestros colegas del interior. Solidarizarnos con ellos sería una buena manera de crear mecanismos para defendernos. Nadie nos regalará la seguridad.


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Twitter: @sergioaguayo
Facebook: Sergio Aguayo Quezada
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La relexión siempre necesaria. El ayuno en apoyo a las huelgas de hambre del SME y el MOCRI en Chiapas


Jornada de Ayuno y Reflexión

Del jueves 13 de mayo a las 12:00 del mediodía
al viernes 13 de mayo a las 12:00 am


Las Islas - Ciudad Universitaria - UNAM

Estudiantes y profesores de la UNAM Invitamos cordialmente a acompañarnos en la Jornada de Ayuno y Reflexión que llevaremos a cabo estudiantes y profesores a partir de del jueves 13 de mayo a las 12:00hrs en las islas de Ciudad Universitaria. La jornada dará inicio con una rueda de prensa a las 13:00hrs y consistirá en un ayuno por parte de estudiantes y profesores de 24 hrs en las Islas de Ciudad Universitaria, además de algunas actividades recreativas y culturales que se darán a lo largo de las 24 hrs.

El ayuno se inscribe en el marco de las huelga de hambre del SME y el MOCRI e invita a la denuncia y reflexión al respecto de la criminación de la protesta y lucha social: la pregunta ¿Qué pasa con la violencia de estado y la criminalización de la protesta? invita a reflexionar y denunciar la sistematización de la violencia en el país, desde la nula respuesta a los conflictos laborales, hasta la militarización del norte del país en la presunta guerra contra el narcotráfico.

A casi veinte días de la huelga de hambre de 93 electricistas del SME tras siete meses de lucha y resistencia sin recibir una respuesta satisfactoria de las autoridades ; a casi 50 días de la huelga de hambre que sostienen 36 presos políticos del MOCRI en los penales 15 y 09 de Chiapas y el penal de alta seguridad en Nayarit; a dos semanas del asesinato de Beatriz Cariño y Jyri Jakkola en el ataque a la caravana a San Juan Copala en Oaxaca por parte de paramilitares; a cuatro años de la injusta detención y condena de los presos políticos de San Salvador Atenco; a un año de no haber un sólo responsable por los 49 niños muertos de la guardería ABC de sonora; en el marco de la militarización del país justificada por la presunta Guerra del Narcotráfico y el constante hostigamiento de las comunidades autónomas zapatistas, invitamos a los luchadores sociales a sumarse a esta iniciativa y a reflexionar sobre ello.

Toda la comunidad universitaria cumplimos un papel importante en impulsar la justicia, la paz, el respeto a los derechos humanos, promoviendo la reflexión con acciones y argumentos y no a partir del terror impuesto desde los medios y el discuros oficial.

!Digamos ya basta con ayuno y reflexión!

!Alto a la normalización de la violencia en méxico!

!Ya basta de silencio, toda la sociedad debemos activar nuestra reserva moral y decir ¡Ya basta!"


martes, mayo 11, 2010

La huelga de hambre que están llevando a cabo trabajadores del SME

Un gobierno de izquierda para México



México merece un gobierno de izquierda: Vasconcelos


Judith Amador Tello


MÉXICO, D.F., 10 de mayo (Proceso).- Al repasar y analizar la concepción cultural que su padre, José Vasconcelos, aplicó para la educación del México posrevolucionario en el siglo XX, el exembajador Héctor Vasconcelos lamenta que la derecha en el poder no esté interesada en la formación humanística, sino en la capacitación exclusiva para la producción económica. Hay una razón: “La derecha tiene desprecio y temor a las ideas”.

Convencido de que la derecha tecnocrática está quebrada y ha llevado al fracaso económico al país y al mundo, Héctor Vasconcelos considera que México debe darse la oportunidad de tener nuevamente un gobierno de izquierda, luego de que han transcurrido 70 años desde la presidencia de Lázaro Cárdenas.

