jueves, octubre 14, 2010

La ciudadanía


Excelente cartón.

¿Qué pensar de grupos "ciudadanos" como Evolucionemos México que responsabilizan totalmente a Medina y dejan sin mencionar a los demás entes armados oficiales, pagados con nuestros impuestos, que igual tienen la obligación de proteger a la población?

La oportunidad la pintan calva, y estos grupos en el más claro y nauseabundo oportunismo aprovechan para tirarle sólo al gobierno del estado. Y la policía regia, ¿qué no es obligación vigilar las calles regias y cuidar a quienes las transitan? ¿Y el ejército y otros grupos federales con su avasalladora presencia en las vías públicas por qué tampoco se le señala ni un poquitín? ¿Y qué tal mencionar -siquiera de pasadita- a quien nos metió en una guerra que nadie quería ni pedía y que debe cargar sobre su conciencia (si la tiene) el número incierto pero nada despreciable de muertes tachadas como daños colaterales?

El caso de Lucy es muy triste y pega ampliamente porque todo mundo ha caminado o lo hará por el lugar, pero el de los estudiantes del Tec, con más saña y alevosía, donde el ejército manipuló la escena del crimen, engañó a la opinión pública y al parecer hasta torturó a los jóvenes, no movió a tanta indignación y compasión. ¿Por qué? Porque se trataba de militares, que son intocables?

El joven Márquez Compean, detenido por policías de Santa Catarina y la marina y al día siguiente amanece muerto y encobijado (marzo 2010), tampoco mueve a conmiseración.

Y qué decir del padre y el hijo de 15 años muertos al no detenerse en un retén militar?

Y más casos. ¿Por qué sólo el caso de Lucy merece el dolor de los regiomontanos? ¿porque su victimario era de la delincuencia organizada?

Por qué se utiliza y canaliza el sufrimiento grande y explicable para pegarle al gobernador?

No sé ustedes, pero nos parce deleznable el oportunismo de la(s) organizacion(es) satélites de Tatiana Clouthier, que intentan reposicionar al PAN de todos sus amores. Sus juicios y condenas "ciudadanos" están más sobados que rodilla de luchador. Para que luego defiendan que los "ciudadanos" son puros y no tienen intereses. Lo que pasa es que también en la ciudadanía hay clases.



¿Diferentes percepciones?


¿Diferentes percepciones?


Orlando Delgado Selley
La Jornada


E
n la reunión conjunta FMI-Banco Mundial (BM) hubo preocupación sobre el futuro inmediato de la recuperación. Se reconoció que la crisis parece tomar un nuevo rumbo en el que las políticas nacionales para enfrentar una posible recaída se impondrán a la coordinación internacional de esfuerzos por resolver problemas comunes. Esta nueva fase está marcada por el uso del tipo de cambio como instrumento para mejorar artificialmente la competitividad nacional. Las alusiones a China, se han ampliado para incluir a Estados Unidos, Australia y Japón. Se habló de la posibilidad de entrar a una guerra de divisas.

Los funcionarios mexicanos presentes en esa reunión parece que no se enteraron de nada. El secretario de Hacienda sólo fue capaz de advertir que la recuperación tardará en llegar a los asalariados. No hay de qué preocuparse ya que aunque el mundo advierta riesgos crecientes, para Hacienda avanzamos en la dirección correcta. Solamente habrá que esperar. El mundo –según él–, la política para enfrentar la crisis y consolidar la recuperación que ha aplicado su gobierno es digna de reconocimiento.

Hay, en su opinión, un pero: resulta que la opinión internacional es diferente de la mexicana. La insistencia de este gobierno en que, en diferentes ámbitos, el problema no es que las cosas estén mal, sino que no nos hemos dado cuenta de que están bien, es no sólo demagógica sino francamente molesta. Para comprobar cómo se nos ve, en realidad, en el mundo un buen indicador es uno que se ha ofrecido precisamente en la pasada reunión del FMI-BM a la que él y el gobernador del Banco de México asistieron.

El Fondo realizó una estimación sobre la evolución de la economía mundial hasta 2015, con datos para los países miembros. Concentrándose en Brasil y México, podemos conocer la valoración que ese organismo financiero tiene del desempeño de la economía nacional. No se trata de los críticos internos, aquellos que Fox llamaba el círculo rojo, sino del FMI.

En 2000 cuando tomaba posesión el primer gobierno panista la economía mexicana aportaba a la economía mundial 1.96 por ciento. En ese mismo año, la economía brasileña aportaba 2 por ciento, casi lo mismo que la mexicana. Tres años después, cuando Lula iniciaba su primer periodo, Brasil redujo su contribución al producto mundial a 1.49, mientras que el México gobernado por Fox disminuía ligeramente su aporte llegando a 1.87.

Vinieron los años del auge económico mundial, en el que los países exportadores de materias primas, entre ellos los productores de petróleo, fueron beneficiados. En 2008, la economía mexicana beneficiada por excedentes petroleros cuantiosos y por remesas importantes otra vez redujo su contribución, ahora a 1.78 por ciento, en tanto la brasileña crecía hasta llegar a 2.67. Llegó la crisis y la acertada política del gobierno mexicano hizo que en 2009 la participación en el PIB mundial cayera a 1.51; mientras Brasil que impulsó una efectiva política anti cíclica aumentó a 2.72.

Hasta aquí el desempeño observado. En las estimaciones del FMI para 2012 se proyecta que la economía mexicana aporte 1.59 por ciento del PIB mundial, mientras que Brasil llegará a 3.33. En 2015 México se mantendrá casi en la misma aportación con 1.65 por ciento. Brasil, en cambio, seguirá incrementando su contribución con 3.40 por ciento. Otros dos actores aparecerán con fuerza en la escena internacional: India y Rusia, que aportarán en 2015, respectivamente, 2.94 y 3.05.

Esta es la valoración de lo hecho por los gobiernos panistas y lo que se espera realizada por el FMI. Una economía que pierde importancia, pese a haber tenido oportunidades extraordinarias entre 2003 y 2008, en tanto que otras ganan protagonismo internacional. No es casual que justamente Brasil, Rusia, India y China encabecen propuestas de modificaciones al gobierno del FMI y del BM en las que se reduzca el peso de economías que han perdido significación. De modo que no hay tal diferencia de percepciones: la mediocridad del desempeño económico nacional y del gobierno es compartida nacional e internacionalmente.



Más importante que el primer paso en la Luna, es este paso en la superficie del primer rescatado chileno

Obligada la comparación entre las actuaciones del gobierno y la empresa minera en Chile y las de nuestro país en el caso Pasta de Conchos.


Se hubiera podido salvar a los trabajadores de Coahuila

Aquí, la derecha decidió no hacer nada, acusan deudos y el Cereal

Víctor Ballinas
Periódico La Jornada
Jueves 14 de octubre de 2010, p. 11

Las imágenes que vimos millones de personas del rescate en Chile pudieron haber sido las del salvamento de los mexicanos atrapados en Pasta de Conchos. La diferencia es que aquí, los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón hicieron lo que la empresa dijo. No tuvieron sensibilidad ni voluntad.

