sábado, abril 17, 2010

La Jornada, 17 abril 2010


Si las elecciones fueran mañana

Abraham Nuncio


Si las elecciones fueran mañana, Rafael Rangel Sostmann, ahora rector del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), sería un candidato de peso y con posibilidades de triunfo.


Los politólogos adeptos a la creación de escenarios suelen emplear el término Si las elecciones fueran mañana para imaginar los resultados de una elección a partir de los datos que les proporcionan las tendencias en la intención del voto. Se trata de un instrumento de simulación que algunas veces resulta constatado por la realidad y otras veces no. En este artículo no pretendo algo semejante, sino sólo valerme de lo que me sugiere ese tipo de instrumento para compartir algunas ideas con los lectores, según lo que la realidad me permite percibir. El tema es el de la figura del candidato independiente / candidato ciudadano. Mi punto de partida es el discurso del rector del ITESM en la reunión interna a la que él convocó el pasado 11 de abril (Pronunciamiento y propuestas del Tecnológico de Monterrey para mejorar la seguridad en México), acto que fue la culminación de la brevísima marcha Movimiento por el cambio.

Antes de referirme al discurso como tal, me asomaré un poco al contexto en que se produce. Su percutor fue la muerte de dos estudiantes del ITESM a manos de efectivos del Ejército Mexicano, hasta donde la información periodística y la de las propias autoridades de aquella institución han permitido ver (a falta de la versión oficial). La respuesta del ITESM fue tardía. No obstante, la convocatoria a la marcha y al acto sobre la participación ciudadana y la política pública de seguridad, así como sus consecuencias y las iniciativas del rector del ITESM, le han permitido a éste dar al grave deterioro de su imagen lo que la gleba llama una vuelta de tortilla. Rangel Sostmann protagoniza ya un movimiento (por el cambio) político que tiene por primer perímetro de acción el de las universidades privadas y públicas. Para efectos de un escenario numinoso, Juan Ramón de la Fuente, presidente de la Asociación Internacional de Universidades, a quien se considera en ciertos círculos como un candidato potencial a la Presidencia, tendría ya a su virtual opositor en la modalidad de ex rectores.

El propio Rangel Sostmann precisó en su discurso que las propuestas y el pronunciamiento habían sido elaborados en la Escuela de Graduados en Administración Pública y Política Pública del ITESM. Me pregunto si Otto Granados Roldán –secretario de Comunicación Social de la Presidencia con Salinas de Gortari, más tarde gobernador de Aguascalientes y ahora director del Instituto en Política Pública de esa institución– intervino de alguna manera en la elaboración del discurso (Pronunciamiento) que deseo comentar. Lo que a todos queda claro es su condición de político neoliberal que confía, como los dueños del ITESM, en una segunda edición de reformas para abrir más aún la economía del país

Estuvo presente José Antonio Fernández, presidente de FEMSA, flamante socio de Heineken y consejero de Enseñanza e Investigación Superior, la asociación civil dueña del ITESM. Los demás consejeros no hicieron acto de presencia. El de Rangel Sostmann parece, en más de un aspecto –su aliento, ciertas frases–, un remake de aquel discurso de Luis Donaldo Colosio. No por nada el periodista Julio Scherer García le preguntó si se lo había dado a leer previamente a Salinas. No, fue su respuesta. En este caso me pregunto si el rector le dio a leer el suyo, antes de pronunciarlo, al consejo de directores del ITESM, en su mayoría empresarios. Voy al discurso en ese que me parece su meollo político. Como Colosio, el panorama aparece sombrío y lo traduce a juicios morales:

Hoy nos encontramos ante una sociedad en que, lamentablemente, se promueven y viven valores muy distintos a los anteriores: consideramos el éxito individual como única meta en la vida, queremos lograr nuestros objetivos con el mínimo esfuerzo, tenemos los hábitos del dispendio y del consumismo, buscamos la riqueza como único fin, vemos la educación como vehículo para satisfacer exclusivamente necesidades personales, como lograr mayores ingresos monetarios. Nos hemos vuelto ciegos, sordos e indiferentes ante la pobreza, la injusticia, la falta de oportunidades, la desigualdad y el desempleo, y vemos todas estas anomalías como algo natural y normal en nuestra sociedad: nos hemos puesto un velo en los ojos.

En ese panorama ve la corrupción promovida por el ciudadano común (el soborno al policía), el alumno (que copia o plagia), los empresarios que se valen de ella para lograr contratos o ventas a efecto de aumentar sus ganancias o reducir sus pérdidas. Fustiga a los padres de familia, que se desinteresan de sus hijos; a los funcionarios públicos inmersos sólo en su carrera o en el debate partidario; a los medios de información que manipulan en vez de informar y formar opinión; a las propias universidades que se han esforzado menos en formar ciudadanos que asuman su responsabilidad social y política para cambiar este país, que en encauzarlos hacia una alta empleabilidad (sic) con fines monetarios y de éxito profesional. Y se refiere a su gremio: Los profesores y directivos debemos enseñar a nuestros alumnos con el ejemplo, y eso es algo que olvidamos frecuentemente.

Enfatiza el propósito fundamental de su mensaje: Si queremos una sociedad equitativa, solidaria, justa y con paz social, tenemos que cambiar esta forma de actuar en lo particular, en lo social, en lo empresarial, en lo político, en lo educativo y en lo gubernamental. Pronuncia uno de sus remates, que es insoslayable: Recuperemos la cultura del esfuerzo y el amor al trabajo, y lanza un infaltable Viva México.

En la medida que se han desmonetizado los partidos, y con ellos sus posibles futuros candidatos, un candidato moral, surgido desde la academia y con un prestigio apenas ensombrecido por su actitud ante la muerte de los dos estudiantes, les vendría como anillo al dedo a los empresarios regiomontanos. Finalmente, las palabras, palabras son.

Antes, dicho grupo empresarial vio frustradas sus intenciones de ver a un político del todo identificado con él en la silla presidencial. Harán, a no dudarlo, un intento más. En el rector disponen de un hombre que los representaría, a pesar de su discurso, como el mejor ex empleado suyo que hayan podido tener.

La figura de Rangel Sostmann es para mí la que mejor embona, aunque él mismo no lo quiera, con la del candidato independiente o candidato ciudadano con una aparente gran autonomía. Esa independencia y esa autonomía son, para mí, semejantes a la que tienen instituciones como la Federación de Sindicatos Independientes o la UAG.




