viernes, mayo 09, 2008

Economía Moral. Vivir Mejor







Julio Boltvinik
jbolt@colmex.mx

Vivir Mejor / I

Lavándole la cara a la privatización petrolera

Calderón ha dejado de tomarse la foto con los militares y los policías federales y ahora se la toma con los indígenas, los más pobres de México. El anuncio formal de la nueva etiqueta mercadológico-electoral llamada Vivir Mejor (VM), a la cual algunos le llaman estrategia, pero coinciden en que no es un programa, tuvo lugar en el Museo Nacional de Antropología (el mismo sello indígena que las nuevas giras presidenciales) el lunes pasado.

Hermanado por la ilegitimidad de su acceso a la silla presidencial con Carlos Salinas de Gortari, repite los pasos que éste dio en su intento por legitimarse: 1) golpear duro para demostrar que es un presidente fuerte y decidido (Salinas encarcela a La Quina, Calderón lanza la guerra al narcotráfico); 2) lanzar un gran “programa” nacional para mostrar que gobierna para todos, especialmente para los pobres (Salinas, el Programa Nacional de Solidaridad, Calderón, el VM); 3) enviar y, mediante la alianza PAN-PRI, aprobar una andanada de reformas legislativas neoliberales (Salinas, entre otras, la reforma que convirtió la tierra ejidal en mercancía vendible y canceló la reforma agraria, y una ola privatizadora sin precedentes; Calderón, la reforma judicial que cancela garantías individuales básicas y endurece al aparato represivo, y la privatización petrolera) que dejan contentos a los verdaderos dueños del poder: los grandes capitalistas, locales y trasnacionales.

Pero Calderón se queda atorado año y medio en el primer paso en el cual fracasa: no logra convertirse en el superhéroe vencedor del narcotráfico (éste es invencible: mientras sea un negocio tan lucrativo siempre habrá empresarios osados que remplacen a los encarcelados o ejecutados), con lo cual retrasa el segundo, y en él no tiene las perspectivas de éxito que Salinas logró con Solidaridad. La diferencia principal es que ahora se trata de más de lo mismo, de la continuidad casi total de una estrategia neoliberal (que arranca con Zedillo y se mantiene con Fox) de dádivas (poco generosas) focalizadas sólo hacia los pobres extremos que la autoridad selecciona (no a todos), mientras Solidaridad arrancó, después del vacío social que Miguel de la Madrid creó al desmantelar (casi todo) Coplamar (Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados) y todo el SAM (Sistema Alimentario Mexicano); es decir, sin precedente muy cercano lo que le daba novedad, y con un enfoque hacia la comunidad y no hacia hogares individuales seleccionados como Oportunidades, lo que le confería mayor impacto. Hay que recordar que el éxito electoral que Salinas obtuvo, al parecer gracias a Solidaridad y su enorme campaña publicitaria, fue enorme: el PRI arrolló en las elecciones federales de 1991.

Calderón anunció VM después de enviar al Congreso las iniciativas legales para privatizar (fingiendo lo contrario) casi todas las actividades petroleras, con lo cual desató una crisis política nacional que continuará, por lo menos, durante todo este año, y que puede jugar un papel importante en las elecciones federales de 2009. Por ello el lanzamiento de VM desempeña una doble función: lavarle la cara, que no es una cara muy limpia, a su intento privatizador y tratar de repetir en 2009 la hazaña electoral de Salinas en 1991. Vivir Mejor, que no es un programa, sino una etiqueta (más parecida por ello al Contigo de Fox que al Oportunidades) es, por tanto, una etiqueta electorera que ya tiene logotipo y marca el inicio de la campaña electoral del PAN en 2009, encabezada por Calderón.

En su discurso del lunes, Calderón comenzó con una frase en apariencia sorprendente para un neoliberal:

“Vivir Mejor parte de la premisa de que el mercado por sí mismo es incapaz de generar condiciones de vida digna para la gente, y por eso se requiere la acción rectora y rectificadora del estado, una acción igualadora que permita corregir las terribles condiciones de marginación que padecen millones de mexicanos y que les cancela la oportunidad de un desarrollo genuinamente humano.”

Sin embargo, tal declaración es fiel a dos principios fundamentales que comparten el neoliberalismo y la doctrina social cristiana a las cuales es fiel Calderón: el principio de subsidiariedad (el Estado sólo debe intervenir cuando fallan el mercado y la familia) y el de igualdad de oportunidades. Las palabras que he marcado con cursivas en la cita lo resaltan: “por eso”, porque falla el mercado, debe intervenir el Estado; lo que finalmente le preocupa es que se le cancele a la población la oportunidad de una vida digna y no la realidad de una vida digna, ya que en esta concepción lo que importa es la igualdad de oportunidades y se repudia la igualdad de resultados. Es por ello también que se refiere sólo a quienes viven en terribles condiciones de marginación (los pobres extremos) y no a todos, ya que en el credo que profesa la igualdad de oportunidades sólo se pierde cuando se es pobre extremo.

Calderón enumeró lo que parecen ser los cinco principios de VM, en el primero de los cuales estableció (no se le fueran a asustar los poderosos) que la política económica no va a cambiar, que sus objetivos centrales seguirán siendo mantener los equilibrios macroeconómicos (no que la gente viva mejor) y evitar la crisis:

“1. Tenemos que mantener condiciones económicas estables, porque es la mejor manera de garantizar que el trabajador tenga un salario con poder adquisitivo (sic) y que el pobre pueda salir adelante. Cuando hay crisis los más afectados son quienes menos tienen.”

Los otros cuatro principios son: 2. El desarrollo de las capacidades y su aprovechamiento (una novedad del planteamiento respecto a Zedillo y Fox) como condición de crecimiento económico sostenido. 3. El trabajo es la puerta más grande para salir de la pobreza. 4. Se fortalecerá el mercado interno y el crecimiento económico. 5. VM, que es política económica y política social, parte de la premisa que ambas deben ser armónicas con el medio ambiente. Veremos en la próxima entrega que mantener sin cambios la política económica hace inviable el planteamiento de VM. Como ocurre desde 1992 (véase gráfica) la seguridad social no se promoverá en VM.

Economía Moral

Julio Boltvinik
jbolt@colmex.mx

■ Vivir Mejor / II

Derechos: ausentes; igualdad de oportunidades: 14 menciones

Aunque Calderón (FCH) ha señalado que la política social será el eje central de lo que resta de su gobierno, resulta evidente, como lo mostré al final de la entrega anterior de Economía Moral (02/05/08), al presentar los cinco principios de la etiqueta o estrategia Vivir Mejor (VM), que la política social seguirá subordinada a la política económica, a pesar de las declaraciones en contra de Calderón (citaré su discurso del 28 de abril cuando anunció el VM) y del documento oficial (DO) del VM. FCH dice que VM “concentra los programas y acciones que integran la política social del Gobierno Federal”. Es decir, en lugar de definir una política social a partir de la cual se habrían de definir las medidas de política y los programas que la instrumentarían, se procede al revés: dado lo que están haciendo, se escribe un documento y éste constituye VM. Pero si es una etiqueta de política social, ¿dónde queda la política económica? En el discurso de FCH (D) y en el DO encontramos lo siguiente:

Ambigüedad constante respecto al ámbito de VM. Por ejemplo, cuando FCH explica cómo se hizo VM: “he ordenado a todas las áreas del Gobierno federal que articulasen en una sola estrategia el conjunto de acciones y programas que integran la política social de mi Gobierno (sic) y, en general, la política pública” (D). En síntesis, el director de orquesta le ordenó a la orquesta que, con las partituras que cada músico tuviese a la mano, compusieran y ejecutasen una obra musical (al aparecer sin que él dirigiese ni estuviese presente, por ello conjuga el verbo articular en tercera persona del plural). Esta ambigüedad explica que sólo un par de páginas más adelante FCH diga que “la política social de mi Gobierno (sic) busca combatir a fondo y poder erradicar en el mediano plazo la pobreza extrema” (D). Aparte del reduccionismo neoliberal que reduce la población objetivo a la pobreza extrema (PE), nótese que la erradicación de la PE es objetivo sólo de la política social.

