Como sabemos, el 3 de julio acribillaron a Isabel Anaya, esposa de Lucio Cabañas, y a su hermana Reyna Anaya. Aquí una petición en línea para exigir justicia
http://www.petitiononline.com/03072011/petition.html
jueves, julio 07, 2011
Manifiesto para exigir justicia por los asesinatos de Isabel y Reyna Ayala
Como sabemos, el 3 de julio acribillaron a Isabel Anaya, esposa de Lucio Cabañas, y a su hermana Reyna Anaya. Aquí una petición en línea para exigir justicia
http://www.petitiononline.com/03072011/petition.html
Campaña para defender a los Defensores de Derechos Humanos
Defensores de derechos humanos no son sólo las Organizaciones que se ostentan como tales, somos todos quienes hemos actuado para impedir la comisión de violaciones a los derechos de las personas.
Declárate es una campaña que recién se implementa a raíz de la violencia en nuestro país,; violencia que, por desgracia, enmascara o vuelve poco visible el ataque a activistas, cuyos asesinatos o desapariciones se pierden en el vasto océano de las decenas de miles de muertos y perseguidos.
Declárate es una campaña que recién se implementa a raíz de la violencia en nuestro país,; violencia que, por desgracia, enmascara o vuelve poco visible el ataque a activistas, cuyos asesinatos o desapariciones se pierden en el vasto océano de las decenas de miles de muertos y perseguidos.
miércoles, julio 06, 2011
Datos interesantes en las elecciones en Coahuila
Números detrás de la elección: Elecciones Coahuila 2011
Los resultados arrojaron muchos datos interesantes
| Vanguardia 05-Julio-2011 | |
Saltillo-. En una jornada electoral con el nivel de participación como el alcanzado en Coahuila el domingo pasado, la revisión de los resultados arroja muchos datos interesantes, que después pueden ser objeto de análisis e interpretación por parte de los expertos y los ciudadanos interesados.
Para empezar, es interesante identificar que hubo casillas, de las 3 mil 428 instaladas, en las que los partidos no obtuvieron ni un solo voto.
Así, ni una sola boleta se cruzó por el Partido Social Demócrata de Coahuila en 2 mil 159 casillas, casi la mitad de las que se abrieron para la jornada electoral.
En similar situación se encontró otro partido estatal, el Partido Primero Coahuila que no consiguió ni un solo voto en 2 mil 83 casillas.
El Partido Convergencia se quedó sin votos en mil 213 casillas; el Verde Ecologista registró esa situación en 905; el PRD no obtuvo ni un voto en 413; y al PT le sucedió en 227 casillas.
También el PAN y PRI experimentaron el “voto cero” en algunas casillas; 9 en el caso de AN, que no captó ningún sufragio a su favor en urnas de seis distritos; en tanto el PRI no sacó ni un votó en las casillas 825, 671 y 1258 de los Distritos 4, 5 y 8, respectivamente.
Vale destacar que también se identificaron 100 casillas donde ninguna boleta fue anulada.
Voto por voto
Las 10 casillas donde el PAN obtuvo más votos se encuentran en 5 Distritos: 7, 14, 8 y 9. En la casilla 1391 del Distrito 7 de Torreón, obtuvo 364 votos, contra 74 del PRI.
Para el PRI, algunas casillas de los Distritos 6, 2 y 9 de Torreón y Saltillo fueron las que le dieron más votos. La más generosa urna fue la de la casilla 1490 de Torreón, donde el tricolor captó 419 votos de 728, mientras el PAN se quedó con 46.
Donde al PRD le fue mejor, apenas captó 193 votos, de un total de 448; fue en la casilla 1138 del Distrito 10 de San Pedro.
Para el PT, su mejor “cosecha” de sufragios también fue en San Pedro, en la casilla 162 donde obtuvo 30 boletas cruzadas a su favor.
Los Votos Nulos “ganaron” en la casillas 1360 del Distrito 7, con 287, contra 203 del PRI y 179 del PAN.
La casilla 40 del Distrito 15, en la frontera del estado, fue la que menos participación tuvo, pues de 65 electores potenciales, sólo sufragaron 9.
En contraste, la casilla 895 del Distrito 3 de Saltillo, es una de las que registró una mayor participación ciudadana, pues están contabilizados los 572 votos de la lista nominal.
También en Saltillo, en la casilla 766 del Distrito 4, se registró una participación del 100 por ciento.
