Alza de precios y pacto social

El Universal, 3 febrero 2007

Rosa Albina Garavito

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El gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz, declaró el miércoles pasado que las denuncias sobre el aumento en el costo de la vida son producto de una sicosis, pues en realidad las tendencias de crecimiento de precios apuntan a que se cumplirá con la meta inflacionaria de 2007.

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Así que cuando la Marcha por la Soberanía Alimentaria, la Defensa del Salario y del Empleo, pasó frente a la sede del Banco de México, los altos funcionarios del mismo seguramente pensaron que esos miles de ciudadanos padecían de alguna distorsión en su percepción de la realidad.
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Ser juez y parte en la tarea de medir la inflación le permite al señor Ortiz ese tipo de licencias. Al respecto no hay que olvidar que el objetivo prioritario del Banco de México como institución autónoma, es procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda, en otras palabras, la estabilidad de precios.

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Pero ¿quién mide la evolución de los precios? De acuerdo con los artículos 20 y 20 bis del Código Fiscal de la Federación, el encargado de determinar el Índice Nacional de Precios al Consumidor es: ¡El mismo Banco de México!
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Y ya que los legisladores del Congreso de la Unión están muy entusiasmados en cumplir con su miniagenda para el periodo de sesiones que inicia, sería muy conveniente que en el tema correspondiente a la reforma del Estado se discutiera la necesidad de, conservando su autonomía, supervisar al Banco de México; y también la de quitarle la tarea de medir la evolución de los precios al consumidor. Sin duda es una de las reformas pendientes. En cualquier ámbito ser juez y parte no es lo más recomendable, mucho menos en una tarea tan delicada como ésta.
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Pero mientras eso sucede, el aumento de precios de los productos básicos sigue deteriorando el ya exiguo bienestar social de la población, porque así lo dicta el fundamentalismo económico gubernamental durante las tres últimas décadas, para el cual todos los precios se determinan libremente, menos el de la fuerza de trabajo que se encuentra absolutamente controlado mediante los topes salariales que no pueden rebasar la inflación esperada anual definida por el Banco de México. Así que para las autoridades, la demanda de un aumento salarial de emergencia equivale a una blasfemia.
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Tanto las organizaciones sociales que sustentaron la "Declaración del zócalo", como las organizaciones políticas encabezadas por Andrés Manuel López Obrador, subrayan la necesidad de fortalecer la producción agropecuaria y poner un freno a los acaparadores. Tienen razón. Si México gozó de un largo periodo de estabilidad de precios y de suficiente crecimiento económico durante la segunda mitad del siglo pasado fue precisamente por el excelente desempeño del sector agropecuario, específicamente del sector ejidal.

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Muchas de las claves para explicar el llamado milagro económico mexicano se encuentran en la astucia del Estado para convertir a los ejidatarios en asalariados del Estado. Sin la propiedad de la tierra, sin libertad para definir qué producir, con ingresos determinados por los precios de garantía, y con la certidumbre de las compras esestatales de granos básicos, ese sector de productores rurales estuvo supeditado a la política del Estado, como un asalariado lo está en manos de su patrón.
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No olvidemos que además, esos asalariados con tierras constituyeron una fuente fundamental de legitimidad para el Estado autoritario. A costa de sus niveles de vida y de su libertad política, la economía nacional contó con todos las ventajas del buen funcionamiento de ese sector. Sería entonces un gran error pretender reeditar ese modelo autoritario.

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Lo que sí es necesario debatir son las formas para lograr restituir las virtudes económicas del sector agropecuario en el marco de un Estado democrático. Y ello pasa necesariamente por el establecimiento de un nuevo pacto social.

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En ese nuevo pacto social ya no cabe el corporativismo ni el clientelismo, pero sí el cumplimiento de la obligación constitucional de que el Estado ejerza la rectoría económica sobre el desarrollo nacional, y también la democratización de las organizaciones sociales rurales. Es lo menos que se necesita para hacer frente al poder de los neolatifundistas y acaparadores y lograr restituir la capacidad productiva de ese sector, así como la autosuficiencia y soberanía alimentarias.