viernes, marzo 05, 2010

34 Aniversario de la RASD


Momento grato en compañía de los miembros y simpatizantes de AMARAS

http://www.mexicoporelsahara.org

El pasado 3 de marzo del 2010,se conmemoró el trigésimo cuarto aniversario de la proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) en el Club de Periodistas, en el centro histórico de la ciudad de México. Asimismo, se celebró el trigésimo aniversario de las relaciones diplomáticas entre México y la RASD, y el quinto aniversario de la Asociación Mexicana de Amistad con la República Árabe Saharaui (AMARAS).
Al acto, que duró desde las 13:00 hasta las 15:30 horas, asistieron alrededor de doscientas personalidades del Gobierno, el Senado, la Cámara de Diputados, el Cuerpo Diplomático acreditado en México, el mundo de la Cultura, de la Educación y miembros de AMARAS.

La inauguración fue llevada a cabo por el Senador Salomón Jara, Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores – África del Honorable Senado de la República; el periodista Virgilio Caballero, Presidente de AMARAS, y el Ministro Consejero Encargado de Negocios de la República Árabe Saharaui en México, Ahmed Mulay Alí.

Las intervenciones destacaron, además de las conmemoraciones correspondientes, los acontecimientos actuales de la lucha saharaui e hicieron hincapié en la grave precariedad de los derechos humanos en los territorios saharauis ocupados.


DENUNCIA POR LOS PERMISOS A LA SIEMBRA DE MAÍZ TRANSGÉNICO



¿TRANSGÉNICOS? NO, GRACIAS


DENUNCIA POPULAR ANTE LA PROFEPA POR LOS PERMISOS A LA SIEMBRA DE MAÍZ TRANSGÉNICO EN MÉXICO

Basados en los dictámenes de bioseguridad vinculantes emitidos por la Semarnat y los permisos autorizados por la Secretaría de Salud, firmada por Grupo de Estudios Ambientales, Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, Greenpeace México, Centro de Investigación y Capacitación Rural, Semillas de Vida, Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de

Productores del Campo, El Poder del Consumidor, así como Elena Álvarez-Buylla, Eckart Boege, Antonio Turrent, Álvaro Salgado, Elena Lazos, Alejandro Nadal, Carlos Ávila Bello, Rodrigo Gutiérrez, Cristina Barros, Marco Buenrostro y Mayra Carrillo.

Se trata de un proceso abierto en el que otras organizaciones y personas ya han manifestado su interés por sumarse o presentar la denuncia directamente a la Profepa.

Con las regulaciones en bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (OGM) impuestas por el gobierno mexicano y los 24 permisos recién autorizados para que las corporaciones Monsanto, Dow Agroscience y Phi México inicien la siembra experimental de maíz transgénico en Sonora, Sinaloa, Chihuahua y Tamaulipas, México como centro de origen y diversificación continua del maíz se encuentra en una situación de total vulnerabilidad para proteger tan importante planta en la vida del pueblo mexicano y para la alimentación mundial.

La lucha por un verdadero régimen de protección para el maíz que prohíba la siembra de maíz transgénico y su entrada al país, se ha dado desde diversos espacios y ámbitos. Centenares de comunidades, organizaciones campesinas e indígenas, sociales y civiles, científicos independientes y cientos de miles de ciudadanos han manifestado de múltiples maneras su rechazo al maíz transgénico, a lo largo de la última década.

“Como parte de este proceso y con fundamento en los Artículos 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 189 y siguientes de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente; 118, 119 y 134 del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, entre otros, hoy presentamos la Denuncia Popular en contra

de los actos de las autoridades que señalamos como responsables: las secretarías de Agricultura, de Medio Ambiente y de Salud han cometido actos violatorios de la normatividad en material ambiental, de bioseguridad y de vida silvestre, entre otros, afectando cuestiones de orden público e interés social”, explican los denunciantes en el texto entregado a la Profepa.

“Aportamos las pruebas científicas que evidencian la situación de riesgo o amenaza de contingencia ambiental que implica la siembra de maíz transgénico en México, poniendo en peligro inminente la integridad de varios ecosistemas y agroecosistemas y su biodiversidad, en particular de las razas y variedades de maíz y sus parientes silvestres. Las autoridades están propiciando daños ambientales irreversibles, violan el Principio de Precaución contenido en

diversos tratados internacionales firmados por el gobierno mexicano, así como varios derechos y garantías individuales y colectivos del pueblo de México y, en particular, de los pueblos campesinos e indígenas y agricultores”, dijo Alma Piñeyro del Instituto de Ecología de la UNAM y de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad (UCCS).

También denunciaron la simulación de “bioseguridad” que intentan impulsar a través de las zonas restringidas para la siembra de maíz transgénico previstas en la Ley de Bioseguirdad (Zonas Libres de Transgénicos, Centros de Origen, Centros de Diversidad y Áreas Naturales Protegidas). Y demandan la creación de un Régimen de Protección Especial para el Maíz que determine al territorio nacional como centro de origen y diversificación continua con el fin de ser protegido integralmente, como unidad territorial donde existen infinidad de registros y procesos vivos de creación y diversificación continua del maíz, así como de flujos tradicionales de semillas. Un verdadero régimen de protección debe establecerse en base al Principio de Precaución, a la obligación de un sistema sui generis de bioseguridad para el maíz como cultivo originario y tomando en cuenta las Recomendaciones emitidas por la Comisión de Cooperación Ambiental de América del Norte en 2004.

“La Denuncia refleja el largo proceso de análisis de las políticas, las leyes y los reglamentos y las luchas legales que varios hemos emprendido; incluye la defensa de los derechos individuales, colectivos y del territorio, y se sustenta en numerosos estudios científicos independientes. Revela las múltiples trampas establecidas en el propio sistema "legal" impuesto al pueblo de México, para satisfacer los requerimientos de unas cuantas corporaciones

transnacionales, pues todos los permisos de siembra otorgados y las nuevas solicitudes que siguen llegando al Senasica, son de maíces patentados por las mismas, principalmente por Monsanto”, afirmó Catherine Marielle del Grupo de Estudios Ambientales (GEA AC).