A pedir respuesta a la Procuraduría del Estado de NL sobre casos de desaparecidos
ESTE JUEVES 7 DE JULIO A LAS 12:30 PM
EN LAS CALLES DE OCAMPO Y P. SUÁREZ (PROCURADURÍA DE JUSTICIA DEL ESTADO)
ACOMPAÑAREMOS A LOS FAMILIARES DE LAS VÍCTIMAS DE LA ABSURDA GUERRA DE CALDERÓN.
LA MADRUGADA DEL 8 DE JUNIO, EL MOVIMIENTO POR LA PAZ CON JUSTICIA Y DIGNIDAD SOLICITÓ A LA PROCURADURÍA DEL ESTADO INFORMACIÓN SOBRE LAS INVESTIGACIONES DE CASOS DE DESAPARECIDOS QUE TIENEN HASTA 3 AÑOS DE HABERSE PRESENTADO LA DENUNCIA Y NO HAN SIDO RESUELTOS.
EL GOBIERNO SE COMPROMETIÓ A RESPONDER EN UN MES Y EL PLAZO HA LLEGADO
SI NO CUMPLEN CON SU COMPROMISO, DECIDIREMOS EN CONJUNTO LOS ACTOS DE RESISTENCIA CIVIL QUE DEBEMOS ORAGANIZAR PARA CONTINUAR APOYANDO AL MOVIMIENTO POR LA PAZ LA JUSTICIA Y DIGNIDAD.
NOS ACOMPAÑARÁN A LA PROCURADURÍA EL LIC. EMILIO ÁLVAREZ ICAZA, LA HERMANA CONSUELO MORALES (de CADHAC) Y JAVIER SICILIA.
ESPERAMOS CONTAR CON TU SOLIDARIDAD Y EL COMPROMISO DE INVITAR A OTROS COMPAÑEROS.
¡¡¡TODOS ESTE JUEVES A LA PROCURADURÍA!!!
SI NO CUMPLEN CON SU COMPROMISO, DECIDIREMOS EN CONJUNTO LOS ACTOS DE RESISTENCIA CIVIL QUE DEBEMOS ORAGANIZAR PARA CONTINUAR APOYANDO AL MOVIMIENTO POR LA PAZ LA JUSTICIA Y DIGNIDAD.
NOS ACOMPAÑARÁN A LA PROCURADURÍA EL LIC. EMILIO ÁLVAREZ ICAZA, LA HERMANA CONSUELO MORALES (de CADHAC) Y JAVIER SICILIA.
ESPERAMOS CONTAR CON TU SOLIDARIDAD Y EL COMPROMISO DE INVITAR A OTROS COMPAÑEROS.
¡¡¡TODOS ESTE JUEVES A LA PROCURADURÍA!!!
¿DÓNDE ESTÁN? ¡¡QUEREMOS VER SUS CARAS!!
martes, julio 05, 2011
Secuestro de civiles por parte de la Marina
Narcoviolencia
Más quejas contra marinos por los secuestros de civiles
Familiares de los desaparecidos narran lo ocurrido en Nuevo Laredo
Los operativos de la Armada, entre el 1º y 23 de junio pasado
La Jornada
Sanjuana Martínez
Especial para La Jornada
Periódico La Jornada
Domingo 3 de julio de 2011, p. 2
Domingo 3 de julio de 2011, p. 2
Deme un cambio de ropa para su esposo, le dijo el marino a María de los Ángeles Díaz de León Alvarado mientras otros miembros de la Armada de México sacaban a su marido Martín Rico García de la cama el pasado 5 de junio. Nerviosa, aterrada por el operativo que invadía su casa a las seis de la mañana, alcanzó a juntar algunas prendas de vestir y se las dio. Lo arrastraban entre varios, y el hijo preguntó llorando: ¿A dónde se lo llevan? ¿Dónde lo vamos a ir a buscar? Una mujer con el mismo uniforme de la institución le contestó antes de subirse al vehículo oficial: No llores, tu papá va a estar bien. Y desde entonces desapareció.
Del 1º al 23 de junio, marinos secuestraron a 15 hombres residentes de Nuevo Laredo bajo el mismo método: sin orden de cateo entraron a las casas, sin orden de aprehensión se los llevaron. Ha pasado un mes de aquellos hechos documentados con videos y fotografías por los familiares de las víctimas y no hay rastro de ellos.