La política económica aparece en D en la cuarta línea de acción del VM. Las tres primeras son: atender el problema alimentario, fortalecer la ampliación de capacidades, consolidar una red de protección social para enfrentar contingencias. La cuarta es “el establecimiento de puentes que vinculen en forma efectiva la política social y la política económica”. En el DO las cuatro líneas se reducen a tres (las 2 primeras se fusionan bajo el rubro capacidades) y en la, ahora tercera línea, se habla de “puentes comunicadores hacia un desarrollo económico sostenido y sustentable”.

La metáfora de puentes dice mucho que sus autores quisieran decir. Puesto que sólo tiene sentido tender puentes entre dos elementos que están separados (como dos orillas de un río), con ello confiesan públicamente que han separado la política económica de la social. Al respecto escribí hace varios años que: “la política social en el país padece de dos problemas nodales: a) la operación insular de las entidades públicas, y b) la separación tajante entre la política económica y la social, y la subordinación de la segunda a la primera”. Y añadí: “En el primer campo está prohibido pensar en intervenciones con objetivos sociales directos. Esta separación y la prevalencia automática de los objetivos de equilibrio económico sobre cualquier otro, han llevado a la política social a una existencia solitaria y a la política económica a una insensibilidad social total”. La metáfora de los puentes implícitamente acepta esta separación tajante y busca no articularlas plenamente al fijarles los mismos objetivos sino sólo establecer algunos vínculos.

La manera que FCH aborda el asunto de los puentes es de no creerse: “Por eso buscamos que haya una política económica (sic), y que toda la política económica del Gobierno (sic) tenga sentido social… que toda política social tenga un sólido fundamento y racionalidad económica, para que pueda ser una política pública verdaderamente eficaz. Puede ser que FCH no sepa lo que está diciendo, pero lo que la segunda frase en cursivas dice es que quiere someter a la política social a la lógica del valor y la acumulación (ésta es la racionalidad económica del capitalismo; no hay otra) y además cree que sólo la lógica del valor lleva a la eficacia. No señor, la lógica de la política social debe ser, y ha sido, la de necesidades humanas y valores de uso que permiten su satisfacción, y esta relación debería (aunque no siempre ha sido así) estar fundada en derechos sociales vigentes para todos. (Por cierto que el verdadero carácter de VM se refleja en el hecho que en todo su discurso FCH nunca habla de derechos sociales, ni siquiera menciona la palabra, mientras repite 14 veces la expresión o referencia a igualdad de oportunidades). La primera frase en cursivas es un lapsus en el que confiesa que no hay política económica (¿o será una errata?). Su afirmación de que toda la política económica del gobierno debe tener sentido social es o bien hipocresía o bien el reflejo de su concepción en la cual lo fundamental es que los empresarios (los grandes, que son los que cuentan) estén contentos, porque ellos son los que invierten y crean los empleos que permitirían que los mexicanos salgan de la pobreza por la puerta más grande (“El trabajo es la puerta más grande para salir de la pobreza”), por lo cual sería no sólo una política económica con sentido social, sino la única posible con esa característica. Olvida, o no sabe, o no quiere saber, que en la inmensa mayoría de los hogares pobres en México se trabaja y se trabaja muy duro, por salarios miserables que los hunden en la pobreza debido a la política neoliberal de desvalorizar el trabajo (véase gráfica).

¿Cuáles son los dichosos puentes? A esto tendré que dedicar la próxima entrega porque el espacio se me ha agotado. Baste por ahora señalar que se trata de puentecitos que mantienen la subordinación de la política social a la económica y aisladas una de la otra.

jueves, mayo 08, 2008

Aprueba Santa Catarina factibilidad urbanística


Monterrey, México (8 mayo 2008).- Atendiendo un mandato judicial, el municipio de Santa Catarina destrabó ayer uno de los trámites que impedían el desarrollo del proyecto inmobiliario Valle de Reyes y un campo de golf en el Cañón de Ballesteros, dentro de La Huasteca.

El Alcalde de Santa Catarina, Dionisio Herrera, y el director jurídico, Isaac Mejía, informaron ayer en rueda de prensa que fue aprobada la factibilidad urbanística del proyecto a la fiduciaria Banorte, luego de que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo ya no aceptó una tercera negativa.

"Finalmente, después de un trabajo de año y medio de defensa del municipio de Santa Catarina respecto al Plan de Aprovechamiento de La Huasteca, del Cañón de Ballesteros", dijo el Alcalde, "el Tribunal de lo Contencioso Administrativo nos resolvió de una manera en la cual ya no acepta las dos negativas.

"Ya forzados por esta situación, tenemos que acceder ahora a dar un paso afirmativo, un sí, a lo que va a ser la factibilidad", agregó.

"Nos ganaron esta primera etapa", señaló, advirtiendo que todavía faltan trámites para concretar el proyecto.

El pasado 8 de febrero, la autoridad judicial ordenó a Santa Catarina resolver la solicitud de factibilidad para este fraccionamiento a partir de la Ley de Ordenamiento Territorial y no del Plan de Desarrollo Urbano 2000-2020, que era en el que el municipio sostenía su negativa.

Sin embargo, Herrera advirtió que aun con la factibilidad, que será entregada hoy, la desarrolladora de la obra, la constructora Marfil, todavía tiene que librar otros seis trámites.

Por la mañana, Herrera acusó a la delegada de la Semarnat, Brenda Sánchez; al director de la Conanp, Ernesto Enkerlin; al director del Parque Nacional Cumbres, Fernando Seriñá, y al área jurídica de la Semarnat de abandonar la defensa de La Huasteca.

Al Secretario de Desarrollo Urbano, Juan Antonio Meraz, denunciado por Marfil de desacato, la Administración le tramitaría un amparo.



Monterrey, México (8 mayo 2008).-
Las autorizaciones para el proyecto Arco Vial Sureste y el mobiliario Valle de Reyes demuestra que en materia ambiental el interés particular está por encima del interés general, dijo la Diputada local priista Carlota Vargas.

La presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano en el Congreso local comentó que pareciera que la ciudadanía no se percata de que Monterrey y el área metropolitana están sufriendo ya el descuido que se ha tenido durante muchos años en materia ambiental.

"Estos dos proyectos son otros dos golpes para el ambiente", expresó Vargas.

La diputada dijo que en el caso del proyecto Arco Vial Sureste se hubieran buscado otras opciones como pasos naturales que no afectan a la montaña, si es tan urgente contar con esta vialidad.

En el caso de Santa Catarina donde el municipio destrabó ayer uno de los trámites que impedían el desarrollo del proyecto inmobiliario Valle de Reyes y un campo de golf en el Cañón de Ballesteros, en La Huasteca, Vargas señaló que el Tribunal de lo Contencioso no les obligaba a dar el visto bueno, sino sólo a dar una respuesta.

"La factibilidad se la pudieron negar", expresó Vargas.

"El Municipio pudo haber tomado otra decisión, estaban muy presionados, pero pudieron haberlo defendido y tener sustento para no dar la factibilidad".

Vargas consideró que las autoridades tenían herramientas para negar la factibilidad.

El legislador panista Ricardo Vázquez, coincidió en que no necesariamente el Municipio tenía que otorgarle a la inmobiliaria la factibilidad urbanística del proyecto a la fiduciaria Banorte.