Inminente triunfo clerical

Diego Valadés


La Cámara de Diputados está próxima a aprobar una iniciativa de apariencia liberal pero de inevitables efectos confesionales. Utilizando un lenguaje equívoco y aprovechando el descuido de algunos dirigentes políticos, el alto clero mexicano, y tal vez el representante diplomático del Vaticano, están por infligirnos un revés histórico.


No es la primera ocasión. Hay dos graves antecedentes recientes. Uno, el más conspicuo, consiste en la serie de 18 reformas constitucionales en otros tantos estados de la República, merced a las cuales han conseguido elevar la sanción para el aborto, en algunos casos haciéndola equivalente a la de homicidio calificado. Con excepción del caso de Chihuahua, las otras 17 reformas se produjeron con llamativa velocidad entre octubre de 2008 y noviembre de 2009.

El otro antecedente ha sido menos visible. Se trata de la Ley General de Salud. En enero de 2009 entraron en vigor reformas a esta ley. Conforme a los artículos 166 bis 1 y 166 bis 3, por primera vez en nuestra historia republicana el Estado mexicano está obligado a proporcionar servicios espirituales a los pacientes que lo soliciten, en los nosocomios de la Secretaría de Salud, del IMSS y del ISSSTE. No parece lejano el momento en el que, con fundamento en esas disposiciones, en los centros hospitalarios de jurisdicción federal se llevarán a cabo ritos litúrgicos cotidianos. Hay indicios de que estas actividades se han pospuesto para no comprometer los objetivos ocultos que se persiguen con la reforma próxima a ser debatida en el Congreso respecto del artículo 24.

Desde hace décadas el alto clero mexicano aspira a que en todas las escuelas públicas del país se imparta enseñanza religiosa, y en tiempos más recientes también se ha interesado por disponer de medios electrónicos de difusión. Está cerca de lograr ambos propósitos. El mecanismo que se prevé es ingenioso, porque la curia dispone de buenos abogados. Es seguro que muchos legisladores están de buena fe y no han advertido que están siendo utilizados.

El actual artículo 24 constitucional dice así:

Todo hombre es libre para profesar la creencia religiosa que más le agrade y para practicar las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley.

La reforma propuesta y a punto de ser aprobada decía lo siguiente:

Toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de tener o de adoptar, o no tener ni adoptar, la religión o las creencias de su elección, así como la libertad de manifestar su religión o sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, mediante el culto, la celebración de ritos, las prácticas, la difusión y la enseñanza.

En una versión posterior suprimieron la referencia a la difusión, al advertir que con ella harían ostensibles en exceso sus verdaderos objetivos.

El concepto de libertad de conciencia es polisémico y ofrece muchos riesgos en el momento de su interpretación jurisdiccional; pero este es un tema que abordaré en otra ocasión. Por ahora, admitamos que el texto parece postular los principios del Estado secular en la primera parte del enunciado. Lo que se hizo fue poner el caramelo al principio y el veneno al final, de manera que éste pasara inadvertido. Al aludir a la manifestación colectiva de las religiones, quedan incluidas las corporaciones eclesiásticas. Estas corporaciones tendrían derecho a manifestarse “…tanto en público como en privado, mediante… (la difusión y) la enseñanza”.

Con esa redacción se lograría eludir lo dispuesto por los artículos 27 y 3º, sin tener que modificarlos. La fracción II del artículo 27 constitucional establece:

Las asociaciones religiosas que se constituyan en los términos del artículo 130 y su ley reglamentaria tendrán capacidad para adquirir, poseer o administrar, exclusivamente, los bienes que sean indispensables para su objeto, con los requisitos y limitaciones que establezca la ley reglamentaria.

Al determinarse por el nuevo texto del artículo 24 que las iglesias tienen derecho a realizar manifestaciones públicas, ya no sería indispensable agregar la expresión de difusión, que haría muy identificables sus propósitos y que incluso resultaría pleonástica porque la difusión es una consecuencia de la manifestación pública. A partir de que se apruebe esta redacción ya no se podrá considerar que la propiedad o posesión de todo tipo de medios de difusión sea contraria a lo dispuesto por la fracción II del artículo 27, porque serán instrumentos indispensables para su objeto.

Por lo que respecta al artículo 3º, la Constitución establece la laicidad de la educación que el Estado imparta, lo que no es igual a la educación que se imparta en los establecimientos del Estado. En otras palabras, el personal dependiente del Estado y los programas oficiales de enseñanza no pueden incluir temas religiosos, pero una vez reformado el artículo 24 en los términos propuestos, la enseñanza religiosa en los planteles escolares se podrá llevar a cabo de manera extracurricular y por parte de ministros de cultos que no tendrán una relación laboral con el Estado.

Así, sin reformar los artículos 3º, 27 y 130, se le estaría dando la vuelta al proceso de secularidad que comenzó en 1857. Como abogado no puedo menos que reconocer que se trata de una verdadera filigrana jurídica para implantar en México una nueva modalidad de confesionalidad. Como ciudadano, me deploro el nivel de connivencia al que se está llegando entre algunos dirigentes políticos mexicanos y un Estado extranjero que, desde el siglo XIX, no ceja en su empeño por destruir nuestro sistema constitucional. Hasta ahora no lo ha conseguido, pero ya le falta poco, porque ha sido persistente y convincente; antes sólo tenía aliados entre los conservadores y hoy los tiene en todos los partidos.

viernes, abril 16, 2010

Las direcciones electrónicas para enviar la Acción Urgente


ACCIONES RECOMENDADAS:

Envíen llamamientos a las autoridades para que lleguen lo más rápidamente posible, en español, en inglés o en su propio idioma a los correos electrónicos siguientes urgiéndolas a:

felipe.calderon@presidencia.gob.mx,
secretario@segob.gob.mx,
jguevara@segob.gob.mx, correo@cndh.org.mx,
cdhdf@ms.cdhdf.org.mx,
cidhoea@oas.org, tb-petitions@ohchr.org,
upddh@segob.gob.mx, contacto@segob.gob.mx,
fjavier.ramirez@congreso.gob.mx,
cnavarrete@senado.gob.mx,
embamex@embamex.eu, comitecerezo@nodo50.org

1. Tomar de manera inmediata las medidas apropiadas para garantizar la seguridad e integridad física y psicológica de Alejandro Cerezo Contreras, familiares y allegados, así como de los miembros del Comité Cerezo México y de Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos AC (Acuddeh);

2. Realizar una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre la vigilancia, seguimiento y hostigamiento recibidos; pidiendo que los resultados de esa investigación se hagan públicos y que los responsables de esos hechos comparezcan ante la justicia e;

3. Asegurar la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea general de la ONU el 9 de diciembre de 1998, en particular en lo referente a la protección del Derecho de toda persona «individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional» (Art.1) y a «garantizar la protección [...] de toda persona, individual o colectivamente, frente a toda violencia, amenaza, represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la presente Declaración» (Art. 12.2);

4. De manera general, conformar sus acciones a lo dispuesto por los Pactos y Convenciones Internacionales ratificados por México.




