viernes, septiembre 07, 2007

Sindicato minero denuncia maniobras de Grupo México para influir en votaciones.

Despidos, secuestros e intimidaciones para lograr un gremio favorable, señalan abogados.
Patricia Muñoz y Leopoldo Ramos (Reportera y corresponsal)
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Despidos, secuestros, amenazas, intimidación policiaca y persecución penal contra trabajadores, fueron las tácticas que utilizó Industrial Minera México en los recuentos que se llevaron a cabo ayer en 10 secciones del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM) con el propósito de imponer a toda costa un “sindicato blanco”, todo esto con el respaldo a la empresa por parte de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA).
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Abogados del sindicato señalaron que se diseñó una amplia estrategia entre la empresa y las autoridades laborales para entregarle los contratos colectivos al nuevo Sindicato Nacional de Trabajadores para la Exploración, Explotación y Beneficio de Minas de la República Mexicana y quitárselos a la organización que encabeza Napoleón Gómez Urrutia.
La junta permitió esta situación anómala e incluso se pidió la intervención de miembros del Ejército Mexicano, así como de las policías federal, estatal y municipal para evitar las acciones de protesta de los trabajadores en este recuento.
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Al respecto, trabajadores de la sección 28 de San Luis Potosí enviaron una carta a la redacción de este medio en la que señalan que para preparar los referidos recuentos la empresa despidió trabajadores leales a Napoleón Gómez Urrutia para impedir que votaran; además, amedrentó e intimidó a mineros para que aceptaran afiliarse a un nuevo sindicato.
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Incluso, señalan los trabajadores, en la sección 14 de Nueva Rosita, Coahuila, el personal del primer y segundo turnos “fueron encerrados desde la mañana del 4 de septiembre hasta la tarde del 5 en las instalaciones de la empresa para que participaran en el recuento en favor de la firma”.
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En tanto en las secciones 298 y 207 de Nacozari, Sonora, el recuento se realizó de forma totalmente anómala, ya que hay órdenes de presentación del Ministerio Público local contra trabajadores, a quienes se les acusa de haber participado en el enfrentamiento en el que murió Reynaldo Hernández el pasado 12 de agosto, lo que ocasionó que “no pudieron salir de sus casas por miedo a ser aprehendidos”. Antes, se había despedido a 900 trabajadores y se recontrató solamente a quienes aceptaron firmar con el nuevo sindicato.
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Registran otro sindicato
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A toda esta situación se sumó el hecho de que ayer mismo se registró otra organización del gremio, denominado Sindicato Único de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares Independiente. El dirigente minero en Cananea, Francisco Hernández Gámez solicitó ante las autoridades laborales el registro formal de esta organización y acudió a la Dirección General del Registro de Asociaciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) a entregar un padrón con el número de trabajadores que respaldan la solicitud, un ejemplar de los estatutos y declaración de principios, así como la copia de la asamblea que eligió a la directiva.
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En Nueva Rosita, Coahuila, el recuento para determinar la titularidad del contrato colectivo se realizó a puerta de factoría, y se enmarcó en un despliegue de al menos 300 elementos de las policías Ministerial del Estado, Municipal, Agencia Federal de Investigación y del Ejército Mexicano que sitiaron las instalaciones de la planta de lavado y coquizado de carbón que Minera México tiene en este municipio.
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El delegado especial de la dirigencia nacional del gremio, José Ángel Hernández Puente, denunció que “los compañeros votaron intimidados por el Ejército y las corporaciones policiacas que dentro de la planta (carbonera) desplegó la misma empresa”
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Sin embargo, la STPS no vio ninguna anomalía y en un comunicado aseguró: “de acuerdo con los reportes de los representantes de la Dirección General de Inspección Federal del Trabajo, quienes participaron para atestiguar la legalidad de las referidas diligencias, se informa que los citados recuentos se llevaron a cabo en orden y con respeto a las disposiciones de ley, lo cual permitió que los trabajadores mineros expresaran su voluntad libremente”.

Foro de análisis y alternativas de lucha y organización sobre el desmantelamiento de los sistemas públicos de salud.


jueves, septiembre 06, 2007



Cambio de piel: ¿nuevo presidencialismo?



jueves, 06 de septiembre de 2007


MiradorRaúl Moreno Wonchee


Por primera vez, el informe presidencial fue presentado en la sede del Poder Ejecutivo y no en el Congreso de la Unión. Me refiero, por supuesto, al discurso anual del presidente en el que además de dar cuenta de su gestión, propone sus planes y propuestas y establece sus compromisos políticos y sociales con base en su visión del país y del mundo.


No se trata sólo del informe por escrito sobre la administración pública sino del informe político que como jefe del Estado y del gobierno tiene la obligación de rendir ante el Congreso y, por su conducto, a la nación.


Obligación del Ejecutivo correlativa al derecho del pueblo de ser informado de viva voz.Un día antes se había cumplido a medias el ritual, o mejor dicho el procedimiento constitucional y legal de entrega del expediente por el que el titular del Poder Ejecutivo informa al Congreso de las cuentas y los cuentos de su administración.


Un show, convenientemente acordado y bien montado por el PAN y el PRD y consentido por el PRI, permitió que desde el Congreso de la Unión y la Presidencia de la República se dijera a los cuatro vientos que se había cumplido con la Constitución y que por primera vez en veinte años la ceremonia había transcurrido sin interrupciones ni desfiguros de los legisladores sino en medio de cortesías y buenas maneras.


La cortesanía del pasado cedió su lugar a la cortesía y los legisladores aplicaron discrecionalmente la Constitución y la Ley Orgánica del Congreso hasta convertirlas en un manual de Carreño.


El Felipe Calderón entregó el mamotreto de las cifras y las gráficas a un Congreso que con la huída irresponsable de unos y la complacencia obsecuente del resto abdicó de representar a la soberanía nacional ante el Ejecutivo para vigilar su desempeño, acotar sus funciones y sustentar su investidura. Y que al impedirle al presidente presentar su informe desde la tribuna le ahorró la obligación política de rendir cuentas y asumir compromisos, se negó a sí mismo su condición de máximo interlocutor y le negó al pueblo el derecho de ser informado y de ser testigo de calidad de la relación entre los poderes.


La reunión del día siguiente en Palacio Nacional nada tuvo que ver con la Ley ni con la tradición. Los medios y sus agentes no desaprovecharon la ocasión para insistir en el prejuicio y la ignorancia como argumentos supremos al calificar la ceremonia como "priísta" (¿?) y alegremente pasar por alto el hecho decisivo y contundente que hizo del informe ya no un acto del Congreso en el Congreso y con las normas del Congreso, sino un acto convocado por el Ejecutivo en su sede, con sus propias reglas y con la ausencia de los cuerpos legislativos de la República.


Nadie en la tele, en la radio o en los periódicos advirtió, por ejemplo, que la primera fila estaba ocupada no por legisladores o funcionarios del Ejecutivo sino por los más prominentes capitalistas encabezados, pero por supuesto, por don Carlos Slim. Algún ingenioso comentarista tuvo la puntada de llamar "acarreados de cuello blanco" a los asistentes a Palacio, pero nadie observó que allí estuvo representada la base social del gobierno: el 5 por ciento de la sociedad cuya crema y nata logró con su dinero que en las elecciones presidenciales Calderón consiguiera una buena parte del 35 por ciento de los votos que finalmente obtuvo.


En su casa y rodeado de sus cuates Calderón dijo un discurso ventajoso y por lo tanto poco útil. Seguramente en el Congreso se hubiera cuidado de las ostentosas omisiones, inexactitudes y contradicciones en las que incurrió en Palacio pues hubieran tenido consecuencias muy distintas.


Omitió, por ejemplo, reflexionar sobre el proceso del que salió electo. En su momento, Salinas y Zedillo lo hicieron: el primero se comprometió a superar los tiempos del partido "casi único" y el segundo a garantizar la equidad electoral. Ambos cumplieron los respectivos compromisos derivados de sus palabras.


Calderón, en cambio, hizo mutis y su participación en la reforma electoral la hará a través de las maniobras y presiones del secretario de Gobernación que nunca pierde y cuando pierde arrebata.


Lo del domingo 2 podría representar el nacimiento de un nuevo presidencialismo mucho más autoritario por cuanto surgiría de la abdicación del Legislativo, carecería de correlato constitucional y no respondería a compromisos sociales.


Que sea excepción o regla dependerá de que los opositores no sólo lo parezcan sino que realmente lo sean. Que reconozcan y hagan valer a la Constitución como marco y cauce de la vida nacional antes de que en la confusión, el Supremo Poder Ejecutivo haga lo que se le dé la gana e instaure el felipato.