“No debemos subordinar al interés comercial de unas cuantas corporaciones trasnacionales la legislación, los posibles riesgos a la salud de las personas, a la contaminación de uno de los acervos de germoplasma más ricos del mundo, de los ecosistemas y agrosistemas mexicanos. Con cara a las necesidades de alimentación del pueblo de México y ante la necesidad de aumentar la productividad en condiciones ambientales adversas que impone el cambio climático el país, se puede aumentar sustancialmente su producción con sus propios recursos genéticos sin la necesidad de recurrir a los monopolios comerciales de las transnacionales”, señaló el Dr. Eckart Boege, del Instituto Nacional de Antropología e Historia.

“El consumo nacional actual de maíz es de 32 millones de toneladas anuales, de las que 10 millones se importan del mercado internacional, el cual contiene más de 50% de grano transgénico. No es necesario recurrir a la tecnología de maíz transgénico y a la importación de grano para corregir este déficit. Hay evidencias de que el campo mexicano tiene la capacidad potencial de producir más de 57 millones de toneladas anuales de maíz con tecnologías no transgénicas, si se aprovecha racionalmente sus recursos, entre los que se cuenta a la mega

diversidad en maíz, la mega diversidad en fauna insectil benéfica, la notable disponibilidad de agua dulce y ciclo agrícola de invierno, ambos inexplotados en ocho estados del Sur-Sureste del país, y la significante reserva de tierras de labor, ampliamente subexplotada en el sistema de ganadería extensiva”, destacó el Dr. Antonio Turrent, miembro de la UCCS.

“Esta denuncia ambiental es fruto de una construcción colectiva y plural, entre científicos, organizaciones y expertos en leyes. Reúne una información valiosa para seguir impulsando acciones de defensa legal y profundizar en la reflexión. Invitamos a todos los interesados a conocerla y apoyarla, con el fin de lograr que las autoridades retrocedan en su afán de priviliegiar a los intereses corporativos y reinstalen la moratoria a las siembras a campo abierto de maíz transgénico en el territorio nacional, así como a la entrada de maíz transgénico en grano o en semillas híbridas contaminadas. La Profepa está obligada a responder si acepta el estudio de la Denuncia dentro de los próximos 10 días”, concluyó C. Marielle.

Nota: La Denuncia Popular puede consultarse y firmarse en: www.gea-ac.org

Para mayor información comunicarse con: Dra. Elena Álvarez-Buylla: Laboratorio de Biología Molecular del Instituto de Ecología de la UNAM y Coordinación de la UCCS - Tel. 56 22 90 13.

Catherine Marielle: Programa Sistemas Alimentarios Sustentables de GEA AC: geasas@laneta.apc.org - Tels. 56 19 28 92 y 56 17 90 27





Jornada de Mujeres Socialistas


A las mujeres de México y del mundo

A los organismos defensores de los derechos humanos
A los medios de comunicación nacional e internacional
a las organizaciones democráticas e independientes

Al pueblo en general

En el Marco de LA JORNADA NACIONAL DE MUJERES SOCIALISTAS: VOCES E HISTORIAS CONTRA EL OLVIDO Y LA IMPUNIDAD como parte de la conmemoración del DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER, El Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) emite el siguiente pronunciamiento político:

Nos enteramos de la lamentable noticia, que el escritor Carlos Montemayor ha muerto; ser humano que se suma la pérdida de personalidades de extraordinaria calidad humana. Los Integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) nos sumamos en estos momentos dolorosos al sentir de su familia, esposa, y hermanos; Queremos manifestar nuestro más sentido pésame, esta invaluable pérdida nos afecta a todos los mexicanos, a todos los oprimidos de México y el mundo.

No olvidamos su solidaridad, su participación en la Jornada Nacional contra el Olvido, Por la Presentación con vida de los Detenidos-Desaparecidos, sus palabras nos evocan su recuerdo, su denuncia ante los crímenes de Estado, ante la violencia de Estado, su denuncia por la corrupción creciente a todos los niveles, de la política criminal del régimen capitalista con un gobierno de ultraderecha.

Las condiciones en que vivimos son insostenibles e intolerables, el gobierno ilegitimo avanza a grandes pasos hacia el fascismo, la violencia de Estado se funde con la violencia criminal, esto reclama instaurar en nuestro país un verdadero y justo Estado de Derecho, con un claro respeto por los derechos humanos.

El hecho de que se declare que el Ejército es ya policía nacional y que exija una reforma jurídica para justificar sus abusos, que en varios Estados llegan hasta el asesinato o el cometido de crímenes de lesa humanidad, significa la implantación anticonstitucional de un estado de facto, motivo suficiente para impulsar la reflexión política, que en la práctica nos permita encontrar con la participación de todas las fuerzas políticas una alternativa de naturaleza popular, que nos permita acabar con la miseria, con la entrega de los recursos energéticos, naturales y humanos de nuestro país al extranjero.

La impunidad que se desplaza por todo el territorio nacional, como estrategia gubernamental, que encubre la responsabilidad del aparato policiaco-militar en los crímenes cometidos en contra de los luchadores sociales y defensores de los derechos humanos como el asesinato de la sra. Josefina Reyes Salazar, en Ciudad Juárez, Chihuahua-, la desaparición y ejecución de Fermín Mariano Matías -estudiante universitario de Puebla-, así como las desapariciones forzadas de los luchadores sociales Gabriel Alberto Cruz Sánchez, Edmundo Reyes Amaya, Francisco Paredes Ruiz, Lauro Juárez y las hermanas Triquis Daniela y Virginia Ortiz, entre otros.

El despido masivo de trabajadores como política de Estado en contra de la clase trabajadora, además de pretender destruir a los sindicatos combativos e independientes opositores a la política neoliberal del régimen de ultraderecha, significa condenar a la miseria, a la precariedad y al desempleo a millares de familias, como sucede con los trabajadores del SME y Cananea.

