viernes, octubre 30, 2009

Declaración del Frente de Pueblos Indios de México


Cientos de indígenas pueblan las cárceles del país, sujetos a procesos injustos y muchas veces encarcelados por el único crimen de defender su patrimonio histórico y cultural. Muchos de nuestros hermanos y hermanas han sido detenidos o asesinados por defender su tierra, sus recursos naturales, su cultura, es decir sus derechos.



A los Pueblos Indígenas de México y el Mundo

A los Medios de Comunicación

A las Organizaciones Sociales Democráticas y de Izquierda

Al Pueblo de México que se Organiza y Resiste contra el Neoliberalismo



Los que suscribimos en representación del Frente de Pueblos Indígenas de México (FPIM), integrado por pueblos y organizaciones indias de los estados de Oaxaca, Veracruz, Guerrero, Puebla, Campeche, Morelos, Querétaro, Jalisco y San Luis Potosí, nos manifestamos ante la decisión del nuevo Procurador General de la República, Arturo Chávez Chávez de crear una Fiscalía para la Atención de Asuntos Indígenas.


La Justicia es un anhelo profundo de los pueblos Indígenas, ya que desde hace más de 500 años nuestras naciones han sufrido la violencia extrema, despojos y saqueos, así como discriminación y racismo. Los pueblos indios de México demandamos sea cancelada la política de criminalización de la protesta social así como el esclarecimiento de los crímenes de decenas de líderes comunitarios y activistas, y por ello exigen el encarcelamiento de los criminales. Nuestros pueblos demandan el fin de la impunidad de que gozan asesinos como los responsables de la matanza de Acteal o de nuestras compañeras triquis Teresa Bautista y Felicitas Martinez.


Cientos de indígenas pueblan las cárceles del país, sujetos a procesos injustos y muchas veces encarcelados por el único crimen de defender su patrimonio histórico y cultural. Muchos de nuestros hermanos y hermanas han sido detenidos o asesinados por defender su tierra, sus recursos naturales, su cultura, es decir sus derechos.


Nuestros pueblos enfrentan diariamente estructuras e instituciones que solo favorecen a la clase política, a los caciques y a las grandes empresas trasnacionales, y hasta ahora la justicia sólo beneficia a los grupos de poder y deja a nuestras gentes en la indefensión, el caso de Jacinta la hermana Nañhú de Querétaro es el más difundido, pero nos preguntamos cuantas Jacintas o Jacintos hay en nuestro país? Es por ello que manifestamos:


Que la Fiscalía para Asuntos Indígenas debe de ser un instrumento que lleve justicia a nuestros pueblos y para ello debe reconocer los derechos históricos de los mismos y nuestros sistemas normativos y debe dejar de lado los vicios de caracterizan al sistema de procuración de justicia en México, plagado de corrupción y siempre al servicio de los poderosos.


El Gobierno Mexicano ha incumplido los tratados internacionales como son el Convenio 169 de la OIT, la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas, y viola a diario el mismo Articulo 2 de la Constitución Política e incumple los Acuerdos de San Andrés, y con ello ha dejado de reconocer que somos un país plurietnico, con comunidades nativas que tenemos derechos territoriales históricos y que tenemos nuestros propios sistemas normativos. Mientras ello ocurra la creación de nuevas fiscalías, solo puede ser en el mejor de los casos un elefante blanco más y en el peor un instrumento más de represión en contra de nuestros pueblos. Es por ello que demandamos que la nueva Fiscalía actúe respetando nuestros derechos y cosmovisión y erradique las prácticas funestas que caracterizan la actuación institucional en nuestro país.


Es necesario que esta Fiscalía de muestras de voluntad política y seriedad y actúe de inmediato para atender los graves casos como son los numerosos asesinatos cometidos en contra de autoridades comunitarias y líderes indígenas, como el de nuestro hermano mixteco Plácido López o de la hermana triqui Marcela Sánchez Ramírez, recientemente asesinada; es urgente que se le de libertad a las decenas de presos políticos y de conciencia, como es el caso de los indígenas zapotecas de Loxicha y se haga justicia en casos tan brutales como ha sido el de maltratos sexuales y violaciones cometidas en contra de mujeres en Atenco, Guerrero y Chiapas.


