26 de agosto de 2009
Comunicado No. 0809/025BP
ESPERANZA LEGISLATIVA
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A. C. (CADHAC), desea compartir con la comunidad una breve reflexión sobre el trabajo desempeñado por los y las integrantes de la LXXI Legislatura al Congreso del Estado de Nuevo León, y las expectativas que recaen sobre la Legislatura entrante..
La legislación creada en los últimos tres años en materia de seguridad pública, nos permite identificar un serio retroceso en el respeto y vigencia de los derechos fundamentales de todo ciudadano, así como en el proceso democrático que toda sociedad merece.
En la Legislación saliente se identificó una clara tendencia al endurecimiento de las sanciones y la creación de más prohibiciones legales, especialmente a través de la creación de nuevos delitos, el aumento de sanciones y de delitos en el catálogo de delitos graves, tales como: Delito contra la seguridad de la comunidad, Ataque contra Servidores Públicos, Violencia en Espectáculos Deportivos, Daño en Propiedad Ajena en la modalidad de pintar inmuebles (graffiti), Obstrucción de la Vía Pública fueron delitos de nueva creación; el Pandillerismo, la Resistencia a las Autoridades, las Lesiones a Servidores Públicos, el Homicidio calificado, el Parricidio y el Secuestro, son algunos de los ilícitos o modalidades cuya pena fue agravada.
La mayoría de las reformas en materia penal que hemos visto en los últimos años no responden adecuadamente a las problemáticas sociales; debemos recordar que no existe una relación directa entre la gravedad de la pena y su efecto disuasorio. Las conductas criminales no disminuirán porque las penas sean mayores, sino porque se apliquen correcta y sin excepción a los culpables. Es decir que, no es con sanciones más aparatosas sino con autoridades más eficientes y menos corruptas, que la sociedad neolonesa podrá enfrentar adecuadamente a la delincuencia.
Por otra parte, la ampliación del catálogo de delitos graves en el Código Penal y, por remisión, en la Ley del Sistema Especial de Justicia para Adolescentes, ha dado lugar al incremento en la aplicación de la prisión preventiva y, en consecuencia, en el número de personas encarceladas, incluyendo menores de edad. La adopción del sistema penal acusatorio y la preeminencia del principio de presunción de inocencia requieren la reducción de los supuestos de prisión preventiva, ya que ésta constituye un obstáculo para el ejercicio de una defensa adecuada, viola el principio de presunción de inocencia, constituye una pesada carga para la hacienda pública y genera situaciones de privación arbitraria de la libertad, porque se aplica de forma automática sin que el juez de la causa pueda evaluar caso por caso si es justificado aplicar tal medida.
Consideramos que esta serie de acciones legislativas, redujo la esfera de libertades de los individuos, dañando las de por sí precarias condiciones democráticas en Nuevo León. Al no contar con instituciones de Estado que se apeguen estrictamente a los derechos fundamentales consagrados en las constituciones federal y local, así como en el derecho internacional de los derechos humanos, vemos que los anhelos por la vigencia de un Estado Constitucional y Democrático de Derecho, y por un mayor ejercicio público de deliberación en la toma de decisiones, se esfuman.
Exhortamos a los nuevos legisladores a no cometer los errores antes mencionados, a asumir una actitud, asertiva y humilde, que les permita buscar y tomar en cuenta las opiniones de la ciudadanía y de expertos en los temas que les toque legislar, así como la obligación de cuidar y respetar los límites que las Constitución y los tratados internacionales les imponen y sin los cuales nos conduciríamos precipitadamente a un estado autoritario.
Mantenemos la esperanza y exhortamos a los recién electos Diputados y Diputadas que integrarán la LXXII Legislatura al Congreso del Estado a aprovechar la oportunidad de realizar su encomienda legislativa con dedicación, esmero, asumiendo el compromiso de restituir a la ciudadanía los derechos esenciales que le han sido afectados; es decir, esperamos que el órgano democrático y representativo de nuestra entidad federativa contribuya al fortalecimiento de un modelo de democracia constitucional, garante de las libertades y los derechos de todas las personas.