El exdiplomático, miembro de la comisión de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para la celebración del Bicentenario de la Independencia de México y el Centenario de la Revolución, y actual secretario de Relaciones Internacionales del llamado gobierno legítimo, vislumbra incluso que habría un mejor proyecto educativo y cultural opuesto a la manifiesta carencia de ideas de los gobiernos panistas.

Y es que para el hijo del filósofo y político José Vasconcelos, exrector de la Universidad y fundador de la Secretaría de Educación Pública, la exclusión de la filosofía y de las humanidades en la enseñanza media superior (Proceso 1695 y 1738) y el retiro del representante permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) (Proceso 1733), no son hechos aislados, sino signos del desprecio y el temor por las ideas, característicos de la derecha.

Por ello, se suma a las críticas que diversos filósofos y especialistas en educación han expresado en este semanario, en el sentido de que a los últimos gobiernos no les ha preocupado la educación integral, la formación de individuos pensantes y críticos, sino la capacitación de mano de obra para servir productivamente al sistema económico en el poder.

Mientras en la concepción de educación, que ha imperado en los últimos siglos en Occidente, lo fundamental es formar la mentalidad de los estudiantes para que puedan ejercer un pensamiento crítico, aquí la tecnocracia en el poder –acorde con las políticas del consenso de Wa-shington– quita el énfasis en la formación humanística.

La supresión de la filosofía viene a ser un paso más de la reforma al sistema educativo, en la cual ya se había eliminado etapas de la historia en la enseñanza secundaria, y parte de un proceso de décadas en el cual se ha venido desvinculando los proyectos educativos y culturales (Proceso 1748). En este sentido, apunta Vasconcelos:

“La cuestión de la historia es realmente crucial, porque si no es a partir del conocimiento de la historia del país propio, ¿cómo pueden formarse ciudadanos que valoren y evalúen el presente de cada generación? Me parece que solamente a partir de una perspectiva histórica y filosófica puede uno tomar decisiones maduras el día de hoy.

“Pero la derecha ha temido históricamente las ideas, porque la derecha no tiene ideas, tiene prejuicios. Ha sido así durante siglos en todas partes del mundo. Y ciertamente la derecha mexicana también ha tenido prejuicios en vez de ideas, entonces es evidente que no tiene ningún interés en que los jóvenes y los adolescentes se formen en la filosofía y en la historia, pues eso es lo que desarrolla las ideas; quieren gente que simple y sencillamente asuma los prejuicios de la derecha y luego sirvan a la función productiva.”

Advierte, sin embargo, una paradoja en el hecho de que para los tecnócratas lo fundamental sea lo económico, pues no tiene buenos resultados en ese campo:

“Fueron ellos los que nos llevaron a una crisis económica como la del año pasado. Es decir, desde mi punto de vista, esta derecha tecnocrática está quebrada en los hechos, porque causaron una crisis internacional que es –por lo menos– la más grave desde 1929.

“Si tuvieran estos criterios puramente economicistas o financieros para llevarnos al éxito, ¡pero no! Nos han llevado al fracaso y han detenido el crecimiento de México que, como todos sabemos, durante los años cuarenta, cincuenta y sesenta tuvo un auge económico importante que permitió –por ejemplo– el surgimiento de una clase media. Desde que la tecnocracia está en el poder, básicamente desde 1982 y de manera muy acusada ahora con los gobiernos del PAN, ni siquiera ha producido prosperidad económica.”

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Oficio de Papel



Miguel Badillo, 10 mayo 2010

El ataque a la caravana por la paz
•Identifica a todos los responsables
•El rescate de los dos reporteros

Erika y David, reporteros ejemplares

Juxtlahuaca, Oaxaca. Maestro y alumno en su época de estudiantes en la Universidad Autónoma de Oaxaca, estos dos viejos amigos tomaron la decisión más difícil de su vida o, al menos, la que los marcará para siempre: el asalto armado a la caravana por la paz que se dirigía a San Juan Copala, en donde murieron dos personas y otras 10 resultaron heridas.