"Tengo un dictamen técnico donde la autoridad federal dice que no es factible desarrollar adentro (de La Huasteca)", dijo Vázquez.

"Si el Contencioso está obligando al Municipio para que el día de hoy dé una respuesta sobre la factibilidad, la Ley de Ordenamiento Territorial le dice que uno de los requisitos para entregarlos son los dictámenes técnicos y este dictamen dice que no es factible desarrollar el interior de La Huasteca".

Comentó que si el Municipio aprueba la factibilidad urbanística del proyecto, tendrá que sustentarlo con argumentos basados en la Ley.

"Municipio no está obligado a entregar un sí o un no, nadamás le están diciendo que tiene hasta ahora para responder", expresó.

Harán en Cerro de la Silla paso para comunicar la Carretera a Reynosa con la Nacional



El Norte

Monterrey, México (8 mayo 2008).- El proyecto Arco Vial Sureste, que contempla la construcción de un túnel en la sierra del Cerro de la Silla, ya tiene permiso para arrancar.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) dio ayer su aval a la obra, que conectará la Carretera a Reynosa, en Juárez, con la Carretera Nacional, en Monterrey, y es una de las más importantes del actual Gobierno de Nuevo León.

El titular de la Coordinación de Proyectos Estratégicos Urbanos, Abel Guerra, señaló que la dependencia federal resolvió de forma positiva la Manifestación de Impacto Ambiental presentada por el Estado.

Sin embargo, la dependencia establece como condición realizar más obras para mitigar el impacto a la fauna y flora.(lo cual significará qué?)

El túnel cruzará del Cañón de Santa Ana a Los Cristales y medirá 1.8 kilómetros, más de tres veces lo que mide el Túnel de la Loma Larga, de unos 500 metros.

Su construcción tiene un costo estimado de 2 mil millones de pesos y forma parte de la nueva vía de 19.8 kilómetros que proyecta el Arco Vial Sureste.

Este proyecto permitirá, junto con la liberación de una parte del Anillo Periférico de cuota y del Libramiento Noroeste, una vialidad de flujo continuo de más de 90 kilómetros.

Ésta conectará la Carretera a Saltillo con la Carretera Nacional, cruzando los municipios de García, Escobedo, Apodaca y Juárez.

El costo de la obra se espera que sea cubierto con el cobro del Impuesto de Mejoría Específica entre los vecinos de la zona.

Además del túnel ya aprobado, aún está en proceso la elaboración de estudios para otros dos túneles ­uno en la Sierra Madre y otro en el Cerro del Mirador­ como parte de la prolongación del proyecto desde Los Cristales hasta la Av. Lázaro Cárdenas, a través de una nueva vía.

"Tenemos la notificación, ahorita, de que es positivo el Manifiesto de Impacto Ambiental", dijo Guerra sobre el permiso de Semarnat.

"Falta la notificación de los Estudios Técnicos Justificativos, pero eso es algo normal porque, para dárnoslo, se tiene que tener primero la Manifestación de Impacto Ambiental.

"Tal como esperábamos, (la autorización) está condicionada a realizar algunas medidas de mitigación, fundamentalmente con el paso de los animales a través de alcantarillas (???), puentes y escurrimientos que están previstos en el proyecto", agregó.

Los análisis relacionados con la Manifestación de Impacto Ambiental y los Estudios Técnicos Justificativos para conseguir de la autoridad federal el permiso de cambio de uso de suelo habían sido enviados por el Estado el 14 de diciembre del 2007.

La Semarnat tenía el 30 de marzo pasado como plazo para resolver esta solicitud.

Guerra señaló ayer que las condicionantes ordenadas por la Semarnat, a través de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental, son "cosas menores" que seguramente no impactarán el presupuesto.

Adelantó que, en los próximos días, el Gobernador dará a conocer el proceso normativo que regulará las licitaciones del Arco Vial Sureste, además de los tiempos de inicio y conclusión de esta obra.

Desde su anuncio en diciembre del 2006, el proyecto provocó fuertes cuestionamientos, principalmente por ambientalistas, por el impacto en el Cañón de Santa Ana.

Incluso, el Gobierno del Estado tuvo que modificar el año pasado el plan de manejo de esta zona, declarada área estatal protegida, para darle factibilidad al túnel.

Guerra señaló que, con el aval de la Semarnat, espera que acaben las críticas que ha cosechado este proyecto por parte de los ecologistas.

"Nosotros siempre tuvimos la convicción de que esta obra puede hacerse sin afectar el medio ambiente, y quien es la autoridad normativa, quien determina de que si afecta o no afecta, es la Semarnat", dijo.

"Si la Semarnat nos está diciendo que no afecta y nos está dando la autorización, si nos está condicionando a realizar una serie de medidas, quiere decir que las personas que decían que afectaba no estaban apegadas a la realidad", agregó.


Nota: Para empezar: lo que puede estar apegado a la realidad no son las personas sino lo que ellas perciben, piensan o dicen. Hay expertos, un biólogo de la UANL: Antonio Hernández, amenazado y golpeado por ser el asesor de la asociación de vecinos de La Tinaja, que se han atrevido a denunciar las ilegalidades; que no haya muchas voces "autorizadas" sólo refleja el estado de conformismo, miedo, valemadrismo, en que vivimos en esta sociedad regiomontana tan ávida de parecerse a nuestro vecino del norte y tan reacia a comprometerse con causas legítimas y justas. Ah, sí y como la impoluta SEMARNAT ya dió el visto bueno eso quiere decir que los vecinos y ambientalistas están equivocados. Tratemos de recordar los casos (digamos en el sexenio pasado o en este) en que las Instituciones (benditas ellas) han fallado a favor de las comunidades y en contra de los intere$e$ de particulares. Mmm... pues no, no nos da la memoria

AMLO ve “con buenos ojos” la propuesta de Cárdenas

Alejandro Encinas Rodríguez Alejandro Encinas Rodríguez Foto: Víctor Camacho

Jesús Ortega Martínez Jesús Ortega Martínez Foto: Francisco Olvera

Pablo Gómez Álvarez. Imágenes de archivo Pablo Gómez Álvarez. Imágenes de archivo Foto: Carlos Ramos Mamahua

Andrés Manuel López Obrador comentó ayer la carta de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, enviada a cinco ex presidentes nacionales perredistas, al sostener: su propuesta “la veo bien, con buenos ojos”. Interrogado sobre si Alejandro Encinas y Jesús Ortega deben renunciar a sus aspiraciones, como sugirió el ingeniero, respondió que aún no ha leído completo el documento.

A su vez, tanto Encinas como Ortega enviaron cartas a Cárdenas Solórzano, donde ambos convienen en que es necesaria una readecuación del Partido de la Revolución Democrática (PRD), pero le piden no generalizar en torno a las irregularidaes en la elección.

En su misiva, Encinas, candidato de Izquierda Unida (IU), expresa su disposición a “atender cualquier convocatoria para dialogar y construir entendimientos” entre los perredistas y abandonar “cualquier aspiración personal frente al objetivo superior que nos trazamos al fundar nuestro partido”.

En el documento, en respuesta al que hizo público ayer el ex candidato presidencial, Encinas Rodríguez afirmó que para él también existe claridad en que la crisis del PRD “puede abrir una oportunidad para superar los vicios e inercias que nos han conducido a esta situación”, pero también acotó que él ha defendido la necesidad de no contar votos irregulares. “Lo he defendido con firmeza, no por capricho personal, sino por la convicción de que este tipo de prácticas no pueden convalidarse, pues hacerlo representaría, a mi juicio, además de una acción ilegal, complicidad con quienes realizaron estas prácticas indebidas y una injusticia con los militantes que acudieron a votar, como siempre, de buena fe”.