Acción Urgente por Alejandro Cerezo

ACCIÓN URGENTE

La Jornada 15 abril 2010


Normalización Galvanizada

Víctor M. Quintana S.

Por más que las rechacemos, son importantes las declaraciones del secretario de la Defensa Nacional, general Guillermo Galván, justificando el estado de excepción de facto que se vive en varias partes del país. Nadie como él se ha atrevido a expresar con tanta sinceridad y claridad el proyecto del gobierno de Calderón de normalizar lo que todavía los ciudadanos consideramos anormal. De que aceptemos, como diría Orlando Fals Borda, la normalización de la violencia con todas las aberraciones que ésta acarrea, como un dato de la vida cotidiana.

Chihuahua podría ser un excelente laboratorio para Calderón, muy interesado él en la lucha de percepciones. Aquí los principales actores gubernamentales y políticos se conducen como si la normalidad no hubiera sido alterada. No importan los 5 mil 600 homicidios dolosos de los dos años que han durado los operativos u operaciones conjuntas, los 225 secuestros denunciados o las 37 mil extorsiones. Tampoco pesa el que, además de los municipios desolados de la Alta Babícora, ahora el crimen organizado asuele las dos municipalidades del valle de Juárez, matando, incendiando, obligando a emigrar a sus aterrados habitantes. El estado donde nada ocurre en el país donde no pasa nada.

Por fin el Ejército vuelve a sus cuarteles, lo que debiera ser normal, pero sin rendir cuenta de los resultados de su actuación, sin presentar a los jóvenes levantados por elementos de la tropa ni mucho menos juzgar en los tribunales civiles a los militares violadores de derechos humanos. Todo esto es anormal, ilegal, pero el titular de la Defensa lo quiere normalizar y hasta legalizar.

Por otro lado, cuando ya casi nos habían acostumbrado a pensar que esta guerra contra el crimen organizado es normal, resulta que la FBI revela en El Paso, Texas, que a resultas de esta guerra, que más que del Estado contra la delincuencia organizada, es de cártel contra cártel, el del Chapo Guzmán controla ya este importante corredor de la droga hacia Estados Unidos, en detrimento del cártel de Juárez, en retirada. Habrá que normalizar, pues, la percepción de que la intervención policiaca militar siempre desemboca en el debilitamiento de un cártel y el fortalecimiento de otro.

El gobierno federal actúa como si todo en Juárez fuera normal, sin sentido de emergencia. El tan propagandizado programa Todos somos Juárez muere de inanición. Fuera de algunas inversiones y acciones en educación y en salud, no ha habido sensibilidad ni imaginación para enfrentar la emergencia social y de seguridad. Ni siquiera el urgente programa de regularización de carros chocolates, muy demandado por todos los sectores sociales, ha funcionado. Las reglas para regularizar son tan complicadas y los costos tan altos que nadie se ha acogido a él.

La mayoría de los partidos políticos, sobre todo el PRI y el PAN, los organismos electorales y el propio gobierno se conducen como si el proceso electoral que culmina el 4 de julio se realizara dentro de toda normalidad. Que los precandidatos sean amenazados por el crimen en sus personas o en las de su familia, que no se encuentren candidatos para algunas alcaldías, que no se tenga calculado si todas las casillas se podrán instalar; que vuelva a contender por la alcaldía de Juárez aquel cuyo director de seguridad pública fuera aprehendido por la DEA por sus vínculos con el narco y en cuya administración prohijaron pandillas, todo esto, si no es normal, se normaliza. Para la mayoría de la clase política el problema no es que corra la sangre en el estado: el problema es que vaya a salpicar las urnas.

Pero todo esto no es lo peor. Que Ejército, gobierno federal, gobierno estatal, partidos, organismos electorales quieran normalizar la situación de terror, las masacres, las operaciones de limpieza contra los minoristas de droga, ceder el territorio de esta frontera a uno de los cárteles: que no quieran reconocer el estado de excepción ni la anormalidad democrática que se da en torno al proceso electoral, puede entenderse dentro de la lógica de conservación del poder, así sea compartido con los poderes fácticos. Lo que es terrible para entender es que ante todas estas agresiones cotidianas, anormales al estado de derecho, a la justicia, a la democracia, la ciudadanía no nos hayamos podido erguir contra el proyecto desde arriba de normalizar lo inaceptable. Porque la postura mayoritaria de la población sigue siendo el miedo o el refugio en lo individual.

Fuera de ciertos grupos y organizaciones no se ha logrado construir el sujeto colectivo que pida cuentas, exija, que la única normalidad aceptable es la de la justicia y el derecho.

Y esto de veras preocupa porque ahora es Juárez, es Chihuahua, y pronto será México entero.


El Norte, 15 abril 2010



Demandan ONGs que Estado ubique a tres menores internados en Caifac


José García


Monterrey, México (16 abril 2010).- Para exigir la localización de los niños que fueron presuntamente secuestrados cuando estaban en el albergue Caifac, representantes de organizaciones no gubernamentales simbólicamente "clausuraron" ayer al Palacio de Gobierno por la falta de resultados de las autoridades.

Los niños Julio César Castañeda Bernal, Adriana Guadalupe Castañeda Bernal y Diana Bernal Hernández están desaparecidos desde el 2008, por lo que los manifestantes pidieron que el Gobernador Rodrigo Medina acelere las investigaciones.

Con pancartas en mano, alrededor de 15 personas se reunieron para la protesta que inició en el asta bandera, en el centro de la Explanada de los Héroes.

Después hicieron sonar botes de lámina y avanzaron hacia el Palacio entonando: "¿Dónde están, dónde están? ¿Esos niños dónde están".

Liz Sánchez, directora de Alternativas Pacíficas, y Consuelo Morales, directora de Cadhac, cuestionaron la actuación de la autoridad e incluso sugirieron que hay complicidad, al no haberse ejecutado la orden de aprehensión contra Patricia Murguía, ex directora de Caifac y presunta responsable de secuestro.

"Demandamos, exigimos la localización de las niñas y el niño en lo inmediato", expresó Sánchez.

"Segundo, demandamos y exigimos que se sancione a los funcionarios responsables en este caso, a la gente de DIF, de Secretaría de Salud y de la Procuraduría del Estado".

