sábado, junio 30, 2012



Elecciones 2012
 
Afirman que el IFE ha sido omiso ante irregularidades en el actual proceso comicial
En riesgo, el pleno respeto al sufragio, alertan ciudadanos
Advierten que se movilizarán en caso de intento de fraude
Lo haremos de manera pacífica
Foto
Encabezados por el sacerdote Miguel Concha (quinto de izquierda a derecha), representantes de más de 600 organizaciones se reunieron con Leonardo Valdés, consejero presidente del IFEFoto Especial para La Jornada
Fabiola Martínez y Alonso Urrutia
 
Periódico La Jornada
Sábado 30 de junio de 2012, p. 5
La Coordinadora Nacional de la Proclama por el Rescate de la Nación –integrada por más de 600 organizaciones civiles– se reunió ayer con el consejero presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), Leonardo Valdés, para advertir de la presencia de prácticas utilizadas en comicios anteriores que ponen en riesgo el pleno respeto al sufragio efectivo.
Las organizaciones subrayaron que ante la tentativa de fraude habrá una respuesta de este colectivo mediante la movilización y resistencia pacífica.
Lo haremos, no tengan duda, de manera pacífica, no violenta, pero con la firme determinación de revertir cualquier intento de atropellar la voluntad popular expresada en el sufragio, indica el posicionamiento Por la paz y la legalidad, leído por Miguel Concha Malo.
El colectivo entregó una carta a Valdés, firmada –además de Miguel Concha– por Miguel Álvarez Gándara, Sergio Cobo, David Escobar, Magdalena Gómez, Dolores González Saravia, Gilberto López y Rivas, Jesús Ramírez Funes, Andrés Ruiz Furlong, Mario Saucedo, Francisco Saucedo, Marcos Tello y Martín Velázquez.

Proceso viciado
La Proclama por el Rescate a la Nación es una iniciativa amplia que parte de la alerta de que México vive una situación de emergencia, derivada de crisis en todos los órdenes.
En materia electoral, afirma que más allá del resultado de la contienda, es fundamental la participación de la sociedad porque de otra forma con mayor razón se necesitará un gran movimiento de resistencia civil y pacífica que obligue al cambio del rumbo.
Entre los firmantes de este proyecto se encuentran el obispo Raúl Vera, Pablo González Casanova y Javier Sicilia.

Ayer, en la reunión de más de una hora con Valdés Zurita y con el consejero Alfredo Figueroa, la representación de este colectivo advierte que el proceso electoral en marcha ha estado viciado y no se han garantizado los principios constitucionales que rigen la competencia.
Sabemos incluso que consejeras y consejeros electorales del propio IFE en varias localidades han expresado su temor de que se haya configurado de nuevo en esta elección federal un fraude, mediante la compra y coacción del voto, el rebasamiento de los gastos de campaña de los candidatos presidenciales y la ilegalidad e ilegitimidad de su financiamiento, señala la carta.

Queremos expresarles que los hemos percibido renuentes u omisos para enfrentar delitos y faltas a la normatividad con la contundencia que la ciudadanía reclama, agrega la misiva.
Luego, en conferencia de prensa comentaron que el compromiso por la civilidad, firmado la víspera por los candidatos presidenciales, no es suficiente para atajar los intentos de fraude.
Señalaron que si bien algunos aspectos han quedado superados, las irregularidades están fuera, antes de que la gente llegue o no a las casillas.

No le estamos diciendo al IFE que no estamos de acuerdo con su trabajo, pero sí le hemos dicho, con toda franqueza, que ciudadanos y ciudadanas están esperando de este organismo una mayor contundencia ante las prácticas de coacción y compra del voto, así como para los presuntos rebases de gastos de campaña, señaló Concha Malo.

Los consejeros explicaron a los integrantes de las organizaciones civiles las acciones que han emprendido, y compartieron con los visitantes –refirieron ellos mismos– su preocupación por las incidencias previas a la jornada electoral del primero de julio.

Comparten la preocupación por todo lo que dañe la elección, en formas ilegales que no sólo son faltas a la normatividad sino delitos; nos compartieron que más de mil quejas han sido turnadas a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, añadió Concha.
En la conferencia de prensa, Mario Saucedo expresó que en una asamblea del colectivo se llegó a la conclusión de que en 2012 se han ido especializando los mecanismos del fraude. Queremos dejar en claro que la responsabilidad es del IFE, añadió.