Aunque comparten la misma profesión de la abogacía, se dedican a oficios distintos: uno es político y funcionario del gobierno de Ulises Ruiz, Evencio Nicolás Martínez, secretario general del gobierno de Oaxaca; el otro líder de indígenas y cacique triqui en el municipio de San Juan Copala, Rufino Juárez Hernández.

A los dos los señalan las evidencias y los acusan algunos de los sobrevivientes. También son investigados por su presunta responsabilidad Anastasio Juárez, hermano de Rufino; Antonio Cruz García, alias “Pájaro”, quien presuntamente encabezaba al grupo armado el día del ataque, y Ramiro Domínguez García, representante de la comunidad de La Sabana, donde ocurrió la masacre.

En el brutal ataque armado del martes 27 de abril, ocurrido en el paraje de Los Pinos, del poblado de La Sabana, Evencio y Rufino son cómplices y responsables de la masacre. El primero supo del avance de la caravana y negó la protección policial para que cayeran en la artera emboscada; el segundo advirtió, días antes de que partiera de Juxtlahuaca, que no permitiría que cruzara por el pueblo de La Sabana, en donde él es el mandamás, y así lo cumplió, cuando una gavilla de asesinos disparó a escondidas entre el monte, matando a dos e hiriendo a otros 10, entre ellos los reporteros David Cilia y Erika Ramírez.

Ahora dicen en la Procuraduría General de la República, institución que atrajo el expediente, que a Evencio y Rufino los citarán para que declaren por esos y otros crímenes que han cometido en la región. Y mientras se integra el expediente de la averiguación previa por la agresión a la carava por la paz, el cacique triqui Rufino Juárez busca desde ahora el amparo de la justicia federal ante las versiones de que un juez federal ha librado ya una orden de aprehensión en su contra.

Del político Evencio Nicolás Martínez, quien aspiraba a ser el candidato a la gubernatura del estado por el PRI, funcionarios del gobierno de Ulises Ruiz dicen que tiene sus días contados, pues alguien tiene que pagar por los asesinatos. Lo único cierto es que el funcionario sigue despachando tranquilamente desde su oficina en la Secretaría General de Gobierno en Oaxaca como si nada hubiera pasado. Quienes lo conocen, dicen que ha hecho valer su amistad de muchos años con el gobernador del estado, a quien lo unen otros intereses.

Mientras eso sucede en la capital de Oaxaca, en el poblado de San Juan Copala la situación se complica cada día más para sus menos de mil habitantes. La escasez de alimentos y medicinas, la falta de agua potable y el corte de energía eléctrica hacen que este pueblo se esté muriendo de hambre y sea presa fácil de un grupo paramilitar controlado por la Ubisort, del cual es líder Rufino Juárez. La orden que ha dado al grupo armado es tajante, nadie entra ni sale de Copala, en donde el terror lleva ya cuatro meses.

Una nueva caravana por la paz se prepara desde la ciudad México con el propósito de romper el cerco que la Ubisort ha establecido en esa región triqui, ante la complicidad del gobierno del estado, principalmente del secretario general de gobierno Evencio Nicolás Martínez y el consentimiento del gobernador Ulises Ruiz. A esta nueva caravana han prometido incorporarse legisladores federales, políticos, artistas, intelectuales y periodistas. A ver si es cierto que se atreven.