Afirmó lo anterior Carlos Rodríguez, director del Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal), una de las organizaciones civiles que apoyan a los familiares de los mineros fallecidos en el derrumbe del yacimiento de Coahuila –en 2006–, y que llevó el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El contraste con los siniestros ocurridos en San José, Chile, y Pasta de Conchos es que en México el gobierno de derecha mandó al Ejército por delante. Cerraron la mina. Ni Fox ni Calderón estuvieron en el lugar de los hechos. ¡Qué diferencia! Aquí el gobierno tomó la decisión de no hacer nada, sostuvo Rodríguez.

El Grupo Industrial Minera México y el gobierno federal podrán decir que la diferencia es que allá se trató de una mina de oro y cobre, y que Pasta de Conchos era de carbón, por lo que no podían rescatar a los trabajadores, debido a que había sustancias tóxicas. Pudieron haberlos sacado, aunque llevara tiempo, pero no quisieron.

Cristina Auerbach, de la organización Familia Pasta de Conchos, destacó: “Veo que hay de derechas a derechas. En México, los gobiernos de Fox y Calderón no tuvieron voluntad. En Chile, el mandatario estuvo presente después de la tragedia. Es un gobierno al que le importan los trabajadores. No tenía la técnica, las herramientas ni el conocimiento para rescatarlos, y contrató grandes máquinas, incluso en el extranjero, porque quería sacar viva a su gente.

A Fox y Calderón nos les importaron los trabajadores. Los dieron por muertos. Se notan las diferencias en las derechas. En México, los gobernantes panistas no salvaron a los mineros ni castigaron a los responsables. La administración chilena tampoco garantiza la seguridad de los mineros, tiene dos inspectores para mil yacimientos, pero tomó distancia de la política de Estado y la modificó. Contrató equipo técnico, material, asesoría para salvarlos.

En entrevistas por separado, Auerbach y Rodríguez coincidieron en que sí se pudo haber rescatado a los trabajadores de Pasta de Conchos, pero ni la empresa ni el gobierno quisieron hacerlo. Hay que recordar que dieron por muertos a todos, y que incluso extendieron certificados de defunción.

Cronología del siniestro

19 de febrero 2006. A las 02:30 horas ocurre una explosión y derrumbe en la mina ocho Pasta de Conchos, quedando atrapados 65 trabajadores a 150 metros bajo tierra. Once resultaron heridos por golpes y quemaduras.

20 de febrero. El Ejército mantiene el control del área. El gerente del yacimiento, Rubén Escudero, advierte que el equipo autorrescatador –oxígeno personal para cada trabajador– tiene una duración de seis horas.

23 de febrero. Se incorporan al salvamento seis empresas mineras y especialistas estadunidenses. Es la empresa y no el gobierno quien informa de manera oficial sobre las operaciones, lo que mantiene desconcertadas e incrédulas a las familias.

24 de febrero. Reconocen las autoridades la muerte de al menos 26 mineros. Informaron que el lugar donde estarían no es respirable y no puede sustentar la vida.

25 de febrero. Suspenden tres días la búsqueda”.

26 de febrero. Confirman la muerte de 65 trabajadores. La empresa ofrece compensaciones de 750 mil pesos, sueldos completos, becas. El Ejército sale del lugar.

21 de noviembre de 2007. La Secretaría de Energía dictó suspensión definitiva para operar cualquier obra y trabajo minero en Pasta de Conchos.

18 de agosto 2009. Con un operativo de policías estatales y privados agredieron a viudas de los mineros sepultados. El Grupo México ocupó las instalaciones y violó la suspensión que en 2007 dictó la Secretaría de Energía.

8 de junio 2010. Sellan la mina y dejan sepultados a 63 mineros.



Gobierno e industria mexicanas se unieron para dejar morir a 65



La PGR tiene que reabrir la indagación por asesinato, advierte el obispo Vera

Leopoldo Ramos
Corresponsal
Periódico La Jornada
Jueves 14 de octubre de 2010, p. 10


Saltillo, Coah., 13 de octubre. La Procuraduría General de la República (PGR) debe reanudar la investigación por homicidio en la mina Pasta de Conchos y considerar la culpabilidad del ex presidente Vicente Fox; de Francisco Javier Salazar, ex secretario del Trabajo, y del actual titular de esa dependencia, Javier Lozano, pues son cómplices de Industrial Minera México al encubrir la inseguridad con que obligaba a trabajar a los obreros, exigió el obispo de Saltillo, Raúl Vera López.

Con motivo del rescate en Chile, aseguró que hay suficientes elementos técnicos y jurídicos para conseguir que el gobierno mexicano retome la averiguación previa por la muerte de 65 trabajadores en la carbonera Pasta de Conchos, ubicada en el municipio de San Juan de Sabinas, Coahuila, que la PGR almacenó semanas después de la tragedia.

Después de cuatro años de la explosión en el yacimiento, ocurrida el 19 de febrero de 2006, dijo que los deudos sienten rabia e indignación al ver que en Chile el gobierno y los empresarios se unieron para rescatar con vida a los trabajadores, mientras en México lo hicieron para dejarlos morir y enterrarlos para siempre.

Consideró que al dejar sepultados en el socavón a 63 de los 65 carboneros muertos en Pasta de Conchos (dos de los cadáveres fueron recuperados meses después del accidente), el gobierno de México queda en total ridículo cuando el mundo atestigua los esfuerzos para recuperar a los chilenos y llevarlos a la superficie.

Demandó además a la PGR considerar que Minera México suspendió las operaciones de búsqueda cuatro días después de la explosión, aun cuando los brigadistas señalaban la viabilidad del rescate, versión que –recordó– fue respaldada por el Instituto de Geología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y por brigadistas que antes de Pasta de Conchos participaron en diferentes operaciones de salvamento en lugares confinados, pero la empresa se mantuvo en la postura de que la búsqueda debía suspenderse debido a condiciones de inseguridad.

Pero la inseguridad en el yacimiento no era algo nuevo, estaba desde antes de la tragedia, y con la complicidad del gobierno, la empresa suspendió el rescate para que no salieran a la luz las condiciones en que los mineros eran obligados a trabajar, agregó el prelado.

Igualmente se refirió a testimonios de sobrevivientes y de familiares de los deudos, así como a documentos técnicos respecto a que la empresa filial de Grupo México escatimó recursos para seguridad.

Los medidores de gas estaban manipulados para evitar que las máquinas dejaran de trabajar, aun cuando existieran elevadas concentraciones; la empresa contratista General de Hulla retiraba las vigas de madera de los espacios explotados para reutilizarlas en zonas nuevas, de tal forma que en buena parte de la mina no había soporte en el techo ni en las paredes, sostuvo.