La política agraria que aplica el gobierno de Felipe Calderón pretende aniquilar las débiles estructuras agrarias que fueron logros de la revolución de 1910-17, el ejido y la propiedad comunal son destruidos por la reformas y modificaciones a las leyes que amparaban el régimen agrario; dicha política se concreta en el despojo de tierras comunales como sucede actualmente con la Comunidad Tabiquera La Loma de Uruapilla –quienes fueron despojados de sus 97 HAS de tierra, por el grupos empresariales La Organización Ramírez y Los Medina-, así como las continuas agresiones que sufre la comunidad indígenas de Óstula, quienes por haber recuperado sus tierras son objeto de asesinatos y represiones de todo tipo que incluyen prácticas de desaparición forzada, como sucede con los casosrecientes de la detención-desaparición del regidor del Municipio de Aquila Javier Martínez Robles y del profesor Gerardo Vera. En el municipio de Los Reyes, en la comunidad de la Zarzamora continua en calidad de detenido-desaparecido el profesor de Educación Indígena José Trinidad Alonso Martínez.

Las condiciones de explotación y opresión hacia la mujer no han cambiado con los gobiernos panistas, continúan con la misma política de anulación de los derechos de la mujer. La discriminación, la anulación de sus derechos sociales y políticos e incluso la libertad que tiene la mujer a decidir sobre su cuerpo es anulada con la criminal ley antiaborto, decenas de mujeres son asesinadas por luchar y defender los derechos humanos y constitucionales, entre las que podemos mencionar dejándonos su herencia de lucha Humberta Hernández Tovar, Orfa Bohórquez, Norma Corona Sapiens, Digna Ochoa y la más reciente Josefina Reyes Salazar.

Permitir que continué gobernando un funcionario como Felipe Calderón es condenar al pueblo de México a ser víctima de la militarización, de las mafias de todo tipo que son ya naturaleza de un Estado que ya no es funcional, que a estas alturas esta provocando la intervención policiaco-militar del gobierno norteamericano.

Permitir que el Ejército legalice sus prácticas represivas es darle sustentación jurídica al terrorismo de Estado, que pretende imponer el gobierno de Felipe Calderón al pueblo de México, mediante sus diez iniciativas de reforma política, que no son más que otra forma de elevar a rango constitucional la reelección de funcionarios perjudiciales a los intereses del pueblo.

La alternativa ante esta situación insostenible es avanzar en el proceso de unidad, para detener la represión como política Estado hacia todo movimiento popular e independiente que condena al pueblo a la miseria, hambre y desempleo. Por esta razón hacemos un llamado a las organizaciones democráticas e independientes, a los periodistas, personalidades comprometidas con la lucha de los derechos humanos del pueblo a sumar esfuerzos en esta JORNADA NACIONAL DE MUJERES SOCIALISTAS: VOCES E HISTORIAS CONTRA EL OLVIDO Y LA IMPUNIDAD, del 05 al 08 de marzo, del presente año, en el marco del DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER.

PROGRAMACIÓN

Viernes 05 de marzo

Mesa redonda: “la mujer en la lucha popular ante la militarización y los crímenes de lesa humanidad”

Participan:

Patricia Montreal (periodista de la redacción Cambio de Michoacán)

Prof. Ma Dolores Morales Olmos (Jefa del Departamento de preescolar de la Dirección de Educación Indígena)

Prof. Lidia Yolanda Lucas Esquivel (Técnico “C” de la Sección XVIII de la CNTE-SNTE)

Lic. Blanca Estela Oseguera Torres (Comisión Jurídica de la OCIP-RFM-FNLS)

La Unión de Mujeres “Humberta Hernández Tovar”

Rosalinda Santis (FNLS-Chiapas)

Frente Estatal Juvenil Estudiantil

Lugar: Museo del Estado, en Morelia, Michoacán

Hora: 17:00

Sábado 06 de marzo

Mesa redonda: la mujer ante la desaparición forzada y las violaciones a los derechos humanos”

Participan:

Lic. Ada Elena Guevara Chávez

(Visitador Regional Morelia de La Comisión Estatal de Derechos Humanos)

Dra. Mª Guadalupe Calderón Medina

(Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso Local)

C. Nadín Reyes Maldonado

(Comité de Familiares de Detenidos-desaparecidos “Hasta Encontrarlos”)

Lugar: Casa Natal de Morelos, en Morelia, Michoacán

Hora: 17:00

Danza contemporánea: grupo anverso

Lugar: Casa Natal de Morelos.

Hora: 19:00 horas

Domingo 07 de marzo

Foro de denuncia: “La mujer en lucha popular ante la militarización y los crímenes de lesa humanidad”

Lugar: Plaza Benito Juárez.

Hora: 10:00

Lunes 08 de marzo

Marcha-mitin: del Monumento Lázaro Cárdenas a Palacio de Gobierno

Hora: 10:00

ATENTAMENTE

¡Por la presentación con vida de los detenidos- desaparecidos por el régimen!

¡Por la libertad de todos los presos políticos y de conciencia en el país!

¡Ni perdón, ni olvido, castigo a los responsables del asesinato de la defensora de los derechos humanos Josefina Reyes Salazar!

¡Por la unidad Obrero, Campesino, Indígena y Popular!

Frente Nacional de Lucha por el Socialismo



Desde Sonora

NO HAY CALIDAD CUANDO HAY SUBROGACIÓN

05 de Marzo, 2010 – SDP Noticias

El jueves, en el Centro de las Artes de la Universidad de Sonora, se llevó a cabo la mesa “Seguridad social y guarderías” que contó con la presencia del especialista en seguridad social, Gustavo Leal, los padres agrupados en el Movimiento 5 de Junio y en la organización Salud y Justicia, y la organización Sonora Ciudadana. El evento fue celebrado en el marco del seminario permanente “De la ABC a la Z, por una infancia segura”.