Esta Fiscalía debe proveer un castigo ejemplar a los asesinos materiales e intelectuales de 45 indígenas tzotziles en Acteal Chiapas, incluyendo al ex-Presidente Zedillo quién garantizo impunidad a los responsables de dicha matanza. Además esta Fiscalía debe de buscar el inmediato desmantelamiento de las bandas parapoliciales y paramilitares que operan abiertamente en Guerrero, Oaxaca y Chiapas.


El Frente de Pueblos Indigenas de México exige a esta nueva Fiscalía sean canceladas las órdenes de aprehensión libradas en contra de indígenas de Candelaria Campeche, Ixtepec y Xadani, Oaxaca que luchan contra las altas tarifas eléctricas y la inmediata liberación de Sara Lopez Gonzalez, Joaquin Aguilar y Guadalupe Borjas Contreras encarcelados en el penal de San Francisco de Koben, Campeche.


De otra forma esta nueva Fiscalía seguramente sólo será un medio para perpetuar la injusticia y la violencia en contra de nuestros pueblos. Y no sobra decir que nuestros pueblos ya estan hartos de tanta injusticia y de las prácticas de funcionarios públicos que están al servicio de intereses trasnacionales. Un Bicentenario sin justicia para los pueblos indios de México representa una farsa y un pingue negocio de los gachupines y de sus empleados.


Atentamente

Por el Equipo Coordinador. FPIM

Omar Esparza, Marcelino Diaz, Delfino Juarez, Alberta Cariño,Alejandro Cruz



Opinan ONGs

Denuncian militarización en el sur de México

  • La red alemana Cadhm entrega un informe sobre la presencia castrense en Oaxaca, Guerrero y Chiapas
  • Señalan que el gobierno de Calderón usa como pretexto la guerra antidrogas para elevar despliegue de soldados

El Financiero en línea

México, 27 de octubre.- Un grupo de ONGs alemanas presentó hoy en
México un informe sobre derechos humanos donde denuncia la "preocupante" y "creciente militarización" en los estados de Oaxaca, Guerrero y Chiapas como consecuencia de la política de seguridadimpulsada por el presidente, Felipe Calderón.

La Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México (Cadhm) destacó en el estudio que "muchas veces la militarización está unida a ataques contra la población civil que quedan impunes porque no hay persecución judicial" de los responsables de esos actos.

Según la Cadhm, "la lucha contra las drogas muchas veces sirve como pretexto del Gobierno de Calderón para militarizar regiones rurales con un alto porcentaje de población indígena".

Las ONG germanas constatan además una tendencia a la "paramilitarización" en Guerrero y Oaxaca, y un aumento de estos grupos en Chiapas hasta diciembre de 2008.

El análisis glosa además varios casos de violaciones a derechos humanos ocurridas en el sur de México, una zona con "un alto grado de marginación en cuanto a educación, salud y alimentación" donde los más castigados suelen ser los "pequeños campesinos".

La portavoz de la Cadhm, Carola Hausotter, explicó en rueda de prensa, que una versión del informe fue presentada en abril pasado a parlamentarios alemanes para que la tomen en cuenta en sus decisiones políticas respecto a México.

Sobre el asunto, varios activistas mexicanos que acompañaron a la activista alemana en la presentación del informe reiteraron su petición de que se retire el Ejército de los estados mexicanos donde está desplegado en labores de combate a la delincuencia organizada.

El director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), Luis Arriaga, consideró que con esos operativos "subyace una concepción bélica, guerrera, en donde no cabe la preocupación por los derechos humanos".

Para la directora de la ONG mexicana Serapaz, Dolores González, es deplorable en México la creciente "criminalización de la protesta social, asesinatos, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias" y "tortura, hoy particularmente agravadas por la militarización".

Para González, un problema adicional a observar es el de la "depredación" de recursos naturales que está ocurriendo en su país, particularmente en el sector de la minería, y el "proceso represivo" contra comunidades que tratan de organizarse frente a las empresas.

Finalmente el director de la Red Todos los derechos para Todas y Todos, Edgar Cortez, aseguró que analizar la situación en la zona sur de México era especialmente relevante porque en Guerrero, Chiapas y
Oaxaca los derechos fundamentales "se violan de manera sistemática".