En lugar de acero, las vigas eran de madera, y no había separadores entre ellas, como indican los estándares mínimos de seguridad, y tampoco había una malla de acero que sirve para evitar derrumbes. El jerarca descartó además la versión de la empresa respecto a que la excavación se vino abajo por completo, pues con una videocámara que se introdujo por un tiro de ventilación, los investigadores observaron que el fondo del yacimiento estaba intacto.




martes, octubre 12, 2010

dos premios 2 para don Raúl Vera, obispo de Saltillo



Desde aquí, nuestra felicitación a don Raúl y un abrazo que incluye respeto, admiración y agradecimiento por sus posturas de compromiso a las mejores causas del pueblo de México. 

Su feligresía tiene en él un ejemplo a seguir. Mucho don Raúl!!!!


La ANAD distingue a don Raúl Vera con medalla Emilio Krieger



Para el obispo Raúl Vera, la Medalla Emilio Krieger 2010.

Milenio Diario


La Asociación Nacional de Abogados Democráticos distinguió ayer con la Medalla Emilio Krieger 2010 al obispo de Saltillo, Raúl Vera, al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, a los mineros de Cananea y sus familias, y al electricista Cayetano Cabrera, por sus acciones en la defensa de los derechos humanos o sus liderazgos sociales.

“Los que nos ven como enemigos a quienes abogamos y trabajamos por los derechos humanos y su respeto, creen que estamos contra ellos”, afirmó el obispo Vera, a quien se le reconoce por la defensa que ha emprendido de los pueblos indígenas, de los campesinos, los pobres, y ha creado casas de migrantes, entre una diversidad de acciones.

Dijo que esas personas contrarias a ese trabajo no alcanzan a ver que “estamos a favor de una sociedad civil que está más configurada en el pueblo, y la comprende más el pueblo que aquellos a quienes les pagamos por mantener el derecho y la justicia”.

Raúl Vera, quien fue coadjutor del obispo Samuel Ruiz en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, de 1995 a 1999, dijo que la principal enseñanza en esa tarea se la dieron los indígenas de aquella entidad.

Por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Luis Arteaga señaló que la violencia hace presas todavía en gran medida a las mujeres, desde el ámbito familiar hasta el de justicia, pero sobre todo en el caso de las indígenas.

Destacó el caso de las indígenas Teresa Alcántara, Alberta González y Jacinta Francisco Marcial, que habían sido inculpadas de secuestrar a seis elementos de seguridad en 2006, y luego de casi cuatro años, las dos primeras obtuvieron la absolución de su sentencia por la falta de pruebas, testimonios contradictorios y falsedad de declaraciones.

En representación de los mineros de Cananea y sus familias recibió el reconocimiento de la ANAD Gerardo Arteaga. 


La alianza PAN-PRD para el 2012, impulsadas por Calderón, aunque lo niegue


Calderón teje alianza PAN-PRD en 2012





 
Álvaro Delgado



MÉXICO, DF, 11 de octubre (apro).- “Me da asco votar con el PRI”, proclamaba Felipe Calderón cuando fue diputado federal panista por primera vez, entre 1991 y 1994, y una de las razones se la confesó al veterano priista Gustavo Carvajal Moreno: “Mi padre me enseñó a odiar al PRI”.

         Eran tiempos en los que Calderón era un tipo astroso y malhumorado, salvo cuando iba a misa y se perdía en la bohemia y la trova con sus cuates del grupo “Mexicanto”, a los que ahora tiene en la televisión pública en “El Tímpano”, el programa de la más exigua audiencia de Canal 11 y cuyo director, Fernando Sariñana, tiene la orden de mantenerlo al aire.

         Aunque muy pronto Calderón le tomó sabor al PRI, en un amasiato que prevalece desde Carlos Salinas, la herencia de odio de su padre gravita, de vez en vez, en su comportamiento, particularmente si él --que se reputa de panista de prosapia-- queda marcado con una maldición: El regreso del PRI a Los Pinos.

         Por eso, aunque también le dé “asquito” unirse al PRD, Calderón ha planteado en su corte palaciega diversos escenarios que le eviten la pesadilla de entregarle al PRI la Presidencia de la República, y uno de ellos es que preferiría cederlo a Marcelo Ebrard, tal como ha platicado Manuel Camacho Solís, el operador de las alianzas articuladas conjuntamente en Los Pinos.

         En esa trama se inscriben precisamente las alianzas PAN-PRD en Hidalgo, Durango, Sinaloa, Puebla y Oaxaca en las elecciones de este año, aunque sólo hayan resultado triunfadoras estas tres últimas con candidatos expriistas, justamente con un perfil que Ebrard cumple y que él mismo ya lo expresó públicamente como posible.

En un programa de Televisa, el miércoles 7, Ebrard consideró “muy difícil” la alianza PAN-PRD en 2012, pero no la descartó: “Lo veo claramente, eso va a generar urticaria, en el caso del PAN va estar igual. Pero tampoco lo podemos descartar, porque hace un año si hubiera dicho eso en Oaxaca me hubieran dicho ‘estás loco’, pero ocurrió”.

         En efecto, la posibilidad de una coalición presidencial en 2012 está en los cálculos de Camacho con Calderón, quien --en un embuste que nadie cree-- niega que sea el principal impulsor de las alianzas, cuando todo mundo sabe que César Nava, el corrupto presidente del PAN, no pudo haberlas materializado sin la orden de su jefe y porque, además, todos los candidatos aliancistas pasaron por Los Pinos.

         Pero, sobre todo, el plan de Calderón y Camacho --que se ha  convertido en el ideólogo de las corrientes perredistas de Jesús Ortega y Amalia García-- pasa por neutralizar al principal obstáculo, Andrés Manuel López Obrador, que por lo pronto ya descarriló la alianza en el Estado de México, que de cualquier modo no tenía ninguna posibilidad de éxito sin un candidato fuerte.

         Calderón y Camacho saben que, aun con su vergonzante cobardía, por negar que está detrás de las reformas que proscriben las candidaturas comunes y permiten el flujo de recursos oscuros promovida por sus testaferros del Partido Verde, Peña Nieto puede no sólo hacer ganar al candidato priista a sucederlo en la gubernatura, cualquiera que éste sea, sino llegar a ser presidente de la República.

         Y aunque no tiene escriturado ningún triunfo, como lo pregonan sus patrocinadores, Peña Nieto no es sólo un político que capta votos por guapo, cualidad ampliamente explotada en televisión a un costo multimillonario, sino sobre todo porque ha montado sobre el aparato formal del poder público mexiquense, incluido el órgano electoral, una estructura casi delincuencial.

         Es ahí donde cobra relevancia el plan conjunto Calderón-Camacho hacia el 2012: Como en el PAN no se aprecia que crezcan los enanos, ni siquiera Heriberto Félix --la supuesta carta oculta o “caballo negro”--, entonces se sumaría al aspirante mejor posicionado para enfrentar a Peña Nieto, y ese es por ahora Ebrard.