La Semar niega los hechos, pero los testimonios y las pruebas demuestran los delitos cometidos por integrantes de la institución supuestamente mejor valorada de México. Sin embargo, en Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, donde centran sus operaciones, aumentan las quejas contra la Armada por violaciones a derechos humanos: tortura, ejecuciones sumarias y desapariciones.
Sin piedad
Tenga 400 pesos para que arregle la chapa de la puerta y para el susto, le dijo un marino a Oralia Guadalupe Villaseñor Vázquez antes de irse. Había llegado a la una de la madrugada el 5 de junio, destrozando la cerradura de la puerta para entrar a la casa de José Fortino Martínez Martínez, junto a un gran operativo de la Armada de México: “El ruido nos despertó. De repente ocho hombres vestidos con uniformes de la Marina estaban en la casa. Le ordenan a mi esposo que salga. Él les dice que le permitan ponerse un short. Ellos le piden la credencial de elector. Y lo sacan. Desde entonces no sabemos nada de él”.
Oralia Guadalupe y José Fortino, ambos de 33 años, trabajan desde hace seis años en una cooperativa de una escuela primaria. Tienen cuatro hijos de 15, 11, siete y dos años. Aquella madrugada del 5 de junio hubo confusión: “Cuando todos salieron de la casa dejaron que mi esposo volviera a entrar y él les dijo: ‘Señores: ¿ya terminaron, ya puedo cerrar la puerta?’ Uno le contestó: ‘Sí, ya ciérrala’. Mi esposo intentó cerrar pero la chapa no servía. En eso se acerca un marino y le dice: ‘Mejor ven con nosotros. Te vamos a tomar unas huellas’. Y se lo llevaron”.
Acostumbrada a enfrentar las adversidades, Oralia Guadalupe no se quedó en casa esperando que volviera su marido. Subió a sus hijos al coche y fue siguiendo el convoy de 14 camionetas, en el cual integrantes de la Marina lo llevaban sin orden de detención: “Los seguí. Estuvieron en varios domicilios. Yo aprovechaba y me bajaba. Le preguntaba a cualquiera de ellos: Señor, deme razón de mi esposo. ¿Por qué se lo llevan? ¿Qué delito cometió? Me decían: ‘No le podemos decir nada, no podemos dar información. Y no nos siga porque podemos dispararle’”.
Periodista mexicana, primera en ser "asilada política" en España
La comunicadora juarense huyó ante reiteradas amenazas por escribir sobre feminicidios
Periodista mexicana, primera en ser "asilada política" en España
Las advertencias, de funcionarios estatales y federales aliados con el crimen, sostiene desde Madrid Rosa Isela Pérez
Armando G. Tejeda Corresponsal Periódico La Jornada
Martes 5 de julio de 2011, p. 9
Madrid, 4 de julio. Rosa Isela Pérez es la primera periodista mexicana con el estatus de "asilada política" en España. Se fue de México "asustada" por las reiteradas amenazas que sufrió durante años por sus investigaciones sobre los feminicidios en su natal Ciudad Juárez, pero también a raíz de su testimonio en el caso del Campo Algodonero en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Las amenazas –sostiene– procedían de funcionarios públicos estatales y federales aliados con el crimen organizado.
Temió por su vida y la de su familia –su esposo y sus tres hijos de 15, 14 y 5 años de edad–, y ante la pasividad del gobierno decidió convertirse en una de los 40 mil mexicanos que en los últimos cuatro años han solicitado asilo en otros países ante el riesgo latente y real de ser ejecutados, levantados, secuestrados o mutilados. Todo empeoró con la "guerra" de Calderón "Para los que somos de allá no existe duda de que todo empeoró con la llegada del Ejército y la guerra de Calderón; recuerdo cómo los militares se metían por la noche a casas de gente inocente, siempre pobres, para acusarlos de narcotraficantes o de secuestradores. Y toda esa gente ¿dónde está?, ¿qué ha sido de ellos?", se pregunta esta joven periodista mexicana en una ciudad de España en la que reside desde hace poco más de un año, y que por motivos de seguridad prefiere guardar en secreto.
Su historia –sostiene– es una muestra más del deterioro que ha vivido el país en los últimos años, sometido a una guerra "donde los que siempre perdemos somos la sociedad civil".
Ella y su familia vivieron una pesadilla desde que en su condición de periodista empezó a escribir sobre los feminicidios, alrededor de 2001, para el periódico El Norte, de Ciudad Juárez. "También escribía sobre cuestiones políticas, de los partidos, pero cuando cambió el gobierno también cambió la línea editorial del periódico y decidieron despedirme injustificadamente a raíz de presiones internas. Al mismo tiempo que me despidieron, en 2005, se acabaron las amenazas. Llegó el silencio.
