Digna expropiación

Ricardo Javier García Martínez
El Norte, 12 Mar. 08


Cuando los políticos usan el término "reforma" para ayudar a que empresas extranjeras exploren y extraigan petróleo del subsuelo en aguas profundas del Golfo de México, saben que la palabra prestigia a quienes la utilicen.

Niega la burocracia federal que se hable de privatizar Pemex y con doble lenguaje trata de convencer de que la empresa necesita reformas al artículo 27 constitucional. El actual director de la paraestatal, Jesús Reyes Heroles, en doble discurso, sin experiencia suficiente en el tema energético, comienza a hablar de "alianzas" poco transparentes sin exponer abiertamente las intenciones ocultas de privatización paulatina del bastión más importante de los recursos naturales mexicanos.

Después de la depredación insustentable del subsuelo en las dos últimas décadas hasta casi agotar Cantarell, de desalentar, jubilar y despedir a cuadros técnicos y gerenciales de alto nivel, dejar obsoleta maquinaria e industria petroquímica que hasta mediados de los 80 se renovó, y de no sustituir los yacimientos encontrados entre 1903 y 1982, el Gobierno federal no ve más solución que las empresas privadas nos saquen de la indolencia federal en inversiones para Pemex.

No se puede parangonar la reforma en la Constitución de 1857, donde las Leyes Lerdo y Juárez eliminaron el monopolio que por siglos mantuvo el alto clero católico con la urgente asignación de recursos para exploración y extracción obstruida por la ordeña de petróleo, bajo presión de la Secretaría de Hacienda, cuyos recursos darían continuidad a programas detenidos hace 25 años por gobiernos neoliberales aviesos, sobre todo el de Vicente Fox en complicidad con el líder sindicalista Carlos Romero.

No es mentira lo indicado por López Obrador de que la inversión a Pemex se redujo de 2.9 por ciento en 1982 a 0.57 por ciento en 2007, esto es indicador de que el Gobierno federal oculta al superhéroe privatizador para el rescate de la apatía torcida de no modernizar la industria petrolera y eléctrica.

En los años 70, el director de Pemex, Antonio Dovalí Jaime, un hombre patriota y directo, un técnico mexicano previsor, verdadero administrador, no político improvisado en el tema, informaba a periodistas que desde 1938 el aprovechamiento de los yacimientos petroleros se había incrementado de 39 a 178 millones de barriles anuales.

Nos advertía Dovalí que era explicable el marcado interés de Estados Unidos en propiciar el crecimiento de las actividades exploratorias de la paraestatal con asesoría tecnológica, y agregaba que como director confiaba en la capacidad del trabajador petrolero mexicano y los recursos de la nación. Lo mismo que ahora sugiere López Obrador.

Técnicos petroleros, insistía Dovalí, tenían confianza en nuevos mantos localizados especialmente en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas,Morelos, Puebla, Chiapas y Oaxaca, aunque se exploraba en toda la República, a excepción del DF.

Contra la política petrolera de desmantelamiento de Pemex es doblemente esencial aumentar la producción en pozos continentales y de aguas someras, ya descubiertos, protegiendo la Constitución y la operatividad del organismo, amenazados por manos inexpertas e improvisadas.

En 1903 se perforó el primer pozo exitoso en Ébano, San Luis Potosí. Ahora Pemex, modernizado, está obligado a continuar la política exploratoria en puntos potenciales de la República anteriormente localizados, antes del riesgo de coinvertir con tecnología extranjera en aguas ultraprofundas.

Destinemos recursos económicos, que los hay, con un nuevo régimen fiscal en un Pemex esquilmado por la alta burocracia, exigiendo que disminuya el excesivo gasto corriente federal incrementado al doble desde el año 2000. En esa gordura está el capital operativo futuro de la empresa petrolera.

Los abundantes activos de Pemex usados indebidamente para paliar ajustes económicos de políticos que sí requieren reformas en sus excesos deben, para celebrar una digna expropiación petrolera, destinarse al bienestar social de México.