         El mecanismo para una decisión de esa envergadura sería lo de menos, aunque la encuesta sería el instrumento más viable, y el incentivo del PAN para justificarse sería, en primer lugar, anteponer el interés nacional al partidista para evitar el regreso del autoritarismo y que el país sea gobernado en una convergencia con la “izquierda moderna”.

         El plan implicaría, otra vez, eliminar o al menos aislar a López Obrador, la obsesión de Calderón y sus vasallos perredistas, que desde la campaña de 2006 eran ya sus informantes. Y en ese propósito se inscribe la reactivación de la frase un “peligro para México”, que sólo endulza el oído de la alta burocracia.

         Uno de los escenarios de Calderón, sin embargo, es que se mantenga el pacto entre Ebrard y López Obrador para que sea candidato el que tenga mejores perspectivas de éxito, y entonces optaría por otra de sus cartas ocultas, que no le funcionó para el Estado de México por no contar con la residencia de ley: El empresario Alejandro Martí, que además tiene ideología de derecha.

         El único problema es que, por ahora, no quiere…

Apuntes

Los consejeros del IFE acudieron, muy solícitos, a Los Pinos para invitar a Calderón a inaugurar el foro latinoamericano que conmemora el 20 aniversario del órgano electoral, la tarde de este lunes 11. Minutos antes de la hora, Calderón avisó que no iría por la protesta de extrabajadores de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro que al liquidarla, hace exactamente un año, echó a la calle a 43 mil personas. Ya se verá si Carlos Salinas, otro de sus invitados de lujo del IFE de Leonardo Valdés, resiste el repudio popular…




Navegaciones. Acuse de recibo a carta de Calderón


Acuse de recibo

Pedro Miguel


E
l pasado miércoles 6 de octubre, señor Felipe Calderón Hinojosa, recibí en mi domicilio una carta de usted y, adjunta, una bandera de México de manufactura ínfima que contrasta con el fólder de papel satinado en el que está inserta. En uno de sus lados, el envoltorio ostenta un suajado o perforación circular para enmarcar el escudo nacional impreso en la cara siguiente, pero el troquel fue calibrado con un error de más de 15 milímetros, por lo que la insignia queda fuera de centro. En la cuarta cara del fólder se reproducen las cuatro estrofas de la versión oficial actual del Himno Nacional; un punto digno de encomio es que, hasta ahora, se ha resistido a la tentación de insertar en ella los pasajes iturbidistas originales. En el reverso de la carta hay tres franjas horizontales, de color mostaza, las de arriba y abajo, y de color verde botella, la del centro. En la superior se sobreponen los rostros de algunos independentistas, pero con rasgos tan infantiles que parecen obra de un un dibujante de manga; en la central, una frase de Allende que no viene al caso: habla de la falta de relación entre la dimensión de la obra de las personas y el tamaño de los las localidades donde nacen; en la inferior, un pequeño acto administrativo para formalizar el dispendio: Porte pagado / Registro PC09-3990 / Autorizado por Sepomex. La impresión de las plastas de color exhibe una falla de registro, de modo que en el borde derecho del reverso queda una raya blanca. En el anverso, los márgenes verticales resultan ridículamente estrechos en comparación con los horizontales: error de bachillerato en un diseño. En resumen, al envío, que llegó atrasado, se le nota que fue hecho al aventón –expresión mexicanísima– y con sumo desaliño. A ver si un día nos enteramos de cuánto de nuestro dinero fue a parar a manos de unos contratistas chambones sin que se nos diera oportunidad de opinar al respecto.

El contenido, señor Calderón, es impresentable desde el primer párrafo. Tomo por ejemplo esa consigna de celebrar 200 años de ser orgullosamente mexicanos, como si alguno de los habitantes del México actual tuviera la edad suficiente para ello, o como si los insurgentes que en 1810 se alzaron en armas contra el poder colonial no hubiesen tenido cosas más importantes que hacer, en aquel momento, que crear por decreto un gentilicio o una nacionalidad. El primero existía en tiempos previos a la Conquista; la segunda, en tanto que formalismo administrativo, surgió en fecha muy posterior a la gesta iniciada en Dolores; una tercera acepción, que es la de identidad, se ha ido forjando en un lapso incierto en cuyos límites no se han puesto de acuerdo los historiadores y los sociólogos: ¿es incorrecto llamar mexicanos a los novohispanos? ¿Ha de estrenarse el calificativo con los súbditos del Imperio proclamado el 28 de septiembre de 1821? Por cierto, en esa fecha se hizo referencia a una Nación Mexicana que, por 300 años, no ha tenido voluntad propia y que sale hoy de la opresión en que ha vivido. Se podrá entender que, por pruritos ideológicos, Guillermo Prieto y Vicente Riva Palacio no sean autores muy leídos en las altas esferas del régimen, pero no hay pretexto para no consultar, al menos, a Lucas Alamán.

En el segundo párrafo usted comete dislates y omisiones imperdonables: dice que la Bandera Nacional sintetiza nuestro pasado indígena, nuestra historia y nuestra lucha por la libertad, como si el primero no fuera parte de la segunda, y como si ésta, la historia, no incluyera, además de movimientos de liberación, gestas fundamentales por la justicia y por la conquista de derechos (empezando por el derecho a comer), para poner fin a los abusos de los poderosos y para tener una vida digna, así como resistencias para impedir que el país resultara destruido por designios foráneos con complicidades oligárquicas locales; tales gestas conformaron, junto con las de liberación, al México que aún nos queda –a pesar de la labor de destrucción sistemática protagonizada por usted y sus antecesores hasta 1988– y están también representadas (no sintetizadas) en la enseña nacional.

Por razones de espacio he de pasar por alto su análisis primitivo y beligerante, acaso basado en Wikipedia, del escudo nacional (si uno pone las cosas en su contexto declarativo, le faltó a usted contarnos que la serpiente devorada por el águila representa a López Obrador) y varias afirmaciones shalalá contenidas en su misiva. Pero las buenas maneras recomiendan dar respuesta a (o, cuando menos, acusar recibo de) las cartas. La que usted se atrevió a enviarme, señor Calderón, y dicho sea de mexicano a mexicano, es una vergüenza.



lunes, octubre 11, 2010

Lydia Cacho Plan B. Prisión sin condena

Prisión sin condena


Por Lydia Cacho


México, DF, 11 oct 10 (CIMAC).- Sólo pasé unas horas en la cárcel en diciembre del 2005. Las historias que escuché comenzaban con “nunca pensé que me sucedería a mi”. Llevaban años sin juicio por el robo de dos latas de leche para bebé o presa por ayudar a las sindicalizadas de la maquiladora, o por haber perdido a su bebé.