En el texto entregado al instituto, las organizaciones consideran que los planteamientos del IFE no se cumplirán por decreto, sino que sólo será posible a partir de una actuación contundente, comprometida e imparcial, en principio, del propio árbitro electoral.

Desde Telemundo

lunes, junio 25, 2012

SALAVERNA 2012



PROGRAMA DE RADIO “CORRE LA VOZ”. DOMINGO 17 DE JUNIO DE 2012, ESTACIÓN: XEOK, FRECUENCIA: 900 DE AMPLITUD MODULADA,
DE 21:00 A 21:30 HORAS. Monterrey, Nuevo León, México.

“SALAVERNA”

“Nosotros (le dijo al presidente Felipe Calderón) cuidamos los bosques y ustedes protegen a los talamontes; mientras nosotros cuidamos la madre tierra, ustedes abren el camino a las mineras trasnacionales que destruyen los montes y envenenan el agua, como sucede ahora mismo en San Luis Potosí, Durango y Guerrero, entre otros estados; con esto destruyen el futuro de nuestros hijos.”
Salvador Campanur dirigente indígena de Cherán.

“La deuda ecológica colonial interna describe una relación desigual y asimétrica que las élites y sus empresas tienen con comunidades rurales y barrios populares. En las zonas rurales se abastecen de agua, materias primas y energía, al tiempo que las despojan de sus tierras y territorios; a cambio regresan a esas comunidades toneladas de basura tóxica y agua contaminada, mientras destruyen la producción local y el tejido social.”

Luis Hernández Navarro, Siembra de concreto, cosecha de ira. pp.19 y 21
Noviembre 2011, Fundación Rosa Luxemburgo y Para Leer en Libertad, A. C.

Esteban Bárcenas Alcalá (EBA): Tuvimos la oportunidad de visitar uno de los pueblos mineros del Estado de Zacatecas, Salaverna es su nombre. Es un poblado pequeño (localizado a mitad de camino entre la cabecera municipal de Mazapil y Concepción del Oro), en cuyo subsuelo se encuentran aparentemente riquezas minerales enormes y las empresas mineras no despreciarán esta oportunidad de explotar el subsuelo donde está asentado el poblado en cuestión, perteneciente al Municipio de Mazapil.
Conforman este pequeño poblado alrededor de 70 o 75 familias, que han iniciado su lucha mediante la cual pretenden hablar con la empresa promotora del desarrollo para negociar. Esa empresa, tiene la intención de desalojarlos de ese territorio, de reubicarlos, siendo que este pueblo tiene ya toda una historia, toda una trayectoria, generaciones que han nacido, que han crecido ahí en el pueblo. Algunos de sus habitantes han emigrado en busca de trabajo y de mejores horizontes, pero regresan periódicamente a su lugar de origen, a su terruño, al cual -como ellos lo expresan- aman: ahí desarrollaron su vida, su existencia, formaron su familia y sus amigos, ahí tienen todo.
La valoración que hace una empresa minera de la explotación de esas tierras, es ofrecerles  una pequeña vivienda de tipo urbano popular, una “minicasita”, como las conocemos aquí en Nuevo León, de concreto, las cuales para la temperatura de verano de esa zona, son verdaderos hornos. No tienen espacio suficiente para las actividades normales de vida de la propia familia, ni mucho menos para cubrir las necesidades de familias rurales que viven, por ejemplo, del pastoreo de rebaños de cabras o chivas; mínimo espacio limitado e insuficiente para quienes se dedican a este tipo de actividades económicas propias del poblado. Además la explotación minera va a generar un impacto ambiental que afectará las actividades agrícolas y de ganado menor que sus habitantes realizan. Es un problema muy grande para este pequeño poblado y están haciendo esfuerzos para que su lucha se conozca.


Habitantes en resistencia

Recordamos la lucha del pueblo indígena en la zona de Wirikuta, en Real de 14, la cual logró una solidaridad a nivel nacional y la realización de un gran evento en la Capital del país. Los Huicholes (wixárikas) lograron despertar la solidaridad hacia  su causa exigiendo al gobierno mexicano revisar esta política de concesiones de terreno mexicano para explotación minera.
No sabemos si se llenan los bolsillos de los políticos que autorizan estas concesiones, pero la Nación recibe graves daños y  poco se beneficia a la población con esos desarrollos. La mayor cantidad de la riqueza del subsuelo en oro, plata y otros metales valiosos, se va de nuestro país, dejando graves problemas a los mexicanos. No compensan el deterioro causado a México y a su población, como en el caso de los wixárikas, atentando contra su cultura, su vida religiosa, sus lugares sagrados, provocando un daño inconmensurable, imposible de ser valorado, de tal manera que no se paga con indemnización alguna.
Así también, los habitantes de este pequeño poblado de Salaverna en Zacatecas, luchan por su existencia como pueblo, y los están dividiendo, contrapunteando a las familias, provocando graves daños al tejido social. Están destruyendo una comunidad y esto tampoco se paga con nada, no hay manera de ponerle precio, y lo que le ofrece la empresa es sólo una pequeña vivienda, sin probar incluso que esa empresa posea los títulos de propiedad o de concesión, pues no los han mostrado. El pueblo parece bombardeado, pues la política de la empresa minera es la de destruir de inmediato paredes y techos de las fincas de las familias que aceptan reubicarse, de esta manera asegurarse que no regresen.