Foro de análisis y alternativas de lucha y organización sobre el desmantelamiento de los sistemas públicos de salud.


miércoles, septiembre 05, 2007

Redondeo

Pedro Miguel, La Jornada, 4 sept 2007

La Constitución dice que todo individuo tiene derecho a recibir educación, que el Estado tiene la responsabilidad de impartirla, de manera gratuita, en todos los niveles de escolaridad, y que esa educación se basará en los resultados del progreso científico. Dice también que “los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento” y que el Estado “proveerá lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos”. Pero, al parecer, a la opinión pública empieza a resultarle natural que el cumplimiento de algunos artículos constitucionales se realice vía coperacha y que las responsabilidades del Estado queden sujetas a un conjunto de pequeños diálogos entre la cajera y el cliente:

–¿Gusta redondear 27 centavos?

–Sí, cómo no.

En teoría –tal vez sólo en teoría– esos 27 centavos van a parar a las arcas del establecimiento comercial, que los administra en forma por demás discrecional, luego los entrega (¿beneficiándose, a costillas de sus clientes, de la deducibilidad de donativos?) a instituciones privadas de lavado de conciencias –responsabilidad social es el nombre de moda en la jerga gerencial– como ANTAD, Fundación Televisa y Unete; esta última “se encarga de coordinar el equipamiento de aulas de medios de forma transparente y confiable en la operación”, dicen, aunque con una sintaxis opaca y corrupta.

Esos 27 centavos constituyen una aportación adicional del cliente a los impuestos que paga de manera inexorable –IVA, ISR o ambos– y que se usan, en teoría, a equipar escuelas públicas con los bártulos necesarios para una educación basada “en los resultados del progreso científico”, pero que en la práctica sirven para que Felipe Calderón se regale ceremonias de autoexaltación como la del domingo pasado en Palacio Nacional, ajenas al mandato constitucional, o para que Marta Sahagún se compre ropa, o para que la Policía Federal Preventiva pueda violentar a discreción el derecho al libre tránsito, o para que el gobierno transfiera a las mafias sindicales cientos o miles de millones de pesos que todo mundo sabe a dónde van a parar.

En teoría, el sector privado ayuda a la autoridad política a cumplir con una tarea constitucional tan engorrosa e incómoda como la educación. Pero de alguna manera incierta la distorsión acaba mordiéndose la cola y en su anuncio de resultados El Redondeo se vanagloria: “Se reunieron $92,886,509.96 y gracias a la Secretaría de Educación Pública se alcanzó la cifra final de ¡100 millones de pesos!” Qué hermoso: la SEP le entró al redondeo para que los empresarios le hicieran su trabajo.

Más infame es el añejo “Un kilo de ayuda”, que reduce la obligación nacional de garantizar el derecho de los niños a la alimentación a una misericordia de último minuto en las filas del supermercado, entre la goma de mascar y las pilas alcalinas. Ahí uno puede adquirir una tarjetita que representa un litro de aceite o un paquete de galletas o dos piezas de mazapán que serán entregados –en teoría– en alguna de las zonas más pobres del país para ayudar a combatir la desnutrición infantil. Como refuerzo motivacional, la filósofa Lolita Ayala nos recuerda, impresa en la tarjetita, que “ayudar es retribuir algo de lo que la vida nos da”, o algo así, por más que su rostro evoque algo de lo que Televisa nos quita (lucidez, tiempo, pluralidad, información veraz y no sé cuántos etcéteras).

El país está de cabeza. En algún momento habrá que reconocer el orden correcto de las prioridades, asumir que la educación y la salud públicas son, en su totalidad, obligaciones irrenunciables del Estado y que el presupuesto público tiene que alcanzar para cubrirlas. Y si alguien quiere redondear con limosnas voluntarias las percepciones de Ugalde, las fiestas facciosas de la Presidencia o las camionetotas de los funcionarios, estará en su derecho. Pero es exasperante que mediante el redondeo, el kilo de ayuda y demás mecanismos de caridad, se establezca, en nombre de los más necesitados, un margen de tolerancia y complacencia a la ineptitud, la corrupción, la insensibilidad y la frivolidad gubernamentales.

La bandera, según Francisco Ramírez Acuña: “verde, la religión; blanco y rojo, la unión de los mexicanos”




La ceremonia de abanderamiento de escuelas que encabezó este lunes el secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, fue el escenario para que el funcionario ofreciera su propia interpretación de los colores de la bandera: “Los colores que la conforman representan originalmente la Independencia. El verde –dijo–, la religión; el blanco y el rojo, la unión de los mexicanos”.



Previamente, Ramírez Acuña había enfatizado en las facultades de la dependencia a su cargo de difundir “el conocimiento y el respeto de nuestros símbolos patrios”. Dichas facultades, agregó, emanan de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno nacionales.



El acto incluyó la incineración de una bandera, de acuerdo con el ritual que se tiene establecido. El simbolismo vigente de la Bandera Nacional identifica el verde con la esperanza de los mexicanos, el blanco con la pureza de ideales y el rojo con la sangre derramada para alcanzar la Independencia.



En su tiempo, la bandera del Ejército Trigarante comenzó a dar la forma al actual lábaro patrio. En esos años, cuando Agustín de Iturbide la llamó “la bandera de las tres garantías”, los significados que se confirieron a los colores fueron: el verde, la Independencia; el blanco, la religión, y el rojo, la unión.




Nota: Bueno, esto es para el "relax". Total que no dio una el secre de gobernación. No, si ya lo hemos dicho: lo que natura non da, salamanca non presta. Ni al gabinete ni al mini dizque presidente



Gobierno Virtual

Luis Linares Zapata

Apoyado en un trípode que se desea mágico, Calderón, el presidente del oficialismo, se ha lanzado sin titubeos a la construcción de un gobierno virtual. Uno de los sostenes, el principal, lo ha encontrado en el sistema de comunicación masiva, en especial los medios electrónicos. El segundo, usado con urgencia desde los días inaugurales de su periodo, ha sido el Ejército, cuyo cometido entró en rendimientos decrecientes. Y, el tercero, lo forma un conjunto nada envidiable de propagandistas, algunos hasta de reconocida calidad intelectual, que ya deslizan halagos, revestidos de juicios independientes, donde encuentran cualidades y logros: Felipe, el michoacano serio y eficaz, concluyen. Pero todos esos factores, en solitario o en sus distintas combinaciones, poco pueden hacer para afectar la cruenta realidad en que se debate la República.

La pretensión de obtener el reconocimiento y la aprobación de la ciudadanía, cuando se busca con artilugios y atajos, conduce a crisis recurrentes y a la pérdida de credibilidad. El peso brutal de los problemas arrumbados y las carencias soslayadas que enfrenta la población resaltan de inmediato frente al manipuleo artificioso a través de los medios. Influir en la conciencia colectiva mediante golpes de fuerza, montajes espectaculares o razonamientos forzados para cualquier ocasión se nulifica y cae en el pozo sin fondo del descrédito popular con el paso de los meses. Ningunear esa densa cotidianidad plagada de carencias, de angustias, de falta de oportunidades en que se debate la nación es aceptar, por la vía corta, el riesgo de la disfuncionalidad.

Trabajar con ilusiones televisivas como método comunicativo es abusar de la paciencia ciudadana y menospreciar la inteligencia popular, crecientemente despierta, informada, crítica. Suponer que la complejidad de la realidad puede disfrazarse con una dosis de optimismo voluntarista es caer en la tontería foxiana de los paisajes idílicos tan nocivos como indignos. La cotidianidad es necia, duradera, con un cuerpo pastoso y elástico que se prolonga a pesar de los intentos por ocultarla, por desvanecerla con trancazos propagandísticos. La vida del país entero se debate en medio de privaciones, olvidos, horizontes cerrados, derroches y ofensas varias tras el cuarto de siglo de un crecimiento tan mediocre como injusto que amenaza con su continuidad forzada.

Confiados en la eficacia de sus aliados y cómplices, los asesores y aprendices de estrategas improvisados que rodean a Calderón le diseñaron una ceremonia (presentación del Informe) exclusivamente para consumo de los televidentes. No importa, seguramente pensaron para sí mismos, lo que pase efectivamente en el Congreso. Se empeñaron, con una astucia simplista, en lo que creyeron sería un paseo triunfal que iría del recinto legislativo al palacio nacional. En San Lázaro se conformaron con un callejonear entre diputados y senadores panistas, con sus porras insulsas y solícitos apretones de manos. En el patio central del majestuoso palacio levantaron un montaje de pretensiones monumentales, con presencias ordenadas y aplaudidoras. El mundo oficial casi en pleno, dominado por el acarreo burocrático, uno que otro colado de la oposición light y varios desorientados ubicuitos. El Presidente, pensaron los taumaturgos de Calderón, debería salir intocado de todo ese desbarajuste del Congreso que ellos mismos originaron con sus trampas y delitos con que lo encaramaron en el puesto.

No hay remedios ni curaciones instantáneas inducidas desde las cúpulas decisorias, siempre interesadas en remar, en exclusiva, para su propio beneficio. Beneficio que, usualmente, recala en la total desmesura. Y, menos aún, cuando la intentona discrepa de lo que ocurre en la vida cotidiana de una sociedad como la mexicana, ya afectada en sus esperanzas, en sus aspiraciones. Bajo tales condiciones, el contraste brinca por tantos lados que, más temprano que tarde, derribará el castillo de naipes edificado sobre un trípode tan endeble como el arriba señalado.