" Un silencio que sólo duró unos años, pues cuando decidió prestar declaración sobre el caso Campo Algodonero ante la CIDH –en el que una sentencia histórica declaró culpable al Estado mexicano–, volvieron las amenazas, las noches sin dormir, el miedo a que se ensañaran con sus hijos, volver a asumir como cotidianas las medidas de autoprotección.
Así lo explica en entrevista con La Jornada: “En 2009 acepté dar el testimonio y unos días después de la audiencia la Secretaría de Gobernación se puso en contacto conmigo dizque para cumplir con las medidas de protección que había dictado la CIDH para los testigos y víctimas del caso. Casi de forma simultánea a que me llamó Gobernación volvieron las amenazas, ahora más seguidas, con mensajes electrónicos, llamadas telefónicas e incluso seguimientos personales. “Y era a diario, en mi casa, en casa de mi mamá, y hasta sabían dónde vivían otros familiares. Eran mensajes raros, como intencionadamente mal escritos, con insultos o en los que simplemente ponían: aquí los asesinos.”
La situación empeoró, el miedo carcomía y vivían casi recluidos en su domicilio, con sus hijos sin ir a la escuela. Una noche decidieron emigrar de la ciudad en la que habían crecido. Casi sin decírselo a nadie –por "miedo y desconfianza"– se fueron de forma discreta a la ciudad de México, donde estuvieron cuatro meses, viviendo primero en un centro administrado por monjas y después en una casa de ayuda de una agrupación de defensa de los derechos humanos. “El abogado se puso en contacto con el gobierno federal para explicarles nuestra situación y para apelar de la resolución de la CIDH que obligaba a garantizar nuestra seguridad. Y lo único que ofreció el gobierno de Felipe Calderón fue un teléfono celular.
“Obviamente no lo aceptamos y entendimos que era una burla, pues además nos acusaron de mentir y de inventar las amenazas, en concreto los representantes de las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores.
"Y mientras tanto seguían llegando los mensajes y las amenazas, hasta el punto en que mi mamá se tuvo que cambiar de casa. Entonces decidimos huir de México; no estábamos dispuestos a esperar a que nos pasara algo y luego lamentarnos."
Analizaron varias opciones, pero finalmente optaron por España, país que nunca había concedido a una periodista mexicana la condición de asilada política o de "refugiado", que supone el reconocimiento explícito de que el Estado de origen es "incapaz" de garantizar la seguridad o que supone una "amenaza" para esa persona.
Al llegar a Madrid, en calidad de turista, comenzó los trámites para recibir la condición de asilada política a través del Comité de Ayuda al Refugiado y del Consejo General de la Abogacía Española. Primero pasó 11 meses –con su familia– en un centro de apoyo a refugiados, en el que convivió con otros perseguidos políticos de Afganistán, Colombia, Sri Lanka, Palestina, Irán, Ghana y Mali.
Después de fue a vivir con su familia a una pequeña vivienda, merced a la ayuda de menos de mil euros mensuales que le permitió recuperar un techo familiar. La noticia llegó el 28 de septiembre de 2010, cuando el tribunal aceptó las numerosas pruebas y testimonios que demostraban que su vida corría peligro en México, que las autoridades no habían hecho nada para protegerla y que esas autoridades formaban parte de la misma amenaza.
“Creo que las cosas han empeorado allá. Nos dolió saber del asesinato de Manuel Arroyo, quien se dedicó a denunciar las mentiras de la procuraduría y del gobierno federal y estatal, así como la situación de la familia Reyes, de Marisela Escobedo...
"Es muy doloroso además ver que todo eso ocurre en la ciudad en la que naciste y creciste", concluye desde la lejanía Rosa Isela Pérez, quien por su condición de "refugiada" al único país del mundo al que no puede ir es a México.
Periodista mexicana, primera en ser "asilada política" en España
Las advertencias, de funcionarios estatales y federales aliados con el crimen, sostiene desde Madrid Rosa Isela Pérez
Armando G. Tejeda Corresponsal Periódico La Jornada
Martes 5 de julio de 2011, p. 9
Madrid, 4 de julio. Rosa Isela Pérez es la primera periodista mexicana con el estatus de "asilada política" en España. Se fue de México "asustada" por las reiteradas amenazas que sufrió durante años por sus investigaciones sobre los feminicidios en su natal Ciudad Juárez, pero también a raíz de su testimonio en el caso del Campo Algodonero en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Las amenazas –sostiene– procedían de funcionarios públicos estatales y federales aliados con el crimen organizado.
Temió por su vida y la de su familia –su esposo y sus tres hijos de 15, 14 y 5 años de edad–, y ante la pasividad del gobierno decidió convertirse en una de los 40 mil mexicanos que en los últimos cuatro años han solicitado asilo en otros países ante el riesgo latente y real de ser ejecutados, levantados, secuestrados o mutilados. Todo empeoró con la "guerra" de Calderón "Para los que somos de allá no existe duda de que todo empeoró con la llegada del Ejército y la guerra de Calderón; recuerdo cómo los militares se metían por la noche a casas de gente inocente, siempre pobres, para acusarlos de narcotraficantes o de secuestradores. Y toda esa gente ¿dónde está?, ¿qué ha sido de ellos?", se pregunta esta joven periodista mexicana en una ciudad de España en la que reside desde hace poco más de un año, y que por motivos de seguridad prefiere guardar en secreto.
Su historia –sostiene– es una muestra más del deterioro que ha vivido el país en los últimos años, sometido a una guerra "donde los que siempre perdemos somos la sociedad civil".
Ella y su familia vivieron una pesadilla desde que en su condición de periodista empezó a escribir sobre los feminicidios, alrededor de 2001, para el periódico El Norte, de Ciudad Juárez. "También escribía sobre cuestiones políticas, de los partidos, pero cuando cambió el gobierno también cambió la línea editorial del periódico y decidieron despedirme injustificadamente a raíz de presiones internas. Al mismo tiempo que me despidieron, en 2005, se acabaron las amenazas. Llegó el silencio.
" Un silencio que sólo duró unos años, pues cuando decidió prestar declaración sobre el caso Campo Algodonero ante la CIDH –en el que una sentencia histórica declaró culpable al Estado mexicano–, volvieron las amenazas, las noches sin dormir, el miedo a que se ensañaran con sus hijos, volver a asumir como cotidianas las medidas de autoprotección.
Así lo explica en entrevista con La Jornada: “En 2009 acepté dar el testimonio y unos días después de la audiencia la Secretaría de Gobernación se puso en contacto conmigo dizque para cumplir con las medidas de protección que había dictado la CIDH para los testigos y víctimas del caso. Casi de forma simultánea a que me llamó Gobernación volvieron las amenazas, ahora más seguidas, con mensajes electrónicos, llamadas telefónicas e incluso seguimientos personales. “Y era a diario, en mi casa, en casa de mi mamá, y hasta sabían dónde vivían otros familiares. Eran mensajes raros, como intencionadamente mal escritos, con insultos o en los que simplemente ponían: aquí los asesinos.”
La situación empeoró, el miedo carcomía y vivían casi recluidos en su domicilio, con sus hijos sin ir a la escuela. Una noche decidieron emigrar de la ciudad en la que habían crecido. Casi sin decírselo a nadie –por "miedo y desconfianza"– se fueron de forma discreta a la ciudad de México, donde estuvieron cuatro meses, viviendo primero en un centro administrado por monjas y después en una casa de ayuda de una agrupación de defensa de los derechos humanos. “El abogado se puso en contacto con el gobierno federal para explicarles nuestra situación y para apelar de la resolución de la CIDH que obligaba a garantizar nuestra seguridad. Y lo único que ofreció el gobierno de Felipe Calderón fue un teléfono celular.
“Obviamente no lo aceptamos y entendimos que era una burla, pues además nos acusaron de mentir y de inventar las amenazas, en concreto los representantes de las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores.
"Y mientras tanto seguían llegando los mensajes y las amenazas, hasta el punto en que mi mamá se tuvo que cambiar de casa. Entonces decidimos huir de México; no estábamos dispuestos a esperar a que nos pasara algo y luego lamentarnos."
Analizaron varias opciones, pero finalmente optaron por España, país que nunca había concedido a una periodista mexicana la condición de asilada política o de "refugiado", que supone el reconocimiento explícito de que el Estado de origen es "incapaz" de garantizar la seguridad o que supone una "amenaza" para esa persona.
Al llegar a Madrid, en calidad de turista, comenzó los trámites para recibir la condición de asilada política a través del Comité de Ayuda al Refugiado y del Consejo General de la Abogacía Española. Primero pasó 11 meses –con su familia– en un centro de apoyo a refugiados, en el que convivió con otros perseguidos políticos de Afganistán, Colombia, Sri Lanka, Palestina, Irán, Ghana y Mali.