Fundada en 1999 la Cadhm está formada por un grupo de ONGs eclesiásticas, internacionales y asociaciones alemanas que se enfoca en el seguimiento de las violaciones a los derechos humanos con particular énfasis en los económicos, sociales y culturales (Desc). (Con información de EFE/MVC)


¿Quién está haciendo el trabajo que hacía LYFC?


Nos dijeron que quien quedaba a cargo era la CFE, pero qué creen? Acertaron, son empresas privadas quienes lo están haciendo. Nos aseguraron que la CFE tenía la capacidad para sustituir a los trabajadores del SME, y además los costos serían más baratos. ¿de verdad las compañías privadas cobran más barato? ¿eso no es ir por el camino de la privatización como tanto les gusta y defienden, a través de contratos para no crear relaciones obrero patronales?

De El Comité Nacional de Estudios de la Energía


UD. ES UN PELIGRO PARA MÉXICO!

México D. F., octubre de 2009

LIC. FELIPE CALDERÓN HINOJOSA

En el Diario Oficial de la Federación (DOF) del 11 de octubre del presente, se publicó el Decreto por el cual se extingue el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro (LyFC), y por tanto el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), queda sin materia contractual.

El Comité Nacional de Estudios de la Energía, agrupamiento de trabajadores y ciudadanos defensores del sector energético nacionalizado, decimos:

1. La motivación esgrimida en el Decreto, es la “comprobada ineficiencia operativa y financiera del organismo descentralizado en cuestión”. Nos permitimos hacerle notar que dicha descalificación es la propia descalificación de su administración, de la que forma parte LyFC.

De conformidad con la normatividad vigente, el Ejecutivo Federal designa al Director General de LyFC, en el Consejo de Administración predominan los representantes del Ejecutivo Federal, está presidido por la Secretaría de Energía, por lo tanto se trata de un organismo subordinado a las políticas públicas del Ejecutivo Federal y sus resultados derivan de la política aplicada y de la competencia de los directivos que usted ha designado.

2. El Decreto carece de legalidad, ya que de acuerdo con el artículo 15 de la Ley Federal para las Entidades Paraestatales, (citado en el mismo), en la extinción de un organismo descentralizado deberán observarse las mismas formalidades establecidas para su creación y el Decreto publicado en el DOF del 9 de febrero de 1994 que creó a LyFC, fue en cumplimiento del mandato dado al Ejecutivo Federal por el Congreso en la reforma a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, publicada en el DOF del 27 de diciembre de 1989, por tanto el cumplimiento de las formalidades para su extinción, exige que el decreto respectivo, provenga de un mandato de Ley aprobada por el Congreso.

3. Por otra parte, junto con la publicidad de este decreto se está ofreciendo una compensación adicional a quienes accedan voluntariamente a recibir su indemnización y además su recontratación. En lo referente a la compensación significa una violación a la Constitución que en su artículo 126 establece “No podrá hacerse pago alguno que no esté comprendido en el presupuesto o determinado por ley posterior”, obviamente la erogación de esa compensación no está prevista en el presupuesto federal del año 2009.

Lo anterior sin contar con que este ofrecimiento es contradictorio; si es cierta la acusación de ineficiencia de los trabajadores, ¿Por qué se les premia con una compensación adicional a lo que dicta la Ley? Eso prueba la falsedad de la acusación, significa que la extinción persigue otros fines y que se ofrece para dividir a los trabajadores e infructuosamente neutralizar el movimiento obrero y social que se ha desencadenado.

Conocemos su vocación privatizadora, probada por los intereses de clase que representa y sus acciones, y su ambición; conocemos también que el SME es un sindicato activo y eficaz en la defensa del sector energético nacionalizado que contribuyó en forma importante para detener en 1999 las reformas promovidas por el exPresidente Ernesto Zedillo para privatizar el sector eléctrico; para nosotros es diáfano que el brutal golpe dado con este Decreto persigue desaparecer un sindicato independiente y democrático que es un obstáculo para sus afanes privatizadores.