El 18 de diciembre del 2008, EL NORTE publicó el caso de Brenda, una menor de entonces 12 años, quien afirmó haber sufrido maltrato físico y psicológico en el Centro de Adaptación e Integración Familiar, A.C. (Caifac), en la Colonia Riveras de la Purísima, en Guadalupe.

La mamá de Brenda, Mónica Hernández Bernal, denunció también la desaparición en la casa-hogar de otra hija, Diana Lizeth, de 11 años, y de sus sobrinos Adriana Guadalupe y Julio César, de 14 y 11 años, respectivamente.

"DIF tiene responsabilidad, la Secretaría de Salud tiene responsabilidad, la Procuraduría del Estado tiene responsabilidad en el caso, y esto tiene que ser sancionado", insistió Sánchez.


miércoles, abril 14, 2010

Carta a López Obrador


Carta a López Obrador


La Jornada, El Correo Ilustrado, 13 abril 2010.


Licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente legítimo de los mexicanos: La corrupción se ha apoderado de muchos dirigentes de la izquierda. Son sospechosos de corrupción, especialmente líderes partidarios, sindicales y de cooperativas, presidentes municipales, diputados, senadores y gobernadores. La mayoría tiene propiedades que rebasan, con mucho, el ingreso de sus representados.


La izquierda no sólo está dividida, sino fracturada, infiltrada y corrompida, y en la situación actual del país se ha vuelto ineficaz. Son las dirigencias las que han perdido el rumbo y los principios. La cuestión ahora es si usted quiere seguir caminando con ellas o con los millones de militantes, que son honestos y consecuentes.


Es tiempo de hacer valer los principios. Es hora de repensar si conviene continuar con la vía electoral, mientras no haya condiciones democráticas y equitativas que permitan esta vía, que hasta el momento sólo ha favorecido la corrupción de muchos dirigentes y el abandono de principios fundamentales éticos y políticos. Resulta claro que se debe evitar la profesionalización de la política y que ésta debe ser ejercida por ciudadanos libres, concientes y organizados.


El juego electoral –viciado, decadente y perverso– es la principal fuente de corrupción de la izquierda mexicana. Considerando además el descrédito de todos los partidos, me pregunto si no es el momento de que usted renuncie al PRD, se deslinde del PT y de Convergencia, y encabece esfuerzos para la creación de una nueva organización política que anteponga principios éticos y democráticos, dirija la resistencia popular y haga avanzar los movimientos sociales y pacíficos que permitan obtener mejorías económicas y políticas para el pueblo de México. Tal vez desde la misma vía electoral, pero buscando las mejores candidaturas entre la ciudadanía y no dentro de los partidos.


Xavier Robles

martes, abril 13, 2010

¿Y los líderes empresariales de Monterrey?

¿Y los líderes empresariales de Monterrey?

La Jornada, 13 abril 2010.
Abraham Nuncio
En el execrable episodio donde perdieron la vida dos estudiantes del Instituto y de Estudios Superiores de Monterrey a manos del Ejército Mexicano se pudo ver con toda claridad la pérdida de liderazgo del grupo empresarial de mayor fuerza en la región.

Una de las expresiones organizativas de este grupo se halla en los consejos directivos de las asociaciones civiles que rigen la vida de los centros privados de enseñanza superior más importantes.

Enseñanza e Investigación Superior AC (EISAC) es la asociación civil dueña del ITESM. En 1984 renunció su antiguo rector, Fernando García Roel, y lo sustituyó el actual rector Rafael Rangel Sostmann. En 1986, el consejo de EISAC aprobó el Estatuto General que define el sistema normativo del Tecnológico de Monterrey. De los documentos oficiales de la institución leemos:

“1. Enseñanza e Investigación Superior AC (EISAC) es la máxima autoridad del Sistema Tecnológico de Monterrey. Esta asociación delega en su Consejo la autoridad para supervisar y dirigir el Sistema.

2. El consejo EISAC nombra al rector del Sistema Tecnológico de Monterrey, en quien delega la autoridad necesaria para la operación del Sistema.

En el consejo de directores de Enseñanza e Investigación Superior participan algunos de los empresarios más visibles de Monterrey: Lorenzo Zambrano (presidente del consejo y del de Cemex y otras empresas); José Antonio Fernández (vicepresidente del consejo y presidente del de Femsa); David Garza Lagüera (consejero de Femsa); Eugenio Clariond Reyes-Retana (ex presidente del consejo de administración de IMSA); Othón Ruiz Montemayor (ex consejero de varias de las empresas y bancos más importantes de Monterrey y actual secretario de Desarrollo Económico del gobierno de Nuevo León); Federico Sada González (ex director general de Vitro).

La actitud omisa de esos empresarios ante la violación del recinto emblemático de la institución fundada por Eugenio Garza Sada el 6 de septiembre de 1943 no puede pasar desapercibida, como apuntó Luis Lauro Garza en su artículo ¿Qué pasa en Monterrey? (15Diario, 30/3/10).

Tres décadas más tarde, también en septiembre, el industrial moría acribillado en una de las calles cercanas a la Cervecería Cuauhtémoc por un comando guerrillero que intentó secuestrarlo y fue repelido por él mismo y su chofer. Los industriales de Monterrey le declararon prácticamente la guerra al presidente Luis Echeverría Álvarez y se lo hicieron saber con acres palabras el día del funeral del hombre que se convertiría en su gran referencia histórica. Al presidente atribuyeron lo fundamental de la violencia derivada de las acciones guerrilleras. Podría decirse que, sin excepción, todos los líderes empresariales de Monterrey estuvieron en el sepelio para escucharlas y hacerlas suyas.

Su ausencia ahora, en los actos que han rodeado la muerte de Javier Francisco Arredondo Verdugo y Jorge Antonio Mercado Alonso, los estudiantes ultimados por efectivos del Ejército, es en extremo significativa.

¿La del trabajo ha llegado a ser, inclusive, una división moral del trabajo? ¿Por un lado están quienes supervisan y dirigen una institución educativa y por el otro el que la opera cuando se presenta una situación límite? ¿Convertir en práctica lo que se critica verbalmente, como ha hecho el rector Rangel Sostmann en torno a la necesidad de unidad? ¿La condición de dueño o máxima autoridad exime de la exigencia ética que reclaman actos de lesa humanidad, sobre todo cuando éstos fueron cometidos justo en su propiedad privada?