Refirió que las acciones de falta de apego a la legalidad a las que hizo referencia Cárdenas en su escrito están plenamente identificadas y se cuenta con elementos suficientes para deslindar responsabilidades y sancionar a los responsables.

En ese sentido consideró “injusto estigmatizar al conjunto de la militancia”, en relación con las afirmaciones de Cárdenas de que las irregularidades provocaron “la imagen viva en la opinión pública del desaseo con el que se desarrolló el proceso”.

En tanto, en su carta de respuesta a Cárdenas, Jesús Ortega Martínez expresó su rechazo a anular el proceso, con el argumento de que deben respetarse los resultados y las decisiones expresadas en las urnas por militantes del PRD. Se desmarcó de la responsabilidad que reclama Alejandro Encinas, dijo a Cárdenas que “nunca es bueno generalizar” y le pidió a analizar de qué lado se cometieron los actos ilícitos.

En ese sentido aseguró que si bien se presentaron irregularidades, “actos dolosos” que no se deben permitir, sino sancionar, no acepta “la generalización de sus señalamientos sobre el incumplimiento de la palabra y la traición”, y señaló en cambio que “hay militantes que equivocadamente creyeron en esa conducta, pero no es mi caso”.

Jesús Ortega planteó a Cuauhtémoc Cardenas estar de acuerdo en que deben tomarse medidas urgentes hacia la solución de la crisis del Partido de la Revolución Democrática, pero atajó que no deben darse al margen de la legalidad estatutaria, porque una salida distinta “profundizaría y agudizaría la crisis que vivimos”.

Por su parte, el senador Pablo Gómez Álvarez, ex presidente nacional del sol azteca, externó su acuerdo con la visión de Cuauhtémoc Cárdenas respecto de la aguda crisis que vive ese partido y con la propuesta de convocar a los candidatos punteros en la elección para la dirigencia nacional a renunciar a sus aspiraciones y dar paso a una dirigencia de transición hasta 2009.

En respuesta a la carta que ayer envió Cárdenas a cinco ex presidentes del PRD, Gómez se dijo convencido de la necesidad de dejar atrás de inmediato la disputa por la presidencia de este partido y dar paso a la integración de un nuevo cuerpo de dirección, el cual, dijo, debería surgir por consenso.

“Me parece una buena idea que el Consejo Político Consultivo sea el marco para llegar a tal acuerdo, en la inteligencia de que sería necesario analizar la forma de integrar cuanto antes el nuevo Consejo Político Nacional, el cual será el órgano de dirección permanente, según las recientes reformas estatutarias”, apuntó el senador perredista.

Sugirió finalmente que fuese el propio Cárdenas Solórzano, “en su calidad de primer presidente del PRD”, quien convoque al Consejo Político Consultivo para superar la actual crisis e iniciar un nuevo proceso político interno.

Dirigencia transitoria hasta 2009, sin Encinas ni Ortega: Cárdenas

■ El ex candidato presidencial basa su solicitud en la “profunda crisis” interna en el PRD

■ Plantea además que el Consejo Político Consultivo determine quién encabezará el partido

Ciro Pérez Silva y Víctor Ballinas

Ampliar la imagen El ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Imagen de archivo El ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Imagen de archivo Foto: María Luisa Severiano

En carta enviada ayer a cinco ex presidentes nacionales del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano propuso hacer un llamado conjunto a los candidatos que contendieron en las elecciones del pasado 16 de marzo, aspirando a los cargos de presidente y secretario general, “para que renuncien a sus respectivas posibilidades de llegar y ejercer los cargos”, ante la “profunda crisis política” que vive este organismo y que “reclama de decisiones políticas para darle solución”.

De aceptar los candidatos esta propuesta, se convocaría a los integrantes del Consejo Político Consultivo para que acuerden quién debe presidir este partido en una etapa de transición, tomando en cuenta las propuestas que hicieran Alejandro Encinas, Dina Rocío Navarro, Jesús Ortega, Alfonso Ramírez Cuéllar y Camilo Valenzuela, los cinco contendientes por la presidencia perredista, pues consideró “grave que vayan a dejarse decisiones cruciales para el presente y el futuro del PRD en manos y cabezas ajenas al partido”.

Esta dirigencia tendría facultades plenas para el gobierno interno, la representación y conducción política, y asumiría el encargo de llamar a un congreso nacional que revise los documentos básicos y el reglamento de elecciones, y establezca los términos para convocar a una elección de los órganos del partido. Conducirá además la representación legal de este organismo en el proceso de elecciones de 2009.

A lo largo de casi tres cuartillas, Cárdenas Solórzano advierte que la falta de apego a la legalidad estatutaria por parte de “compañeros nuestros”, han llevado a este partido al borde “no sólo de una profunda e irreparable fractura, sino de su disolución y su desaparición de la vida pública”, al menos, apunta, como un instrumento útil para los sectores progresistas del pueblo mexicano en su lucha por el rescate y defensa de la soberanía nacional y para la profundización y el fortalecimiento de la vida democrática.

Se trata de la segunda intervención de Cárdenas en este sentido, luego de que el pasado viernes 21 de marzo asegurara –en otro escrito– que el proceso electoral al interior del PRD “ha llegado a grados tales de desaseo y confrontación, que exhiben lo extremo de su degradación y reclaman de sus miembros acciones drásticas y decisivas”, luego de considerar que “el Comité Técnico Electoral y la dirección formal del partido no tienen otro camino que declarar la anulación de las elecciones que se celebraron el pasado domingo 16”.

Alejandro Encinas y Jesús Ortega, candidatos punteros a la dirigencia del PRD, coincidieron con Cuauhtémoc Cárdenas en que la elección interna presentó irregularidades, sin embargo, ambos señalaron que éstas no son suficientes para anularla.

Dirigida a Amalia García Medina, Andrés Manuel López Obrador, Pablo Gómez Álvarez, Leonel Godoy Rangel y Leonel Cota Montaño, como ex presidentes del sol azteca –excluye a Porfirio Muñoz Ledo, quien ocupó este cargo entre 1993 y 1996–, la misiva señala que el PRD ha llegado al 19 aniversario de su constitución y reconocimiento formal como partido político nacional “sumido en la crisis más grave” que haya enfrentado en su historia.

“Creo poder afirmar que estamos conscientes, ustedes y yo, que se llegó a este aniversario con la imagen viva en la opinión pública del desaseo con el que se desarrolló el proceso para renovar los órganos de dirección, del incumplimiento de todos los plazos en los que debían darse a conocer los resultados oficiales del proceso, de la cuenta de los votos, hasta el día de hoy inconclusa, y de que el partido ha quedado descabezado al concluir formalmente el periodo de ejercicio para su presidente y secretario general, muestra clara, todo ello, de la pérdida total de la legalidad interna”, sostiene.

Cárdenas Solórzano añade que a todo ello debe agregarse la pérdida de toda autoridad moral del Partido de la Revolución Democrática en sus condiciones actuales, así como de su parálisis e incapacidad como entidad orgánica para la lucha política en la persecución de los objetivos para los que fue creado.

Para completar la visión sobre el partido, agrega, debe decirse también que se llegó al 19 aniversario en medio de una acre confrontación entre los candidatos y grupos que se han estado reclamando ganadores de las pasadas elecciones, confrontación que, dijo, ha llevado a los contendientes a adoptar actitudes triunfalistas y posiciones irreconciliables carentes de toda autocrítica, que han traído como consecuencia la división, difícilmente reparable, en la base social misma del partido, que se profundiza con el correr del tiempo.

Nota: Está bien, y en el ínterin, que se expulse a los más preclaros Chuchos, empezando por Ortega y Zavaleta que nadie con tres dedos de frente dudará ya -si es que alguien lo hizo alguna vez- son traidores, entreguistas y corruptos, y como tales serán muy bien recibidos (como ya lo explicitó Mariana Gómez del Campo) en el PAN.

LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y LA REALIDAD MEXICANA


Como es su costumbre, falseando la realidad con cifras falsas, el todavía secretario del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón, declaró ayer al periódico La Jornada, que “quienes critican la iniciativa de Reforma Laboral, parten de dogmas y no quieren reconocer la realidad”. Además, dijo que “la realidad ya rebasó a la Ley Federal del Trabajo, y en los hechos ya cambiaron las formas de contratación.”

El experto en telecomunicaciones y todavía secretario del Trabajo, mencionó: “el proyecto de reforma laboral podría enviarse al Congreso al mismo tiempo que esté en debate el tema energético”, argumentando además que tiene confianza a que “no despertará tantas pasiones, ni levantará polémica nacional, como el caso del petróleo, y que a lo mejor en su discusión no se logran los consensos, pero sí la mayoría”.

Como se desprende de las declaraciones de este funcionario, el gobierno federal no ha quitado el dedo del renglón y sigue insistiendo en “la necesidad” de una reforma a la Ley Federal del Trabajo, mostrando su total desprecio al rechazo que la nación mexicana ha manifestado a las reformas regresivas tanto en materia eléctrica, como en materia del petróleo y también en materia laboral.

Los trabajadores y muchos sindicatos han manifestado su rechazo al establecimiento de figuras regresivas en la Ley Federal del Trabajo, como el Contrato a Prueba, la multihabilidad y la subcontratación, en virtud de que éstas profundizan la explotación de la Fuerza de Trabajo de los obreros.

Calderón y su aprendiz de secretario del Trabajo deben tener claro que aunque se nos acuse de “dogmáticos”, los trabajadores y los ciudadanos mexicanos no permitiremos que pase su propuesta de contra-reforma laboral. Nuestro rechazo no está motivado o fundado en “pasiones”, como pretende el señor Alarcón. Están fundamentadas en la experiencia y opinión de expertos en la materia, de trabajadores y de sindicatos que tenemos claro que el derecho del trabajo es un derecho inconcluso, y que, por lo tanto, las reformas a las normas laborales deben estar orientadas para enriquecer a la Ley Federal del Trabajo y no para mutilarla.

Por estas razones, en el mes de mayo del presente año, la fracción parlamentaria del PRD, en la Cámara de Diputados, convocará a un foro de análisis de la propuesta de reforma laboral de Lozano Alarcón, en donde demostraremos que esta propuesta pretende imponerle condiciones de Trabajo similares a las del porfiriato.

Vergüenza debería tener el todavía secretario del Trabajo en hablar de los derechos de los trabajadores, cuando es de dominio público su notoria inclinación para proteger los intereses del grupo México que jefatura Germán Larrea, frente a los reclamos de los trabajadores mineros por violaciones a sus condiciones de seguridad e higiene, con huelgas que cumplieron ya 9 meses en Cananea, Sonora, Taxco, Guerrero y Sombrerete, Zacatecas.

Muy curtida debe tener la piel el secretario patronal que ha guardado un cómplice silencio ante el alza desmedida del costo de la vida, que ha disparado los precios de una serie de artículos de la canasta básica obrera.

Si tuviera un gramo de dignidad, Lozano Alarcón debería presentar su irrevocable renuncia por su contubernio con el grupo México para no resolver la demanda de las viudas y familiares de Pasta de Conchos que exigen el rescate de los restos mortales de los mineros fallecidos.

Lozano Alarcón se niega a atender este derecho humano elemental, con argumentos que carecen de sustento porque sabe que al rescatar los restos mortales de los mineros se demostraría plenamente el homicidio industrial perpetrado por el poderoso grupo México.

A T E N T A M E N T E

Diputado federal José Antonio Almazán

Denuncian violento desalojo de personal de limpieza en la Central de Abasto

La empresa ordenó remitir a 13 empleados al MP; los acusa de “uso indebido del derecho”

Carolina Gómez Mena, La Jornada. 7 mayo 2008

Trabajadores de limpieza de los baños de la Central de Abastos afiliados al Sindicato de Trabajadores de Casas Comerciales, Oficinas y Expendios, Similares y Conexos (STRACC), organización perteneciente al Frente Auténtico del Trabajo (FAT) fueron “violentamente desalojados” y remitidos al Ministerio Público por órdenes de directivos de Operadora Empresarial SAFE SA de CV, denunció el abogado laboral, Arturo Alcalde Justiniani.

Subrayó que la citada empresa concesionaria ha violado el contrato colectivo de los trabajadores, a los cuales obligó a firmar su renuncia.

Alcalde Justiniani comentó que la acción fue realizada por policías auxiliares y seña-ló que se acusa a los 13 detenidos, entre ellos dos dirigentes del FAT, de “uso indebido del derecho”.

Acotó que la citada empresa, “mediante su responsable de mantenimiento, Armando Vega, reunió el pasado 29 de abril con engaños a todas los trabajadores afiliados al STRACC, los subió a un microbús diciéndoles que iban a una junta informativa y que para que estuvieran cómodos los trasladarían a otro lugar fuera de la Central”.

En el hotel Abastos Plaza, Julio Parra Campos, gerente general de la empresa, los llamó de uno por uno para que pasaran a una sala en donde los esperaban tres hombres que se identificaron como actuarios de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y abogados del despacho Baker & McKenzie .

Allí les dijeron que estaban despedidos y ya no podían regresar a trabajar porque iban a ser sustituidos por otros trabajadores.

Les dijeron que si no firmaban su renuncia los iban a demandar por la vía penal argumentando robo”. No obstante, la mayoría no firmó, sólo lo hicieron 14 de los 41 empleados.

Eduardo Díaz Reguera, también integrante de la coordinación del FAT y abogado laboral, criticó que el desalojo del lugar de trabajo haya sido con “violencia, y apuntó que el STRACC logró que dichos trabajadores mejoraran sus condiciones laborales, a razón de lo cual ahora ganan más salario. “Antes apenas ganaban 65 pesos diarios y ahora 120”.

Alcalde Justiniani indicó que en diciembre de 2007 se celebró un convenio con la operadora “en los términos que marca la Ley Federal del Trabajo en la que se reconocen derechos y deberes de la relación laboral”.

FRENTE AUTÉNTICO DEL TRABAJO

Boletín: Central de Abasto 2

Ciudad de México a 07 de mayo del 2008

Fueron liberad@s los trabajadores pres@s en la Central de Abasto, pero despojad@s de su fuente de trabajo.

Los juicios penales en su contra se mantienen a menos de que firmen su renuncia.

Los 13 trabadores y trabajadoras sindicalizados de baños de la Central de Abasto, detenidos violentamente por la policía capitalina, fueron puestos en libertad, pero sin que ello signifique que han sido absueltos, ya que el ministerio público determinó que el delito en que incurrieron al defender su trabajo es el de “uso indebido de un derecho”, por lo que el proceso penal en su contra continua.

De prosperar la denuncia patronal se sentaría un grave precedente y así, prácticamente, cualquier patrón podrá eliminar y desconocer el Contrato Colectivo argumentando cualquier delito, cuando los trabajadores ejerzan sus derechos de libre sindicalización y auténtica contratación colectiva.

La detención, que duró unas doce horas aproximadamente, tiene el propósito de despojar a los trabajadores de su fuente de trabajo, desconocer a su sindicato y el contrato colectivo de trabajo vigente dentro de la empresa concesionaria Operadora Empresarial SAFE, S. A. de C. V.(OESSA), toda vez que su representante patronal estableció como condición para retirar los cargos, que los trabajadores firmen su renuncia inmediatamente.

