| PLAZA PÚBLICA Consecuencias de Cananea |
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Miguel Ángel Granados Chapa
18 Feb. 10
La Unión Nacional de Trabajadores ha reaccionado con severidad ante la sentencia de un tribunal federal que hoy hace precisamente una semana dio por terminadas las relaciones de trabajo entre los mil 100 integrantes de la Sección 65 del sindicato minero y la empresa perteneciente al Grupo México que ha explotado el enorme yacimiento minero en los últimos 20 años. La UNT no sólo ha mostrado su solidaridad con el gremio afectado, posición frecuente en estos casos dado que las palabras cuestan poco. Lo ha hecho anunciando medidas que de ponerse en práctica pueden hacer que la situación pretendidamente resuelta con un fallo judicial en realidad se complique.
Anteayer la UNT anunció la "integración de un cinturón de seguridad alrededor de la mina de Cananea". La presencia de grupos de sindicalistas en apoyo de sus compañeros mineros servirá como factor disuasivo para la eventual ocupación violenta de la mina por parte de los patrones, una vez determinada legalmente la derrota de los trabajadores. O ensanchará el conflicto a un ámbito laboral mucho más dilatado si la prisa del Gobierno por devolver las instalaciones del Grupo México lo empuja a romper el cerco humano protector que se anuncia.
No está de más recordar que la UNT es el organismo federado más activo en el ámbito laboral mexicano. Lo integran sindicatos de empresas, industrias e instituciones estratégicas, como los de telefonistas, pilotos, sobrecargos, universitarios, de la seguridad social, del sector de automotores (Volkswagen), etcétera. Su principal dirigente (aunque formalmente sea un miembro más de la presidencia colegiada) es Francisco Hernández Juárez, que en su carácter de diputado federal (elegido en la planilla del PRD sin ser miembro de ese partido) se ha mostrado muy activo en la defensa del Sindicato Mexicano de Electricistas. El líder de los telefonistas deploró la "miopía gubernamental" ante los efectos de la solución al conflicto de Cananea.
La próxima reunión plenaria de la UNT se realizará en ese enclave minero sonorense, y su representación participará en el Foro de solidaridad con los mineros que en la misma ciudad se realizará mañana y el sábado. Dada la fecha del primer día de la reunión, cobra sentido el que entre las demandas de la UNT cuente la exigencia de "una solución integral al conflicto minero (solución negociada a las tres huelgas estalladas y castigo a los responsables por el crimen industrial en Pasta de Conchos)". La agrupación sindical se refiere a las huelgas de Sombrerete, Zacatecas, y de Taxco, Guerrero, que se iniciaron como la de Cananea hace más de 31 meses, y cuya suerte jurídica no ha sido decidida, por lo que sigue su curso la suspensión de actividades.
"Crimen industrial" ha sido la denominación aplicada al estallido en Pasta de Conchos ocurrida hace cuatro años, el 19 de febrero del 2006, en aquella mina coahuilense también explotada por una empresa del Grupo México. Tras ese lapso, continúa vigente la terquedad empresarial, avalada por órganos gubernamentales, para impedir el rescate de 63 de los 65 mineros sepultados por una colosal masa de tierra y carbón.
En la madrugada de aquel domingo trágico estalló la mina sin que, por desgracia, el acontecimiento fuera realmente sorpresivo, pues los trabajadores habían denunciado las precarias condiciones de seguridad que por negligencia y mezquindad se había negado a establecer o restaurar el consorcio de la familia Larrea.
En el colmo de la perversidad política, el trastorno que sufrió el sindicato minero ante la muerte de muchos de sus integrantes (y de otros trabajadores) fue aprovechado por el Gobierno federal y la empresa para iniciar el embate contra el dirigente de los mineros al que se le pueden atribuir toda suerte de lacras y atavismos, pero que no llega al inmundo nivel moral del propietario principal de la empresa. Por protegerse de una eventual comprobación de su responsabilidad como empleador en el crimen de Pasta de Conchos, ha impedido la reanudación de los trabajos de rescate que permita a los deudos de las víctimas todavía enterradas dar a los restos cristiana sepultura.