Esa ausencia explica, sí, las 36 largas horas que pasaron antes de que el propio rector general rectificara la posición oficial del ITESM en el sentido de que las víctimas no eran estudiantes de esta institución (el error que sólo él ha asumido públicamente).

Y explica también lo que hay detrás de sus declaraciones: a) una dura –y justa– crítica de los líderes empresariales a las fuerzas armadas por su responsabilidad en la muerte de los dos estudiantes y al mal uso que de ellas hace el Ejecutivo federal, y b) la posición, igualmente crítica, de estos empresarios frente a las autoridades civiles de Nuevo León.

Aquí destaco tres puntos tomados de las declaraciones de Rangel Sostmann a la revista Proceso (número 1743, 27 de marzo):

“1. No hay ley. Con los soldados estamos a lo que dice el presidente, y los soldados toman decisiones a su criterio. Eso está mal… el Ejército se está pasando en sus funciones… Hay que acotar al Ejército, porque no es una policía urbana, no puede andar de ministerial revolviendo casos… ¡Por favor! Tenemos un problema con la educación de esas personas [los soldados]. Andan en la parte urbana, no entienden a la sociedad, pero andan con armas de alto poder.

“2. Es una política difícil [la de seguridad seguida por Felipe Calderón] y viene de Estados Unidos. Además ellos (los estadunidenses) mandan las armas y el dinero; nosotros ponemos los muertos y la droga. Está llegando el dinero por toneladas, armas de alto poder, y ésa es una responsabilidad muy seria de Estados Unidos.
3. Luego hay que fortalecer a las policías, y eso le toca al señor gobernador, que no se haga tonto.

Aunque el gobernador Medina ha dado pie a críticas merecidas –entre ellas la de la marchita por la paz donde los políticos revolucionarios del Institucional se confundieron con las tradiciones caceroleras que suelen sustituir a la información y a las demandas concretas por la parafernalia espectacular y la retórica, y todo se reduce, como en la religión, a la paz individual–, él no es quien manda al Ejército. Otra cosa es su sometimiento, junto con el de los ayuntamientos municipales, a los mandos castrenses (“Para los generales, jefes y oficiales de tropa, nuestro respeto y mayor consideración…”, decía el desplegado publicado por su gobierno el 22 de marzo).

Pruebas sobran: Antes de ser secretario de seguridad pública de Santa Catarina soy mayor de infantería y estoy sujeto al fuero de guerra y no puedo opinar nada (sin autorización) de mis superiores, dijo René Castillo, el militar responsable de la Seguridad Pública de ese municipio, respecto a diversos hechos delictivos en los que se vieron involucradas autoridades civiles y de la marina.

No sólo en Santa Catarina, sino en otros municipios, militares son los funcionarios que se hallan al frente del área de seguridad. Grave error. Inútil esperar que el subordinado de unos mandos militares pueda servir a un gobierno civil y, sobre todo, a la ciudadanía, que es, aunque no parezca, el verdadero superior de todos ellos.

El rector Rangel Sostmann ha dado muestras de que únicamente en la práctica es donde se constata que una disculpa ofrecida por el error cometido es real. Pero sus actitudes y funciones no relevan de responsabilidad a los empresarios que dirigen al Tecnológico de Monterrey, que siguen sin dar la cara.

Cabe preguntarse si lo hicieron en la reunión nacional convocada por la propia institución para el lunes 12 de abril para presentar propuestas orientadas a resolver el problema de la violencia/inseguridad que vive el país.

De esos empresarios lo que puede verse, hasta ahora, es que ejercen una gran presión sobre el gobierno de Rodrigo Medina. Y que éste no puede dejar de atender, pues sabe que le puede costar el puesto (a ellos en buena medida se lo debe). Podría repetirse la experiencia de Sócrates Rizzo García: tuvo que dejar la gubernatura antes de concluir su periodo por presiones de los empresarios de Monterrey.

La actual coyuntura, en la que pueden hacerle el vacío a Medina, como se lo hicieron en la marcha convocada por él (Coparmex-Nuevo León, Caintra y Canaco rechazaron su llamado, pues no son tiempos de manifestarse, sino de solucionar y actuar, según dijo Marcelo Canales Clariond, dirigente patronal de Nuevo León), puede ser de nefastas consecuencias para la población. El ejemplo más inmediato es el proyecto de construir el estadio del Parque La Pastora en condiciones onerosas para el medio ambiente y para el erario.

La bancada priísta, con la mayoría panista salvo un diputado de esta fracción, precipitó la aprobación (ilegal) de concederle a Femsa en comodato 25 hectáreas por un plazo renovable de 60 años. Cuánta largueza a costa del hábitat y de la sociedad.

Los empresarios saben lucrar con la tragedia y con una sociedad despolitizada cuyo tema central es el futbol. Y no hay un gobierno con fuerza popular que pueda frenarlos en sus ambiciones e inconsciencia.

Kaos en la Red. La Nueva Guerra Sucia en México


La guerra sucia está de vuelta. Desde Chiapas hasta Chihuahua, las desapariciones forzadas, asesinatos de activistas, políticos y periodistas y violaciones de derechos humanos van en ascenso.

Kent Paterson | Agencia Lationoamericana de Información

www.kaosenlared.net/noticia/mexico-la-nueva-guerra-sucia

Carlos Montemayor rompió un tabú político. Como astuto analista social y autor prolífico, sus novelas acerca de los levantamientos de la guerrilla izquierdista y la represión ejercida por el Estado durante las décadas de los 1960 y 1970 rescataron la memoria de la guerra sucia del cesto de basura de la historia. Aunque el gobierno mexicano aún guarda como secreto de estado los destinos de cientos de personas que sus fuerzas de seguridad hicieron desaparecer durante la guerra sucia, las aportaciones literarias de Montemayor ayudaron a perforar el silencio oficial en una época en que las fuerzas populares luchaban por hacer de México un país más democrático y justo.

La muerte alcanzó prematuramente a Montemayor el 28 de febrero, de un año en que México conmemora el doble aniversario de la Guerra de Independencia de 1810 y de la Revolución de 1910, acontecimientos que desataron aspiraciones históricas hasta entonces reprimidas de tierra y libertad, democracia e igualdad.

Irónicamente, la guerra sucia que el intelectual chihuahuense recreó de tan brillante suerte está de vuelta, justo a tiempo para el año histórico de México. Desde Chiapas en el sur hasta Chihuahua en el norte, las desapariciones forzadas, asesinatos de activistas y políticos, ataques a periodistas y otras violaciones de derechos humanos van en constante ascenso.