Fraternalmente,
CIUDADANOS EN APOYO A LOS DERECHOS HUMANOS
Comunicado No. 0809/025BP
ESPERANZA LEGISLATIVA
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A. C. (CADHAC), desea compartir con la comunidad una breve reflexión sobre el trabajo desempeñado por los y las integrantes de la LXXI Legislatura al Congreso del Estado de Nuevo León, y las expectativas que recaen sobre la Legislatura entrante..
La legislación creada en los últimos tres años en materia de seguridad pública, nos permite identificar un serio retroceso en el respeto y vigencia de los derechos fundamentales de todo ciudadano, así como en el proceso democrático que toda sociedad merece.
En la Legislación saliente se identificó una clara tendencia al endurecimiento de las sanciones y la creación de más prohibiciones legales, especialmente a través de la creación de nuevos delitos, el aumento de sanciones y de delitos en el catálogo de delitos graves, tales como: Delito contra la seguridad de la comunidad, Ataque contra Servidores Públicos, Violencia en Espectáculos Deportivos, Daño en Propiedad Ajena en la modalidad de pintar inmuebles (graffiti), Obstrucción de la Vía Pública fueron delitos de nueva creación; el Pandillerismo, la Resistencia a las Autoridades, las Lesiones a Servidores Públicos, el Homicidio calificado, el Parricidio y el Secuestro, son algunos de los ilícitos o modalidades cuya pena fue agravada.
La mayoría de las reformas en materia penal que hemos visto en los últimos años no responden adecuadamente a las problemáticas sociales; debemos recordar que no existe una relación directa entre la gravedad de la pena y su efecto disuasorio. Las conductas criminales no disminuirán porque las penas sean mayores, sino porque se apliquen correcta y sin excepción a los culpables. Es decir que, no es con sanciones más aparatosas sino con autoridades más eficientes y menos corruptas, que la sociedad neolonesa podrá enfrentar adecuadamente a la delincuencia.
Por otra parte, la ampliación del catálogo de delitos graves en el Código Penal y, por remisión, en la Ley del Sistema Especial de Justicia para Adolescentes, ha dado lugar al incremento en la aplicación de la prisión preventiva y, en consecuencia, en el número de personas encarceladas, incluyendo menores de edad. La adopción del sistema penal acusatorio y la preeminencia del principio de presunción de inocencia requieren la reducción de los supuestos de prisión preventiva, ya que ésta constituye un obstáculo para el ejercicio de una defensa adecuada, viola el principio de presunción de inocencia, constituye una pesada carga para la hacienda pública y genera situaciones de privación arbitraria de la libertad, porque se aplica de forma automática sin que el juez de la causa pueda evaluar caso por caso si es justificado aplicar tal medida.
Consideramos que esta serie de acciones legislativas, redujo la esfera de libertades de los individuos, dañando las de por sí precarias condiciones democráticas en Nuevo León. Al no contar con instituciones de Estado que se apeguen estrictamente a los derechos fundamentales consagrados en las constituciones federal y local, así como en el derecho internacional de los derechos humanos, vemos que los anhelos por la vigencia de un Estado Constitucional y Democrático de Derecho, y por un mayor ejercicio público de deliberación en la toma de decisiones, se esfuman.
Exhortamos a los nuevos legisladores a no cometer los errores antes mencionados, a asumir una actitud, asertiva y humilde, que les permita buscar y tomar en cuenta las opiniones de la ciudadanía y de expertos en los temas que les toque legislar, así como la obligación de cuidar y respetar los límites que las Constitución y los tratados internacionales les imponen y sin los cuales nos conduciríamos precipitadamente a un estado autoritario.
Mantenemos la esperanza y exhortamos a los recién electos Diputados y Diputadas que integrarán la LXXII Legislatura al Congreso del Estado a aprovechar la oportunidad de realizar su encomienda legislativa con dedicación, esmero, asumiendo el compromiso de restituir a la ciudadanía los derechos esenciales que le han sido afectados; es decir, esperamos que el órgano democrático y representativo de nuestra entidad federativa contribuya al fortalecimiento de un modelo de democracia constitucional, garante de las libertades y los derechos de todas las personas.
Fraternalmente,
CIUDADANOS EN APOYO A LOS DERECHOS HUMANOS
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