Por su parte la Central de Abasto a través de su director general Raymundo Collins, y el abogado patronal José María Galindo Medina, han mantenido un asedio constante hacía los trabajadores y trabajadoras para que renuncien y de esta forma desaparecer, sin más y de un plumazo, todo rastro de sindicalismo auténtico y democrático.

El día de hoy, 7 de mayo, los y las trabajadores se presentaron nuevamente a laborar, pero un representante patronal les manifestó que ya no son trabajadores de OESSA, que ya no tienen su empleo y que en esa empresa no hay trabajadores sindicalizados, ni sindicato y mucho menos un contrato colectivo de trabajo.

“Por la Autogestión de la Clase Trabajadora”

miércoles, mayo 07, 2008

RAZONES PORQUE LA REFORMA ENERGETICA DEBE SER RECHAZADA


1.- Porque permitiría que empresas extranjeras lleven a cabo actividades de exploración, explotación, refinación de petróleo y petroquímica básica, lo que viola el artículo 27 Constitucional.

2.- Porque compromete a PEMEX a someterse a tribunales internacionales ante cualquier celebración de contratos, y esto blindaría a las empresas privadas en caso de que el gobierno ya no quisiera mantener la asociación.

3.- Porque permitiría que la iniciativa privada construya, opere y sean propietarios de ductos, instalaciones y equipos.

4.- Los contratos “del buen desempeño” permiten compartir la renta petrolera con las empresas extranjeras, ya que no se les establece una remuneración fija, sino un pago al final, determinado por las ganancias obtenidas.

5.- Porque establece las licitaciones confidenciales, con información reservada sobre los términos en los que se adjudicarán obras y servicios.
6.- Porque PEMEX podría otorgar contratos por adjudicación directa en cualquier rubro, sin licitación de por medio.

7.- La transparencia de contratos no se hace obligatoria, sino optativa.

8.- Porque los Contratos de Servicios Ampliados permiten a contratistas y compañías privadas cambiar el precio final y contenido del contrato.

9.- Porque los bonos podrían ser adquiridos por Afores, Bancos y Sociedades de Inversión, así como por intermediarios financieros, lo que daría pie a la especulación y cobro de altas comisiones.

10.- Porque la “autonomía” de PEMEX es mentira, ya que 10 de los 15 integrantes del consejo de administración serían nombrados desde “Los Pinos”, uno más sería el Srio. de Energía en turno y los 4 restantes, designados por el Sindicato Petrolero.

11.- Porque propone 4 consejeros “profesionales” que se integrarán al Consejo de Admón. de PEMEX, que serían designados por el Presidente de la República y 2 de ellos “trabajarán tiempo completo” y 2 “tiempo parcial” y estos últimos podrían representar los intereses de empresas privadas nacionales y extranjeras.

12.- Porque busca evitar que PEMEX sea auditada por La Auditoria Superior de la Federación, o por el Congreso, bajo el pretexto de la ”autonomía”.

EL GOBIERNO FEDERAL MIENTE AL DECIR QUE NO PRIVATIZARA PEMEX, PORQUE LOS POZOS, DUCTOS, REFINERÍAS, PLATAFORMAS Y TRANSPORTE, SERÍAN PROPIEDAD DE PARTICULARES, NO DE LA NACIÓN. COMPARTIRÍA LA RENTA PETROLERA Y PORQUE VIOLA LA CONSTITUCIÓN.

Privatización energética,La Guerra Sucia de Calderón





por JENARO VILLAMIL

Ilustraciones BOLIGÁN

Antes de que se difundiera el mu l t i c i t a d o spot sobre el “tesoro” mexicano en aguas profundas, Petróleos Mexicanos y la Secretaría de Energía pagaron en los medios electrónicos varios promocionales con una intencionalidad muy clara. Veamos:

1 Se hace un close up hacia los guantes de un obrero de Pemex que trabaja en una plataforma. Claramente se lee escrito en sus guantes la palabra fireman. La voz en off remata con la frase: “Lo mágico es que cada metro perforado es completamente nuevo”.

2 Otro spot muestra la bandera estadounidense ondeando sobre la Luna. Se escucha el siguiente mensaje: “No cabe duda que los norteamericanos han llegado muy lejos”. Sigue la secuencia de un camión de diesel que transita en la Luna y rebasa a la bandera. “Sólo faltaba que llegara nuestro diesel para rebasarlos. Pemex Diesel, el mejor diesel de América”, refrenda el spot.

3 Un tercer video promocional, financiado por la Secretaría de Energía, anticipó el spot original del 13 de febrero de 2008 sobre la necesidad de invertir para extraer petróleo a más de tres mil metros de profundidad. En este anuncio se muestran imágenes idílicas de jóvenes y niños corriendo en libertad. “El mundo está cambiando. Nuestra responsabilidad es que las nuevas generaciones cuenten con energéticos suficientes. Nuestro compromiso es que Pemex garantice la suficiente energía para nuestras nuevas generaciones… Tenemos puesta la mirada del futuro”, relata la voz en off.

Cualquiera puede consultar estos spots en el sitio de www.youtube.com o en los blogs de la resistencia civil.

Entre estos anuncios y el discurso de Felipe Calderón del pasado 18 de marzo, aniversario de la expropiación petrolera, existe una línea discursiva y un objetivo explícitos.

La mercadotecnia calderonista intenta modificar una percepción social fuertemente arraigada en contra de la privatización de Pemex, a cambio de contarle a las audiencias breves y demagógicas fábulas dignas de Julio Verne (Viaje al centro de la Tierra) o de Ray Bradbury (Crónicas marcianas) sobre el futuro idílico de un sector energético con participación privada. La música sentimental pretende que el televidente se convenza de la “bondad” de los planes del gobierno federal.

Palabras con olor a viejo como “modernización”, “reforma” o “reestructuración” se han cambiado por referencias sugerentes sobre un “tesoro escondido en el fondo del mar”, “trabajar en aguas profundas”, los íconos clásicos del desarrollo estadounidense: la conquista de la Luna o el nuevo trabajador petrolero que utilizará guantes a “la moda” con la palabra fireman.

Los calderonistas combinan así la publicidad del miedo y el odio –aplicada puntualmente en contra de López Obrador y de la sociedad movilizada en defensa de Pemex– y la publicidad lúdica e ilusionista que pretende encubrir el discurso de la privatización. Se trata, en realidad, de un nuevo capítulo de la guerra sucia que se inició en la campaña presidencial de 2006.

Leer el artículo completo en http://www.elchamuco.com.mx/reportaje.html


Hay recursos para invertir en Pemex, sostiene David Ibarra

La Jornada, 7 mayo 2008

Aspectos poco discutidos de la reforma, “campo minado”: Córdova

Georgina Saldierna

El simposio Petróleo y seguridad energética se convirtió ayer en un foro en el que fueron desmentidos todos y cada uno de los argumentos que ha planteado el gobierno federal para promover la reforma a ese sector.

David Ibarra, ex secretario de Hacienda, destacó que sí hay recursos para invertir en Petróleos Mexicanos (Pemex), mientras el embajador Jorge Eduardo Navarrete refirió que las propuestas para cambiar la legislación en esta materia persiguen lo contrario de lo que el Ejecutivo afirma, esto es, que no se modifica la Constitución; que Pemex no se privatiza y que se fortalecerá la paraestatal.

Durante la sesión vespertina del foro organizado por el Frente Amplio Progresista (FAP), el historiador Arnaldo Córdova llamó la atención sobre aspectos poco discutidos del paquete de reformas que también constituyen un “campo minado”, en tanto que el jurista Raúl Jiménez destacó la inconstitucionalidad de las iniciativas.