El doctor Leal hizo un breve repaso sobre los orígenes del esquema de subrogación, iniciado durante el gobierno de Miguel de la Madrid y profundizado durante los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón. Acusó al exdirector del IMSS, Santiago Levy, de ser el principal autor del diseño del contrato de subrogación y su negativa a crear más guarderías bajo el régimen ordinario. El ponente comentó que Levy, en 2003, modificó unilateralmente el contrato distorsionando las condiciones de trabajo de los empleados de las guarderías y delegando en los municipios la protección civil. Leal reveló que durante una reunión con Fox, el entonces director del IMSS le dijo que la subrogación era “el modelo más barato y voy a triplicar la cobertura”, a lo que el presidente dijo “adelante”.


Al hacer referencia sobre la probable responsabilidad de Juan Molinar Horcasitas, señalado por el informe preliminar de la Suprema Corte de Justicia, Leal afirmó que no podrá probar la legalidad del esquema subrogado y calificó como “medidas inútiles” la exigencia de una póliza contra accidentes y la vigilancia de las licitaciones por parte de Transparencia Mexicana de Federico Reyes-Heroles para presionar aún más a los prestadores de servicios a que brinden seguridad en sus instalaciones. Leal concluyó que la única manera para evitar accidentes como los de ABC era la cancelación del modelo subrogado: “Con este modelo sólo vamos a seguir enfrentando tragedias, enriquecimiento e irresponsabilidad de todos los niveles de gobierno”.


Patricia Alonso, mamá de Andrés Alonso, tomó el micrófono para responsabilizar a Felipe Calderón Hinojosa por su negativa a reunirse con los padres afectados: “hasta ahorita se sigue escondiendo en las faldas de su mujer; valiente presidente que tenemos los mexicanos”,


Julio César Márquez, papá de Yeyé, reconoció que antes de la tragedia era un crítico pasivo que desde la comodidad de su hogar pensaba que los problemas del país los tenían que resolver otros: “incluso llegaba a criticar a los luchadores sociales… no esperen a que les pase lo que a nosotros para que exijan sus derechos… salgamos a las calles, véanse en nuestro espejo, exijan, griten, manifiéstense, no hagan lo que yo hice, no comentan ese error”.


Silvia Morales, madre de Ángel Dalí y representante de la organización Salud y Justicia, denunció las irregularidades en el expediente médico que le levantó el IMSS, donde se establece que tiene cinco hijos —cuando en realidad tiene sólo tres-, y que una tía suya padece síndrome de Down. Irónica, dijo que la institución tenía poderes de adivino porque diagnosticó a su madre con hipertensión en octubre, cuando se le detectaron hasta diciembre. Morales criticó severamente la ineptitud de los médicos que no están preparados para atender a los niños o les mandan hacer estudios sin tener los aparatos necesarios. Reveló que el grupo ha sido objeto de ofensas e insultos de parte del personal operativo del IMSS para que dejen de hablar, “que nuestros hijos están así porque no quisimos cuidarlos en nuestras casas”. La madre de familia fustigó al gobernador Guillermo Padrés porque no se ha reunido con ellos y sólo envió a Carlos Espinoza, representante del Jurídico, quien sólo les ofreció uniformes escolares y una beca cuyo monto desconocen hasta la fecha y los amenazó con prepotencia con el retiro de los beneficios a sus hijos si él así lo decidía.


Finalmente, Luis Villareal, padre de América Daniela e integrante del grupo, se quejó por la discriminación y la falta de atención que han sufrido los niños afectados por parte de las autoridades. Dijo que el IMSS les concedió una credencial de servicio vitalicio que supuestamente les permitiría recibir atención en cualquier parte del país y del extranjero, pero cuando llega a los hospitales le informan que el número de afiliación no existe. “Nos quisieron jugar el dedo en la boca”, expresó en tono amargo.


ACCIÓN URGENTE


AU: Abogada en peligro tras el homicidio de su compañero


Difusión Cencos México D.F., 5 de marzo de 2010

Acción Urgente
AI México

El abogado Ernesto Rábago Martínez fue asesinado por disparos en su oficina de la ciudad de Chihuahua, en el norte de México. Él y su compañera, Estela Ángeles Mondragón, habían sido amenazados y atacados anteriormente a causa de su trabajo para una comunidad indígena implicada en una disputa de tierras. Estela Ángeles Mondragón y su hija corren grave peligro.

Ernesto Rábago fue asesinado por disparos el 2 de marzo en la oficina que comparte con su compañera, Estela Mondragón. Los dos representaban a un grupo de indígenas rarámuri del poblado de Bakéachi, en el municipio de Carichí, estado de Chihuahua. Parte de la tierra en la que vive el grupo ha sido ocupada ilegalmente por hacendados. El 5 de febrero, un tribunal agrario ordenó que los hacendados abandonaran las tierras y las devolvieran a la comunidad indígena. Tanto Ernesto Rábago como Estela Mondragón han respaldado a “Bowerasa”, una organización benéfica creada para proporcionar servicios de salud, educación y jurídicos a la comunidad indígena de Bakéachi.

El 18 de febrero, la hija de Ernesto Rábago y Estela Mondragón recibió un disparo en el brazo mientras estaba sentada en su automóvil, aparcado en el garaje de su casa. Según Estela Mondragón, las autoridades no investigaron la posibilidad de que el ataque esté relacionado con el trabajo de los dos abogados. Antes de eso, Estela Mondragón había informado a las autoridades de que había recibido varias amenazas en relación con su trabajo y de que, el 28 de marzo de 2009, alguien había arrojado dos artefactos explosivos de fabricación casera contra la oficina de ambos, prendiéndole fuego. Pese a ello, no se adoptaron medidas de protección.
ESCRIBAN INMEDIATAMENTE, en español o en su propio idioma:

• pidiendo que Estela Mondragón y su hija reciban protección efectiva, en consulta con ellas y según ellas deseen;

• pidiendo que se lleve a cabo una investigación exhaustiva, inmediata e imparcial sobre el homicidio de Ernesto Rábago, cometido en Chihuahua el 2 de marzo, y que se incluyan en ella todos los posibles vínculos con su actividad profesional;

• recordando a las autoridades su compromiso de respetar y defender la Declaración de la ONU sobre los Defensores de los Derechos Humanos, que reconoce la legitimidad de las actividades de los defensores y defensoras de los derechos humanos y su derecho a llevar a cabo dichas actividades sin obstáculos ni temor a represalias.