Usted afirma que el propósito de esta medida es combatir ineficiencia y falta de productividad; el primer empleado público que está obligado a ser eficiente y productivo es usted, quien no ha cumplido ninguno de sus compromisos de campaña y sí en cambio recibe de nosotros un salario de más de 200 000 pesos mensuales y un conjunto de privilegios y prebendas muy superiores a cualquier trabajador. Estos fueron, entre otros, sus compromisos de campaña:

  • “Desaparecer el fuero constitucional de todos los funcionarios públicos”

  • Elevar el gasto en educación, ciencia y tecnología

  • Ser el presidente de la inversión y el empleo

  • Eximir de impuestos a quienes ganen menos de 5000 pesos al mes

  • Electricidad y Gas baratos

  • Bajar las Tasas de Interés

  • Eliminar el cobro de comisiones a las remesas enviadas desde USA

  • Seguro médico para todos,

  • Pagar (el gobierno) el primer año del seguro social IMSS a quienes comiencen a trabajar,

  • Red de guarderías para apoyar a las mujeres que trabajan

  • Prestar (el gobierno) dinero para comprar casa propia a quienes ganen $ 2800 al mes o menos,

  • Para las madres que tienen que salir a trabajar, por ley habrá horarios flexibles de trabajo, así tendrán tiempo para cuidar a sus niños

  • Bajar el sueldo del presidente y funcionarios públicos y no incrementarlos como se hace.

  • Quitar para siempre el pago de la tenencia de autos.”

Es evidente su absoluta ineficiencia y falta de productividad, así como está clara la inquina contra los trabajadores, sean mineros, del seguro social y ahora electricistas, el desempleo que padecemos, la postración del campo, la inmensa pobreza de nuestro país, todo eso nos muestra que usted, Felipe Calderón…

¡ES UN PELIGRO PARA MÉXICO!

Usted repite una y otra vez que la situación de LyFC es insostenible, nosotros decimos que lo que es insostenible es su Gobierno.

Llamamos a los sindicatos y organizaciones del sector de la energía a retomar los esfuerzos de coordinación entre los trabajadores de la energía de Norteamérica, América Latina y el Caribe.

COMITÉ NACIONAL DE ESTUDIOS DE LA ENERGÍA DE MEXICO A.C.

Por la Coordinación Colegiada;

Francisco J. Carrillo Soberón,

Mario J. Galicia Yépez

Alfredo Hernández Peñaloz

Video. Lo que nunca te informarán los medios tradicionales

Francisco Carrillo Soberón

DE LA JORNADA

DECRETO DE EXTINCIÓN DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Gilberto López y Rivas

Al margen un sello con el escudo nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos-Congreso Constituyente del Bicentenario y el Centenario.

RAMONA PATRIA, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo texto asienta: La soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno, y

CONSIDERANDO

Que FELIPE DE JESÚS CALDERÓN HINOJOSA se ostenta como presidente de la República en virtud del fraude electoral que tuvo lugar en el año 2006, consumado por sus cómplices y asociados en los tres niveles de gobierno, el Instituto Federal Electoral, los dirigentes del Sindicato de Trabajadores de la Educación y otros auxiliares mayores y menores, todos ellos con el apoyo de los medios de comunicación y los sicarios de la información que controlan la llamadaopinión pública; que para imponerse en el Poder Ejecutivo federal, el susodicho contó con la ayuda y protección de las fuerzas armadas, en especial, el Estado Mayor Presidencial, cuerpos policiacos varios y legisladores de todos los partidos, quienes se exhiben también falsamente como representantes del pueblo y de la nación; que durante los años que se ha padecido la presidencia ilegítima del varias veces mencionado, la situación del país, o de lo que queda de él, no puede ser más grave, en cuanto a los 70 millones de pobladores viviendo en la pobreza y unos millones más incluso en la miseria degradante e inhumana, mientras los que apenas sobreviven en trabajos precarios, mal pagados o en el empleo ocasional, se encuentran subsidiando a esa pequeña capa de privilegiados que se ha hecho del poder, el dinero, los bienes nacionales y del gobierno;

Que el que se dice comandante en jefe y hace alarde de insignias de águila y cinco estrellas en toda oportunidad, ha desplegado a las fuerzas armadas por todo el territorio nacional en misiones de seguridad pública que violentan el artículo 129 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, en consecuencia, ha degradado a la institución armada aún más que lo logrado con la guerra sucia, la formación de grupos paramilitares y las represiones contra diversos sectores del pueblo mexicano, todo lo cual convierte al elemento castrense en un Ejército de ocupación y contrainsurgencia al servicio de los oligarcas;