Fachada de la iglesia de Salaverna
Quien otorga las concesiones mineras es la Secretaría de Economía. Como antecedente informamos que la Compañía original que tenía los derechos de concesión en esa zona era Peñoles, quien los vende a un empresario de Coahuila, éste a su vez transmite los derechos a la compañía Tayahua la cual, a decir de los pobladores, se ha asociado ahora con FRISCO, propiedad del hombre más rico del mundo, Carlos Slim, que es quien impulsa e impone el proceso de desalojo sin justificar su derecho.
María Elena Padilla Soto (MEPS): La comunidad de Salaverna tenía poco menos de trecientos habitantes por lo que estimamos les pareció fácil y cómodo ningunearlos. Esta comunidad está muy cerca de una mina denominada el Peñasquito, explotada por una compañía canadiense: la Minera Gold Corp, la cual obtuvo la concesión para explotar esta mina e iniciar sus trabajos a finales del 2006.
La justificación para otorgar estas concesiones es siempre la de que serán detonantes del progreso y de la modernidad. Sin embargo vemos con tristeza  que desde 2006, cuando  empiezan los trabajos de  la empresa, a la actualidad, junio de 2012, el supuesto beneficio para la comunidad no se ha dado.
Mazapil es como un pueblito donde el tiempo se ha detenido, una comunidad con muchas dificultades económicas; es uno de los municipios con mayor marginación en el país y el de mayor marginación en Zacatecas. El supuesto detonante de desarrollo que iba a ser la explotación de los recursos mineros, no se ve por ningún lado.
El progreso viene sí, pero nada más para los dueños de estas empresas trasnacionales porque se sabe no pagan impuestos, o pagan impuestos muy reducidos. El sistema de esta explotación minera se da a cielo abierto o tajo abierto el cual  se caracteriza por ser de los más agresivos con el medio ambiente, incluso este tipo de explotación se prohíbe en la mayoría de los países. Esta minera es la más grande en producción de oro en América Latina y ocupa el segundo lugar en el mundo después de Sudáfrica, entonces deberían sobrar razones para que el progreso económico fuera visible en el municipio de Mazapil.
Lo que pasa ahora con Salaverna, comunidad cercana, es que el poblado está asentado sobre un subsuelo rico en minerales y está próximo a correr la misma o peor suerte debido al intento de la empresa Tayahua, asociada con Frisco de Carlos Slim y ahora en tratos también con El Peñasquito de Gold Corp de desalojarlos para lograr la explotación minera de sus tierras. La destrucción así es no solo al medio ambiente sino también a las relaciones humanas con un costo terrible, un costo que no se paga con dinero; la empresa, de manera prepotente, solo está dispuesta a ofrecer “casa por casa”, y ofrece  una casita de dimensiones minúsculas, en contraste a lo que la gente suele tener: espacios abiertos donde siembran, donde han plantado sus árboles, donde tienen sus animalitos: gallinas, chivas.
(EBA):Tenemos una llamada.
Radioescucha: A mí me parece que estamos enfocando mal las baterías. El empresario anda en la onda del dinero, el está en lo suyo, yo no lo veo tan mal, es más yo no lo veo mal, él anda en lo suyo. El problema es quién es el dique que lo contiene. Quién es la autoridad que permite que llegue una empresa a hacer dinero, como es la meta final de cualquier empresario, quién es la autoridad que lo deja hacer y deshacer. Quién no le pone un coto a la forma como se transfieren divisas fuera de México, sin que le cueste ningún costo ni pago de contraprestación, nada. Ese es el problema.
El problema es la autoridad. Y el problema somos nosotros por la corta memoria. Tenemos ahora una ex alcaldesa que fue artífice o fue parte principal, parte muy importante de un despojo, de un terreno que va a ser un estadio y la señora anda feliz de la vida haciendo campaña. Y la señora tiene, por lo que se oye, según las encuestas (aunque yo no meto las manos al fuego por esas encuestas), muy buenos índices de popularidad.