Envíen llamamientos antes del 15 de abril de 2010 a:

Lic. Fernando Francisco Gómez-Mont
Secretario de Gobernación
Bucareli 99, 1er. piso, Col. Juárez,
Delegación Cuauhtémoc, México D.F.,
06600, MÉXICO
Fax: +52 55 5093 3414
Correo-e.: secretario@segob.gob.mx
Tratamiento: Sr. Ministro

Lic. José Reyes Baeza Terrazas
Gobernador del Estado de Chihuahua,
Palacio de Gobierno, 1er piso, C. Aldama #901, Col. Centro,
Chihuahua, Estado de Chihuahua, C.P. 31000, MÉXICO
Fax: +52 614 429 3300 (cuando se lo pida, marquen la extensión 11066)
Correo-e.: gobernador@chihuahua.gob.mx
Tratamiento: Señor Gobernador

Patricia González Rodríguez
Procuradora del Estado de Chihuahua
Procuraduría General de Justicia del Estado
Vicente Guerrero 616, Col. Centro
Chihuahua 31000, MÉXICO
Correo-e.:
pagonzalez@buzon.chihuahua.gob.mx
Tratamiento: Señora Procuradora General

COPIA A: Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, Av. Juárez 4107/B, Chihuahua, México, Correo-e.: accion@cedehm.org.mx y a la representación diplomática de México acreditada en su país. Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha antes indicada.
Información adicional

Los defensores y defensoras de los derechos humanos de México sufren amenazas, ataques, cargos penales de motivación política y encarcelamientos por encabezar protestas o por promover el respeto de los derechos humanos. El gobierno ha accedido a proporcionar medidas de protección a los defensores y defensoras en peligro, pero aún no ha elaborado un mecanismo para proporcionar protección efectiva y creíble en muchos casos. En particular, las investigaciones sobre las personas que se ocultan tras las amenazas y los ataques rara vez dan lugar al procesamiento de los autores; la impunidad es la norma en estos casos, y deja abierta la posibilidad de nuevos ataques. Para más información, consulten el informe más reciente de Amnistía Internacional: Exigiendo justicia y dignidad. Defensores y defensoras de los derechos humanos en México, http://www.amnesty.org/es/library/info/AMR41/032/2009/es.

Observatorio 'desarma' argumentos contra matrimonios de personas del mismo sexo


CENCOS

5 de marzo de 2010

Posicionamiento

Observatorio de Familias y Políticas Públicas

Posicionamiento del Observatorio de Familias y Políticas Públicas en relación al recurso de inconstitucionalidad impulsado por la Procuraduría General de la República contra las Reformas a los Códigos Civil y de Procedimientos Civiles del Distrito Federal del pasado 21 de diciembre de 2009, que modifican la definición del matrimonio civil.

Somos un grupo de profesionales de distintas especialidades, integrantes de organizaciones civiles y académicas, que desde hace varios años nos reunimos en el Observatorio de Familias y Políticas Públicas, interesados en propiciar una reflexión y un análisis crítico, plural, progresista, documentado y propositivo sobre el desarrollo e instrumentación de políticas públicas, programas gubernamentales, legislaciones, iniciativas y reformas de ley que tienen impacto sobre la situación social de las familias.

La propuesta que hemos impulsado desde el Observatorio es que las familias se conviertan en un lugar regido por el derecho y la justicia, manteniéndolo como un espacio para la intimidad, el afecto, el placer, el respeto y el desarrollo personal y colectivo, libres de cualquier forma de violencia.

Hemos estado pendientes del reciente debate en torno a los matrimonios de personas del mismo sexo –incluida la polémica sobre su derecho a la adopción de hijos e hijas–, derivado de las reformas a los Códigos Civil y de Procedimientos Civiles del Distrito Federal; y nos preocupan algunos planteamientos que cuestionan moral y jurídicamente el reconocimiento de la diversidad de arreglos familiares y su derecho a la protección y salvaguarda del Estado, en particular en el caso de las familias homoparentales.

Hoy, que entran en vigor esas reformas, es nuestro interés manifestar nuestra posición al respecto.

Las principales críticas y cuestionamientos a las reformas que permiten el matrimonio a personas del mismo sexo y su derecho a la adopción realizadas en la Ciudad de México, básicamente apelan a cuatro argumentos que revisamos a continuación:

· Primer argumento: La homosexualidad es una perversión psicológica o una forma de sexualidad antinatural que no puede ser validada ni promovida por las leyes, aunque se respete su existencia.

Frente a esto, recordemos que la American Psychiatric Association, con gran influencia en el mundo occidental mediante su manual de diagnóstico clínico (DSM), desde 1974 ha declarado que la homosexualidad no es una enfermedad psiquiátrica ni mental y que conforma una variante de las orientaciones e identidades sexuales existentes entre los seres humanos; esta evidencia científica ha sido ratificada en 1990 por la Organización Mundial de la Salud, OMS, al excluir la homosexualidad de la clasificación estadística internacional de enfermedades y otros problemas de salud, así como por múltiples asociaciones de psicología, psicoterapia, terapia familiar y otras instituciones de salud mental en el mundo y en México. Cualquier reconocimiento legal de sus derechos humanos confirma esta evidencia y protege su dignidad e igualdad, y no constituye imposición alguna para cualquier otra persona con orientaciones e identidades sexuales diferentes.

· Segundo argumento: El matrimonio siempre ha sido entre mujeres y hombres, pues se define por su función en la procreación y reproducción de la especie humana, por lo que es su esencia objetiva.