Si bien perduran muchos elementos de la primera guerra sucia, nuevos elementos avivan las llamas de la segunda. Mientras la Guerra Fría de Washington era el estandarte de la violencia ejercida por el Estado durante el siglo pasado, la llamada guerra antidrogas de Washington es ahora la cobertura ideológica de la represión actual.

Muchas regiones de México están inmersas en guerras de baja intensidad que coinciden con una creciente intolerancia de estado hacia los movimientos laborales y sociales. Ejemplos de ello son las golpizas infligidas por miembros de la Policía Federal a trabajadores electricistas y los permanentes operativos de contrainsurgencia contra movimientos guerrilleros de izquierda que vuelven a nacer.

La madre del movimiento de derechos humanos en México y fundadora del Comité Eureka, la senadora mexicana Rosario Ibarra de Piedra, comparó los hechos actuales con la guerra sucia de hace décadas, cuando su joven hijo Jesús fue detenido y desaparecido por las fuerzas de seguridad mexicanas.

Ibarra opina que la guerra antinarco de Calderón y la criminalización de la protesta social están impulsando una nueva guerra sucia. Durante un discurso en la Ciudad de México, la ya legendaria defensora de los derechos humanos convocó a los mexicanos de todos los movimientos sociales a cerrar filas y a defenderse mutuamente.

"Exigimos el compromiso y la decisión de lucha para cambiar esta situación", dijo. "Llamamos a que nadie permanezca indiferente al dolor de tantísima gente."


Suele ser difícil saber dónde se inicia un conflicto y concluye otro, o dónde se separan las tinieblas del bajo mundo del sistema político en la superficie. En repetidas ocasiones miembros antiguos o actuales de las fuerzas de seguridad están implicados en actividades criminales. Según la agencia noticiosa Notimex, el Secretario de la Defensa, Gral. Guillermo Galván, admitió hace poco ante senadores el arresto en un momento u otro de 15,000 ex soldados.


Un caso ilustrativo está en el sureño estado de Guerrero, donde la narcoviolencia, rebeliones, pleitos políticos de hace largo tiempo y conflictos sociales históricos se agitan en una mezcla explosiva. Con más de 600 personas aún desaparecidas desde la represión estatal durante los 1970s, Guerrero fue el epicentro de la primera guerra sucia. Hoy el estado crónicamente empobrecido es un frente estratégico para la última.

Las playas sangrientas del paraíso

Las últimas batallas campales y narco-ejecuciones en Acapulco y otras regiones del estado dejaron 58 personas muertas tan sólo del 13 al 15 de marzo. No obstante los asesinatos acumulados ese fin de semana no son sino una muestra del baño de sangre que se extiende por todo Guerrero. La violencia involucra a cárteles del narco en competencia, grupos paramilitares, fuerzas de seguridad y varias organizaciones rebeldes armadas, entre ellas el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI).

En mayo de 2009, el Comandante Ramiro del ERPI dio una conferencia de prensa a periodistas mexicanos donde reveló años de choques entre las guerrillas y los grupos "narco-paramilitares". Ramiro, con fama de tener seguimiento popular, fue asesinado misteriosamente en la remota localidad de Palos Altos en noviembre del mismo año.


Hercilia Castro, activista por los derechos humanos con la Red de Organizaciones no Gubernamentales de Guerrero, ayudó a documentar los asesinatos de tres hermanos en el pueblo montañoso de Puerto Las Ollas también en noviembre pasado. Alejandro García Cortés, de 19 años, Bertín García Cortés, de 18, y Rogelio García Valdovinos, de 15, fueron ultimados y mostraban el clásico tiro de gracia.


"Esto de verdad me afectó en lo personal. Me conmovió el dolor de la madre que me dijo cómo encontró los cuerpos de sus hijos", contó Castro. "Los muchachos eran la alegría de la comunidad, estaban entre los más vivos, ¿se fijan cómo siempre hay alguien que sobresale?" Castro agregó que los conflictos múltiples saturan las comunidades aisladas en las altas montañas de Coyuca de Catalán y Petatlán: las tierras para el cultivo de drogas, los caminos para el contrabando y los árboles para madera ilegal son artículos de alto valor codiciados por los cárteles apoyados por los grupos paramilitares. Los pobladores, dijo Castro, podrían estorbar a fuerzas ambiciosas que buscan limpiar y tomar el control de la región.

Puerto Las Ollas, donde se llega por caminos de tierra que se vuelven infranqueables durante la temporada de lluvias, es como muchas comunidades rurales. No existe clínica de salud, y sólo hay un maestro que enseñe a estudiantes de todas las edades. Las incursiones de soldados y grupos paramilitares hacen que los hombres tengan miedo de cultivar sus campos, contó Hercilia Castro, y agregó que la "miseria" de la población es palpable.

De acuerdo con Human Rights Watch, a escala nacional la Comisión de Derechos Humanos mexicana, entre 2007 y finales de 2009, recibió 3,399 quejas contra el ejército por violaciones, homicidios, detenciones arbitrarias y tortura. En un informe reciente, la ONG señaló que en un principio sólo se encontró culpables de delitos contra derechos humanos a tres elementos, entre ellos un soldado sentenciado a nueve meses de prisión por la muerte a balazos de un civil en un retén militar.


El agudo incremento en violaciones de derechos humanos corre parejas con la Iniciativa Mérida de 1,300 millones de dólares de E.U. que Washington financia para dar capacitación y equipamiento a las fuerzas de seguridad mexicanas y centroamericanas. Actualmente funcionarios estadounidenses y mexicanos ya ponen los fundamentos para una Iniciativa Mérida 2.

La violencia mancha precampaña electoral

En los preliminares hacia las elecciones estatales de 2011, una nueva oleada de asesinatos con tintes políticos estremece a Guerrero. En febrero cuatro dirigentes del Partido de la Revolución Democrática (PRD) de centro izquierda, fueron asesinados en diferentes lugares del estado: José Luis Sotelo, Santana Rayo Chamu, Claudio Hernández Palacios y Antonio Bahena Nava. Citada por el periódico El Sur la ya antigua dirigente del PRD en Guerrero Rosario Herrera recalcó que 28 líderes de su partido han sido muertos en Guerrero desde 2005. El año pasado el coordinador del Congreso Estatal de Guerrero Armando Chavarría fue asesinado antes de haber podido lanzar su ampliamente esperada candidatura para ser gobernador del estado.

Desde su fundación en 1989, el PRD, de centro izquierda, ha sido blanco constante de la represión. Una de sus fundadoras en Zihuatanejo, Obdulia Balderas, recordó cómo el gobierno estatal reprimió al nuevo partido de oposición cuando protestó por un fraude electoral, matando e hiriendo a los manifestantes en los aeropuertos internacionales de Acapulco y de Zihuatanejo.