No hay forma de convencer a la ciudadanía de la eficacia o los buenos propósitos de una administración utilizando los que, en efecto, son poderosos instrumentos de comunicación: la televisión y la radio. La difusión intensiva de imágenes prefabricadas puede atontar a los incautos, que son muchos. También puede servir de manera conveniente a todos aquellos que los requieren para mitigar su mala conciencia y continuar con sus prácticas habituales de saqueo. Pero no podrán cerrar las profundas heridas que se han causado al cuerpo colectivo. Un cuerpo que, por otro lado, crece y se fortifica en su esperanza de una vida mejor, en el análisis descarnado de las traiciones continuas a la democracia y que se empeña, con rigor creciente, en tener una conciencia cada vez mejor informada.

Reforma electoral: ganó la TV



Jenaro Villamil


Para Porfirio Muñoz Ledo, integrante de la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos del Congreso de la Unión, el proyecto de reforma electoral impulsado por el PRI y el PRD, y de manera parcial por el PAN, representa "el entierro de todo el ejercicio de la reforma del Estado". En los términos planteados, dice en entrevista, "la no-reforma electoral representa una ruptura". Explica: "la madre de todas las reformas" sería la prohibición total de la compra de tiempo aire en los medios electrónicos por parte de los partidos políticos.


Presiones de última hora de Televisa mediante sus gestores políticos, el contraataque de Los Pinos y de los sectores duros del PAN, más la rebelión de Luis Carlos Ugalde, alentada por la profesora Elba Esther Gordillo, provocaron que los dos puntos sustanciales de la reforma electoral se marginaran del anteproyecto de reforma constitucional: La prohibición absoluta de la compra de tiempo-aire en la televisión durante las campañas y la salida de los nueve consejeros del IFE.


Las negociaciones para acordar los últimos puntos se suspendieron horas antes de que la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos (CENCA) del Congreso de la Unión presentara en el Palacio de Minería, la tarde del jueves 30 de agosto, el anteproyecto de reformas a ocho artículos constitucionales.


Así, la discusión de los aspectos más delicados del documento quedaron postergadas: la prohibición de la compra de tiempo-aire en televisión, que constituye "la madre de todas las reformas" –ocho de cada 10 pesos de financiamiento de los partidos se destina a publicidad y siete de ellos a pagar spots en la televisión comercial– y un artículo transitorio que ordenaba la salida de todos los consejeros electorales del IFE.


Un grupo de 20 legisladores del PAN, encabezado por Rogelio Carvajal, exrepresentante de su partido ante el IFE, presionó a su coordinador Héctor Larios para que no se aceptara el acuerdo entre PRI y PRD sobre la salida de los consejeros del IFE.


Apenas dos días antes, Arturo Núñez, legislador del PRD y redactor del anteproyecto, había anunciado que las reformas incluirían límites a la compra de publicidad televisiva, y que el PAN y el gobierno federal habían aceptado el "relevo escalonado" de los consejeros del IFE.


Con el aval de Los Pinos, los panistas habían aceptado dos posibilidades: la primera, que salieran cinco de los nueve consejeros –los de "mayor edad" –; la segunda, que se renovaran en grupos de tres hasta 2012. Por su parte, los representantes del PRD y del PRI reclamaban la salida de todos los consejeros, así como la sustitución simultánea de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.


En medio de esas negociaciones, el consejero presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde, rompió lanzas con Felipe Calderón el martes 28 de agosto y soltó: "Si el Congreso aprueba la remoción de los consejeros electorales estaría aceptando que, políticamente hablando, hubo fraude electoral en el 2006".


Alterado, Ugalde advirtió ante los reporteros: "Los consejeros electorales somos inamovibles por mandato de la Constitución, justamente para resistir a las presiones políticas". Y en un claro mensaje al gobierno calderonista, reclamó: "No es aceptable que se condicione la cabeza de los consejeros a cambio de aprobar una reforma fiscal que el país necesita".


Mientras tanto, los partidos pequeños, en especial Nueva Alianza, promovido por Elba Esther Gordillo y el sindicato de maestros, suspendieron las negociaciones de la subcomisión redactora que encabeza ahora el exsecretario de Gobernación y diputado Diódoro Carrasco. Demandaron que se retirara la propuesta de que el financiamiento público se definiera sólo por el criterio de 100% proporcional a los votos obtenidos, y criticaron las nuevas reglas para los partidos que participen en alianzas y coaliciones.


Durante la sesión en el Palacio de Minería, los representantes del Panal, PT, Convergencia y Alternativa reclamaron que se rehiciera el procedimiento de redacción de acuerdos, pues señalaron que en este proceso sólo participó el especialista Jorge Alcocer, del Centro de Estudios para un Proyecto Nacional Alternativo. También demandaron que se integraran a la comisión los otros cuatro especialistas que participan en la CENCA: Porfirio Muñoz Ledo, Diego Valadés, Rolando Cordera y María Amparo Casar, más otros tres expertos.


Antes de que iniciara la sesión, Jorge Alcocer defendía los puntos más avanzados de la reforma: la reducción de 50% de los gastos de campañas presidenciales; la disminución a 90 días de los tiempos de campaña para la elección de presidente, senadores y diputados; las nuevas reglas para las precampañas; la prohibición de que gobernadores, alcaldes o el presidente de la República hagan propaganda, y la prohibición de la llamada "publicidad negativa", entre otras.


Por su parte, Arturo Núñez y Diódoro Carrasco aclararon que los puntos "en corchetes" que no se incluyeron en el texto de reformas constitucionales serían incorporados en los cambios a la Ley Electoral. Carrasco, diputado del PAN y presidente de la Comisión de Gobernación, fue electo el 23 de agosto como coordinador del Grupo de Trabajo sobre Democracia y Reforma Electoral.


El coordinador de los senadores del PRD, Carlos Navarrete, expresó su satisfacción por el hecho de que, dijo, "se logró el máximo consenso posible", y previó que la iniciativa tendría entre 85 y 90% de respaldo por parte de ambas cámaras.
Sin embargo, Porfirio Muñoz Ledo reviró: "Es la más pobre de cuantas reformas electorales se han hecho. No fue el parto de los montes, sino el aborto de los cerros".


Reformas minimalistas


Participante en las negociaciones de las últimas reformas electorales (1990, 1994 y 1996) y uno de los seis especialistas que integran la CENCA, Muñoz Ledo considera que desde el principio la reforma adoptó un procedimiento que la hizo caer en el minimalismo.


"La prohibición total de la compra de tiempo aire en los medios electrónicos es la madre de todas las reformas. Si no sale esta reforma y la salida de los consejeros del IFE, esto es un fiasco", advierte.


Entrevistado por Proceso poco antes de que se dieran a conocer las propuestas de reforma constitucional, Muñoz Ledo subraya que las negociaciones se realizaron "en sigilo y con premura", sin incluir a los partidos pequeños y vinculando la reforma electoral a la propia reforma fiscal, además de que ésta no fue tomada como parte de la reforma del Estado.
Explica: El PRI y el PAN, así como "algunos sectores del PRD", aceptaron "no sólo sacar la reforma hacendaria de la reforma del Estado, sino vincular la reforma electoral a la reforma fiscal y la condenaron a ser minimalista. Sería un milagro que se colaran cosas importantes".


La reforma electoral "también quedó rasurada, igual que la fiscal". Muñoz Ledo explica así la lógica de los actores políticos que intervinieron en este proceso:
"El PAN tenía su propio juego: sacar lo más posible en lo fiscal a cambio de conceder proporcionalmente en lo electoral. Si lo fiscal era poco, también sería en lo electoral. Por eso se fragilizó la reforma electoral. Al PAN le convenía esta moneda de cambio. Ahora parece que ha venido un contraataque de Los Pinos. La simultaneidad no resultó tan buena para ninguna de las dos reformas."


Identifica dos sectores encontrados en las negociaciones: los de "avanzada" del PAN, PRI y PRD, representados por Ricardo García Cervantes, Jesús Murillo Karam y Arturo Núñez, y los sectores retrógados de cada uno de los partidos, como Héctor Larios, del PAN.


"La no reforma electoral, en los términos planteados, representa una ruptura, el entierro de todo el ejercicio de la reforma del Estado. No están midiendo lo que están haciendo.


"Si esto fracasa, resulta que el ala dura del gobierno del PAN y el PRI, al no lograrlo, en vez de dar una piñata como regalo nos dan unos cuantos caramelos, como una concesión", sostiene.


Exdirigente del PRI y del PRD, exsenador y excandidato presidencial, Muñoz Ledo insiste que es necesario "restablecer el procedimiento" para cuidar los acuerdos y la redacción de los mismos en las reformas a la ley.