Crónica de un rescate

El timbre del teléfono celular interrumpió la comida. El mensaje fue escalofriante: hace hora y media (14:30 horas), un grupo de hombres armados atacó la caravana por la paz que se dirigía al pueblo autónomo de San Juan Copala, Oaxaca. Allí viajaban Érika Ramírez y David Cilia, periodistas de este semanario.
La pesadilla para la redacción de Contralínea apenas empezaba aquella tarde del martes 27 de abril de 2010.
El equipo directivo del semanario envió a Oaxaca a un equipo de periodistas para investigar el paradero y el estado de salud de los reporteros. El grupo se trasladó a la zona en conflicto el mismo día de la brutal agresión.
La madrugada del miércoles 28 empezaron los primeros reportes, algunos de ellos, estremecedores: tres testigos que lograron huir del ataque contra la caravana compuesta por observadores internacionales, organizaciones sociales, maestros de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y periodistas, afirmaban que los dos reporteros de la revista Contralínea no habían podido escapar de las ráfagas de fusiles de asalto AK-47, que disparaba el grupo paramilitar desde el monte. Aseguraban que los periodistas habían quedado abatidos en el mismo vehículo.
A lo largo de ese día, el equipo de Contralínea intentó ingresar a la zona, a la zaga de un operativo de 10 camionetas con 50 efectivos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), a cargo del comandante regional Lázaro Hernández; un cuerpo de peritos y uno de médicos. Sin embargo, los agentes cerraron el paso al vehículo de los periodistas apenas al salir de Juxtlahuaca.
Por la tarde, el convoy regresaría con los cuerpos de Beatriz Alberta Cariño, directora del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (Cactus), y el observador de derechos humanos finlandés Jiry Jaakkola, quienes habían sido asesinados al interior de uno de los vehículos. Ante las demandas de integrantes de organizaciones sociales para que se buscara a los entonces 22 desaparecidos, la AEI inició una nueva incursión, de la que las autoridades no ofrecieron resultados.
Un segundo grupo de periodistas encabezado por el director y subdirector de Contralínea, Miguel Badillo y José Réyez, respectivamente, había salido muy temprano por carretera ese mismo miércoles. Por la tarde, los periodistas arribaron a Juxtlahuaca, con la intención de acercarse a la comunidad de La Sabana, lugar del ataque en contra de la caravana y cuya zona es dominada por la Unidad para el Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort), en donde su líder, Rufino Juárez, decide el destino de la población.


La primer llamada telefónica fue al secretario general de gobierno, Evencio Nicolás Ramírez, exprocurador General de Justicia y exombudsman de Oaxaca, a quien señalan como responsable de controlar a las organizaciones triquis. La respuesta a la petición fue de rechazo: él no hablaría con los periodistas de Contralínea.


En Juxtlahuaca, el comandante de la Policía Estatal, Lázaro Hernández, fue tajante: “No vamos a volver a entrar, ya lo hicimos dos veces y nos dispararon, tuvimos que replegarnos; hay muchos hombres armados, no voy a arriesgar la vida de mis hombres, así que no me pida que vayamos a buscar ahorita a los periodistas. Para qué entraron, si ya sabían que era peligroso”.


Una llamada al inspector de la Policía Estatal confirmó la negativa del gobierno de Ulises Ruiz para ayudar al rescate de los compañeros desaparecidos. Hasta ese momento, eran cuatro personas las que estaban en esa condición: los dos periodistas de Contralínea y los activistas Noé Bautista y David Venegas.


Jueves 29: ya han pasado 48 horas y nada con certeza se sabe de los periodistas. La situación se ha tornado alarmante. El equipo de la revista Contralínea y el padre de David Cilia, con el mismo nombre y viejo luchador social, deciden que deben entrar a la zona de conflicto para buscar personalmente a los dos reporteros desaparecidos. La decisión tomada se anuncia muy temprano en el noticiario de la periodista Carmen Aristegui, a quien se le informa que el viernes 30, a las 10 de la mañana, el equipo de la revista Contralínea y David Cilia padre se dirigirán al poblado de La Sabana, lugar del ataque.