Hay márgenes de maniobra

Frente a la inquietud de Ifigenia Martínez en torno a cómo se puede resolver la situación financiera de Petróleos Mexicanos, David Ibarra explicó que hay márgenes financieros de maniobra. Por ejemplo, manifestó que a la empresa se le fijó la necesidad de que tuviera un superávit primario de 15 mil millones de dólares, los cuales están congelados y no se han gastado por temor a que se dispare la inflación, lo cual calificó de ridículo.

Sumado a esa cifra, recordó que el Banco de México tiene 85 mil millones de dólares de reservas, que están guardados, mientras que otros países petroleros han creado los llamados “fondos soberanos de inversión” para generar ingresos y fomentar así su desarrollo.

Más adelante consideró necesarísimo que a Pemex se le dé autonomía de gestión, lo que significa sacarlo del presupuesto y que no esté sujeto a las reglas a que está sometido el gobierno federal en función de convenios que tiene con el exterior.

Planteó de igual manera que se cambie su régimen impositivo, es decir que pague como cualquier empresa el impuesto sobre la renta; que liquide las regalías de acuerdo con estándares internacionales y si el Estado necesita más recursos, que los obtenga vía el pago de dividendos de la paraestatal, pero no a costa de la inversión a Pemex. Esa se tiene que respetar, vigilar y regular, resaltó.

El economista añadió que este sería un régimen impositivo asequible, en lugar de lo que existe hoy, que es un sistema tortuoso sujeto a negociaciones anuales con la Secretaría de Hacienda, que impiden a la firma tener autonomía de gestión y poder ser realmente competitiva.

También manifestó que se requiere reconstituir el capital patrimonial de Pemex, porque “si se le ha endeudado con 50 o 60 mil millones de dólares a un costo superior al que paga el gobierno federal, pues tenemos que aliviar eso”. Ibarra estimó que esa deuda la puede asumir el gobierno federal.

Jorge Eduardo Navarrete refirió a su vez que el gobierno repite en sus discursos y en sus promocionales que la Constitución no se reforma, que Petróleos Mexicanos no se privatiza y que la empresa se va a fortalecer, como si fueran mantras o jaculatorias.

Agregó que las iniciativas del Ejecutivo intentan reformar leyes secundarias para, por este medio, alterar, modificar, torcer y deformar tanto la letra como el espíritu de las disposiciones constitucionales en materia petrolera. La intentona más patente, aunque no la única, está en las enmiendas previstas a los artículos segundo y cuarto de la ley reglamentaria del 27 constitucional en el ramo del petróleo.

El texto de la Carta Magna vigente establece que el crudo y demás hidrocarburos, así como la petroquímica básica, constituyen un área estratégica a cargo de manera exclusiva del sector público. La enmienda sugerida al artículo segundo fragmenta este sector definido en la Constitución en dos segmentos: uno, integrado por lo que denomina “áreas estratégicas de la industria petrolera” y otro el resto de la industria.

Restringe así de manera arbitraria el alcance constitucional del sector petrolero, con lo que de hecho está proponiendo la reforma a la Carta Magna mediante la modificación de una ley reglamentaria, enfatizó.

Explicó que las iniciativas son privatizadoras en diversas dimensiones. La más evidente es la de permitir, y en muchas instancias formalizar o legalizar, la participación de agentes privados nacionales o foráneos en actividades de la industria reservadas en exclusividad a la nación.

Arnaldo Córdova alertó sobre los cambios propuestos que poco se han debatido, pero que son un “campo minado”. Entre ellos, se refirió a la creación de un consejo que va a tener facultades que ni siquiera el Ejecutivo federal controlará.

Finalmente, el ex senador Jesús González Schmal dijo que los contratos de riesgo son nulos de pleno derecho y se requiere accionar las instancias legales para detenerlos, como también el ejercicio político y la movilización ciudadana.

En Pemex, Calderón intenta trampear la Constitución, advierten especialistas

El intento de Felipe Calderón de “trampear” la Constitución modificando leyes secundarias para privatizar Petróleos Mexicanos (Pemex) lo hace sujeto de juicio político, advirtió el doctor en derecho Raúl Carrancá y Rivas, al participar en el simposio Petróleo y seguridad energética, que organiza el Frente Amplio Progresista (FAP).

En ese foro, ponentes como Lorenzo Meyer, Juventino Castro y Castro, Bernardo Bátiz, Manuel Bartlett y Jaime Cárdenas, coincidieron en que la propuesta presidencial de reforma intenta “un golpe de Estado constitucional”, y enfatizaron que la única forma de detener esta maniobra para privatizar Petróleos Mexicanos es la movilización social.

Luego de advertir que los mexicanos están en su derecho de reclamarle a Felipe Calderón el cumplimiento de la Constitución, los participantes convinieron en que también serían sujetos de juicio político aquellos legisladores que llegasen a aprobar dicha iniciativa pues, a juicio de Bernardo Bátiz, “ceder una posición estratégica como Pemex”, en la forma que pretende el Ejecutivo federal, “es o una tontería o un acto de traición”, mientras Jaime Cárdenas advirtió que los senadores del PRI Francisco Labastida, “responsable del Pemexgate”, y del PAN Juan Bueno Torio, ex funcionario de la paraestatal, o el diputado priísta Emilio Gamboa, entre otros, deben excusarse de participar en los debates sobre el tema, “por su evidente conflicto de intereses”.

En sus intervenciones, cada uno de los ponentes que participaron en la mesa de discusión denominada Expropiación petrolera y soberanía nacional, subrayaron que es imprescindible la movilización social para detener el “fraude constitucional” que pretende llevar a cabo el gobierno calderonista, al tiempo que el ex senador priísta Manuel Bartlett condenó el papel de los medios electrónicos, destacadamente de las televisoras, “que hacen una brutal labor de zapa en la conciencia nacional, transmitiendo el discurso mentiroso del gobierno y asegurando que la única salvación posible para México es que la ayuda venga de afuera”.

Al frente de la Comisión de Energía y Desarrollo del FAP, responsable de la organización del simposio, Porfirio Muñoz Ledo adelantó –al presentar a los integrantes de la mesa– que de prosperar la iniciativa de Calderón, México se encontraría “en el dintel de la ruptura del orden constitucional”, y confió en que el debate sobre la iniciativa de reformas a Pemex “no sea un debate a la antigüita en el que se oye a muchos, se escucha a pocos y no se hace caso a nadie”.

La apertura de las intervenciones ante el colmado auditorio de la antigua Escuela de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, estuvo a cargo del ex consejero del Instituto Federal Electoral Jaime Cárdenas, quien sostuvo que la pretensión de Calderón Hinojosa de violar la Constitución a través de cambios en las leyes secundarias, rompe el pacto social y político que dio origen al Estado mexicano.

Cárdenas, quien dijo haberse “espantado” ante la lectura de las iniciativas del Ejecutivo, destacó que la propuesta concede a un comité de transparencia y auditoría la facultad de legislar en materia de adquisiciones, contratos y obras, y al comité de remuneraciones la de fijar salarios, potestades ambas que son responsabilidad del Congreso; establece límites a la Secretaría de la Función Pública (SFP) y otros órganos de control para que no fiscalicen las actividades de la paraestatal; crea consejeros al margen de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; permite la adjudicación directa de contratos y otorga facultades a la empresa petrolera para contratar deuda externa, entre otros ejemplos de violaciones concretas a la Constitución.

“Con esta reforma, el gobierno federal pretende dos cosas simultáneamente: maximizar la extracción del petróleo y traer inversión extranjera, que equivale a tener el pastel y comérselo”, señaló en su turno Lorenzo Meyer, quien sostuvo que en el tema del petróleo está en juego la naturaleza del nacionalismo mexicano.

Tras un breve recuento de la historia del petróleo en México, Meyer destacó que a diferencia de otras etapas, destacadamente las del siglo pasado, por primera vez se logró que antes de la aprobación de alguna ley se le abriera espacio a la opinión pública. “En el caso del Congreso, PAN y PRI dan la mayoría para aprobar la iniciativa de Calderón, y si no entra en el debate otro actor, que es la sociedad, que es el pueblo, esto no se podrá impedir.”

A su vez, el ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Juventino Castro aseveró que cualquier reforma –“y en mi concepto ésta lo es”– que promueva que un área estratégica fundamental para el país acepte la intervención de particulares, debe clasificársele como inconstitucional, además de que en la iniciativa se propone claramente “trampear” a la Constitución.

Referendo y plebiscito

Al plantear vías de acción para la participación social en la defensa del petróleo, los ponentes recordaron que si bien no se contempla en la Carta Magna las figuras del referendo o plebiscito, sí se establece la obligación del gobierno de consultar al pueblo, particularmente en lo que toca a reformas como las que propone.


La Jornada, 7 mayo 2008

Mencionaron los ponentes que el artículo 26 constitucional encomienda al Estado mexicano la organización de “un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional”. Y para propiciar este encargo constitucional, el tercer párrafo ordena: “La ley facultará al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de participación y consulta popular en el sistema nacional de planeación democrática, y los criterios para la formulación, instrumentación, control y evaluación del plan y los programas de desarrollo.

“Los mexicanos deben honrar la sabiduría política de su Constitución: lo que se proponga para el mejor manejo de los recursos naturales del subsuelo, que son del exclusivo manejo de la nación, debe consultarse, analizarse y votarse directamente por la nación”, subrayó el ministro Castro y Castro.

Lo oportuno de las "guerrillas" mexicanas

Una nota para reír

El Universal
Ciudad de México
Martes 06 de mayo de 2008

19:29 El secretario de Formación Política del PRD, Fernando Belaunzarán, señaló a Ruth Zavaleta como "potencial competidora" de Andrés Manuel López Obrador por la candidatura de ese partido a la Presidencia de la República en 2012.

Por ese motivo acusó al tabasqueño de estar detrás de la petición que hizo Alejandra Barrales, dirigente electa del partido en la capital, a la Comisión Nacional de Garantías para que expulsen a la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

En un comunicado, Belaunzarán Méndez descartó que esa solicitud sea una venganza, porque Zavaleta Salgado ha cumplido a cabalidad su labor institucional al frente de la Cámara baja.

Ello en lugar de entorpecer, boicotear y bloquear su funcionamiento, como aseguró que era el deseo de López Obrador, o por haber osado contestar con firmeza ante la baja y machista insinuación de que se "dejaba tocar la pierna".

Más bien, señaló el secretario de Formación Política y Estudios del Partido de la Revolución Democrática (PRD), parece "un acto de cálculo político" por el papel que ha desempeñado Zavaleta y que le ha generado reconocimiento en amplias capas de la población.(sí de la población de derecha, panista, medios e intelectuales orgánicos)

"¿No será entonces que lo que quiere López Obrador es eliminar a una potencial competidora en 2012? ¿No estamos acaso frente a un burdo intento de desafuero interno, para sacar de la jugada a un joven liderazgo que ha emergido con fuerza y que es altamente conocido y bien valorado por la sociedad?", preguntó.

Asimismo, consideró como un pretexto justificar la queja y solicitar la expulsión de legisladores perredistas con base en los cambios al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, pues su aprobación fue por unanimidad en la Asamblea Legislativa y el Senado.

Por eso, sostuvo Belaunzarán, "nadie se llame a engaño: el que quiere expulsar a René Arce y sobre todo a Ruth Zavaleta se llama Andrés Manuel López Obrador".

Lo más preocupante, añadió, es que esa "andanada de ataques" coincide con la intensificación de las amenazas de muerte contra la diputada federal, por lo que pidió actuar con responsabilidad, además de no fomentar el clima de intolerancia y encono contra su persona.

Nota: por supuesto que la puntada es para carcajearse, y ya no más

PETRÓLEO: FUTURO COMPROMETIDO


Alejandro Encinas

El Universal, 6 de mayo de 2008

¿Cuál es el origen de las diversas iniciativas en materia energética que hoy se debaten en el país? ¿Son estas de suyo iniciativas que obedezcan al interés nacional, o más bien el resultado de un súbito proceso de acuerdos y negociaciones, que atienden el “interés imperativo” en la estrategia energética de Estados Unidos?

La respuesta a estas preguntas se puede encontrar en distintos documentos del gobierno mexicano y sus contrapartes de Canadá y Estados Unidos en la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte, creada por los presidentes de los tres países en 2005 y que en su agenda incorporó como prioritario el asunto energético, donde se convino crear mecanismos de cooperación en investigación y desarrollo, para determinar si existían posibilidades de alianzas público-privadas e incrementar la cooperación en materia de regulación sobre temas energéticos.

Para ello se creo una comisión trilateral con las dependencias encargadas de este tema de cada uno de los gobiernos y en 2006, durante la reunión de Cancún, se creó el Consejo de Competitividad de América del Norte, órgano consultivo “para mejorar la competitividad de la región”. A este consejo trilateral —en el que participan el Consejo Coordinador Empresarial, el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios y otros organismos empresariales— se encomendó recomendar sobre cuestiones de importancia inmediata y estratégicas de mediano y largo plazo.

El Consejo determinó tres ejes: facilitación de cruces fronterizos (mercancías y personas), cooperación regulatoria e integración energética.

El documento Integración energética no tiene desperdicio. En éste se establece con toda claridad que “el acceso a recursos energéticos globales en los términos del mercado es un imperativo estratégico para los Estados Unidos”. Más adelante señala: “Pocos temas tienen un componente nacional estratégico tan significativo... Canadá y México han sido bendecidos (sic) con recursos abundantes, los cuales, si se desarrollan de manera eficiente y eficaz, pueden llegar a ser un importante motor para el desarrollo regional”.

“Si México fuera a liberalizar de manera cabal su sector energético, las reservas relativamente abundantes de petróleo y gas de ese país atraerían inversión y tecnología significativas. Sin embargo, el hecho de que no se haya liberalizado el sector energético de México ha frenado el proceso de inversión, y se percibe que un cambio constitucional sería poco probable en el corto plazo.” “Aunque la reforma del sector energético de México es un tema doméstico... el beneficio económico considerable que se podría obtener por iniciativas intermedias justifica traer el tema a la mesa de discusión. Al hacerlo, confiamos en que conforme se realicen las ganancias por iniciativas intermedias, la lógica de un mercado integrado determinará el ritmo para una reforma fundamental, en lugar de seguir esperando a que suceda lo contrario.”

Suscriben el documento —entre otros— José Luis Barraza, Gastón Azcárraga, León Halkin, Valentí Diez, Jaime Yesaki. Claudio X. González y Tomás González Sada.

Por si quedara alguna duda sobre esta estrategia de privatización cabe señalar que en febrero de 2007 este mismo consejo recomendó, que una vez asegurado el abasto de petróleo a la economía de Estados Unidos era necesario: “Liberalizar el comercio, almacenaje y distribución de productos refinados (lo que) incluiría la construcción, posesión y operación de oleoductos... (y) separar las actividades de gas no asociado de Pemex para construir una entidad estatal por separado, llamada ‘Gasmex’. Esta iniciativa intermedia es consistente con el objetivo a más largo plazo de liberalizar el sector mexicano de hidrocarburos.”

Podrán promoverse onerosas campañas mediáticas; negar hasta el cansancio la intención privatizadora; insistir que no se reformará la constitución; acusar a la oposición de ver fantasmas, de buscar notoriedad política. Mas el hecho claro y contundente es una estrategia privatizadora del petróleo que compromete el futuro del país, acorde con los intereses estratégicos de Estados Unidos, de su seguridad energética y nacional.