Al pedirle su opinión sobre el tema de la prohibición de compra de tiempo-aire en televisión, Muñoz Ledo afirma que se aplicó un "argumento pueril": "Para justificar las negociaciones en la sombrita se dijo que era para que no se enterara Televisa. Es un argumento pueril porque se iban a enterar antes de que ocurriera, y si tenían poder de veto lo iban a utilizar. Además, los documentos base de las negociaciones son públicos y en esto siempre se dan las filtraciones". Además, dice, "Televisa tiene todo el tiempo para hacer presiones".


La prohibición absoluta del uso comercial de la radio y la televisión para fines políticos y electorales fue una demanda en la que coincidieron tanto el Frente Amplio Progresista (en su documento presentado en mayo de este año) como el Comité Conciudadano para la Reforma Electoral.


Desde mayo pasado, el Frente Amplio Progresista presentó un "mínimo" de cambios necesarios para la reforma electoral que incluía también la creación del Instituto Nacional de Elecciones, una propuesta similar a la del Comité Conciudadano, formado por una decena de personalidades, activistas ciudadanos y expertos en materia electoral que en julio de este año hicieron pública su reforma.


Este comité también propuso la renovación total del Instituto Federal Electoral, y que el órgano máximo del nuevo instituto fuera un "Consejo Nacional Electoral" integrado por nueve consejeros electos a través de un procedimiento público y transparente. La idea era que estos consejeros fueran propuestos por las organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas y no por los partidos políticos.


A su vez, el IFE realizó seis jornadas en las que se plantearon más de 3 mil propuestas para la reforma, entre las cuales figuró el tema de la equidad en las tarifas para medios de comunicación, transparencia en la contratación de espacios publicitarios y nuevas facultades del IFE para garantizar el cumplimiento de acceso de los partidos a los tiempos de Estado.


El 22 de agosto, la síntesis de las propuestas entregadas al Congreso fue presentada por Jorge Alcocer en su papel de director del Centro de Estudios para un Proyecto Nacional Alternativo (CEPNA). En el resumen se incluían algunas de las propuestas ventiladas en un foro de consulta realizado en Boca del Río, Veracruz.


La mayor parte de estas sugerencias y propuestas se incorporaron en el anteproyecto de reforma constitucional. En lo que toca al acceso de los partidos a la televisión y la radio, el documento elaborado por Alcocer no se manifiesta explícitamente a favor de la prohibición total, pero establece algunos "posibles modelos": topes al gasto; fiscalización inmediata de contrataciones y pagos, y exclusividad de la autoridad electoral "para ser el conducto a través del cual los partidos políticos realicen sus contrataciones".


El documento sugiere la prohibición de que los servidores públicos de los tres órdenes de gobierno utilicen los medios "para la promoción personal" en tiempos de campaña, y recomienda "complementar la norma vigente que impide a terceros ordenar la difusión, en televisión y radio, de mensajes a favor o en contra de cualquier partido político o candidato a cargo de elección popular".


La rebelión de Ugalde


Durante tres días consecutivos, antes de que se conociera el anteproyecto de reforma constitucional, el consejero presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde, dijo que no renunciaría a su cargo, embistió en contra de los legisladores del PRD y del PRI, demandó "honestidad política" al presidente Felipe Calderón y al Congreso de la Unión, y deslizó un mensaje que sonó a chantaje: "Los consejeros electorales somos inamovibles por mandato de la Constitución, justamente para resistir a presiones políticas" y "si el Congreso aprueba la remoción de los consejeros electorales, estaría aceptando que, políticamente hablando, hubo fraude electoral en el 2006".

Las declaraciones de Ugalde dieron pie a una serie de reacciones encontradas entre senadores, diputados y dirigentes partidistas. Poco antes de dejar la presidencia de la Mesa Directiva en manos de su homólogo panista, Santiago Creel, el coordinador de la bancada del PRI en el Senado, Manlio Fabio Beltrones, descartó "personalizar" el debate con Ugalde, pero le advirtió al IFE, que acababa de aprobar nuevas sanciones por 107 millones de pesos a los partidos:
"Espero que no sea una actitud personal y confío en que tenemos leyes suficientes para que aquel que se sienta agraviado pueda acudir al Tribunal Federal Electoral para hacer que se respeten los derechos."


El mismo día que se presentó el proyecto de reforma electoral en el Palacio de Minería, el Consejo General del IFE realizó una sesión nocturna para aprobar sanciones a los partidos y abrir 26 "procedimientos oficiosos", ocho de los cuales serán para indagar el origen y destino de los recursos de la campaña del PRI, seis del PRD, cuatro del Panal, cuatro del PAN, tres de Alternativa y dos de Convergencia.


Estos nuevos "procedimientos oficiosos" se suman al que previamente abrió la Comisión de Fiscalización para averiguar el destino y el pago de cerca de 281 mil spots "no acreditados" correctamente. El IFE se comprometió públicamente a culminar el procedimiento a finales de agosto, pero lo ha prolongado.


Sobre estas acciones de Ugalde, Porfirio Muñoz Ledo sentencia: "Ahora Ugalde es mucho más valiente para defender el hueso que para defender el sufragio".


También considera que "el pleito está confirmando la complicidad de Ugalde y de algunos consejeros electorales en todo lo que ocurrió, fundamentalmente en el cuidado de las casillas", en la elección del 2 de julio de 2006.
Y lanza un dato clave que remite al vínculo con Elba Esther Gordillo: "Descuidaron el cuidado de las casillas; hemos descubierto que más de una tercera parte de las casillas fueron vigiladas por personajes del SNTE que ocuparon el primer lugar de la lista en las sustituciones de representantes de casilla. Tan sólo en Colima, 50% de las sustituciones fueron llenadas por maestros de Elba Esther".

Calderón: Los costos de la ilegalidad



Proceso

alvaro delgado


México, D.F., 3 de septiembre (apro).-


Una y otra vez, como una pesadilla, Felipe Calderón se encuentra con el sello de lo que ha sido y será su gestión: el repudio y el desprecio. Dirán él y sus prosélitos --que son más, según las encuestas que no atinan a ninguno de los resultados de las elecciones que ha habido después del 2 de julio-- que cumple con el deber conforme a su máxima: “`haiga` sido como `haiga` sido”.


Y, también en apego a su talante, Calderón responde con ínfulas dictatoriales, que describe a “aquel que abusa de su poder y autoridad”: Impone cierre de calles al tránsito, hace retacar de burócratas --y acarreados-- el Palacio Nacional y dispone que los mexicanos deben oír --en cadena nacional de radio y la televisión-- una pieza oratoria de una hora y media, como en un mitin.


El montaje incluye escenografía con la identidad cromática de los colores nacionales de España, la tierra que vio nacer a Juan Camilo Mouriño, el poderoso jefe de la Oficina de la Presidencia, que revindica su fidelidad como súbdito de la corona mediante un pasaporte de ese país. Salvo por el confeti y el paseo en auto descubierto –incluida la banda presidencial, cuyo uso en ese acto lo prohibe la ley--, se pensaría que volvimos a Luis Echeverría o a José López Portillo, porque --comparados con el Calderón del domingo-- Carlos Salinas solía ser más discreto y Ernesto Zedillo austero.


En el salón de plenos de la Cámara de Diputados, el sábado 1, hace una breve y fría incursión, en ausencia --por primera vez en la historia constitucional-- de quien preside formalmente el Congreso y desprovista la ceremonia de los honores a la Bandera.Ni siquiera sus correligionarios del PAN le confieren la investidura que reclama. “¡Felipe, Felipe, Felipe!”, le gritaban, buscando ser vistos, como un mitin o en la sede de ese partido, donde tampoco se puede refugiar en paz, candente la guerra con Manuel Espino.


Pero ante el desprecio de un sector de legisladores por el fraude del 2 de julio --que no renunciaron a la curul, como no lo hicieron jamás tampoco los panistas que reclamaban lo mismo en 1988, quizá porque dieron cause a su legitimidad en el desempeño junto con Salinas--, Calderón va por el desquite e instruye: Censúrense al Congreso en cadena nacional.


Porque fue contra el Congreso --y así lo reconocieron los legisladores panistas-- y no contra la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Ruth Zavaleta, en su carácter de presidenta del Poder Legislativo, ni a una perredista en sí misma, la disposición de evitar que su voz fuese escuchada por los ciudadanos, pocos o muchos, que seguían la transmisión.


Y el hilo se rompe por lo más delgado: El despido, disfrazado de renuncia, del director del Centro de Producción y Programas Informativos y Especiales (Cepropie), René Palavicini, un funcionario menor en el organigrama del poder, pero clave en el círculo íntimo de Calderón desde que era precandidato. Confidente de Juan Camilo Mouriño, Maximiliano Cortázar, Juan Ignacio Zavala y Antonio Solá Reche, Palavicini grabó, con su cámara al hombro, todos y cada uno de los mítines y reuniones que tuvo Calderón desde que quiso ser candidato del PAN a la presidencia. Ahora es chivo expiatorio de venganzas de su jefe máximo.Con ese despido, Francisco Ramírez Acuña, “el más priista de los panistas”, como lo describen sus propios compañeros de partido en Jalisco, pretende reducir la censura a un mero “error técnico”, pero la dimensión y la gravedad es descarada, aun para quienes son prosélitos del régimen.