Sostenemos por el contrario, que el matrimonio es una institución socialmente construida que se creó y ha cambiado a lo largo de su historia; incluso actualmente su concepción varía entre diferentes regiones y culturas en el mundo, por lo tanto no tiene una “esencia objetiva” sino es producto de consensos sociales y culturales acordes a sus realidades históricas. La finalidad del matrimonio civil no ha sido la procreación ni la reproducción, sino la protección de los derechos de las parejas que decidan contraerlo y si así lo eligen, de su descendencia; por eso el estatus matrimonial no se condiciona a pruebas de fertilidad ni se cancela en parejas heterosexuales ancianas o estériles, que deciden no tener hijos/as o que no los han tenido luego de cierto tiempo. Las parejas homosexuales como las heterosexuales tienen derecho a contar con la protección legal de esta figura jurídica a fin de tener la libertad para elegirla.

· Tercer argumento: El matrimonio de personas del mismo sexo afecta el interés superior de la infancia pues expone a hijos e hijas biológicos o adoptados a confusiones sexuales y de identidad, problemas psicológicos y a una crianza inadecuada.

Al respecto, la investigación científica disponible en Estados Unidos, Canadá y Europa analizada por asociaciones de psicólogos y pediatras, ha mostrado de manera consistente que los progenitores homosexuales no se diferencian de los heterosexuales en cuanto a habilidades parentales, y que sus hijos/as no muestran ningún déficit en su desarrollo psicológico, afectivo o social, comparados con hijos criados por progenitores heterosexuales; tampoco han encontrado desventajas específicas, confusiones en la identidad de género o sexual atribuibles a la orientación sexual de sus padres o madres.

Asimismo, los estudios apuntan que los hijos/as de familias homoparentales se benefician al ser criados por progenitores que se encuentran dentro de una unión legalmente reconocida y con plenos derechos. En el caso de los matrimonios y uniones homosexuales, las experiencias de otros países señalan una mayor aceptación y respeto por el conjunto de la población, luego de ser reconocidas legalmente.

Finalmente los estudios concluyen que el desarrollo óptimo de los niños y niñas aparece más determinado por el tipo de relación que existe dentro de la organización familiar que por la estructura que lo conforma.

· Cuarto argumento: Los hijos e hijas de personas con progenitores homosexuales o en familias homoparentales estarán expuestos a burlas, sufrimiento y marginación por el estigma, la homofobia y la discriminación hacia sus padres o madres que prevalece en nuestra sociedad.

Ante esto afirmamos que la discriminación e intolerancia de cualquier persona o grupos de personas, no puede ser el argumento para restar derechos a nadie, como en este caso sería a las personas homosexuales de ejercer su paternidad o maternidad y en los hijos e hijas de estos, de su derecho a tener una familia jurídicamente protegida. Atender este razonamiento supondría un grave riesgo de establecer un precedente negativo que valide la discriminación “para ciertos casos”, lo cual es contrario a la convivencia democrática, los derechos humanos y el principio de no discriminación.

Consideramos que la homofobia social y todas las formas de discriminación presente en nuestras prácticas culturales deben ser contrarrestadas mediante políticas públicas que promuevan el respeto a la diversidad, la convivencia pacífica, la tolerancia, la igualdad y la no discriminación en México.

En este sentido, sostenemos que la insistencia de mantener una idea única de familia así como modelos estereotipados en las identidades hombre y mujer asociados a la orientación heterosexual como única natural, resulta discriminatoria de la diversidad social y de los arreglos familiares y de convivencia que caracterizan a nuestra sociedad, limita el alcance de las políticas públicas, despoja de responsabilidad a actores económicos y políticos en las tareas de cuidado de los seres humanos y mina el desarrollo afectivo y psicoemocional de las personas en las familias como sujetos plenos y titulares de derechos, en detrimento del proceso de democratización del país.

Con base en la vasta literatura sobre el tema y a partir de nuestra experiencia profesional, manifestamos que lo esencial en las familias son los vínculos y el tipo de relaciones que se tejen en ellas, y los valores para la vida democrática y ciudadana: libertad, solidaridad, equidad, respeto, igualdad y tolerancia. El asunto central es que se brinde afecto, seguridad, protección y oportunidades de crecimiento sano a todos sus integrantes. Por ende, reiteramos que debe respetarse la voluntad de unir afectos, esfuerzos y patrimonios, independientemente de que la familia esté constituida por padres o madres sin cónyuge, por una pareja de homosexuales, lesbianas o bisexuales, por personas unidas en segundas nupcias o integrada por diversas generaciones, con relaciones duraderas o temporales.

Por todo lo anterior, estamos convencidos que las reformas al Código Civil y de Procedimientos Civiles del Distrito Federal no vienen a crear una realidad sino a reconocerla; las parejas del mismo sexo existen y han existido siempre en nuestro país y en éstas o con personas homosexuales solteras o separadas ya conviven niños, adolescentes y jóvenes a su cargo y protección; y, por tanto, dichos cambios legales corrigen una discriminación previa existente y aseguran que las familias homoparentales también tengan certeza jurídica y acceso pleno a derechos, en beneficio de los menores de edad a su cargo y responsabilidad, tales como derechos sucesorios y de salvaguarda del patrimonio, de seguridad social, de acceso al crédito y de tipo migratorios, y de guardia y custodia, entre otros.

En este sentido, afirmamos que el recurso de inconstitucionalidad contra las Reformas a los Códigos Civil y de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, presentadas el 28 de enero pasado por la Procuraduría General de la República, no se sustenta en argumentos jurídicos, de derechos fundamentales o derechos humanos ni en el interés superior de la infancia, sino en razones que obedecen a los intereses de la alta jerarquía católica y los grupos de poder vinculados con ésta.

Finalmente, exhortamos a la ciudadanía, a las instituciones públicas, civiles, académicas y religiosas a no incitar la violencia social y a promover este debate en el marco del reconocimiento de la diversidad de arreglos familiares que prevalece en nuestro país, apegándose al carácter laico de las leyes y del Estado mexicano, que implican la no imposición de creencias religiosas o ideológicas a los ciudadanos, el respeto a la libertad de conciencia, la autonomía entre lo político y lo religioso y la no discriminación de personas o asociaciones.