¿Quién es la que está mal ahí, la empresa o nosotros que no cuestionamos esto? Somos nosotros, la empresa está en lo suyo. Mal que no tengan una conciencia. Pero el fin de ellos es hacer dinero. Y si a mí, nadie me pone un límite, pues voy a hacer todo el dinero que pueda, y voy a destruir en aras de ese dinero.
Tenemos alcaldesas, tenemos secretarios de economía que son verdaderos serviles a los empresarios nacionales y extranjeros, y los señores todavía quieren dar clases de economía a los candidatos. Como este Señor Ferrari, que si tuviéramos la memoria de saber quién es este señor, cuál es su relación con los Legionarios, y como andaba aquí en la tele local de Monterrey dándonos lecciones de qué pensar y qué no pensar para ser unos “buenos cristianos”, ése es el señor que anda ahí, el que manejó la economía de los Legionarios de Cristo, ése es el Secretario de Economía.
Somos nosotros los del problema, no tenemos memoria, ellos hacen y deshacen porque nosotros los dejamos, y porque a nosotros se nos olvidan las cosas a la semana o a las dos semanas.
(MEPS): Tiene usted toda la razón. Efectivamente estamos de acuerdo con lo que el compañero acaba de decir. El Estado está entregado a los intereses del poder económico. La obligación que tenemos como ciudadanos es participar, obteniendo la información necesaria para formarnos una opinión. Los ciudadanos debemos obtener la información y el conocimiento para poder actuar en consecuencia. El camino es ése, el de la participación ciudadana, para empezar a cambiar el rumbo de nuestro país. Mientras no estemos conscientes que la tarea es de todos, van a seguir haciendo lo que quieran.
(EBA): Coincidimos totalmente con el compañero que nos acaba de llamar. Sabemos quién es Bruno Ferrari, Secretario de Economía, uno de los dirigentes destacados de los Legionarios de Cristo, su participación política nacional sirve definitivamente a los intereses de las grandes empresas trasnacionales, a los grandes monopolios que dominan la rama minera en el mundo, y por supuesto que no les importa la explotación que están sufriendo los mexicanos.
Enseguida les leo lo que dice un reportero zacatecano: “las empresas mineras han procurado muy poco, y han contaminado en extremo, pues los pueblos aledaños a su explotación y a su extracción minera han quedado con tierras y mujeres infértiles, algunos niños han nacido con anancefalia, y los pueblos se han quedado en calidad de fantasmas. Por si fuera poco, se ha dañado el valor sagrado de los pueblos indígenas”.
La responsabilidad del Estado es fundamental. Cuando visitamos Salaverna, nos encontramos con un número reducido de familias, 75 familias, ellas no pueden solas contra un monstruo como lo son estos grandes monopolios que cuentan con equipos de abogados especializados para envolverlos y no se les hace difícil borrarlos del mapa, quitarlos de ese territorio y reducirlos a la nada.
Por esa razón aprovechamos la oportunidad para informarles, difundir esta lucha y contribuir a la solidaridad con estas familias que no cuentan con medios de comunicación, no tienen periódico, tienen escasamente algún teléfono, están aislados del mundo; cuentan con muy poco, con apoyo de paisanos que viven en la ciudad intentan llegar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y esa Comisión les pide oficios que hayan presentado ante diversas dependencias, mismas que están alejadas kilómetros y kilómetros. Esta Comisión que debería ser “la defensora del pueblo”, debería realmente ayudarlos enviando a sus abogados a respaldarlos. Falta mucho apoyo para ellos, los invitamos a estar con Salaverna.
(MEPS): El acompañamiento de todas estas luchas es indispensable. Finalmente estas pocas familias van a ser despojadas si no encuentran el apoyo solidario de la ciudadanía. Tratemos por todos los medios de que, los que tengamos el conocimiento, lo compartamos. Eso es fundamental.
Resistencia Civil Pacífica de Nuevo León.
Por la Coordinación de la Proclama por el Rescate de la Nación:
Mario Saucedo, Miguel Concha y Miguel Álvarez.