No es sino parte de una línea de comportamiento de Calderón y su grupo: Al reclamo por su falta de legitimidad, o por la ausencia de la incondicionalidad que reclama al interior de su propio partido, el manotazo. Así ocurrió aun antes de asumir, formalmente, el cargo que ostenta: Ante la demanda de transparentar la elección, se impuso el ocultamiento con sus allegados del Instituto Federal Electoral (IFE); ante la demanda de voto por voto, la colusión con los magistrados del Tribunal Electoral; ante la demanda de ciudadanos de tener acceso a las boletas electorales, la razón de Estado; ante las evidencias de abusos en la muerte de Ernestina Ascencio Rosario, la subordinación del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.


Calderón no escapa, aunque quiera, a su origen: Ahora la Suprema Corte de Justicia de la Nación valorará si procede el amparo de Proceso y de ciudadanos para tener acceso a las boletas de la elección. Quizá, por la colusión de intereses, se opte por mantener el ocultamiento. Pero la mancha prevalece y el reclamo sigue.


Y no es un asunto de partidos, que tan lejos están --todos-- de la sociedad.Y tampoco el asunto es sólo por el derrumbe del ceremonial de la presidencia imperial, maniobra de distracción, sino más hondo: Una nación hundida en la miseria y la desesperanza. ApuntesLa reforma electoral, que urge --y que es apenas un aspecto de cambios estructurales más profundos--, será una mascarada si se sigue imponiendo la simulación y quedan intactos los intereses cruzados de la radio y la televisión --no los medios en general, como erróneamente suele decirse-- por el dinero de los contribuyentes.


Sólo la acción decidida de las organizaciones apartadas de los intereses partidistas y el escrutinio permanente de los ciudadanos, podrán impedir otro montaje y se canjeé a los consejeros electorales del IFE por los aumentos de impuestos que prevé la reforma fiscal impulsada por Calderón.


El aumento al precio de la gasolina es uno de ellos, que impactará en todo, inclusive a las cuotas de peaje en las autopistas, que parecen potreros, como en la del Sol, a Acapulco… Una muestra del vigoroso combate al narcotráfico, con todo el poder del Estado, fue la boda de Joaquín “El Chapo” Guzmán, en Durango, atestiguado por el alcalde panista de Canelas, Francisco Cárdenas Gamboa. Tal como lo publica Proceso, en un extraordinario reportaje de Patricia Dávila, en la edición de esta semana, la boda se celebró el 2 de julio, justo a un año de las elecciones y el mismo día en que Zhenli Ye Gon acusó al expriista Javier Lozano, secretario del Trabajo, de ser cómplice en el trasiego de más de 200 millones de dólares...

martes, septiembre 04, 2007

Calderón v.s. Mineros. Ordenan recuentos exprés en secciones mineras impugnadas

La Jornada, martes 4 de septiembre de 2007
Buscan imponer un sindicato blanco: trabajadores.
PATRICIA MUñOZ RíOS
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La Junta Federal de Conciliación Arbitraje (FJCA) dio otro revés al sindicato minero, al dictaminar que este martes y miércoles se realicen “recuentos exprés” en las secciones impugnadas de Sonora (Nacozari), San Luis Potosí, Chihuahua y Coahuila, para determinar si continuarán siendo lideradas por el grupo que encabeza Napoleón Gómez Urrutia o si se da la titularidad del contrato colectivo a un sindicato auspiciado por Grupo México.
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El secretario de asuntos políticos y sociales del organismo sindical, Carlos Pavón, indicó que la intención es desplazarlos de estas secciones para entregárselas a un “sindicato fantasma”, y denunció que ya se preparan grupos de choque que evitarán a los mineros votar libremente, “de ahí que se prevé una fuerte represión y violencia contra los trabajadores”.
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Señaló que el recuento fue solicitado por la empresa, y la JFCA lo autorizó de inmediato; sin embargo, informó, hoy arribarán a México comisiones de la United Steelworkers, que estarán pendientes para no permitir que se despoje a los trabajadores de su sindicato.
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En la defensa participará también la Federación Internacional de Trabajadores de las Industrias Metalúrgicas, que denunciará el caso ante la Organización Internacional del Trabajo.
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Denuncian intimidación
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“La autoridad laboral está actuando con impunidad, ya que permite que con amenazas de despido e intimidación en los centros se trabajo se esté obligando a los mineros a afiliarse a un sindicato blanco, auspiciado por Grupo México”, dijo Pavón, y agregó que no es casualidad que en las secciones en pugna se esté forzando a los trabajadores a inscribirse al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Exploración, Explotación y Beneficio de Minas de la República Mexicana.
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Calificó a este organismo de “fantasma”; señaló que está ubicado en Monterrey, Nuevo León, y que hasta hace apenas unos meses tenía 100 afiliados.
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Preparan agresiones
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Resaltó que los trabajadores han comprobado que se preparan cuerpos policiacos municipales, estatales y aun federales para “vigilar los recuentos” de los próximos días; sin embargo, añadió, lo que en realidad tienen encomendado es “impedir que los auténticos trabajadores voten libremente, para que el dictamen sea favorable al nuevo sindicato”.
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Pavón advirtió que puede presentarse una situación igual o peor que en Lázaro Cárdenas, Michoacán, donde hubo dos muertos y 100 heridos. “Pero eso (las muertes) es lo que menos le interesa a Germán Larrea, presidente de Grupo México, con tal de acabar con el legítimo sindicato minero”.

Primero de septiembre

PLAZA PÚBLICA
Miguel Ángel Granados Chapa.

4 Sep. 07.

Además de la torpe censura a la explicación de la presidenta de la Cámara de Diputados para ausentarse de su lugar (su imposibilidad de recibir un documento de alguien procedente de un proceso tenido como ilegítimo por millones de mexicanos), Cepropie se excedió en sus funciones.

Este año, el 1 de septiembre readquirió su sentido principal, de carácter parlamentario, que consiste en la apertura del periodo de sesiones ordinarias del Congreso de la Unión. En la inaugural, el Presidente de la República, conforme al artículo 69 de la Constitución de 1917 (cuyo significado fue alterado al paso de los años por el reglamento interior, de 1933 y por las leyes orgánicas del Congreso de 1979 y 1999), presentó su Informe por escrito.

A ello debió limitarse la asistencia de Felipe Calderón a San Lázaro, pero a través de un micrófono inalámbrico estratégicamente situado a la mano, si bien no en la tribuna, emitió un breve mensaje en que invitó al diálogo a los partidos.

Los partidos lo habían sostenido intensamente entre sí, a propósito de esa jornada, y convinieron en quitar al ordenamiento constitucional las rebabas que el presidencialismo exacerbado le había añadido a través de décadas. Estuvieron de acuerdo, para evitar los desaires y desórdenes que un año atrás impidieron a Vicente Fox leer su último Informe, que Calderón sólo entregaría el primero suyo.

También pactaron suprimir la toma de posición de cada grupo parlamentario, previa a la llegada del Ejecutivo a la Cámara y la eliminación del protocolo que convertía en monarca al Presidente de la República. Y se anunció que las bancadas del Frente Amplio Progresista se abstendrían de impugnar de cualquier modo al visitante, lo que cumplieron ausentándose del recinto.

De esa manera, el diálogo y la negociación hicieron que la política atenuara el conflicto previsible, dada la peculiar situación que vive el país, como prolongada secuela del proceso electoral del año pasado, juzgado fraudulento por un sector considerable de la sociedad mexicana, y por lo menos afectado por la incertidumbre según la mitad de la propia sociedad.

El acuerdo de los legisladores fue roto sólo por el senador Dante Delgado, que descalificó al resto de los partidos por haber suscrito un "pacto de silencio cómplice". Le faltó razón al formular esa denuncia, y no obedeció a ese defecto su decisión de ir a la tribuna. Delgado quiso hacerse notar para recordar que es la cabeza de un partido que desde 2006 ha visto difuminarse sus contornos por su obligada permanencia primero en la coalición que postuló a López Obrador (sin la cual no hubiera ganado posiciones legislativas, entre ellas la senaduría del propio Delgado) y luego en el Frente Amplio, donde impera el PRD.

Por otro lado, al día siguiente había elecciones en Veracruz y su antiguo Gobernador y ex candidato a la Gubernatura halló propicia la ocasión para hacer un acto de presencia propagandística con la mira puesta en sus paisanos, acto estéril por lo demás, vista la polarización de los comicios entre el PRI y el PAN.