Una secuela violenta en Cananea significaría encender lumbre en la pradera seca. Se equivocan en el Gobierno quienes piensan que ya cubrieron el costo social y político del embate contra el Sindicato Mexicano de Electricistas. Se mantiene vigorosa la numerosa porción que se rehusó a "ser liquidada" como (sin advertir la connotación de exterminio de aquella expresión) llamaron a la aceptación de las liquidaciones con copete con que se sobornó a la mayor parte de las víctimas de la extinción de Luz y Fuerza del Centro. Y se equivocan también si suponen que carecerá de consecuencias la embestida contra la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros.
La perseverancia de estos trabajadores les permitió obtener su registro como agrupación sindical que, en acatamiento a una sentencia de amparo, se vio obligada a practicar la Secretaría del Trabajo apenas el 21 de diciembre. Pero a fin de revertir esa victoria sindical, la pinza que había buscado impedirla, Pemex y la propia Secretaría del Trabajo, se dispone a convertirla en derrota. Han forzado a miembros de la Unión a comunicar a la empresa empleadora y a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, dispuesta siempre para estos menesteres, su renuncia a esa agrupación, a la que dicen haber sido afiliados con engaños. El propósito es dejarla sin la membresía exigida por la ley.
Cajón de Sastre
Oportunamente, porque aparece en los momentos en que se inicia una nueva bonanza de Televisa, está empezando a circular un formidable volumen titulado "La ley Televisa y la lucha por el poder en México". Se trata de una colección de 32 ensayos especialmente escritos para esta obra, coordinada por Alma Rosa Alva de la Selva y Javier Esteinou, autores también de la "Introducción". Su labor no se limitó a proponer los temas y a reunir el grupo de expertos que abordaron diversos aspectos de la legislación de radio y televisión, y los avatares de sus reformas impuestas y corregidas, sino que pugnaron porque la edición superara diversas vicisitudes. Consiguieron el concurso de nueve fundaciones, centros de investigación y difusión y asociaciones civiles dedicadas a la comunicación y a la promoción de derechos ciudadanos. El resultado de su empeño tendrá notable utilidad social.
18 Feb. 10
La Unión Nacional de Trabajadores ha reaccionado con severidad ante la sentencia de un tribunal federal que hoy hace precisamente una semana dio por terminadas las relaciones de trabajo entre los mil 100 integrantes de la Sección 65 del sindicato minero y la empresa perteneciente al Grupo México que ha explotado el enorme yacimiento minero en los últimos 20 años. La UNT no sólo ha mostrado su solidaridad con el gremio afectado, posición frecuente en estos casos dado que las palabras cuestan poco. Lo ha hecho anunciando medidas que de ponerse en práctica pueden hacer que la situación pretendidamente resuelta con un fallo judicial en realidad se complique.
Anteayer la UNT anunció la "integración de un cinturón de seguridad alrededor de la mina de Cananea". La presencia de grupos de sindicalistas en apoyo de sus compañeros mineros servirá como factor disuasivo para la eventual ocupación violenta de la mina por parte de los patrones, una vez determinada legalmente la derrota de los trabajadores. O ensanchará el conflicto a un ámbito laboral mucho más dilatado si la prisa del Gobierno por devolver las instalaciones del Grupo México lo empuja a romper el cerco humano protector que se anuncia.
No está de más recordar que la UNT es el organismo federado más activo en el ámbito laboral mexicano. Lo integran sindicatos de empresas, industrias e instituciones estratégicas, como los de telefonistas, pilotos, sobrecargos, universitarios, de la seguridad social, del sector de automotores (Volkswagen), etcétera. Su principal dirigente (aunque formalmente sea un miembro más de la presidencia colegiada) es Francisco Hernández Juárez, que en su carácter de diputado federal (elegido en la planilla del PRD sin ser miembro de ese partido) se ha mostrado muy activo en la defensa del Sindicato Mexicano de Electricistas. El líder de los telefonistas deploró la "miopía gubernamental" ante los efectos de la solución al conflicto de Cananea.