Después una llamada de la procuradora general de Justicia de Oaxaca entra al celular del director de Contralínea, quien le dice que “el gobierno de Ulises Ruiz está muy preocupado por los hechos violentos y que han iniciado un trabajo investigativo para dar con el paradero de los dos periodistas”. Pero la funcionaria no ofreció entrar a la zona sino buscarlos en algún hotel de la ciudad de Oaxaca, en donde podrían estar escondidos.


El mismo jueves 28, Zósimo Camacho recibió otra llamada. El de la voz se identificó en voz baja como David Venegas: “Yo estuve hasta hoy en la mañana con tus compañeros; porque son tus compañeros Érika y David, ¿no?”; les prometimos que te llamaríamos en cuanto llegáramos a donde tuviéramos señal”, dijo entre aturdido y emocionado.


Venegas y Bautista, activistas de Voces Oaxaqueñas Construyendo Autonomía y Libertad, habían roto el cerco paramilitar.

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Día de "las Madres"

Lo que oculta el 10 de mayo

Marta Lamas. Proceso


MÉXICO, D.F., 10 de mayo.- Hoy que cientos de oficinas públicas y privadas festejan el Día de la Madre, vale la pena recordar cómo surgió la celebración del 10 de mayo, y así tener una pista sobre qué significa hoy su desmedido festejo. En 1982 la SEP publicó, en su colección Memoria y Olvido, la investigación de Marta Acevedo que muestra que en nuestro país la instauración del Día de la Madre estuvo vinculada a una intervención conservadora.

El proceso social yucateco, generado por la Revolución Mexicana, alienta un movimiento feminista que realiza su primer congreso en Yucatán en 1916. Entre otras cosas, se discute la maternidad, planteándose la necesidad de libre elección y aconsejando a las mujeres cómo evitar embarazos no deseados mediante el método anticonceptivo de Margaret Sanger. A principios de 1922, cuando comienza a gobernar Felipe Carrillo Puerto, se realizan varios actos públicos de la Liga Central de Resistencia del Partido Socialista del Sureste. Grupos de feministas hablan por todo el estado sobre la emancipación de la mujer y sus derechos. Las conferencias son traducidas al maya y se establecen comités feministas en varios lugares. No tardan las críticas al pueblo yucateco, en especial a sus mujeres: Entre marzo y abril de 1922 varios periódicos locales emprenden una campaña contra las feministas y sus propuestas “inmorales” para regular la procreación.

En este contexto, Excélsior retoma la celebración estadunidense del Día de la Madre y convoca a un festejo similar, con el apoyo decidido de Vasconcelos –entonces secretario de Educación Pública–, el arzobispo primado de México, la Cruz Roja y las Cámaras de Comercio. Las propuestas feministas de que la maternidad sea elegida quedan enterradas bajo la avalancha propagandística. De 1922 a 1968, todos los 10 de mayo Excélsior organiza festivales donde premia a las madres más prolíficas, a las más heroicas, a las más sacrificadas. También surge de Excélsior la iniciativa, en 1927, de construir un Monumento a la Madre, que el presidente Miguel Alemán inaugura en 1949 y que hoy es sitio de arranque de las manifestaciones feministas.

¿Qué encubre hoy el torrente discursivo y comercial del 10 de mayo? Por lo pronto, promueve la idea tradicional de la maternidad como un amor incondicional, que implica gran abnegación. Este mito recoge cuestiones reales –las madres sí suelen ser amorosas, generosas y abnegadas–, pero también encubre aspectos negativos o contradictorios del ejercicio maternal. Atrás de la imagen de la “madrecita santa” encontramos a madres agotadas, hartas, golpeadoras, ambivalentes, culposas, inseguras y deprimidas. El mito encubre los descuidos, aberraciones y crueldades que muchas madres –sin duda víctimas a su vez– ejercen contra sus hijos. Pero, sobre todo, la hipervaloración social de las mujeres como madres y el nivel de gratificación narcisista que alienta dificultan que ellas mismas vean ese “trabajo de amor” como una labor que requiere ser compartida y contar con apoyos sociales.