Inmediatamente después de esa intervención, la presidenta del Congreso, Ruth Zavaleta, se dio la palabra a sí misma. Elegida sin voto en contra el jueves pasado, dirigirá los debates al frente de la Mesa Directiva hasta el último día de agosto del año próximo. Pero no encabezaría la sesión inaugural a partir de ese momento. Pidió al vicepresidente panista (hay uno del PRI y otro perredista), Cristián Castaño, que la reemplazara, pues se retiraría de la tribuna (y lo haría también del salón de plenos, junto con sus compañeros de bancada).

Antes de decretar un receso de 15 minutos, en espera del Presidente que a esa hora ya había salido de Los Pinos, explicó su actitud en líneas contundentes: "No puedo aceptar recibir un documento de quien proviene de un proceso electoral legalmente concluido pero cuestionado en su legitimidad por millones de mexicanos".

Quienes seguían por televisión la apertura de las sesiones no oyeron, sin embargo, estas palabras y no entendieron por qué la presidenta no se hallaba en su lugar media hora después, en el momento de recibir el Informe. Silenciarla fue una decisión torpe, atribuida a un error técnico por el que se hizo pagar -el hilo se rompe por lo más delgado- al director del Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales, que depende de la Secretaría de Gobernación y cuya actuación en general puede calificarse de ilegal pues su nombramiento concluyó en junio pasado.

El 17 de agosto, sin embargo, la Mesa Directiva de la Cámara le había pedido ocuparse de la "coproducción, iluminación del salón de sesiones y el equipo de TV", pero no de coordinar la cadena nacional, que estaba irregularmente a su cargo. El presidencialismo, que se rehúsa a morir, se hacía notar una vez más: el Congreso cuenta con su propio canal, que pone a disposición de los interesados la señal que emite, por lo que es innecesaria la participación de una dependencia del Ejecutivo, capaz de tomar decisiones como la que silenció a Zavaleta.

Tal presencia tiene sólo una explicación, la de que la casa presidencial siga decidiendo qué de lo que ocurre en otro poder pueden oír y ver los ciudadanos. Como si en verdad se hubiera cometido un desliz, se dijo que se remediaría el dislate transmitiendo el mensaje de la presidenta del Congreso a las nueve de la noche. Extemporánea y fuera de contexto, la presencia de la diputada Zavaleta interrumpiendo la programación normal debe haber resultado incomprensible y aun irritante a los televidentes.

A pesar de que no estuvo ausente el cuidado del propio interés -Delgado, Zavaleta, Calderón-, el sábado pudo anticiparse cómo será en lo sucesivo el primer día de sesiones del periodo otoñal del Congreso.

Cajón de Sastre

El 29 de agosto anunció el Canal 22 su nueva programación, disponible a partir de ayer, cuando se iniciaron series como Veredicto, con información y debate sobre las leyes en México, y Entrelíneas, revista de libros y literatura. El estreno de hoy es La oveja eléctrica, revista de ciencia y pensamiento conducida por José Gordon, a transmitirse los martes a las 19:00 horas (repetida los jueves a las 17:00 horas). Es una invitación "a descubrir la belleza de la inteligencia y de la mente abierta y crítica". Hoy, La oveja eléctrica incluye una entrevista con el Premio Nobel de Física 2006, un científico que explora la teoría del Bing Bang y el origen del universo. Como colaborador de Reforma, Gordon escribe El cuaderno verde, una columna que puede leerse en las páginas de cultura de este diario. Ya había participado en el 22 con el memorable noticiario que, por la hora de su transmisión se llamó 9:30, con la participación de Myriam Moscona, poeta y periodista que también tendrá su lugar en La oveja eléctrica.

Correo electrónico: miguelangel@granadoschapa.com

Gubernamental lavado de dinero

PLAZA PÚBLICA
Miguel Ángel Granados Chapa.

3 Sep. 07.

Al dispersar por el mundo el numerario requisado en la casa de Zhenli Ye Gon, y sobre todo al decretar que es propiedad del gobierno sin que mediara juicio como lo demanda la Constitución, y al distribuirlo, se ha hecho entrar aquellos recursos en el circuito legal del dinero.

Podría ocurrir que el jueves pasado el Consejo de la Judicatura federal, órgano del Poder Judicial de la Federación, se hubiera convertido en cómplice del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, comúnmente conocido como lavado de dinero, al igual que hace más de un mes lo hicieron la Secretaría de Salud y la mismísima Procuraduría General de la República que esta vez habría cometido un ilícito en vez de perseguirlo.

Se trata del dinero hallado en el domicilio de Zhenli Ye Gon, el 15 de marzo pasado. Una fortuna en dólares, euros y pesos mexicanos, que fueron "asegurados" por el Ministerio Público. La porción de esa riqueza denominada en la divisa norteamericana permaneció unos días en la PGR y después fue enviada al Banco Nacional del Ejército y la Armada.

Sin información pública al respecto, días más tarde los 205 millones de dólares en números redondos fueron remitidos a través del Banco Santander a Bank of America, que "los dispersó por la geografía del mundo". Nos preguntamos si al hacer ese depósito en un banco norteamericano que los hizo entrar en el circuito legal del dinero no se estaba lavando esa cantidad. Es que en eso consistió la operación de limpieza, en convertir numerario de procedencia ignorada, probablemente ilícita, en fichas de depósito a nombre del Banco de México.

Mientras se manipulaba de ese modo esa cantidad de dólares, la PGR puso en práctica el mecanismo para hacerse de dicho monto, ya no de esos billetes, que como se dice en la oración a San Miguel Arcángel son ahora semejantes a "los espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas". Conforme a los artículos 182-A y 182-B del Código Federal de Procedimientos Penales, en la segunda quincena de marzo el Ministerio Público federal debió notificar personalmente al presunto propietario de los bienes asegurados que de no manifestar en los siguientes 90 días lo que a su derecho conviniera, el dinero causaría "abandono a favor del gobierno federal".

Esa figura jurídica es, por decir lo menos, discutible, pues contraviene a las claras el principio de legalidad establecido en el artículo 14 constitucional, donde inequívocamente se afirma que "nadie podrá ser privado... de sus propiedades, posesiones o derechos sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho".

Puesto que en buen número de procesos en que hay bienes asegurados el gobierno federal debe devolverlos a sus tenedores, pues así lo determinan los jueces, dicen que con base en acusaciones mal hechas, se recurre a este subterfugio que pretendidamente exime de recurrir a la prolongada y azarosa vía judicial. Fallidos los intentos de notificar personalmente al interesado (porque había huido del país), intentos de que debió levantarse acta circunstanciada, la PGR procedió a hacer la notificación por edictos, posible sólo "cuando se desconozca la identidad y el domicilio del interesado", lo que no era el caso.

Además del Diario Oficial, se escogió para publicar los edictos correspondientes, el 4 y el 9 de abril, no "un diario de circulación nacional" como ordena el Código, sino El Sol de México, un cotidiano de, digamos, tenue presencia en el mercado periodístico de la Ciudad de México.

El propio Diario Oficial publicó el 18 de julio siguiente que, habiéndose cumplido la víspera los 90 días previstos y no habiendo manifestación del interesado, el gobierno federal resultaba dueño de la fortuna hallada en el domicilio de Zhenli Ye Gon, que estaba prófugo entonces pero sería detenido el 23 de julio siguiente en Maryland, para ser juzgado por delitos cometidos en territorio norteamericano.

De inmediato, la Procuraduría Fiscal de la Federación, que apareció en el escenario como titular de esos recursos, no obstante que correspondían al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), procedió a distribuirlos en porciones iguales a la Secretaría de Salud, la PGR y el Consejo de la Judicatura federal.

A cada dependencia correspondieron 68 millones 715 mil 129.08 dólares; 67 mil 213 euros, y 5 millones 851 mil 813.26 pesos.La transferencia de esos recursos se hizo a través de la figura de donación que el SAE puede hacer, pero sólo "a favor de gobiernos de los estados, de los municipios o del Distrito Federal" pero no a oficinas dependientes del Ejecutivo y a un órgano del Poder Judicial de la Federación, como es el caso.

No obstante esa violación a la ley, y la más poderosa de que acaso se estuvieran practicando operaciones con recursos de procedencia ilícita (salvo que se considere que el apoderamiento de los bienes por el gobierno los había lavado), el órgano responsable de la administración judicial recibió las cantidades mencionadas y las depositó en el Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia, que depende del propio consejo.

Por las dudas, la donación fue sometida a examen de "las áreas jurídicas y de control interno" que el 30 de agosto "emitieron dictámenes favorables".El consejo precisó que, conforme a la ley orgánica del Poder Judicial federal, "sólo se puede hacer uso de los intereses que genere el capital donado", como si esa restricción eximiera del riesgo de estar operando recursos de procedencia ilícita.

Todo lo cual añade tufos a un caso que huele, y no a rosas, sino que por doquier despide malos hedores.

Editorial de La Jornada. La imposibilidad de los acuerdos.