Si desea adherirse al presente Posicionamiento, a nivel institucional o a título personal, favor de enviar sus datos antes del 26 de marzo, al correo: dayanobsfamilias@gmail.com

Ciudad de México, 4 de marzo de 2010

Observatorio de Familias y Políticas Públicas

Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social, INCIDE Social, A.C.; Católicas por el Derecho a Decidir, CDD, A.C.; Corazonar A.C.; Democracia Familiar y Social, DEMYFAS, A.C.; Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia, A. C.; Grupo de Información en Reproducción Elegida, GIRE, A. C.; Grupo Interdisciplinario sobre Mujer, Trabajo y Pobreza, GIMTRAP, A.C.; Instituto Latinoamericano de Estudios de la Familia, CAVIDA-ILEF, A.C.; Fundación Mexicana para la Planeación Familiar, MEXFAM, A.C.; Red por los Derechos de la Infancia en México A.C; Ririki Intervención Social, S.C.; Género y desarrollo, GENDES A.C.; Red de Apoyo a Grupos Vulnerables, A.C.; Beatriz Schmukler y Lourdes Roca del Instituto Mora, Guillermina Natera del Instituto Nacional de Psiquiatría y Olgalina Franco.

Contacto:

Sara Eny Curiel Ochoa
Subcoordinadora de Comunicación
Observatorio de Política Social y Derechos Humanos
Teléfonos: 55908754 y 55797413
Cel 0445537083893



toda tecnología tiene riesgos y beneficios; esto debe ser evaluado por los países.



Soslaya declaratoria oficial puntualizar la decisión soberana de las naciones sobre su uso
Esta reunión sobre biotecnologías era para los pobres, pero ellos no estaban: Pat Mooney
Los OGM no son 100 por ciento seguros, pero si un país los quiere utilizar, es su derecho: FAO
Foto
Foro alternativo del maíz en Guadalajara, JaliscoFoto Arturo Campos Cedillo
Angélica Enciso L.Enviada
Periódico La Jornada
 
Viernes 5 de marzo de 2010, p. 45

Guadalajara, Jal., 4 de marzo. Entre los acuerdos plasmados en el informe final de la Conferencia técnica internacional sobre biotecnologías agrícolas en los países en desarrollo de la FAO, se mantuvo promover el uso de alternativas biológicas, incluidos los organismos genéticamente modificados (OGM), en esas naciones para ayudar a reducir la pobreza y el hambre, así como la asociación entre los sectores privado y público para el intercambio de información y de metodologías.

En el texto no se menciona explícitamente que un grupo de trasnacionales está detrás de esos desarrollos y el reiterado planteamiento del propio organismo de que la adopción de ella es decisión de las naciones, indicó Pat Mooney, del Grupo ETC, quien participó en el comité organizador, al cual renunció hace unos días, y asistió al encuentro como observador.

En la sesión plenaria, al momento de la discusión del documento, tomó la palabra para exponer su preocupación porque desde la apertura de la conferencia se dijo que los países eran los que debían decidir sobre el uso de la biotecnología, pero esto no quedó señalado en los acuerdos, y aparecen una especie de órdenes de lo que deben hacer los países; además, no se marca la diferencia entre los distintos tipos de desarrollo.

El presidente de la conferencia, Jeffrey McNeely, agradeció la cachetada, pero precisó que los asistentes, alrededor de 300 delegados de los 60 países en desarrollo de África, Asia, América Latina y el Caribe, estaban de acuerdo con los términos en que se redactó el documento.

En el texto –resultado de cuatro días de sesiones– se señaló a los países que las políticas y unos marcos reguladores nacionales eficaces y propicios en el ámbito de la biotecnología pueden facilitar el desarrollo y el uso de biotecnologías apropiadas en los países en desarrollo. También indicó que la FAO y otros organismos internacionales deberían aumentar significativamente sus esfuerzos para apoyar el fortalecimiento de la capacidad nacional en el campo del desarrollo y uso apropiado de biotecnologías agrícolas orientadas a las necesidades de los pequeños agricultores y productores de los países en desarrollo.

Refirió que estas naciones deberían aumentar considerablemente las inversiones nacionales en el desarrollo y uso de las biotecnologías para apoyar, en particular, a los pequeños productores.

Lo que sí precisó, ante el reiterado señalamiento de que la biotecnologías no son sólo los OGM, es que ellas abarcan una amplia gama de herramientas y metodologías que se aplican en cierta medida en los cultivos, la ganadería, el sector forestal, la pesca, la acuicultura y la agroindustria.

En conferencia de prensa, a la pregunta de por qué no se precisó la decisión soberana de las naciones en la materia, Sivahi Pandey, director de Producción y Protección Vegetal de la FAO, dijo que esto sí ocurre y, según él, era suficiente el inciso d) del documento, donde se menciona: hay necesidad de una visión nacional clara del papel de las biotecnologías.

Agregó que ningún país tiene el derecho de decirle a otro lo que tiene que hacer; la FAO nunca ha dicho que los OGM son 100 por ciento seguros, pero si un país los quiere utilizar, es su derecho. Además, precisó que toda tecnología tiene riesgos y beneficios; esto debe ser evaluado por los países.

Pandey puntualizó que la FAO en sus políticas no apoya la biotecnología ni es la mejor solución para enfrentar el hambre.

Con 40 años de trabajo en conferencias de la FAO, Pat Mooney hizo una evaluación de la reunión: desde el principio no tenía altas expectativas, a lo que se redujo fue a una reunión de biotecnólogos que se juntaron y dicen: queremos más.

En entrevista dijo sentirse ofendido ante la constante referencia de que esto es algo para los pobres y para los pequeños productores. Es una conferencia dentro de la FAO donde se ha hablado mucho de ellos, pero no están aquí. No hay precedente, agregó, de que la FAO haya hecho una reunión en referencia a estos productores y estuvieran ausentes; ha habido otras conferencias donde han sido tomados en cuenta como observadores y han tenido espacios de participación.

El documento da las directivas de adónde tienen que ir los países; esto es avalar el uso de los transgénicos y a las empresas: con esta conferencia la FAO publicita los desarrollos de las trasnacionales, concluyó.