La capacidad femenina de gestar y parir es considerada socialmente como la “esencia” de las mujeres. Por lo tanto, las labores de cuidado de los seres humanos se ven como una cuestión que les corresponde “naturalmente” a ellas. La maternidad es un trabajo entretejido con la afectividad que recibe la mujer a cambio de dosis más o menos elevadas de gratificación psíquica y de poder en el campo interpersonal de la familia y la pareja. Sin embargo, su desempeño es desgastante y puede llegar a ser enajenante. La familia es el lugar del trabajo no reconocido de las mujeres, en su mayoría madres. La responsabilidad de las mujeres por este espacio privado limita su participación pública, sea laboral o política. Aunque se declara que la familia tiene superioridad moral sobre cualquier otro ámbito público, es evidente que no se prioriza políticamente a las familias con medidas que verdaderamente concilien el ámbito laboral con el doméstico: los horarios escolares no son compatibles con los laborales, escasean las guarderías, no hay servicios de cuidado para ancianos, ni lavanderías y comedores colectivos.

Cuando se habla de la maternidad sólo en términos de “destino sublime” se olvidan las horas/trabajo que implica; cuando se elogia la abnegación, se dejan de lado las privaciones que suelen acompañar el trabajo de crianza. Por otra parte, las embarazadas no consiguen empleo, las parturientas son maltratadas en los hospitales y las madres no cuentan con opciones de cuidado para sus hijos y familiares dependientes (discapacitados, enfermos o ancianos), lo que las limita laboral y cívicamente, además de cargarlas con el desgaste físico y emocional que supone atender solas a esos dependientes. Este trabajo de cuidado de los demás subordina socialmente a las mujeres y tiene consecuencias restrictivas en el ejercicio de su ciudadanía y su participación política.

El despliegue retórico del 10 de mayo echa una cortina de humo sobre la poca importancia real que se otorga a este laborioso, complejo y determinante trabajo. Y mientras la mayoría de las mujeres se conforma con la rosa roja o el regalito, las feministas seguimos insistiendo en leyes y medidas que descarguen a las mujeres de la atención de sus dependientes.


La magia del chuj

La magia del chuj

Luis Hernández Navarro. La Jornada, 11 mayo 2010

Uno tras otro, los últimos presidentes de la República se han tomado la foto con los caciques del municipio de San Juan Chamula. A la menor provocación, acompañados por los gobernadores en turno, los mandatarios se han puesto el chuj de lana, el sombrero tradicional con listones de colores, el pañuelo y el morral al hombro, mientras reciben el bastón de mando y se retratan con los mandamás del ayuntamiento.

No les ha importado que el rico cacicazgo de Chamula sea uno de los más rancios, autoritarios e intolerantes de cuantos existen en el país. No en balde han asesinado y expulsado a miles de indígenas evangélicos y opositores democráticos de sus tierras y territorios, y destruido sus templos y viviendas.

Felipe Calderón no es la excepción a esta regla. Hace dos años lo hizo y el pasado 7 de mayo lo repitió. Sólo que en esta última ocasión fue un poco más lejos que sus antecesores. Acompañado por su amigo, el gobernador perredista Juan Sabines, el michoacano dijo que en ese lugar palpita México y pidió al Dios que ilumina y protege a los chamulas que lo guiara. Mientras, se hizo acompañar por un candidato perredista que apenas hace unos días era priísta. En Chiapas –se sabe– el sol azteca se ha convertido en el partido de los paramilitares y los caciques.

El gobierno de la entidad, mientras tanto, se empeña en mantener la imagen de que en su estado impera la tranquilidad y la paz social. En la prensa local, tan beligerante en su momento contra el ex mandatario estatal Pablo Salazar por cancelar la entrega de chayotes, ahora es casi imposible encontrar una crítica al gobernador. En cambio, varios periódicos se ceban en una agresiva campaña mediática contra el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas y los observadores internacionales. Basta asomarse a la página www.realchiapas.blogspot.com para ver cómo la contrainsurgencia juega sus cartas en el terreno de la comunicación.