Al regresar de una visita a la Ciudad de México, Balderas recordó haber visitado a compañeros del partido en un hospital de Zihuatanejo. "Nunca hubo justicia alguna", relató la maestra de escuela jubilada.

Aunque la primera ola de represión contra el PRD tuvo motivos políticos, las razones para la última ronda de violencia contra miembros del partido son menos claras, dice Balderas.

Al mismo tiempo que aumenta el número de víctimas miembros del PRD, los asesinatos y desapariciones de más de 200 militantes del PRD en Guerrero, especialmente durante los años formativos de la organización política entre 1989 y 1996, continúan sin aclararse.

Para consternación de los guerrerenses, las violaciones de derechos humanos se dispararon luego de que se eligiera gobernador del estado a un popular candidato pro-reformista apoyado por el PRD, el ex alcalde de Acapulco Zeferino Torreblanca Galindo. La violencia se incrementó durante un período en que el PRD—un partido que se levantó de las cenizas de la guerra sucia bajo los estandartes de la justicia y la democracia— tenía no sólo la gubernatura, sino la legislatura y el gobierno de muchos municipios del estado.

"Esto representa un retroceso a las guerras sucias de los 1970s", comentó Hercilia Castro. "Es una probadita para la opinión pública de cómo Guerrero es el ejemplo de la eterna guerra sucia, de cómo tiene lugar la represión. Es una muestra de lo que estamos atravesando en todo el país."

Se han vinculado muchas de estas muertes con las guerras del bajo mundo, pero entre las víctimas se encuentran ciudadanos de todas clases. Una organización de base, el Comité de Parientes y Amigos de los Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados, se formó para presionar por que se haga justicia.

En el tercer aniversario de la desaparición de Jorge Gabriel Cerón, estudiante de arquitectura y activista comunitario que fue secuestrado por un comando armado en marzo de 2007, este comité ciudadano emitió un manifiesto.

"Hemos recalcado cómo el llamado crimen organizado forma parte del Estado, de la empresa privada y de la clase política, quien en último análisis es responsable de la inseguridad pública, la corrupción, el terror y la impunidad en la cual vive la ciudadanía en general, y de la cual Jorge Cerón, su familia y todos nosotros hemos sido víctimas."

Capacitados originalmente por el ejército mexicano en la década de 1990, los grupos paramilitares también están resurgiendo en el estado sureño de Chiapas, donde se han registrado ataques recientes a comunidades pro zapatistas y a otras organizaciones de oposición.

La guerra sucia se intensificó después de asumir el poder Felipe Calderón a finales de 2006. Al año siguiente, los dirigentes del Ejército Popular Revolucionario Edmundo Reyes y Gabriel Cruz fueron arrestados y desaparecieron en Oaxaca. No se les ha encontrado y se teme que hayan muerto. En 2008 dos líderes de la organización indígena por el Futuro de los Pueblos Mixtecos, Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, fueron secuestrados, se afirma que por policías, y asesinados en Guerrero. A fines del año pasado Mariano Abarca, un prominente organizador contra la minería en Chiapas, fue acribillado en la localidad de Chicomuselo, donde los campesinos habían librado una batalla contra una mina de barita manejada por la empresa canadiense-mexicana Blackfire Exploration Ltd.

La recientes desapariciones y asesinatos de activistas siguieron muy de cerca el fracas de la administración del ex presidente Vicente Fox de procesar penalmente a funcionarios gubernamentales, en particular el ex presidente Luis Echeverría, implicado en los crímenes de la guerra sucia, y la disolución por el gobierno de Calderón de la fiscalía especial encargada de investigar la guerra sucia.

La guerra antidrogas como tapadera

La guerra contra el narco es muy conveniente como tapadera para la nueva represión. En Ciudad Juárez y el estado de Chihuahua, numerosos activistas han sido asesinados o han desaparecido desde 2008, el año cuando estalló una guerra de competencia entre dos cárteles y se despachó al ejército para, ostensiblemente, dominar la violencia.

Entre otras víctimas se encuentran el activista antisecuestros y dirigente de la comunidad mormona Benjamin LeBaron, el líder campesino Armando Villarreal Martha, el profesor universitario Manuel Arroyo, la activista por los derechos humanos Alicia Sainz, el líder de vendedores ambulantes Géminis Ochoa, y Josefina Reyes, ex diputada por el PRD y activa crítica de la militarización. Nadie ha sido arrestado ni sentenciado por los crímenes.

El 2 de marzo Ernesto Rábago Martínez fue asesinado en la Ciudad de Chihuahua. Miembro de la Asociación Civil Bowerasa, Rábago ayudaba a defender a indígenas rarámuri implicados en una lucha por tierras contra poderosos intereses en la comunidad de Carichi. La muerte de Rábago remató casi un año de ataques contra dirigentes indígenas y defensores de Carichi.

En respuesta al homicidio de Rábago, la organización de derechos humanos Cossydhac con sede en la ciudad de Chihuahua y el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres exigió que se ponga fin a la criminalización de los activistas y se de protección a defensores de derechos humanos que, afirmaron ambos grupos, viven entre el "compromiso y el riesgo."

Es más: la carnicería diaria de la guerra contra el narco en Ciudad Juárez (que suma cerca de 5,000 muertes desde enero de 2008) obscurece y minimiza temas como el conflicto por tierras entre habitantes de hace largo tiempo y los miembros de una de las influyentes familias de la ciudad. Atrapados en una batalla judicial, los pobladores de la colonia Lomas de Poleo han presentado repetidas quejas de agresiones de guardias armados de seguridad privada que operan en las mismas narices de la policía y el ejército.

Un informe reciente del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU documentó 128 agresiones contra defensores de derechos humanos y sus familias entre el 1° de enero de 2006 y el 31 de agosto de 2009. A pesar de órdenes de protección emitidas por funcionarios gubernamentales, las agresiones continúan. En los últimos meses, varias organizaciones que defienden los derechos de los indígenas en la región de La Montaña de Guerrero han experimentado un patrón de vigilancia, invasiones y entradas ilegales y hasta amenazas de muerte. El 18 de marzo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió una declaración de alarma ante los nuevos actos de hostigamiento y amenazas de muerte contra miembros de la Organización de los Pueblos Indígenas Me'phaa.