Que, además, este mismo simulado comandante ha seguido la línea de los que ocuparon también el puesto que usurpa, de subordinar esas fuerzas armadas a las estrategias militares, policiacas y de los organismos de inteligencia de Estados Unidos, a través de ASPAN, Iniciativa Mérida, entre otros acuerdos y acciones pactadas de espaldas al pueblo mexicano que afectan gravemente la soberanía nacional y la viabilidad de México para desarrollarse como Estado-nación independiente, y configurando el ya mencionado –con todo ello– presunto delito de traición a la patria y los que resulten;

Que, asimismo, y con base en atribuciones que no le corresponden, aun en su carácter de gobernante de facto, y siguiendo fielmente los dictados de la clase a la que sirve y de las corporaciones trasnacionales y financieras de las cuales es su ejecutivo local, ha llevado a la economía nacional al colapso, al nulo crecimiento económico, provocando mayor contracción del mercado interno, a la recesión, al crecimiento astronómico de la ilegal deuda externa, a la destrucción aun mayor de la planta productiva, la devastación del campo y al fin de la autosuficiencia alimentaria, provocando mayor migración de trabajadores, desempleo y afectando el nivel de vida de toda la población;

Que, en violación al artículo 123 de la Constitución, y siguiendo la política antilaboral de sus antecesores, recientemente transgredió la autonomía del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), con el solo propósito de desaparecer la relación laboral y con ello la oposición de una de las más antiguas organizaciones gremiales de la República, con vías a la privatización de la energía eléctrica, lanzando a la calle a miles de trabajadores y exponiendo a sus familias a un futuro de carencias e incertidumbres, he tenido a bien expedir el siguiente DECRETO:

Artículo 1. Se extingue la Presidencia de la República por convenir al erario y al bienestar de todos los mexicanos, conservando su personalidad jurídica exclusivamente para efectos del proceso de liquidación de sus trabajadores.

Artículo 2. La liquidación de la Presidencia de la República estará a cargo del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes Mal Habidos del Congreso Constituyente.

Artículo 3. Se respetarán los derechos laborales de los trabajadores de la Presidencia de la República y las indemnizaciones se harán conforme a lo dispuesto por el contrato colectivo de trabajo, si lo hubiera; la Ley Federal del Trabajo contra el capital y demás ordenamientos aplicables.

Artículo 5. El Congreso Constituyente garantiza el pago de jubilaciones a los trabajadores de Presidencia de la República y suspende las jubilaciones, prestaciones, y demás prerrogativas otorgadas a los ex presidentes, espurios o supuestamente constitucionales, así como la expropiación de todos los bienes acumulados por ellos, familiares, amigos y compadres.

Artículo 6. La llamada residencia oficial de Los Pinos se destinará para el museo de El Mal Gobierno, donde los ex presidentes que no estén en prisión trabajarán obligatoriamente como guías, en reparación del daño causado a la República.

TRANSITORIO ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el DiarioLa Jornada.

miércoles, octubre 28, 2009

José Manuel Hernández, "Chema". Tomado de Comité Cerezo


El Líder Campesino Chiapaneco Detenido Tratado Peor que un Capo de la Droga

Kristin Bricker - Especial para The Narco News Bulletin

Los recientemente liberados hermanos Cerezo, mientras eran presos políticos pasaron un tiempo en casi todas las prisiones federales de máxima seguridad de México. Héctor Cerezo reporta que los guardias de la prisión golpeaban a los recién llegados para enseñarles “quién manda ahí”.

Héctor Cerezo también informa que las prisiones federales de máxima seguridad “no hay escuela, ni trabajo, ni pintura, ni música ni teatro. Lo único que te permiten tener es un libro que te presta la institución quien te da una lista de la que uno escoge el libro.”


Por la forma en que el gobierno está tratando a José Manuel Hernández Martínez, también conocido como “Chema”, uno pensaría que se trata del jefe de un cártel del narcotráfico.

De acuerdo con testigos, el 30 de septiembre, al menos 18 agentes de policía—muchos disfrazados como trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad—secuestraron a Chema en su casa de la comunidad 28 de Junio del estado de Chiapas. El operativo incluyo a policías estatales y federales trabajando en una operación “conjunta” o “mixta”—del tipo de operativo que carecteriza a la guerra contra las drogas.

Debido a que los agentes no se identificaron como policías durante la detención, compañeros de Chema de la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ), siguieron la camioneta de la policía en un intento por liberar a Chema.

