Jorge Carrasco Araizaga
MÉXICO, D.F., 16 de abril (apro).- Los militares tienen temor. Marinos y soldados están cada vez más convencidos de que uno de los saldos de la “guerra contra el narcotráfico” en la que los embarcó el gobierno de Felipe Calderón será el de la presión en algunos sectores sociales para que sean investigados y juzgados por los delitos cometidos en contra de civiles.
El intenso cabildeo que los propios militares están haciendo en el Congreso para reformar la Ley de Seguridad Nacional, entre otros ordenamientos, tiene el propósito de garantizar, desde ahora, la impunidad.
Liberados de responsabilidad por los delitos de lesa humanidad cometidos, sobre todo por el Ejército, durante la “guerra sucia”, principalmente en los años sesenta y setenta del siglo pasado, los militares quieren evitar malos tiempos.
La reforma que se discute actualmente en el Senado pretende darle el marco legal a la actuación de los militares en los operativos ordenados por Calderón y garantizar su participación en futuros asuntos de orden público sin que exista el riesgo de investigaciones ulteriores en su contra.
Lejos está esa reforma de la adecuación de las Fuerzas Armadas a la vida democrática. Incluso, si se llegara a reformar el Código de Justicia Militar para que los delitos cometidos por elementos castrenses contra civiles sean juzgados por tribunales ordinarios.
Si bien los militares responsables de graves violaciones a los derechos humanos durante la “guerra sucia” no acabaron en la cárcel, el Ejército sí tuvo que enfrentarse a la eventualidad de ser sometido a investigaciones como las que ocurrieron en algunos países de América Latina al final de los regímenes dictatoriales.
Pero el gobierno de Vicente Fox prácticamente los exoneró a través de la inoperante Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado. El único caso sancionado ha sido el de la desaparición forzada del campesino Rosendo Radilla, detenido en un retén militar en 1974.
Pero esa sanción sólo fue posible fuera de México debido a la persistencia de los familiares de la víctima que lograron llevar el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y posteriormente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en noviembre pasado falló en contra del Estado mexicano por esa acción del Ejército.
La reforma a la Ley de Seguridad Nacional quiere evitar que se repita esa experiencia.
Los asesinatos de civiles a manos del Ejército durante los tres años de los operativos de Calderón quedarían con esa reforma justificados legalmente y se reducirían las probabilidades de acciones legales posteriores, sobre todo en el ámbito internacional.
Para evitarlo, el Ejército tendría que cerrar los expedientes de las víctimas que han caído en los últimos tres años por acciones de sus elementos. Declararlos cosa juzgada.
De esa manera se evitaría el establecimiento de responsabilidades no sólo de los autores materiales de los delitos, sino de sus superiores.
Con todo y lo obsoleto que es el Código de Justicia Militar, su artículo 110 establece que cuando un militar cometa un delito que implique la violación de una ley penal, como son los homicidios y la tortura, “serán responsables el superior que hubiere dictado esa orden y los inferiores que la ejecuten”.
Precisa que si la comisión del delito emanare directa y notoriamente de lo dispuesto en la orden, el que la hubiese expedido o mandase expedir será considerado como autor, y los que de cualquiera manera hayan contribuido a ejecutarla serán considerados como cómplices.
Calderón quiere cubrir la salida de las Fuerzas Armadas de los operativos para que él, como su comandante en jefe, quede también liberado de cualquier responsabilidad.
jcarrasco@proceso.com.mx
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