La administración estatal demanda a las organizaciones sociales que no se movilicen, que no hagan denuncias, que no hagan olas. Para controlar la disidencia rural, reparte dinero, amenaza y encarcela disidentes. Sabines cumplió con el ciclo histórico de sacar de la cárcel a los líderes campesinos a los que Salazar metió a la cárcel y pactar con ellos un entendimiento, pero varios de los beneficiarios le salieron respondones.

Pero, a pesar del apoyo de Los Pinos, la situación es complicada para Juan Sabines. Desde hace muchos años un solo mandatario local (Pablo Salazar) terminó su sexenio completo. El fantasma de la no terminación de su mandato se cierne sobre la cabeza del jefe del Ejecutivo chiapaneco. Su alianza con Roberto Albores, el famoso Croquetas, camina en el filo de la navaja, más aún con las elecciones estatales en puerta. El ex gobernador interino quiere todo, y en cualquier momento puede apostar a la carta de la desestabilización de la entidad. El último incidente en el municipio de Oxchuc así lo muestra. El Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la entidad no se contenta con ser el príncipe consorte de este matrimonio por conveniencia. Mientras, los operadores de Elba Esther Gordillo trabajan para abrirle paso a su candidatura a la gubernatura del estado en 2012. La maestra, en alianza con Enrique Peña Nieto y en pleno desprendimiento de sus compromisos con el Partido Acción Nacional (PAN), necesita una pista de aterrizaje territorial para su futuro inmediato, y Chiapas puede ser un nada despreciable tanque de oxígeno.

Abajo, el mandatario estatal enfrenta la resistencia de una gran cantidad de comunidades a la construcción de la carretera San Cristóbal-Palenque. Ante la amenaza real de que sus territorios sean despojados y su economía local afectada, comunidades o grupos de comunidades a lo largo del camino se organizan y luchan por evitar el despojo. Varias de ellas se han incorporado a la otra campaña y han sufrido acoso, persecución, asesinatos y todo tipo de violencia a manos de paramilitares y policías.

Junto a los grupos paramilitares tradicionales de corte priísta (algunos de cuyos miembros se han incorporado al PRD), han surgido nuevas organizaciones paramilitares crecidas a la sombra de diversas denominaciones evangélicas y protestantes que atacan a adherentes de la otra campaña. Estas agresiones han sido presentadas ante la opinión pública como choques intercomunitarios por motivos religiosos, cuando en realidad son acciones de hostigamiento contra quienes se oponen a la construcción de la nueva carretera, enmarcadas en una guerra de contrainsurgencia que tiene años.

Parece que se ha olvidado ya que Chiapas es un estado militarizado. Con la atención puesta en lo que sucede en entidades como Chihuahua, Nuevo León o Michoacán, ha dejado de ser noticia la enorme presencia del Ejército en el estado, sus cuarteles y destacamentos, la existencia de retenes en las vías de comunicación y los patrullajes en multitud de comunidades. A fuerza de normalizarse, la actuación de los militares se ha vuelto invisible.

Siendo presidente (1994-2000), Ernesto Zedillo acostumbraba visitar Chiapas para hablar de paz y acrecentar la guerra. El guión no fallaba: visitaba el estado, se ponía su chuj, se tomaba fotos con los caciques y, nada más retirarse, las agresiones contra las comunidades en resistencia se intensificaban. Ahora, el libreto es el mismo. La puesta en escena de Felipe Calderón ataviado a la usanza tradicional, pidiéndole al dios chamula que lo ilumine, nos recuerda que, por más silenciosa que quiera ser mantenida, en Chiapas hay una guerra contra el zapatismo y los pueblos indios. Una guerra que no se atreve a decir su nombre.