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El exhorto calderonista a la construcción de acuerdos políticos entre su gobierno y la oposición llegó a su clímax el domingo pasado por la mañana cuando, rodeado de incondicionales y en una ceremonia ajena a las disposiciones constitucionales, el titular del Ejecutivo federal dijo que “el tiempo se agota” para lograrlos y afirmó que “el país no puede estar permanentemente en estado de transición y reforma política”.
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Queda a los expertos en protocolo la tarea de dilucidar si el encuentro dominical en Palacio Nacional fue oficial, oficioso, extraoficial o privado, pero no hay duda de que se trató de un acto excluyente del que resultaron marginados buena parte de aquellos a quienes se supone destinatarios del exhorto mencionado. Difícilmente el monólogo de la autocomplacencia escenificado anteayer en la sede del Poder Ejecutivo podría, pues, impulsar los acuerdos que sin duda requiere el país.
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Por otra parte, resulta arduo imaginar al gobierno calderonista como interlocutor confiable en la construcción de políticas de Estado cuando falta a su palabra empeñada en pactos coyunturales mucho más elementales, como fue el que hizo posible la entrega del primer Informe de gobierno en el salón de plenos del Palacio Legislativo de San Lázaro. Allí, Felipe Calderón excedió los términos pactados de la ceremonia al pronunciar un breve, aunque improcedente llamado al diálogo, y la Presidencia de la República dejó fuera de la transmisión en cadena nacional la intervención previa de Ruth Zavaleta, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. El secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, negó que se hubiera tratado de un acto de censura y atribuyó la omisión a una “falla técnica”, pero después, en una medida evidente de control de daños, se destituyó al jefe del centro televisivo presidencial, medida que no tendría sentido si en verdad hubiese ocurrido la falla técnica.
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Más aún: los consensos entre las fuerzas políticas serán irrealizables en tanto no exista un diagnóstico compartido de la problemática nacional, y es patente que no lo hay: el documento entregado el sábado en San Lázaro y el discurso del día siguiente sugieren que la desigualdad, la miseria, las carencias del sistema de salud, el desempleo, la inseguridad, la corrupción y la impunidad –entre otras graves lacras nacionales– están, gracias a las acciones del actual gobierno, en vías de solución. Un corolario inevitable a semejante visión del país es que los acuerdos políticos no son necesarios y ni siquiera imprescindibles; desde la lógica de la autoexaltación calderonista, para tener un país democrático, equitativo, seguro, justo, respetuoso de la legalidad, soberano y desarrollado, bastaría con seis años de trabajo de la actual administración.
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A lo que puede verse, cuando el grupo en el poder llama a lograr acuerdos políticos, lo que en realidad está pidiendo es que el conjunto de la clase política lo reconozca como legítimo y acceda a los designios de privatización del sector energético, a la eliminación de las conquistas laborales contenidas en el artículo 123 constitucional y la Ley Federal del Trabajo, a la aplicación de impuestos adicionales en perjuicio de los más desfavorecidos y culminar el desmantelamiento de los servicios públicos de salud y educación emprendido desde el inicio del ciclo de administraciones neoliberales que todavía se abate sobre el país.
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Resulta un tanto insólito que el gobierno calderonista hable de la necesidad de diálogo con todas las fuerzas políticas en momentos en que realiza una restauración –así sea paródica y desprovista de fundamento legal– del viejo ritual presidencialista del primero de septiembre, y evoque la posibilidad de cambiar el país cuando muestra, en los hechos, que su único proyecto de nación consiste en profundizar las políticas antipopulares y excluyentes de sus antecesores. `
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Lejos de contribuir a su legitimación, estos dobles mensajes refuerzan la preocupante erosión de la institución presidencial.

LAS INSCRIPCIONES A LA UNIVERSIDAD VIRTUAL DE LA IV REPÚBLICA SIGUEN ABIERTAS

Como se especificó en la Convocatoria y como se estuvo anunciando en diversos sitios de Resistencia, el 2 de julio de 2007 comenzó sus actividades la Universidad Virtual de la IV República… Se explicaba en la invitación a formar parte de este Proyecto de Licenciatura en Medicina Homeopática que esta Modalidad Virtual permitiría que cada uno pudiese ir estudiando en los tiempos y al ritmo que le permitieran otras ocupaciones. Por tal razón la CONVOCATORIA E INSCRIPCIONES A ESTA UNIVERSIDAD ESTÁN PERMANENTEMENTE ABIERTAS y cualquier renegado o renegada puede iniciar su Proceso de Inscripción en cualquier momento…
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Como a veces la información o motivación sobre un asunto particular como este no llega a todos o fluye lenta, alrededor del día 2 de cada mes estaremos recordando esta Invitación Permanentemente Abierta a la Universidad Virtual de la IV República y volviendo a poner la Convocatoria con las direcciones para informarse e inscribirse a fin de que ustedes conozcan y compartan la información con sus familiares y amigos que buscan un México mejor…
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Cito aquí sólo un párrafo de la Convocatoria que podrán ver completa en http://universidaddela4arepublica.blogspot.com : "No tenemos dinero, ni edificios, ni 'nombres', ni padrinos especiales, ni respaldos empresariales, eclesiales o políticos. Pero tenemos algo mucho más importante y mejor que todo eso: Tenemos sueños. Tenemos principios y convicciones superiores. Estamos seguros de triunfar en nuestros honestos y nobles propósitos y nos sentimos profundamente orgullosos de nuestros esfuerzos y de nuestra humilde colaboración en la construcción de la IV República"…
¡Un abrazo a todos!
Álvaro, ciudadano de la IV República
Toda la información sobre la Universidad Virtual enhttp://universidaddela4arepublica.blogspot.com
En la columna a la izquierda de esta página podrás encontrar rápidamente la Convocatoria Completa o cualquier otro tema de tu interés...

CONVOCATORIA

La Universidad VIRTUAL de la IV República abre a partir de esta fecha sus INSCRIPCIONES a la Licenciatura en Medicina Homeopática en su Modalidad Personalizada y sin horario fijo, para el período 2007-¡?:

Forma de Inscripción: El Proceso de Inscripción comienza con un mensaje al correo electrónico universidaddela4arepublica@gmail.com proporcionando tus datos generales COMPLETOS (nombre, edad, escolaridad, lugar de residencia, domicilio y teléfonos, trabajo, estado civil y familia con quien vives, fecha de cumpleaños, religión –si perteneces a alguna-, fotografía, etc.) y explicando las razones que te hacen decidir estudiar esta Licenciatura en Medicina Homeopática y escoger esta Universidad... LAS INSCRIPCIONES PERMANECERÁN ABIERTAS EL TIEMPO QUE SEA NECESARIO.

Requisitos de la Inscripción: 1) Formar parte de la lucha por un México más justo y democrático, especialmente a través del Movimiento hacia la Cuarta República encabezado por Andrés Manuel López Obrador, Presidente Legítimo de México, o comenzar a formar parte activa de esta lucha y/o este Movimiento (Explicar por escrito cómo, en el mensaje electrónico). 2) Saber leer y escribir. 3) Tener al menos 21 años. 4) Disponibilidad para 2 a 4 reuniones presenciales al año (acuerdos, exámenes, etc.) con todo el grupo en la sede de la Universidad en Pachuca, Hidalgo, México (señalar en el correo electrónico si hay esta disponibilidad)…5) Visitar y leer toda la información sobre esta Universidad contenida en el Blog
http://universidaddela4arepublica.blogspot.com, y expresar por escrito (en tu mensaje electrónico) que se ha ncomprendido la Filosofía Educativa de este Proyecto, así como su Programa y Metodología, y que al menos en lo fundamental se está de acuerdo con la Filosofía, el Programa y la Metodología…
Costo de la Inscripción: La Inscripción es completamente gratuita. Correspóndase con participación activa en favor de la lucha por un México más justo y democrático...
Costo de la Colegiatura: La Colegiatura es completamente gratuita durante toda la carrera. Correspóndase con dedicación al estudio y con la participación activa en favor del Movimiento hacia la Cuarta República...
Se aceptará una cooperación mensual voluntaria, decidida por cada estudiante, para apoyar las necesidades materiales, académicas y de hospedaje de los alumnos en cualquier campus de esta Universidad en la República mexicana…
Periodicidad de la Enseñanza: A cada alumno debidamente inscrito se le permitirá el acceso al Blog "Universidad Virtual de la IV República" y comenzará sus estudios cuando lo decida, y avanzará al ritmo que le permitan su interés y capacidades y el tiempo que pueda dedicar a su proceso de enseñanza-aprendizaje…
Inicio de Cursos: A partir del Lunes 2 de julio de 2007 comenzarán a postearse los contenidos educativos básicos para la Enseñanza de la Medicina Homeopática, en el Blog al que se dará acceso a cada estudiante debidamente registrado. Allí mismo iremos explicando la Metodología e indicando los estudios, investigaciones, trabajos y prácticas que se vayan requiriendo para la asimilación adecuada de los contenidos educativos…
En ese mismo lugar se indicará la manera en que se comenzará a tener una comunicación personalizada con alguno de los Compañeros-Guías (maestros) de la Universidad, el cual le irá asesorando y apoyando, a su propio ritmo y conforme a su propia manera de ser y de estudiar, en su proceso de Enseñanza-Aprendizaje…",
http://universidaddela4arepublica.blogspot.com, y expresar por escrito (en tu mensaje electrónico) que se ha comprendido la Filosofía Educativa de este Proyecto, así como su Programa y Metodología, y que al menos en lo fundamental se está de acuerdo con la Filosofía, el Programa y la Metodología…

Costo de la Inscripción: La Inscripción es completamente gratuita. Correspóndase con participación activa en favor de la lucha por un México más justo y democrático...