Entre mi miedo y su miedo a ser devoradas en la oscuridad del encierro por un sistema penal corrupto e ineficaz, ninguna de nosotras, hasta ese día, habíamos pensado en lo que significa la prisión preventiva en México, es decir la prisión sin condena.

“Hasta que te toca entiendes” me dijo un fiscal durante el año en que firmaba semanalmente mi libertad condicional.

Yo tenía abogadas y mi caso no pudo ocultarse porque estaba relacionado con una denuncia periodística, pero hay en el mundo tres millones de personas indefensas en prisión preventiva; por ello pasan el resto de sus vidas entre Ministerios Públicos ineficaces, abogados abusivos y jueces ineficientes o corruptos.

Una estudiante universitaria me preguntó cómo evitar incurrir en la corrupción cuando un policía amenaza con meterte a prisión por una falta menor.

No es fácil, el impulso de proteger nuestra libertad es muy poderoso, sobre todo en un país en que la aplicación de la ley es tan arbitraria, y abusa del ambiguo concepto de prisión preventiva, o sin condena.

Gracias al libro Prisión sin condena (Ed. Debate), coordinado por el reconocido periodista Marco Lara Klahr, dimensionamos la magnitud del problema: “la prisión preventiva deslegitima al sistema penal porque les da el mismo trato a los culpables y a los inocentes.

Además, la indefensión que acarrea la prisión preventiva favorece la impunidad, agrava la inseguridad pública y tiene un alto costo económico”.

Por desgracia los argumentos de quienes conducen la guerra contra el narco nos han hecho creer que es mejor que haya muchos inocentes encarcelados que unos cuantos culpables peligrosos libres.

Este magnífico libro nos ayuda a entender, con historias reales y cifras concretas, por qué casi toda la sociedad (salvo los poderosos) siente un inquietante desconcierto sobre la manera en que se impone la justicia.

Hay más personas que temen que algún día les alcance el brazo de la injusticia que aquellas que le temen al puño de la ley. Por un lado exigimos leyes y penas más severas para secuestradores, pederastas, productores de pornografía infantil o tratantes de personas; por el otro tememos que esas penas se apliquen a inocentes, aquí el problema es que el 95 por ciento de los delitos permiten aplicar prisión preventiva (antes era sólo para delitos graves).

El costo económico de la prisión preventiva equivale al 62 por ciento del gasto federal en seguridad pública; mantener a miles de personas en el limbo de prisión sin condena, nos cuesta 4 mil 890 millones de pesos.

Sumado a ello, está el costo emocional y familiar, así como los efectos nocivos de que miles de personas sean privadas de su libertad durante años, bajo la premisa del Estado mexicano que “no busca quién cometió el delito sino quién lo puede pagar”.

Seguir parchando leyes y sistemas resulta inoperante, porque lo que en realidad urge es una transformación integral del sistema de justicia penal que erradique el uso irracional y excesivo de la prisión preventiva y del arraigo. O esperar a que nos toque.


Oficio de papel, de Miguel Badillo. lunes 11 de octubre 2010


Miguel Badillo

Si hubiera justicia en México, los últimos tres procuradores generales de la República, todos de extracción panista, deberían ser procesados penalmente por encubrimiento, complicidad, negligencia y omisión ante delitos cometidos por el crimen organizado.Veamos porqué. En los últimos meses de la administración federal del malogrado Vicente Fox, el entonces procurador general Daniel Cabeza de Vaca Hernández recibió una denuncia penal de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), órgano dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en contra de varios miembros de la familia yucateca Patron Laviada, incluido el actual procurador federal de Protección al Ambiente, Patricio Patrón Laviada, por los delitos de vínculos con el narcotráfico, lavado de dinero y desvío de recursos públicos cuando este último se desempeñó como gobernador de Yucatán.


A pesar de la contundencia de las pruebas aportadas por la UIF, como cuentas bancarias en donde se acumulan millonarios depósitos, en pesos y en dólares, presuntamente procedentes del tráfico de drogas, la Procuraduría General de la República (PGR) se negó a iniciar la averiguación previa correspondiente y le heredó el problema al gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, a quien lo menos que le preocupa es que se haga justicia y utiliza los órganos judiciales y de investigación para revanchas personales y ajuste de cuentas en contra de quienes piensan distinto a él.


El siguiente procurador general de la República, Eduardo Medina-Mora
Icaza, revisó la acusación penal de la SHCP en contra de un compañero del gabinete calderonista y para encubrirlo decidió darle carpetazo al asunto y desaparecer el expediente que contenía las evidencias de la relación de la familia Patrón Laviada con el crimen organizado.


Medina-Mora no hacía otra cosa más que seguir las instrucciones de Los Pinos para evitar llevar a juicio al líder de la familia Patrón Laviada, quien además de ser amigo de Calderón es el titular de la Profepa.


Lejos de buscar impartir justicia y velar por los intereses de los mexicanos, como es responsabilidad del abogado general de la nación, Medina-Mora se limitó a cumplir las órdenes de la Presidencia de encubrir y proteger a los panistas que cometan actos de corrupción y sólo actuar en contra de políticos y funcionarios opositores al partido en el poder.

Esto explica, sin duda, porqué el encono del gobierno federal en contra de los alcaldes perredistas de Michoacán o el encarcelamiento de Gregorio Sánchez, aquel que soñaba con ser gobernador de Quintana Roo y terminó en un penal de máxima seguridad por sus vínculos con bandas del narcotráfico.


Después de esa pésima administración de Eduardo Medina Mora, lo sustituye el tímido procurador Arturo Chávez Chávez, quien ha claudicado y ha preferido delegarle todas sus responsabilidades y funciones a las fuerzas armadas, es decir al ejercito y a la marina, dada la enorme corrupción y complicidad en que están metidos la mayoría de los servidores públicos de la PGR.


La semana pasada, Chávez Chávez tuvo que acudir a comisiones de la Cámara de Diputados para rendir cuentas de su pésima actuación. Ante legisladores de todos los partidos, el procurador se vio obligado a responder los duros señalamientos del diputado petista Gerardo Fernández Noroña, y ahí se comprometió a actuar en contra de la familia Patrón Laviada si hay alguna denuncia penal en su contra. La cual se dio a conocer en Oficio de papel en entregas anteriores y pone en riesgo al procurador si éste deja de cumplir su obligación de iniciar la averiguación previa correspondiente.

Esto nos lleva a advertir que a la actual administración le faltan menos de dos años para concluir su gestión, de tal manera que si Chávez Chávez no cumple con su palabra de darle curso a la acusación penal presentada por la SHCP en contra de los Patrón Laviada, el próximo gobierno podría procesarlo por ocultar una acusación penal y encubrir a la familia de un miembro del gabinete calderonista.


Para aquellos que se perdieron el compromiso que hizo Chávez Chávez ante el Congreso, reproducimos el cuestionamiento del diputado Fernández Noroña y la respuesta del procurador sobre el caso Patrón Laviada.


