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A las afueras de la Secretaría del Trabajo llevan ya semanas en protesta algunos familiares de mineros sepultados en Pasta de Conchos, hartos de que funcionarios federales de distintos niveles mantengan la trampa institucional de aparentar que están recorriendo con honestidad la ruta accidentada de la búsqueda de justicia cuando, en realidad, lo que hay es una maniobra mafiosa de protección de intereses empresariales que contribuyeron a proyectos martísticos, negocios vicentinos y campañas presidenciales que también se dieron por ganadoras en términos fraudulentos.
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Germán Larrea puede seguir disfrutando tranquilamente la ofensiva concentración de riqueza que ha hecho a partir de la explotación inhumana de trabajadores y de la operación descuidada (“ahorrativa”) de minas cuyo mal estado ha sido históricamente dado por bueno por burócratas que reportan hacia arriba sus proezas de recolección de oro, de colocación de vallas a los trabajadores y de lanzamiento de bolitas de un lado a otro.
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Francisco Xavier Salazar Sáenz y Carlos María Abascal son corresponsables de lo que sucedió en Pasta de Conchos, pero hoy despachan muy ufanos en carteras de protección que les habilitaron en el comité nacional del panismo foxista-espinista.
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Y el actual secretario del Trabajo, llevado a las cumbres de la picaresca nacional con la acusación china que en su contra se hizo de haber amenazado a un guardián de excedentes de fondos electorales con darle cuello si no cooperaba, cierra las puertas de su oficina, hace malabares legalistas para escamotear justicia y rehúye el diálogo directo con las viudas y los familiares de Pasta de Conchos que son tratados como en tiempos del porfirismo.
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