Después de fue a vivir con su familia a una pequeña vivienda, merced a la ayuda de menos de mil euros mensuales que le permitió recuperar un techo familiar. La noticia llegó el 28 de septiembre de 2010, cuando el tribunal aceptó las numerosas pruebas y testimonios que demostraban que su vida corría peligro en México, que las autoridades no habían hecho nada para protegerla y que esas autoridades formaban parte de la misma amenaza.
“Creo que las cosas han empeorado allá. Nos dolió saber del asesinato de Manuel Arroyo, quien se dedicó a denunciar las mentiras de la procuraduría y del gobierno federal y estatal, así como la situación de la familia Reyes, de Marisela Escobedo...
"Es muy doloroso además ver que todo eso ocurre en la ciudad en la que naciste y creciste", concluye desde la lejanía Rosa Isela Pérez, quien por su condición de "refugiada" al único país del mundo al que no puede ir es a México.
La vía larga de la justicia
La vía larga de la justicia
Magdalena Gómez
Hacia el final de su sexenio, Felipe Calderón busca evadir la responsabilidad sobre los efectos de sus decisiones porque reitera que no se arrepiente de ellas. La más destacada de ellas es la relativa a la guerra emprendida para combatir al crimen organizado. No hay vuelta, estamos ante asuntos de Estado y existen responsabilidades concretas que hasta hoy no han sido sancionadas. Y no se trata de ánimos pendencieros o no proclives al diálogo; estamos hablando de justicia y del sentido del derecho y sus instituciones. De no ser así, ¿para qué organizar un Estado y unos poderes, si no fue para garantizar los derechos del pueblo?
La realidad ha dejado a nuestra Constitución como una suerte de imaginario; uno de ellos es el relativo a la justicia pronta y expedita que, al no ser ni lo uno ni lo otro, conjuga a un auténtico nini. Sin embargo, no por ello debemos renunciar a la exigencia de su cumplimiento. Hacerlo implica desconocer que es resultado de luchas históricas del pueblo y colocarnos en la lógica de la discrecionalidad que entraña arbitrariedad y exclusión.
Hoy es evidente que la justicia interna no responde a su cometido. Por ello se está recurriendo a espacios internacionales, de manera destacada al ámbito interamericano. Ahí se están resolviendo casos emblemáticos, si bien en lapsos cercanos a los diez años en promedio. Las organizaciones de derechos humanos, como Tlachinollan, el Centro Pro, Fundar, la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, el Centro Frayba con el apoyo del Centro de Justicia Internacional (Cejil), promueven y acompañan a víctimas. Pese a ello, es importante anotar que la justicia internacional es subsidiaria respecto de la nacional, aquélla no releva a ésta ni lo pretende.
Así que no se deja de lado la exigencia de lograr una justicia interna con apego a los derechos humanos. Por ello estas mismas organizaciones, junto a otras agrupadas en la Red Todos los Derechos para Todas y Todos, sostuvieron la demanda hoy lograda en torno a una reforma constitucional como la recién promulgada, que amplía el campo de los derechos humanos. En este camino de luchas de largo plazo y de congruencia y riesgo en el día a día vale la pena señalar que se está avanzando en configurar las condiciones para detener la inconstitucional militarización acentuada de manera drástica por el calderonismo, que tiene en curso una estrategia de control de daños para construir una ruta autoexculpatoria.
Es útil mencionar algunos casos donde la Corte Interamericana ha fallado contra el Estado mexicano, como el de los ecologistas en Guerrero Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, donde el Ejército aparece como el autor de torturas y detención arbitraria en 1999 y el sistema de procuración y administración de justicia cómplice los condena y, pese a que el foxismo los liberó por razones humanitarias
, se negaron al abrazo pues con ello el Estado no reconoció su inocencia, no sancionó a los militares torturadores ni otorgó la debida reparación del daño y salieron en busca de justicia, cuya sentencia en favor está en espera de cumplimiento pleno y fue dictada en diciembre de 2010; el de Rosendo Radilla, desaparecido desde 1974, en cuya sentencia se cuestiona el fuero militar, entre otras implicaciones de importancia. Precisamente la Corte deberá resolver en estos días, pues en este caso se le asignó la responsabilidad de pronunciarse en relación con el artículo 13 constitucional; también está el caso de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, indígenas violadas por elementos del Ejército. En todos ellos se piden reformas al código de justicia militar.
Estos son casos con sentencia, pero hay otros en camino y en la misma lógica, como la petición a la CIDH el 8 de febrero de 2010, que aún no tiene resolución sobre admisibilidad y fue presentada por Reynalda Morales Rodríguez, viuda de Zenón Alberto Medina López, una de las cuatro personas ejecutadas arbitrariamente por militares en la sierra de Badiraguato, Sinaloa, en marzo de 2008, quien según la Corte carece de legitimación para exigir que el fuero militar se sometiera a control constitucional, razón por la que le negaron un amparo. En esta línea se encuentra el caso, en Chihuahua, de Nitza Paola Alvarado Espinoza, Rocío Alvarado Reyes y José Ángel Alvarado Herrera y 33 de sus familiares, ambos vinculados a la aplicación de los operativos militares bajo el pretexto del combate al crimen organizado.
La semana pasada el gobierno acudió a la Corte Interamericana a responder por dos de los casos ya mencionados. Hoy la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, está en México. Se trata de proteger a las víctimas y también a sus defensoras y defensores. Éstos son los caminos del estado de derecho. La militarización es contraria al mismo, por ello se está tejiendo pacientemente un blindaje contra la impunidad.
Voces contra la globalización. Los amos del mundo
Serie altamente recomendable. Aquí el primero de los videos,
lunes, julio 04, 2011
Foro dobre Seguridad y Justicia penal
El Foro lo inaugurará Rodrigo Medina, así que pueden llegar más tarde. Encuentran el programa y la forma de inscribirse (necesaria) en : www.juiciosorales.org.mx
Entrada libre, previo registro (presentar identificación)
La Red Nacional de Organizaciones Civiles a favor de los Juicios Orales y el Debido Proceso Legal te invita al:
Primer Foro de Seguridad y Justicia en Nuevo León
"Justicia y Seguridad: un binomio inseparable en la Reforma Penal"
Martes 05 y Miércoles 06 de Julio del 2011 (ver programa)Entrada libre, previo registro (presentar identificación)
La Marcha de las Putas
Este 10 de julio, en Monterrey. Se anexa programa y croquis del recorrido. Ahí estaremos, tú también.
Declaración de La Red vs la Represión y la Solidaridad
Declaración de la RvsR sobre el Movimiento de Víctimas
de la Guerra de Calderón
La Red vs la Represión y la Solidaridad reunida en la Ciudad de México, el 25 de junio, con la representación de los estados de Puebla, Colima , Chihuahua, Morelos, estado de México, Tlaxcala, Chiapas, Ciudad de México y Oaxaca (regiones centro, triqui, loxicha y chinanteca) manifiesta su apoyo al movimiento de las víctimas de la guerra de Calderón y se suma al dolor y la rabia generada por la masacre contra el pueblo.
En esta guerra que ya ha dejado 40 mil muertos y 18 mil desaparecidos, y que cada día cobra nuevas víctimas, la mayoría de los crímenes son cometidos por cuerpos militares, policiacos y paramilitares profesionales, o realizados con su apoyo y complicidad. Estas fuerzas profesionales, en particular las policías y el ejército, han tenido cerca de 700 bajas, mientras son miles los muertos y desaparecidos del pueblo, que como muestran los testimonios que recogiera la Caravana por la Paz con Justicia y Dignidad, son muchachos y muchachas, bebes y niños, campesinos, indígenas, trabajadores y desempleados, habitantes de colonias, comunidades y ciudades, que se ven perseguidos y hostigados, criminalizados y finalmente aniquilados. Son civiles, ciudadanos y ciudadanas, gente de abajo, humilde y sencilla. Esta guerra es un verdadero genocidio.
Es necesario parar esta guerra y el primer paso es la desmilitarización, que el ejército regrese a sus cuarteles, que las policías y los militares cesen sus patrullajes, hostigamiento y amenazas contra la población civil, los asesinatos, desapariciones, tortura y criminalización de la lucha social.
Desde la Red vs la Represión y la Solidaridad no confiamos en el que arriba comete crímenes de lesa humanidad., consideramos que la otra campana puede contribuir a parar esta guerra genocida, nombrando a las víctimas en todas las plazas, fortaleciendo la organización de los familiares y del movimiento que los apoya, así como el desarrollo de las autonomías y los procesos organizativos abajo y a la izquierda.