De La Jornada, 5 marzo 2010

 
Parálisis y deterioro
 
Víctor M. Quintana S.
 
No bastó la sangre de los jóvenes. A un mes de la masacre en Villas de Salvárcar, en Juárez, la respuesta gubernamental y la situación de seguridad en Chihuahua se resumen en dos palabras: parálisis y deterioro.
 
No han sido suficientes las visitas de Calderón. Tampoco las audiencias del gabinete federal en pleno ni la labor de los comisionados de Los Pinos, ni siquiera el traslado de facto del gobernador a la frontera. No se ha logrado elaborar un plan consensuado, integral, coherente y eficaz para lidiar con la violencia y la fragmentación social que corroen a este estado norteño.

A cuatro semanas del inicio de las mesas de trabajo, de los anuncios de espectaculares inversiones y gastos sociales, de la llegada de cientos de efectivos más a reforzar el operativo conjunto, el pesimismo cunde. No se ha aterrizado ningún presupuesto fuera de lo ordinario para programas de desarrollo social, atención a víctimas, recuperación de espacios públicos o prevención de adicciones. El gobierno federal trata de meter con calzador las demandas sociales al esquema de los programas ordinarios, con sus rígidas reglas de operación, mientras que, muy aparte, el gobierno del estado anuncia sus propias inversiones. Descoordinación de gobiernos; exclusión de la sociedad civil.

El ejemplo más palmario de la parálisis gubernamental lo da la mesa de derechos humanos. Aun cuando han fungido como interlocutores de las organizaciones sociales funcionarios de buen nivel de Segob y Sedena, los avances son nulos. Las y los derechohumanistas tienen que comenzar de cero en cada nueva sesión de trabajo. No hay voluntad política alguna para esclarecer las violaciones de garantías por parte de miembros de las fuerzas armadas ni mucho menos se da razón de los desaparecidos. Es el caso de los jóvenes José Ángel Alvarado Espinoza, Nitza Paola Espinoza y Rocío Espinoza, levantados por militares desde el 29 de diciembre en el ejido Benito Juárez, municipio de Buenaventura. Por más pruebas que se aportan, el Ejército siempre niega su participación en la desaparición forzada de los jóvenes y desconoce la existencia de militares plenamente identificados.

Ni siquiera en el aspecto más urgente de la situación, es decir, el de la inseguridad y la violencia, se ha mejorado, a pesar de las grandes declaraciones y programas como Todos somos Juárez, lanzados pomposamente desde arriba. La ola de asesinatos y delitos comunes no ha podido ser detenida. Peor aun, hay una metástasis de la inseguridad a todo Chihuahua. Basten sólo algunos datos:
Hace dos semanas fue asesinado el alcalde del importante municipio serrano de Guadalupe y Calvo, Ramón Mendívil Sotelo. La semana pasada se dio un intenso enfrentamiento entre Ejército y un grupo de sicarios en Jiménez, al sureste de la entidad. El sábado pasado, en la ciudad de Chihuahua, hubo otro intento de juvenicidio cuando un comando atacó a un grupo de estudiantes universitarios y de bachillerato mientras celebraban una fiesta, con saldo de un muerto y varios heridos. Continúan los secuestros, extorsiones y carjackings, es decir, robo de vehículos a mano armada.

Por si fuera poco, retornan las agresiones a activistas sociales. El lunes primero por la noche fue asesinado en su despacho Ernesto Rábago Martínez, compañero de la abogada Estela Ángeles, quien ha conducido con éxito la defensa jurídica de los derechos agrarios de las comunidades rarámuris de Bakeachi y Wawachérare, en el municipio de Carichí. Pocos días antes había sido herida de bala la hija de la abogada. Ambas agresiones, aunque se atribuyan oficialmente al crimen organizado, por la forma en que fueron perpetradas y el tipo de arma utilizada, puede pensarse que, más bien, proceden de los caciques regionales, cobijados en el ambiente de violencia e impunidad que vive el estado.

Mientras en la base de la sociedad, y en sus partes medias, las personas resienten todos los días el impacto de la violencia y de la inseguridad, las elites política y económica de Chihuahua se apelmazan. El mejor síntoma de la decadencia es que, ante la emergencia, no son capaces de articular una nueva orientada al interés general. Sus planteamientos son tan simplistas como ineficaces y sus actitudes no van más allá de asegurar la reproducción de su grupo de interés, de su negocio o de su familia. Cuando la situación exige creatividad, generosidad, audacia, compromiso con todos, no dejan de pensar más que en las manidas fórmulas para sacar provecho del barco que se hunde.

En este contexto, el fin de las precampañas para gobernador y la postulación o elección de los candidatos de los diferentes partidos se ve ajena, distante, divorciada de las angustias cotidianas del pueblo. En medio de esta normalidad democrática, lo que se votará el próximo 5 de julio es quién va a ser el ingobernador de Chihuahua.

In memoriam. Carlos Montemayor, estudioso y defensor de lenguas y de los pueblos que las hablan.

miércoles, marzo 03, 2010

Continúa la persecución al SME



Dictan auto de formal prisión a Domingo Aguilar, líder del SME en Nuevo Necaxa


Arturo Alfaro- El agente del Ministerio Público de la Federación obtuvo del Juez Noveno de Distrito en el estado de Puebla, el auto de formal prisión contra Domingo Aguilar Vázquez por su presunta responsabilidad en la comisión del delito de robo, con la agravante de haberse cometido contra un servidor público de la Comisión Federal de Electricidad.

Después del dictamen, el ahora inculpado contará con un periodo para presentar las pruebas necesarias ante el juez, a fin de que la autoridad judicial le dicte una condena absolutoria o condenatoria.

El pasado 21 de enero, Domingo Aguilar fue detenido en el centro histórico de esta capital por ocho elementos de la Policía Federal Ministerial; sin embargo, obtuvo su libertad bajo caución después de pagar una fianza de 5 mil pesos.

Fuente: La Jornada de Oriente
Difusión: AMLO TV