La próxima reunión plenaria de la UNT se realizará en ese enclave minero sonorense, y su representación participará en el Foro de solidaridad con los mineros que en la misma ciudad se realizará mañana y el sábado. Dada la fecha del primer día de la reunión, cobra sentido el que entre las demandas de la UNT cuente la exigencia de "una solución integral al conflicto minero (solución negociada a las tres huelgas estalladas y castigo a los responsables por el crimen industrial en Pasta de Conchos)". La agrupación sindical se refiere a las huelgas de Sombrerete, Zacatecas, y de Taxco, Guerrero, que se iniciaron como la de Cananea hace más de 31 meses, y cuya suerte jurídica no ha sido decidida, por lo que sigue su curso la suspensión de actividades.
"Crimen industrial" ha sido la denominación aplicada al estallido en Pasta de Conchos ocurrida hace cuatro años, el 19 de febrero del 2006, en aquella mina coahuilense también explotada por una empresa del Grupo México. Tras ese lapso, continúa vigente la terquedad empresarial, avalada por órganos gubernamentales, para impedir el rescate de 63 de los 65 mineros sepultados por una colosal masa de tierra y carbón.
En la madrugada de aquel domingo trágico estalló la mina sin que, por desgracia, el acontecimiento fuera realmente sorpresivo, pues los trabajadores habían denunciado las precarias condiciones de seguridad que por negligencia y mezquindad se había negado a establecer o restaurar el consorcio de la familia Larrea.
En el colmo de la perversidad política, el trastorno que sufrió el sindicato minero ante la muerte de muchos de sus integrantes (y de otros trabajadores) fue aprovechado por el Gobierno federal y la empresa para iniciar el embate contra el dirigente de los mineros al que se le pueden atribuir toda suerte de lacras y atavismos, pero que no llega al inmundo nivel moral del propietario principal de la empresa. Por protegerse de una eventual comprobación de su responsabilidad como empleador en el crimen de Pasta de Conchos, ha impedido la reanudación de los trabajos de rescate que permita a los deudos de las víctimas todavía enterradas dar a los restos cristiana sepultura.
Una secuela violenta en Cananea significaría encender lumbre en la pradera seca. Se equivocan en el Gobierno quienes piensan que ya cubrieron el costo social y político del embate contra el Sindicato Mexicano de Electricistas. Se mantiene vigorosa la numerosa porción que se rehusó a "ser liquidada" como (sin advertir la connotación de exterminio de aquella expresión) llamaron a la aceptación de las liquidaciones con copete con que se sobornó a la mayor parte de las víctimas de la extinción de Luz y Fuerza del Centro. Y se equivocan también si suponen que carecerá de consecuencias la embestida contra la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros.
La perseverancia de estos trabajadores les permitió obtener su registro como agrupación sindical que, en acatamiento a una sentencia de amparo, se vio obligada a practicar la Secretaría del Trabajo apenas el 21 de diciembre. Pero a fin de revertir esa victoria sindical, la pinza que había buscado impedirla, Pemex y la propia Secretaría del Trabajo, se dispone a convertirla en derrota. Han forzado a miembros de la Unión a comunicar a la empresa empleadora y a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, dispuesta siempre para estos menesteres, su renuncia a esa agrupación, a la que dicen haber sido afiliados con engaños. El propósito es dejarla sin la membresía exigida por la ley.
Cajón de Sastre
Oportunamente, porque aparece en los momentos en que se inicia una nueva bonanza de Televisa, está empezando a circular un formidable volumen titulado "La ley Televisa y la lucha por el poder en México". Se trata de una colección de 32 ensayos especialmente escritos para esta obra, coordinada por Alma Rosa Alva de la Selva y Javier Esteinou, autores también de la "Introducción". Su labor no se limitó a proponer los temas y a reunir el grupo de expertos que abordaron diversos aspectos de la legislación de radio y televisión, y los avatares de sus reformas impuestas y corregidas, sino que pugnaron porque la edición superara diversas vicisitudes. Consiguieron el concurso de nueve fundaciones, centros de investigación y difusión y asociaciones civiles dedicadas a la comunicación y a la promoción de derechos ciudadanos. El resultado de su empeño tendrá notable utilidad social.
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