Revelando que la CIDH había sugerido a varios de los activistas amenazados como testigos en dos juicios internacionales contra el estado mexicano, uno de los cuales implica las presuntas violaciones de dos mujeres indígenas por soldados mexicanos en Guerrero en 2002, el organismo oficial de derechos humanos de la Organización de los Estados Americanos recordó al gobierno mexicano que se habían librado órdenes de protección para los activistas de Me'phaa y que el gobierno tiene la obligación de proteger a los defensores.

"La Comisión recuerda también que el trabajo de los defensores de derechos humanos es crítico para la construcción de una sociedad democrática sólida y duradera, y desempeñan un papel principal en el proceso para implementar plenamente el estado de derecho y fortalecer la democracia", declaró la CIDH.

El compromiso con los derechos humanos está puesto a prueba

Casi a diario, defensores de derechos humanos nacionales e internacionales denuncian el deterioro del panorama de los derechos humanos en México. Desde que inició el año, una marejada de recomendaciones e informes críticos se ha dejado venir de Amnistía Internacional, Human Rights Watch, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el Departamento de Estado de E.U., miembros del Parlamento Europeo, y muchas otras entidades.

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Amenazas de muerte a activistas en contra la presa El Zapotillo


BOLETÍN DE PRENSA

 

México, D.F., a 13 de abril de 2010

 
 
AMENAZAN DE MUERTE A MIEMBROS DEL COMITÉ SALVEMOS TEMACA, ACASICO Y PALMAREJO, A ACTIVISTA DE DERECHOS HUMANOS Y A PERIODISTA POR EL CASO DE LA PRESA EL ZAPOTILLO, EN EL ESTADO DE JALISCO.
 
 
El pasado 3 de abril fueron amenazados de muerte los hermanos Manuel de Jesús y Juan Agustín Carvajal Jiménez (integrantes del Comité Salvemos Temaca, Acasico y Palmarejo) así como Marco Joachim von Borstel Nilsson, (miembro del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC)) y la periodista Jade Ramírez Cuevas Villanueva de Medios UDG Noticias Red Radio Universidad de Guadalajara. Todos ellos se encontraban en la comunidad de Temacapulín (Jalisco), dando seguimiento a una serie de actividades de Semana Santa programadas para denunciar la grave destrucción ambiental y social que tendría lugar en la region, si las autoridades gubernamentales insisten en imponer el proyecto de la presa El Zapotillo.
 
Aproximadamente a las 10:15 P.M. tres sujetos -quienes se ostentaron como empleados federales- desconocidos por los amenazados y por el resto de la comunidad de Temacapulín, se acercaron a Juan Agustín Carvajal para decirle “… tú hermano el gordito (Manuel de Jesús), ella (señalando a Jade Ramírez) y el del sombrero (refiriéndose a Marco Von Borstel) los cuatro, ya valieron para pura chingada, se van a morir pronto porque están alborotando la gallera”. Posteriormente entraron al negocio de Manuel de Jesús y amenazaron directamente a Marco von Borstel y a Jade Ramírez, lanzando una serie de insultos y alegando que la presa el Zapotillo se iba a hacer y que no entendían porque seguían ahí y no respetaban las decisiones del gobierno.
 
Estos graves hechos, se suman a otras acciones de amenaza y hostigamiento que las comunidades y los integrantes de los Comités en resistencia han venido sufriendo durante el desarrollo del megaproyecto de inversión.
 
Frente a ello hacemos pública esta  denuncia de amenazas de muerte contra los citados pobladores de Temacapulín, defensores de derechos humanos y periodistas que han dado acompañamiento y seguimiento informativo al caso de la presa y, hacemos responsables al Gobierno Federal, a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), a la Comisión Estatal del Agua (CEA) y al Gobierno del Estado de Jalisco y Guanajuato de cualquier daño, amenaza o suceso que ponga en riesgo la integridad de estos compañeros y demás miembros de las comunidades afectadas, y de todos aquellos que han venido denunciando la imposición de un proyecto que ha sido expresamente rechazado por las comunidades.
    
Por todo lo anterior exigimos:
 
    1. Se investiguen de inmediato estos hechos, se sancione a los responsables y se dicten las medidas necesarias para proteger y salvaguardar la seguridad y la vida de los habitantes de las comunidades de Temacapulín, Acasico y Palmarejo y de los defensores, periodistas y organizaciones aliados al movimiento contra la presa El Zapotillo.
 
    2. Se cumplan las recomendaciones emitidas al Estado Mexicano sobre el tema de los defensores de derechos humanos y se acaten las obligaciones establecidas en la Declaración Universal sobre los derechos de los defensores, especialmente el artículo 12.1 donde se establece la obligación de los Estados de garantizar “la protección por las autoridades competentes de toda persona, individual o colectivamente, frente a toda violencia amenaza, represalia… o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la presente Declaración”.
 
     3. Se cumpla cabalmente la recomendación 35/2009 emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco y  se cancele  de inmediato el proyecto de la presa El Zapotillo.
 
 
     ATENTAMENTE
 
Espacio DESC, capítulo mexicano de la PIDHDD, conformado por las siguientes organizaciones: 
 
CASA Y CIUDAD,  A.C.  DE COALICIÓN  HÁBITAT MÉXICO
 
CÁTEDRA UNESCO DE DERECHOS HUMANOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO (UNAM)
 
CENTRO DE ESTUDIOS SOCIALES Y CULTURALES ANTONIO DE MONTESINOS (CAM)
 
CENTRO DE DERECHOS HUMANOS MIGUEL AGUSTÍN PRO JUÁREZ, A.C. (PRODH)
 
CENTRO DE REFLEXIÓN Y ACCIÓN LABORAL DE FOMENTO CULTURAL Y EDUCATIVO, A.C. (CEREAL)
 
CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL (CIPROSOC)
 
COLECTIVO RADAR: COLECTIVO DE ESTUDIOS CRÌTICOS EN DERECHO
 
COMISIÓN MEXICANA DE DEFENSA Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS, A.C. (C.M.D.P.D.H.)
 
DECA EQUIPO PUEBLO, A.C.
 
DEFENSORÍA DEL DERECHO A LA SALUD
 
FIAN - SECCIÓN MÉXICO
 
INSTITUTO MEXICANO DE DEMOCRACIA Y DERECHOS HUMANOS (IMDHD)
 
LIGA MEXICANA DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS (LIMEDDH)
 
OFICINA REGIONAL PARA AMÉRICA LATINA DE LA COALICIÓN INTERNACIONAL PARA EL HÁBITAL (HIC-AL)
 
 
 
¡NO A LA PRESA EL ZAPOTILLO!
 
 
¡ Ríos Sin Presas, Pueblos Vivos!