Por la desmilitarización del país
ALTO A LA GUERRA DE CALDERÓN
Red Contra la Represión y por la Solidaridad (RvsR)
ASESINATO DEL ABOGADO DEFENSOR DE LA AUTONOMÍA DE LA UNIVERSIDAD JUÁREZ, DE DURANGO
ENVIADO POR LA ASAMBLEA DEMOCRATICA DE BASES CNTE-CLDF
Estimad@s amig@s,colegas y compañeros:
Les enviamos un documento a través del cual se expresa nuestra solidaridad con la comunidad de la Universidad Juárez del Estado de Durango y en el que al mismo tiempo se condena el asesinato del abogado y representante legal de esa institución, quien ese carácter era responsable de conducir el litigio jurídico que esa universidad sostiene en contra del gobierno del estado de Durango por la violación de su autonomía.
Pretendemos publicar dicho documento y hacerlo llegar a los universitarios de Durango, así como a las autoridades de esa entidad.
En caso de aceptar suscribirlo les pediríamos su confirmación a éste correo y también les solicitaríamos que nos ayudaran a recabar más firmas de apoyo para este comunicado. Igualmente les pedimos que puedan acompañar su suscripción mencionando la institución u organismo al que están adscritos, si es el caso.
De antemano les agradecemos su solidaridad con los universitarios duranguenses. Saludos.
César Navarro Gallegos. Profesor de la Universidad Pedagógica Nacional e Investigador del Instituto Mora.
PD. Por obvias razones les pedimos confirmar a la brevedad posible su anuencia para el documento al correo tuiteco@yahoo.com
REPUDIO POR EL ASESINATO DEL ABOGADO DEFENSOR DE LA AUTONOMÍA DE LA UNIVERSIDAD JUÁREZ DEL ESTADO DE DURANGO
La comunidad universitaria en resistencia y en defensa de la autonomía de la Universidad Juárez del Estado de Durango ha sido agredida en forma artera y violenta. El abogado Eduardo Bravo Campos quien se desempeñaba como representante jurídico de la UJED y las legítimas autoridades de esta institución fue asesinado el miércoles 29 de junio. Fue acribillado a las afueras de su despacho, ubicado en pleno centro histórico de la ciudad de Durango, por varios individuos armados que se dieron a la fuga tras perpetrar su homicidio. El licenciado Bravo Campos fungía como representante legal de la UJED en el litigio que esta sostiene en contra del gobierno de estado de Durango, el cual ha violentado su autonomía, alterado ilegalmente su ley orgánica, desconocido a sus órganos de gobierno y a sus autoridades legalmente constituidas y atropellado su vida institucional y el régimen académico de esta institución pública de educación superior.
El homicidio del abogado duranguense ocurrió justamente dos días antes de la reunión que debía llevarse a cabo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en la que el representante legal de la UJED reiteraría la demanda para que el litigio jurídico de la UJED fuese atraído y resuelto directamente por esta instancia de la justicia federal. Demanda de la comunidad universitaria que dispone de sustentos legales consistentes y por lo cual se avizoraba con certidumbre que el caso de la UJED fuese finalmente atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este es el contexto en el que se produce el asesinato del abogado defensor de la autonomía de la universidad de Durango.
Desde hace nueve meses la UJED vive inmersa en un conflicto generado por el intervencionismo del gobierno de esa entidad. Los órganos de gobierno universitario han sido adulterados y tiene un “rector” impuesto desde las oficinas del ejecutivo local. Virtualmente la universidad está secuestrada. Empero, la mayoría de sus estudiantes, trabajadores, académicos y sus genuinas autoridades han mantenido una tenaz lucha de resistencia para recuperar la autonomía de su universidad. Agrupados en el Frente Universitario de Defensa de la Autonomía de la Universidad Juárez de Durango continúan en la batalla por liberar su casa de estudios. Esta lucha ha sido acompañada y respaldada por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la Unión de Universidades de América Latina y las comunidades de la mayoría de las universidades públicas de nuestro país.
Los que suscribimos la presente demandamos el pleno esclarecimiento del crimen cometido y la acción de la justicia en contra de sus autores materiales e intelectuales. Las indagatorias para dar con los responsables no deben omitir ninguna instancia, incluidas las del gobierno local. Al tiempo que reiteramos nuestro compromiso con la defensa de la autonomía de la UJED. El entorno de violencia, muerte, secuestro y desapariciones que padece la sociedad duranguense ahora también se extiende hacia su principal centro de educación y cultura.
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