Según los relatos de los testigos, otro vehículo interceptó la camioneta en donde viajaban los miembros de la OCEZ. A pesar de que los civiles estaban desarmados, se reporta que el otro vehículo abrió fuego contra la camioneta de la OCEZ, provocando que se estrellara y permitiendo que los secuestradores de Chema escaparan. Uno de los que viajaba en la camioneta de la OCEZ, Jordán López Aguilar, murió instáneamente en el choque. Un segundo ocupante, Bayardo Hernández de la Cruz, murió por sus heridas el 17 de octubre. Otros dos hombres permanecen hospitalizados.

Chema apareció el día siguiente en un comunicado de prensa del gobierno. Como ocurre con casi todos los miembros de la delincuencia organizada, el gobierno incluyó una ficha policial de Chema (con dos policías posando junto a él) en el comunicado de prensa. La prensa publicó la foto de Chema con los policías a lado como si el gobierno hubiera arrestado a uno de los miembros más buscados del crimen organizado.

Después de haber pasado diez días en la infame prisión de El Amate en Chiapas, la Policía Federal repentinamente trasladó a Chema a un penal federal de máxima seguridad en el estado de Nayarit. El gobierno no notificó del traslado ni a la familia de Chema ni a su abogado.

En Nayarit, los demás presos que acompañan a Chema incluyen a miembros de Los Zetas (ex soldados de élite del ejército mexicano que en la actualidad fungen como el ejército privado del cártel del Golfo), miembros de la organización de tráfico de drogas de los hermanos Beltrán Leyva, miembros de la organización criminal La Familia, y los 51 custodios y funcionarios de prisión que ayudaron a que 53 Zetas escaparan de una cárcel de Zacatecas, entre otros pesos pesados del mundo de la delincuencia organizada.

Con todo, pareciera que Chema está recibiendo el típico trato de un miembro de alto rango de la delincuencia organizada.

Pero Chema no es un capo de la droga; es un líder campesino. Su organización, la OCEZ, ocupa la tierra con el fin de legalizarla (esto es, obtener el título de las tierras) y redistribuirla entre campesinos chiapanecos. Mientras muchos de los capos de la droga viven en lujosas mansiones en las colonias más exclusivas de México, o en hermosos ranchos aislados en las montañas, Chema vive en una pequeña casa de asbesto y madera de dos recámaras (vivienda pública, en realidad) cerca de un camino de tierra en la pequeña comunidad campesina chiapaneca de 28 de Junio.

Ahora que Chema se encuentra en una prisión federal de máxima seguridad, el desearía ser un capo de la droga. De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (FrayBa) “las prisiones federales de máxima seguridad son notorias por sus métodos de castigo”. Los presos de máxima seguridad se mantienen en un estado casi constante de incomunicación. Los recién llegados como Chema, frecuentemente son mantenidos incomunicados por un periodo de entre 15 y 40 días. Los presos solamente pueden recibir visitas cada ocho días, y pueden hacer llamadas de diez minutos cada diez días. Privar a los presos de sus derechos a tener llamadas telefónicas o a recibir visitas es un castigo común.

En Nayarit, Chema está a un viaje de 26 horas y $1400 (pesos mexicanos o USD$111) de su familia y de otros miembros de la OCEZ, quienes han montado una campaña para su liberación. Ese tiempo y dinero no incluyen el viaje de regreso. El gobierno ha ofrecido pagar a los familiares boletos de avión para que visiten a Chema (ya había ofrecido pagar las cuentas del hospital de los hombres heridos, pero nunca lo hizo), pero no ha ofrecido pagar los boletos de avión de su abogado.

Los recientemente liberados hermanos Cerezo, mientras eran presos políticos pasaron un tiempo en casi todas las prisiones federales de máxima seguridad de México. Héctor Cerezo reporta que los guardias de la prisión golpeaban a los recién llegados para enseñarles “quién manda ahí”.

Héctor Cerezo también informa que las prisiones federales de máxima seguridad “no hay escuela, ni trabajo, ni pintura, ni música ni teatro. Lo único que te permiten tener es un libro que te presta la institución quien te da una lista de la que uno escoge el libro.”