Fernández Noroña: Buenas noches compañeros diputados y diputadas. No me había dado cuenta del impresionante parecido que tiene con su jefe Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa. Él está un poco más abotagado ciertamente, a saber por qué, vamos a ver si en las mañas también hay parecido… Le pregunto ¿por qué si dice que están del lado de la legalidad, por qué violan derechos y garantías constitucionales de manera sistemática?… Por supuesto que ustedes tienen un sesgo político y le voy a dar un solo caso, a ver de que le suena: el 25 de octubre de 2006 la Secretaría de Hacienda denunció por lavado de dinero y vínculos con el narcotráfico a la familia Patrón Laviada. La PGR hizo perdidizo el expediente y por ese motivo el 6 de septiembre de 2009, Hacienda volvió a insistir, a reclamar, de que se proceda, y dentro de esa familia ustedes tienen a un funcionario, Patricio Patrón Laviada, que está señalado por Hacienda, no por mi, no por algún partido opositor, de que tiene vínculos con el narcotráfico y el lavado de dinero. ¿Por qué no promueven el desafuero de este procurador federal de Protección al Ambiente…?

Chávez Chávez: el tema de la familia Patrón Laviada, de la que usted hace alusión, o cualquier otra o cualquier otra, si hay una denuncia se va a investigar y se va a actuar conforme a derecho, no hay ni debe de haber distingos.


Fernández Noroña: lo de Patrón Laviada, que desfachatez de respuesta, le estoy diciendo que esta denuncia esta allí con ustedes desde el 25 de octubre de 2006. Si desplegaran una décima parte del encono que tienen contra los funcionarios públicos de Michoacán, ya lo habrían metido a la cárcel a Patricio Patrón Laviada y a su familia por vínculos con el narcotráfico y el lavado de dinero, lo dice Hacienda, no lo digo yo, y si no tiene el oficio donde lo acusan de lo doy yo, y luego el 6 de septiembre de 2009, Hacienda les vuelve a decir en otro oficio, oigan no están haciendo nada contra la familia Patrón Laviada y no la tocan en lo absoluto a pesar de tener señalamientos concretos por narcotráfico y lavado de dinero.

El guardadito de César Nava

A César Nava lo persigue el escándalo. Y no me refiero a su vida privada, ventilada en las publicaciones del corazón… Aunque fue precisamente en una de esas revistas en donde se supo que el presidente del Partido Acción Nacional (PAN) adquirió un lujoso departamento en Polanco por alrededor de 7 millones de pesos, cuando su valor real es de unos 20 millones.


Las primeras preguntas que la prensa hizo fueron ¿de dónde, el exabogado general de Petróleos Mexicanos (Pemex) y exsecretario particular de Felipe Calderón, obtuvo el dinero para adquirir dicho inmueble?, ¿por qué lo adquirió supuestamente a un precio de 7 millones de pesos, cuando esta cantidad representa menos del 50 por ciento de su valor real?, ¿acaso el pago restante se hizo en efectivo y por ello no aparece en la escritura de compra-venta?

Una explicación a esas interrogantes podría estar en los cargos y responsabilidades que ha desempeñado César Nava en su corta carrera de servidor público. Concretamente, en su paso por Pemex y por la Secretaría de Energía en el gobierno del también panista Vicente Fox.


Fue Contralínea la que dio a conocer, por primera vez en 2005, las acusaciones por fraude, prevaricato y daño patrimonial que se hicieron en contra de Nava ante la Secretaría de la Función Pública, cuando se desempeñaba como abogado general de la paraestatal. El trabajo de Ana Lilia Pérez (Camisas azules manos negras: El saqueo de Pemex desde los Pinos, editorial Grijalbo) señalaba que abogados de la paraestatal, coludidos con Marcelo Montiel Montiel, exalcalde de Coatzacoalcos, Veracruz, habían planeado un fraude a Pemex Petroquímica para demandarle un millonario pago de impuestos ilegales que implicó el embargo y paralización de las plantas productoras, con daños económicos aún no cuantificados, además de un pago ilegal de 220 millones de pesos, cuyo destino se desconoce.


Antes de que concluyera el proceso fraudulento, uno de los abogados involucrado, Rogelio Martínez Hernández –entonces apoderado legal de Petroquímica Cosoleacaque–, reportó el asunto a Francisco Barrio Terrazas, titular de la entonces Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam, hoy Secretaría de la Función Pública), y al presidente Vicente Fox.


El excontralor Eduardo Romero Ramos fue el responsable de archivar el expediente, después de que Martínez Hernández denunciara por corrupción a Nava ante el mandatario mexicano.


Como se describe en Contralínea del 7 de junio de 2005, el entonces alcalde de Coatzacoalcos y exdiputado priista, Marcelo Montiel Montiel, presentó una denuncia contra Pemex Petroquímica para demandar el pago de impuestos de predial y de traslado de dominio, desde 1997 a esa fecha, en todas las instalaciones que la paraestatal tiene en Veracruz. La denuncia era improcedente, pues al ser instalaciones de una paraestatal, ninguna estaba sujeta a gravamen. De ello conocían las autoridades estatales y los funcionarios de Pemex, ya que, en 1997, el gobierno de Veracruz emitió un documento en donde se exime a la empresa de todo gravamen.


En el oficio DGI/DATEF/SU8/000066/97 del 14 de agosto de 1997, el director general de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Planeación de Veracruz, Miguel Álvarez de Asco, notificó a Mario González Petrikowsky, subdirector de Administración y Finanzas de Petroquímica, que “no son sujetos obligados al pago de dicho gravamen las filiales de Pemex –Petroquímica, Petroquímica Cangrejera, Petroquímica Morelos, Petroquímica Pajaritos, Petroquímica Cosoleacaque y Petroquímica Escolín– de conformidad con lo estipulado en los artículos 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3º fracción II, y 46 fracción II inciso a de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal”.


Aunque la demanda que presentó Marcelo Montiel era improcedente, se le dio trámite con la complicidad de los funcionarios de Pemex. Entre demandante y demandado se registraron graves irregularidades para crear este fraude contra la paraestatal. Por parte del ayuntamiento, por ejemplo, aunque el municipio cuenta con un departamento jurídico y, de acuerdo con la Ley de Municipios, a ellos compete atender la demanda, Marcelo Montiel Montiel contrató a un despacho de abogados propiedad del contador público Jesús Antonio Macías Yazegey, a quienes pagó 44 millones de pesos por dos notificaciones notariales.


En Pemex, las irregularidades alcanzaron a su abogado general César Nava y a un grupo de litigantes bajo su mando, entre ellos Héctor Durán Benítez, jefe de la Unidad de Servicios Jurídicos en Petróleos Mexicanos; Juan Agustín López Huesca, jefe de la Unidad Jurídica de Pemex Petroquímica, y Martínez Hernández, jefe de la Unidad Jurídica de Petroquímica Cosoleacaque.