Costo de la Colegiatura: La Colegiatura es completamente gratuita durante toda la carrera. Correspóndase con dedicación al estudio y con la participación activa en favor del Movimiento hacia la Cuarta República... Se aceptará una cooperación mensual voluntaria, decidida por cada estudiante, para apoyar las necesidades materiales, académicas y de hospedaje de los alumnos en cualquier campus de esta Universidad en la República mexicana…

Periodicidad de la Enseñanza: A cada alumno debidamente inscrito se le permitirá el acceso al Blog "Universidad Virtual de la IV República" y comenzará sus estudios cuando lo decida, y avanzará al ritmo que le permitan su interés y capacidades y el tiempo que pueda dedicar a su proceso de enseñanza-aprendizaje…

Inicio de Cursos: A partir del Lunes 2 de julio de 2007 comenzarán a postearse los contenidos educativos básicos para la Enseñanza de la Medicina Homeopática, en el Blog al que se dará acceso a cada estudiante debidamente registrado. Allí mismo iremos explicando la Metodología e indicando los estudios, investigaciones, trabajos y prácticas que se vayan requiriendo para la asimilación adecuada de los contenidos educativos… En ese mismo lugar se indicará la manera en que se comenzará a tener una comunicación personalizada con alguno de los Compañeros-Guías (maestros) de la Universidad, el cual le irá asesorando y apoyando, a su propio ritmo y conforme a su propia manera de ser y de estudiar, en su proceso de Enseñanza-Aprendizaje…

Aval de estos estudios: No buscaremos ni aceptaremos títulos ni acreditaciones de ninguna de las viejas instituciones (SEP o Registro de Profesiones o lo que sea) a las cuales nosotros consideramos ilegítimas, especialmente a partir del Fraude Electoral del 2006… Si lo que usted busca es un Título y una Cédula Profesional que amparen estas "instituciones" nosotros no le podremos ayudar... Un "título" con "validez oficial", según estas "instituciones" que sólo sirven a los intereses de los ricos y poderosos no nos interesa y no lo ofreceremos a nuestros estudiantes...
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Nosotros hemos ofrecido enseñar medicina y buscar (no sabemos si lo conseguiremos) el aval del Gobierno Legítimo encabezado por el Presidente López Obrador y por la Secretaria de Educación, Ciencia y Cultura que encabeza Raquel Sosa, como parte del Gobierno Legítimo que formamos todos los mexicanos que reconocemos a este Gobierno y desconocemos al espurio... Pero aún en esto lo importante es lo primero: enseñar medicina, capacitar en la ayuda a los enfermos a quien no tiene acceso a otra institución, pública o privada…
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No nos interesan los "papelitos" ni las "acreditaciones" ni pedimos "permiso" para ayudar a los más pobres que no tienen acceso a la "verdadera medicina" ni oficial ni privadamente... Queremos enseñar y aprender, no para lucrar sino para servir y eso no tiene precio ni requiere permiso ni aval de nadie. Esto es -o debiera ser- un derecho de cualquier ciudadano: aprender para servir a todos, especialmente a los más necesitados. Es esto lo que nosotros ofrecemos. No más, pero tampoco menos...
"DUC IN ALTUM" (Ve más lejos, ve más alto, ve más profundo)
Pachuca, Hgo., Julio de 2007
_____________________________ _____________________________ _______
Dr. Álvaro Sierra Máyer (Rectoría)
Dra. Ma. del Carmen Vega Gress (Administración

La reformita electoral


La Jornada, sábado 1 de septiembre de 2007
John M. Ackerman
ackerman@servidor.unam.mx
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La propuesta de reforma constitucional presentada de manera sorpresiva en el último día de la gestión de Manlio Fabio Beltrones como presidente de la comisión ejecutiva para la reforma del Estado no responde a las demandas ciudadanas ni atiende de fondo las graves carencias en materia electoral. Esperábamos una reforma histórica que ayudara a rencauzar nuestra democracia, tan agraviada por la impunidad, la simulación y la falta de legitimidad. A cambio se nos ofrece una propuesta reducida, que deja fuera los asuntos medulares.
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Quizá lo más preocupante sea la rotunda resistencia de los legisladores para detener el cada vez más abundante flujo de recursos que llevan nuestros impuestos a las arcas de los grandes consorcios televisivos. Al parecer seguiremos con el régimen de costumbre en que el dinero y las “buenas relaciones” con las televisoras decidirán la suerte de los candidatos.
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La propuesta de Beltrones no reduce en lo absoluto el financiamiento anual para las actividades ordinarias de los partidos, sólo se limita a reducir el financiamiento adicional que se les otorga en años electorales. Lo que tal reducción provocará, si no se transforma de fondo el régimen de contratación de medios, es la búsqueda desesperada por parte de candidatos y partidos de fuentes alternas de financiamiento. Los narcotraficantes, sin duda, estarán muy complacidos con la oportunidad de llenar el vacío que súbitamente se les abre.
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Del mismo modo en que los legisladores y los partidos mostraron su indigna subordinación ante los grandes consorcios mediáticos con la aprobación de la ley Televisa, hoy también se niegan a enfrentar el poder fáctico de la gran pantalla. Nuestros políticos tampoco se atreven a enfrentar la intervención indebida del sector privado en las campañas electorales. El código electoral ya prohíbe de manera explícita los donativos de empresas mercantiles y la contratación de propaganda de parte de terceros. El problema no era la ausencia de prohibiciones, sino de sanciones explícitas, argumento que ha sido esgrimido por el IFE, el tribunal electoral y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) para justificar su total pasividad frente a graves violaciones que se cometieron en el proceso electoral pasado.
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Con la reforma se abre la posibilidad de que el IFE pueda sancionar económica o administrativamente a las “personas físicas o morales”, además de que se anula el llamado secreto fiscal. Esto podría implicar un avance si la ley secundaria reglamentara estas facultades con toda precisión. Sin embargo, la propuesta deja totalmente fuera la aplicación de sanciones penales a los actores privados que violen la ley. Como bien sabemos, la amenaza de algunas multas aquí o allá nunca detendrá las ambiciosas tendencias de los grandes intereses económicos del país. La cárcel, en cambio, sería un desincentivo más efectivo.
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Los integrantes de la comisión ejecutiva para la reforma del Estado también han mostrado su total falta de compromiso con la ciudadanía, al dejar completamente intacto el actual proceso de nombramiento de los consejeros electorales a partir de las propuestas de grupos parlamentarios. Tal procedimiento garantiza que los nuevos funcinarios deban sus puestos de manera directa a uno u otro partido. Por muy “ciudadano” que sea su perfil, los nuevos consejeros estarán marcados de origen.
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Otras propuestas sumamente preocupantes son la cancelación de la posibilidad de anular comicios por la vía “abstracta”; la eliminación de la facultad de la Corte para investigar de oficio “la violación del voto público”, y la ausencia de algún pronunciamiento con respecto a la autonomía de la Fepade.
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Los partidos seguramente anunciarán que el plan es arreglar estos y otros problemas a la hora de aterrizar las reformas constitucionales en la ley electoral. Pero la historia nos enseña que tales afirmaciones son poco más que una cortina de humo. En 1989, en aras de conseguir el apoyo del PAN para la reforma constitucional, los legisladores del PRI firmaron una “carta de intención” en la que se comprometían formalmente con el contenido de la ley secundaria. El tricolor tardó menos de tres meses en desconocer el contenido de la famosa carta.
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En 1996, después de meses de negociación y una reforma constitucional aprobada por consenso, el PRI, sorpresivamente, cambió de postura y aprobó por la libre la nueva versión del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Eso permitió que de última hora el monto del financiamiento público para los partidos se quintuplicara, que los candados para evitar que militantes fueran al mismo tiempo funcionarios electorales se desvanecieran, que el alcance de las coaliciones se acotara, que la fórmula para distribuir los tiempos oficiales se modificara por completo, y que las penalizaciones por la violación de topes de campaña se atenuaran de forma importante.
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Estamos en una coyuntura crucial. Lo que no se incluya en la actual reforma constitucional muy difícilmente se podrá incorporar mañana. Más vale que los legisladores rectifiquen hoy, en lugar de lamentar durante años las grandes oportunidades perdidas en aquel otoño de 2007.
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Integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM