Caso CAIFAC. Varios boletines y notas

Monterrey, Nuevo León, a 15 de enero de 2010

A 470 días secuestrados y seguimos contando

¿Dónde están los niños perdidos? ¿Dónde los responsables?

Las organizaciones abajo firmantes manifestamos nuestra más profunda preocupación por el desdén con que las autoridades del Estado de Nuevo León han tratado el caso de las niñas y el niño desaparecidos mientras se encontraban bajo el supuesto cuidado de CAIFAC.

A 470 días de los hechos, Adriana, Diana y Julio César siguen sin ser localizados, los señalados como responsables directos, siguen sin ser llevados ante la justicia y los reclamos de sus familias y de la sociedad siguen sin ser escuchados.

Hemos acudido a las diferentes instancias gubernamentales implicadas en proporcionar la seguridad y el bienestar social de los niños, pero ellos siguen sin aparecer.

Antes de que desaparecieran Adriana, Diana y Julio, las autoridades, tenían datos que les permitían conocer que los niños estaban en riesgo. Según documentó la Comisión Estatal de Derechos Humanos en el expediente CEDH/129/2009, el 18 de diciembre de 2008 el Ministerio Público pidió a las autoridades del Sistema DIF que investigaran el riesgo en que podían estar Adriana, Diana y Julio César, sin embargo, dichos funcionarios fueron omisos y sólo realizaron una entrevista parcial, pese a que tenían los elementos técnicos y jurídicos para provisionalmente egresar de ese albergue a los niños e ingresarlos en otro, en lo que investigaban con más cuidado los hechos.

La propia Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió una recomendación derivada del expediente CEDH/129/2009, en la que afirmó que se violentaron los derechos a la legalidad y seguridad jurídica, los derechos del niño y se incurrió en prestación indebida del servicio público. Sin embargo, la recomendación de la Comisión Estatal señala sólo a Dos delegadas del DIF que tuvieron contacto directo con los niños, consideramos que también son responsables los superiores de esas delegadas y las autoridades que por errores y omisiones han fallado en la localización de las niñas y el niño y han permitido que en este caso haya impunidad.

El día de ayer, estuvimos en reunión con el Dr. Jesús Zacarías Villarreal Pérez, Secretario de Salud y se comprometió a la aplicación de la Norma Oficial Mexicana NOM-167-SSA1-1997, Para la prestación de servicios de asistencia social para menores y adultos mayores, del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Presentación de Servicios de Atención Médica. La cual no fue aplicada en los albergues de CAIFAC y esto permitió que el lugar siguiera operando sin cumplir con asuntos básicos de la norma como, por ejemplo, tener un expediente por niño.

La sociedad necesita que el sistema de guarda y protección de la infancia sea transparente y eficaz, que se rija por el Derecho y busque siempre el interés superior de las niñas y los niños, y que cuando haya una irregularidad sea correctamente investigada y subsanada.

Exigimos que las autoridades den resultados puntuales en este caso: que las niñas y el niño sean localizados con vida y devueltos a sus respectivas madres, que los responsables sean llevados pronto ante la justicia y que se tomen medidas serias que eviten la repetición de estas violaciones.

Exigimos que basados en el reglamento del estado, la Procuraduría General De Justicia ofrezca una recompensa por información que lleve a la localización de Adriana, Diana y Julio.

Exigimos que el Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz, emita un pronunciamiento oficial respecto del caso.

Alternativas Pacíficas, A.C.

Arthemisas por la Equidad, A.C.

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C.

Desdén para localizar a Diana, Adriana y Julio César

Exigen a las autoridades ofrecer recompensa por Caifac

Por Sanjuana Martínez

México, DF 13 ene 10 (CIMAC).- Desesperadas y angustiadas por la ausencia de sus hijos después de 470 días, las madres de los niños desaparecidos del Centro de Adaptación e Integración Familiar A.C. (Caifac) Monterrey, exigieron que las autoridades ofrezcan una recompensa para obtener información sobre el paradero de Adriana, Diana y Julio César.

En conferencia de prensa, las organizaciones “Alternativas Pacíficas”, “Arthemisas por la Equidad” y “Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos” (Cadhac), exigieron respuestas de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), sobre los presuntos secuestradores integrantes de la Iglesia Cristiana Restaurada fundada por el pastor Jorge Erdely Graham y apoyada por Sergio Humberto Canavati Ayub.

“Manifestamos nuestra más profunda preocupación por el desdén con que las autoridades del estado de Nuevo León han tratado el caso de las niñas y el niño desaparecidos mientras se encontraban bajo el supuesto cuidado de Caifac Monterrey”, señalaron.

Explicaron que los señalados como responsables directos de la desaparición de los tres niños y otros menores de Casitas del Sur y La Casita de Cancún bajo la custodia de los albergues de la Iglesia Cristiana Restaurada “siguen sin ser llevados ante la justicia y los reclamos de sus familias y de la sociedad, siguen sin ser escuchados”.

Recordaron que antes de que desaparecieran Adriana, Diana y Julio, las autoridades tenían datos que les permitían conocer que los niños se encontraban en una situación de riesgo.

De hecho, fue la Comisión Estatal de Derechos Humanos en el expediente 129/2009, quien documentó que el 18 de diciembre de 2008, el Ministerio Público pidió a las autoridades del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) que investigaran la situación, pero dichos funcionarios hicieron caso omiso y solo realizaron una entrevista parcial dejando a los niños en Caifac, en lugar de ingresarlos a otra casa hogar, mientras investigaban los hechos denunciados.

Consuelo Morales, directora de “Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos”, consideró que en la desaparición de los menores de edad, se violentaron los derechos a la legalidad y seguridad jurídica, los derechos del niño y se incurrió en prestación indebida del servicio público:

“La sociedad necesita que el sistema de guarda y protección de la infancia sea transparente y eficaz, que se rija por el derecho y busque siempre el interés superior de las niños y los niños, y que cuando haya una irregularidad sea correctamente investigada y subsanada”.

A su vez, el abogado de Cadhac, Damián Garza, señaló que el secretario de Salud de Nuevo León, Jesús Zacarías Villarreal Pérez, se comprometió a la aplicación de la Norma Oficial Mexicana 167 para la prestación de servicios de asistencia social para menores, la cual no fue aplicada en los albergues y esto permitió que el lugar siguiera operando sin cumplir con asuntos básicos como por ejemplo, tener un expediente de cada niño.

“Esta norma nunca se aplicó. Hay una grave omisión y responsabilidad de la Secretaría de Salud. El espíritu de la norma tiene que ver con la protección integral de los menores de edad en albergues como vigilar que estudien, que tengan nutriólogos, actividades recreativas y en definitiva bienestar”, dijo.

Las organizaciones no gubernamentales que apoyan a las madres de los niños, exigieron que el gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz, emita un pronunciamiento oficial al respecto.

“Exigimos que las autoridades den resultados puntuales en este caso: que las niñas y el niño sean localizados con vida y devueltos a sus respectivas madres, que los responsables sean llevados pronto ante la justicia y que se tomen medidas serias que eviten la repetición de estas violaciones”.

Piden a autoridades actuación eficiente en caso CAIFAC

Milenio. 13 enero 2010.

Son tres niños los que aún siguen desaparecidos y están en calidad de “secuestrados” desde el 2008, el caso salió a la luz pública cuando una menor escapó del centro y denunció irregularidades en el mismo

Alternativas Pacíficas y Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos AC, exigieron al Gobernador Rodrigo Medina de la Cruz y a la Procuraduría de Justicia que en el marco de la legalidad ofrezcan una recompensa para dar con el paradero de los niños en caso CAIFAC.

Son tres niños los que aún siguen desaparecidos y están en calidad de “secuestrados” desde el 2008, el caso salió a la luz pública cuando una menor escapó del centro y denunció irregularidades en el mismo.

Ante tales acusaciones la autoridad intervino y rescató a 50 menores, pero tres de ellos dos primos y una hermana de Brenda, la menor que logró escapar, son los que hasta el día de hoy siguen sin ser ubicados.

Se trata de Julio César Castañeda Bernal, Adriana Guadalupe Castañeda Bernal y Diana Lizeth Bernal Hernández, quienes tienen 470 días de “secuestrados”.

Hay una denuncia que se interpuso por parte de los padres de familia y también de diversas asociaciones civiles como lo son Alternativas Pacíficas, Artemisa por la Equidad, Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos.

CADHAC pidió a la ciudadanía y al Gobierno del Estado que como en el caso de Amandita, que fue secuestrada del Hospital Metropolitano y que el gobierno del estado ofreció una recompensa por cien mil pesos para dar con ella, se haga lo mismo para dar con los niños de CAIFAC.

Padres y ONG demandan a las autoridades ofrecer recompensa

Exigen en NL hallar a niños desaparecidos de albergue

David Carrizales

Corresponsal

Periódico La Jornada
Jueves 14 de enero de 2010, p. 31

Monterrey, NL, 13 de enero. Organizaciones sociales y la madre de Julio César y Adriana Guadalupe Castañeda Bernal demandaron a la Procuraduría general de Justicia del Estado (PGJE) que ofrezca recompensa a quien proporcione datos que permitan hallar a los dos menores y de la prima de éstos, Diana Lizeth Bernal Hernández, quienes desaparecieron hace 470 días del albergue Centro de Adaptación e Integración Familiar (Caifac).

Consuelo Morales, coordinadora de Ciudadanos en Apoyo a Derechos Humanos, y Liz Sánchez Reyna, directora de Alternativas Pacíficas, expresaron que sólo por complicidad o negligencia podría explicarse que las autoridades sigan sin ubicar a los responsables del albergue, controlado por la secta Los Perfectos, donde, según testimonios de los menores, se cometían abusos y posible trata de personas con fines de explotación sexual.

María Inés Bernal Hernández, madre de Adriana Guadalupe, de 14 años, y Julio César, de 12, comentó que el padre de los menores los llevó a Caifac porque la directora del albergue, Patricia Murguía, quien está prófuga, les ofreció apoyo para que pudieran estudiar la primaria.

Recordó que el incidente que puso al descubierto los abusos contra los menores ocurrió en agosto de 2008, cuando su sobrina Brenda Bernal, hoy de 13 años, escapó del albergue y llegó a su casa descalza y llorando.

Agregó que el 30 agosto de ese año quiso ver a su hija con motivo de su cumpleaños, pero Murguía no la dejó verla porque estaba castigada. Le hablé luego por teléfono, pero no me la quisieron pasar.

Fue entonces cuando trató de sacar a sus hijos, pero Patricia Murguía dijo que no me los podía dar, porque yo los iba a traer en la calle. Fui al Centro Capullos del DIF estatal, pero me dijeron que como no los había tenido internados ahí ellos no podían hacer nada, relató.

En diciembre de ese año, con apoyo de agrupaciones, presentó una denuncia que fue asentada en el expediente 2554/08 y días después la PGJE realizó una inspección y rescató a 50 niños, pero no fueron encontrados su sobrina Diana Lizhet, de 11 años, hermana de Brenda, ni sus hijos, Julio César y Adriana Guadalupe Castañeda Bernal.

Liz Sánchez señaló que la Comisión Estatal de Derechos Humanos acreditó las irregularidades cometidas en Caifac. Sin embargo, a pesar de que la PGJE, a cargo entonces de Luis Carlos Treviño Berchelmann, supo del mal manejo de este caso por parte de la Procuraduría para la Defensa del Menor y la Familia, no puso a los menores bajo resguardo. La misma dependencia, ahora bajo el mando de Alejandro y Garza y Garza, no ha actuado contra los implicados ni ha localizado a los menores. Sólo hay desde abril una orden de aprehensión pendiente en contra Patricia Murguía, directora del Caifac.