En abril de 2002, Marcelo Montiel presentó la denuncia contra Pemex Petroquímica. Mientras se fraguaba el fraude, Rogelio Martínez Hernández denunció el ilícito y la complicidad ante la Presidencia de la República y la Secodam. Tales denuncias –cuya copia posee Contralínea– confirman la intención de los funcionarios federales panistas por proteger a Nava.


El 24 de mayo de 2002, Martínez Hernández presentó una denuncia ante el Órgano Interno de Control de Petroquímica Cosoleacaque y fue turnada al Órgano Interno de Pemex Petroquímica. En ella se habla del posible daño patrimonial contra Pemex a través del cobro indebido de impuestos. El 18 de junio de 2002, el entonces abogado general de Pemex ordenó a los abogados negociar antes de que el caso concluyera en tribunales. Esto mediante un dictamen que indica: “Se concluye que es conveniente negociar el pago de impuestos de traslación de dominio determinado por el ayuntamiento de Coatzacoalcos”. Y es que, según Nava Vázquez, “los bienes de las empresas filiales no son propiedad de la Federación”; es decir, para el abogado, las instalaciones de Petroquímica no eran parte de Pemex.


Los argumentos violaron la Constitución y faltaron a la Ley General de Bienes Nacionales, que en su artículo primero establece que el patrimonio nacional se compone tanto de bienes de dominio público de la Federación y de bienes de dominio privado de la Federación.


Un mes después de que César Nava autorizara el ilegal pago de impuestos, el abogado Rogelio Martínez recibió el oficio 18/578.1/338/02, donde el Órgano Interno de Control le notifica que se dio por concluida su denuncia y se “decidió archivar el asunto”.


Por esos mismos días, César Nava despidió al abogado Rogelio Martínez. El 4 de agosto de 2002, Martínez envió una carta a Francisco Barrio Terrazas, entonces titular de la Secodam, en la que le detallaba el fraude contra Pemex y que, por denunciarlo ante los órganos internos de Control, fue despedido.


Si alguna autoridad quiere saber de dónde pudo salir el dinero para la adquisición del departamento de Polanco, podría empezar por buscar en los archivos de Pemex, cuando César Nava se desempeñó como abogado general.


oficiodepapel@yahoo.com.mx




Hoy se cumple un año del decreto de extinción de LYFC



México SA

A un año del decretazo

Promesas incumplidas

El quid de la extinción

Carlos Fernández-Vega
Foto
Asamblea de trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas en el Palacio de los Deportes, realizada el pasado 6 de octubre, donde votaron por reanudar las movilizaciones debido a la falta de acuerdos con el gobierno federal. Hoy marcharán hacia el ZócaloFoto Víctor Camacho


J
usto un año atrás, el inquilino de Los Pinos decretó la extinción de la paraestatal Luz y Fuerza del Centro. En esa ocasión, entre tantos otros compromisos, anunció que he dado instrucciones a la administradora de LFC (la Comisión Federal de Electricidad) para que busque recontratar al mayor número posible de trabajadores, a fin de que colaboren de manera directa o indirecta en la provisión del servicio eléctrico bajo nuevas condiciones laborales y un nuevo arreglo institucional. Así, de un plumazo, dejó en la calle y sin ingreso a 45 mil personas.

Doce meses después, de acuerdo con cifras oficiales, la recontratación del mayor número posible de ex trabajadores de LFC se traduce en que sólo dos de cada cien de ellos fueron efectivamente recontratados, es decir mil 250 de 45 mil en total, lo que arroja un promedio de tres por día. De ese tamaño ha sido el cumplimiento del compromiso calderonista hecho público aquel domingo 11 de octubre de 2009, a escasas horas del decretazo de extinción. De hecho, fue tan cabal la palabra del inquilino de Los Pinos que en marzo pasado, a cinco meses del anuncio, de la Secretaría de Gobernación salió el siguiente exhortó al sector privado “para que contrate a los trabajadores de la extinta Luz y Fuerza del Centro, pues la solución de este conflicto le corresponde a todos y no sólo al gobierno… el tema es una cuestión social y su solución conviene a toda la sociedad, (los empresarios) debieron apoyar en la contratación de los ex trabajadores, pues a todos conviene que ellos encuentren futuro y con ellos se coadyuve a la reactivación económica… se hace un llamado a los gobiernos de los estados en los cuales funcionó LFC, para que también participen en esquema de reinserción de trabajadores”.


Desde luego que lo anterior no sorprende, porque si algo caracteriza al inquilino de Los Pinos y a su autodenominado gobierno de la continuidad es el permanente cuan grotesco incumplimiento de promesas y compromisos, y ejemplos sobran. El problema es que los ex trabajadores de la otrora paraestatal, como tantos otros millones de mexicanos, no tienen la mínima posibilidad de reincorporarse a la economía formal, de tal suerte que a un año del decretazo no han tenido mayor alternativa que sobrevivir en el sector informal, poner un changarro o simplemente engrosar las filas del desempleo.


El 11 de octubre de 2009 Felipe Calderón aseguró que la decisión de extinguir a Luz y Fuerza del Centro se debió a que las pérdidas económicas venían aumentando año con año hasta hacerse impagables. Para seguir manteniendo la empresa hubiera sido necesario subir desproporcionadamente las tarifas eléctricas o aumentar constantemente los impuestos. Esto sería injusto, particularmente ahora que nuestro país vive momentos difíciles en lo económico, y que tú, al igual que millones de mexicanos, están haciendo un gran esfuerzo por salir adelante. Pero, ¡sorpresa! Extinta la paraestatal, un mes después de esa justificación, y a propuesta del inquilino de Los Pinos, se aprobaron nuevos impuestos y el incremento de los existentes para que en 2010 los mexicanos de siempre pagaran fiscalmente mucho más que cuando LFC estaba en operación, amén que a los hogares comenzaron a llegar inflados recibos por consumo de electricidad (30 por ciento más, en el caso de este tecleador), empeoró la calidad del servicio y los apagones se hicieron cosa de todos los días.

Según el inquilino de Los Pinos, los únicos culpables de los niveles verdaderamente insostenibles, del caótico panorama por él descrito fueron los trabajadores de la extinta paraestatal. De nada sirvió el recordatorio de que la empresa contaba con una junta de gobierno que tomaba las decisiones, órgano presidido por la secretaria de Energía del calderonato, Georgina Kessel, y en el que participaban representantes de las secretarías de Hacienda y Crédito Público (Agustín Carstens en ese entonces; actualmente en el Banco de México), Desarrollo Social (Ernesto Cordero, hoy secretario de Hacienda), Economía (Gerardo Ruiz Mateos, de regreso en Los Pinos como jefe de la Oficina de la Presidencia de la República) y Medio Ambiente y Recursos Naturales (Juan Rafael Elvira Quesada), por conducto de la Comisión Nacional del Agua (José Luis Luege), además del director general de la Comisión Federal de Electricidad (Alfredo Elías Ayub, el de la empresa de soborno mundial), el director general de LFC (Jorge Gutiérrez Vera) y tres representantes del Sindicato Mexicano de Electricistas. Ninguno de ellos, salvo los del SME, fue sancionado por alcanzar niveles verdaderamente insostenibles (Calderón dixit) y se mantienen (o han mejorado) en sus puestos.