En contraste, el capo de la droga de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán tuvo una experiencia sin duda muy diferente durante su estancia en una prisión de máxima seguridad. El periodista mexicano Ricardo Ravelo escribe en su libro “Los Capos” que El Chapo y sus colaboradores más cercanos, disfrutaban de muchos beneficios. Él reporta que prostitutas visitaban a los hombres regularmente; desde afuera se les llevaban carnes y otros platillos favoritos; y los guardias de la prisión permitían que El Chapo tuviera en su celda una cortina para tener mayor privacidad. Ravelo también reporta de algunos rumores que decían que incluso El Chapo salía de la prisión algunas veces para comer fuera. El Chapo tenía tantos beneficios dentro de la prisión que a principios de 2001 escapó de ella sin que una sola bala fuera disparada.

La forma en que el gobierno está tratando a Chema, es fácil de olvidar si no es un capo de la droga, o incluso un teniente, o incluso un modesto distribuidor de drogas de esquina. Chema ni siquiera está acusado de delitos federales; sus cargos son a nivel estatal. Entonces ¿por qué esta en una prisión federal?

Traducción de inglés por Fernando León

martes, octubre 27, 2009

De Soberanía Popular

Eliminación de LFC fue un golpe a uno de los bastiones más importantes del sindicalismo

Fuente: La Jornada de Aguascalientes,

Mauricio Navarro

La eliminación de Luz y Fuerza del Centro (LFC) “fue un golpe al sindicalismo democrático que existe en este país, sin dejar de reconocer que en toda organización sindical puede haber fallas y genera liderazgos y oligarquías”, consideró el decano del centro de ciencias y humanidades y especialista en temas sindicales, Daniel Gutiérrez Castorena.

Subrayó que la afirmación de que el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) era una organización obsoleta que llevó a LFC a una situación económicamente insostenible, responde solamente a una estrategia mediática por parte del gobierno federal con el objetivo de ganar popularidad ante el electorado.

Recordó que quien dirigía a la paraestatal era precisamente el gobierno y fue el mismo actor quien dejó de invertirle en aras de que quebrara y con ello desmantelar al SME “que de alguna u otra manera representa lo mejor de la lucha de los trabajadores en defensa de sus derechos”, señalándolo incluso como una isla en comparación con las otras organizaciones sindicales.

Calificó al SME como un sindicalismo contestatario, de los pocos que han participado en las luchas reivindicativas de su gremio.

En este sentido, “está muy claro que no fue una decisión económica, sino eminentemente política”, dijo, y comentó que la acción del gobierno del presidente de la república, Felipe Calderón Hinojosa, consigue una guerra de medios de comunicación en la que logró desviarse la atención en asuntos donde la federación se vio rebasada, como son la generación de empleo, la guerra contra el narcotráfico, entre otros. “Todo tienen que pagarlo los de abajo, los trabajadores, para mantener un esquema que ya no se sostiene por sí mismo, un sistema gubernamental que ya no se sostiene”.

Afirmó que en el caso de que el gobierno federal tenga congruencia política, lo primero que deberían de anunciar es la existencia de oligarquías sindicales, citando como ejemplo las prácticas del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), del que señaló falta de transparencia, lo mismo que en cada gremio agrupado, “pregunto: ¿Cuándo han dado cuenta de los miles de millones de pesos que se llevan estos sindicatos? ¡Mensuales!”.

Ante esto sólo podemos presuponer las cifras que estas organizaciones penetran a sus filas; de igual manera existe la hipótesis de que estos recursos son trasladados para las campañas políticas de algunos candidatos, reiterando que en el caso de que realmente hubiera una intención por democratizar la vida sindical tendrían que aplicarse nuevas acciones.

Gutiérrez Castorena insistió en que toda esta intromisión del gobierno federal al SME es una falacia que creó el presidente de la República “para aplastar a uno de los pocos bastiones que tiene la clase obrera para representar sus intereses”.

La estrategia de Calderón avanza en el sentido de desvirtuar al SME en todas sus vertientes y ofreciendo liquidaciones “privilegiadas” hasta con cursos de inglés para que disminuya la posibilidad de acción de los mismos trabajadores, debilitando de esta forma la causa del sindicato.

Advirtió que aunque algunos trabajadores han acudido a cobrar su indemnización, éstos no representan un buen porcentaje que pueda determinar el hecho de que la causa está siendo debilitada, a pesar de que los obreros son los más necesitados de recursos por vivir al día.