MANIFIESTO
POR LA PAZ Y LA LEGALIDAD ELECTORAL

Los ciudadanos firmantes del presente Manifiesto queremos expresar a las autoridades electorales federales y estatales, a las autoridades representantes de los ejecutivos federal, estatal y municipal de todo el país, y a la opinión pública, las siguientes consideraciones:
Uno. Nuestro país se encuentra en estado de emergencia nacional a causa de una guerra declarada por el titular del ejecutivo, no para controlar y combatir al crimen organizado, cuya violencia se sigue multiplicando con su estela de dolor y sufrimiento, sino para proteger  intereses de empresas monopólicas y de conformidad con el gobierno norteamericano y su política guerrerista. El resultado de esta estrategia de guerra es la catástrofe humanitaria en que se ha hundió al país.
Dos. El proceso electoral en curso representa la posibilidad de un cambio por la vía institucional de las políticas que han comprometido la paz y tranquilidad, la soberanía, la justicia y el bienestar de la población. Es claro que la legalidad y la legitimidad de dicho proceso va a depender del respeto irrestricto a la voluntad popular expresada en el sufragio. Y los responsables de que así suceda son el gobierno federal y los estatales, las autoridades electorales y, también los poderes fácticos. De no resultar así, tal vez esta sea de las últimas oportunidades para que siga vigente la vía electoral como medio para acceder al gobierno en un clima de paz social
Tres.  En nuestra historia reciente el fraude y la imposición han puesto en riesgo la estabilidad política y social. Dan cuenta de ello las elecciones para presidente de 1988 y del 2006, así como una cantidad importante de elecciones municipales y estatales, en donde los gobiernos han impuesto candidatos que no ganaron limpiamente. Y no solo en las urnas no se respeta el sufragio. La utilización de recursos públicos, o los de origen ilegal proveniente del crimen organizado, o los gastos por encima de los topes de campaña, han estado presentes en numerosos procesos electorales. A ello también se suma la denigrante práctica de la compra de votos, que lucra con la pobreza; la compra de autoridades; la parcialidad y arbitrariedad de órganos electorales; amenazas e intimidaciones sobre votantes y candidatos e incluso la  represión y la muerte; la injerencia ilegal e inmoral de los medios de comunicación y de los poderes fácticos. 
Cuatro. La irrupción del movimiento estudiantil y juvenil “#Yosoy132” ha puesto de manifiesto, en esta coyuntura, la grave decisión del monopolio televisivo de imponer a su candidato como presidente de la República. Detrás de ello está la intención de garantizar la permanencia de su control mediático sobre la sociedad, así como la de resguardar los privilegios de las minorías que detentan el poder político y económico. La autoridad electoral tiene el deber y la gran responsabilidad de garantizar la transparencia, equidad, imparcialidad, objetividad y legitimidad de los comicios. Pero advertimos, con preocupación, la presencia de prácticas utilizadas en elecciones anteriores que ponen en riesgo el pleno respeto del derecho al sufragio efectivo. 
Quinto. Confiamos en que las distintas autoridades y los poderes fácticos respeten a cabalidad la voluntad popular de los mexicanos, haciendo valer el voto. Deseamos unas elecciones limpias y justas, que le den incuestionable legalidad y legitimidad al proceso y a quien resulte triunfador. Para todos debe estar claro que, ante el clima de violencia, de inseguridad, de desesperanza, nada agravaría más ésta situación, que el intento de imponer a alguien por el camino del fraude.  
Queremos dejar en claro a todas las autoridades que si pretenden fraguar un fraude, tendrán como respuesta nuestra movilización y nuestra resistencia en contra de tal propósito. Lo haremos, no tengan duda, de manera pacífica, no violenta, pero con la firme determinación de revertir cualquier intento de atropellar la voluntad popular, expresada en el sufragio. Este es nuestro deber y así lo consideramos los firmantes de este Manifiesto, ciudadanos libres y comprometidos con la justicia, la paz, la dignidad y con nuestra patria. 
Convocamos a mujeres y hombres de todas las edades y sin distinción de creencias ideológicas o religiosas, de todas las condiciones sociales y de las distintas filiaciones políticas, a participar activamente en defensa de la legalidad del proceso electoral. Y si no hay elecciones legales y limpias, convocamos a manifestaremos pacíficamente por todo el país, y a nivel internacional. Convocamos a la resistencia civil y pacífica, que de manera creativa y efectiva impida otra imposición.  
Para analizar retos y escenarios desde nuestros movimientos, les invitamos a reunirnos en espacio unitario el próximo sábado 23 de junio y el sábado 14 de julio. A la brevedad mandaremos propuesta de lugares.
México DF, junio de 2012
  
Firmantes:
Por la coordinación de la Proclama por el Rescate del la Nación