Apenas dos semanas después del decretazo se confirmó la verdadera razón de la extinción de LFC: la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con el inefable Juan Molinar Horcasitas en funciones de titular, anunció que se licitaría el tendido de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad y el correspondiente a la Luz y Fuerza del Centro. Para conocer el jugoso alcance del negocio, vale precisar que la red de CFE tiene un potencial de 2 mil 961 clientes por kilómetro; la de LFC, de 27 mil 273 clientes por kilómetro (en una de las zonas del país con mayor poder adquisitivo y desarrollo tecnológico). Entonces, no era la onerosidad (Gómez Mont dixit) de la ex paraestatal, sino que el SME impedía la privatización de este segmento. Casualmente, esta mina de oro quedó en manos del único postor (Televisa-Megacable-Telefónica), que explotará más de 21 mil kilómetros de dicho tendido. ¿Queda claro el quid del decretazo?


Para Calderón lo demás es lo de menos. Como bien señala el editorial dominical de La Jornada, el tiempo transcurrido ha bastado para desmentir el argumento gubernamental de la supuesta inoperancia de LFC y su personal como una de las razones centrales para remplazarla por la CFE; en estos meses, la multiplicación de las interrupciones prolongadas en el flujo de electricidad han colocado a la capital del país y su área metropolitana en una situación de precariedad que se ve acentuada con la llegada de las lluvias y de las ráfagas de aire. Los apagones han provocado severas afectaciones a cientos de miles o millones de habitantes y han gravitado como un factor de deterioro económico nacional, al impedir las operaciones de negocios familiares y pequeñas y medianas empresas.



¿Peligro o esperanza?



¿Peligro o esperanza?


Bernardo Bátiz V.


E
n forma por demás inesperada y sorpresiva, un verdadero descontón dirían en mi barrio, el titular formal del Poder Ejecutivo, Felipe Calderón Hinojosa, volvió a poner en circulación la perversa acusación en contra del dirigente político Andrés Manuel López Obrador, infundio creado por mercenarios extranjeros muy bien pagados, inventores del calificativo peligro para México. A muchos les ha parecido imprudente o inoportuna la alusión a la calumnia del 2006, que tanto daño hizo a nuestra sociedad; a mi parecer, Calderón se está pasando de listo y que lo que busca, al recordar la canallada de la guerra sucia, en la que él mismo participó, es distraer al pueblo mexicano con una cortina de humo que oculte otros temas sin explicación ni excusa.

En este momento en México hay varios temas fundamentales para nuestro futuro, puestos en la mesa de la opinión pública independiente, pero por lo visto el presidente en funciones optó por impulsar al centro del debate nacional un asunto distractor de la atención, siempre agobiada por el bombardeo de imágenes, comentarios en voz engolada o francamente a gritos en las pantallas de televisión y en los micrófonos de la radio.


Enumero algunos de estos temas, que deberían de ser el centro de la atención y que la maniobra de Calderón pretende ocultar. Uno es el de la entrega, que es un regalo, a Televisa-Nextel, a través de la ya famosa licitación 21, de la concesión de una parte muy importante del espectro radioeléctrico, mediante un pago muy por debajo de su valor real.

Tan grave es el asunto, tan comprometedor para el titular formal del Ejecutivo, que un panista sui géneris, como es el legislador del mismo Partido Acción Nacional Javier Corral, se ha sumado y en momentos ha capitaneado el señalamiento de la arbitrariedad, del atraco, sobre el que no se han dado explicaciones convincentes.

Otro tema que requiere la atención de la ciudadanía es el proyecto de reformas constitucionales y legales para consumar, finalmente, la intentona que lleva ya dos sexenios, y que se resume en la propuesta de establecer una policía única para todo el país, atropellando la autonomía municipal e incumpliendo flagrantemente el pacto federal so pretexto del miedo cultivado y de la violencia descontrolada.


Lo que se quiere con esta propuesta, urdida desde el gobierno anterior e impuesta ya en parte, es crear una fuerza armada central, bajo el mando directo de un jefe que sólo reporte y dependa del presidente de la República. Ya de por sí la policía federal parece cada vez más una policía represiva de los años del fascismo europeo o del gobierno militarista de Pinochet; imaginémosla en un poco tiempo, cerca del cambio de gobierno, como una unidad armada, centralizada y rígida, a disposición de una sola persona, Felipe Calderón Hinojosa.

El tercer tema que en mi opinión pretende soslayarse y ocultarse tras las declaraciones distractoras es identificado en los medios como el michoacanazo, acción policiaca con fines políticos, detenida por varios jueces por conducto de sus resoluciones, al sostener, correctamente, que grabaciones anónimas y testigos encubiertos no son suficientes para acusar a nadie. Precisamente fue la Policía Federal la que en forma atropellada y violenta irrumpió en oficinas públicas del estado de Michoacán para detener en sus centros de trabajo a varios alcaldes, al procurador del estado y a otros servidores públicos sorprendidos y que ni se escondían ni se ocultaban.

Si eso sucede cuando el mando policiaco nacional no está aún en unas solas manos, qué será cuando una especie de zar contra la delincuencia sea quien pueda dar órdenes, fundadas o no, a todos los cuerpos policiacos del país. Nadie estará a salvo.


La intentona de Calderón será inútil, es torpe y obvia, pero no por ello debe dejarse pasar sin más; la verdad es que si al llamado peligro para México se le hubiera reconocido su triunfo en las elecciones de 2006, a estas alturas cuando menos dos refinerías estarían ya funcionando en el país, el sistema ferroviario se encontraría en proceso del rehabilitación, los índices de impunidad irían a la baja y con el ahorro que se obtuviera, como sucedió en la ciudad de México, obras públicas y programas de desarrollo social se estarían multiplicando en todo el territorio nacional.


Ante el desastre en el que nuestra patria se encuentra, resbalando cada vez más en la pendiente de la violencia, la inseguridad, la deshonestidad, la crisis educativa, el abandono del campo, el desempleo y la abismal desigualdad social que padecemos, López Obrador ciertamente no representa ningún peligro para México: por el contrario, el movimiento por él encabezado, que se extiende cada vez con más amplitud y es aceptado por millones, es la única esperanza de un cambio de fondo. Desde luego ningún peligro para México, como lo cree o simula creer Calderón; por el contrario, la esperanza de un cambio profundo a partir del voto popular, de la organización, del trabajo y con base en principios. Nada de violencia, sí mucho valor civil, constancia, congruencia y liderazgo popular.