Levantados, la otra cara del narcotráfico

Contralínea

20 Junio 2010

12 tweets

Cientos de civiles, campesinos, obreros, comerciantes, jornaleros agrícolas son levantados por comandos armados, corporaciones policiacas y militares, sin que hayan cuentas pendientes ni petición de rescate; las víctimas simplemente desaparecen sin dejar rastro. Es uno de los lados oscuros de la estrategia de guerra de Felipe Calderón contra el narcotráfico

Ana Lilia Pérez / Primera parte

A plena luz del día, cientos de personas son sustraídas de sus casas, lugares de trabajo, plazas públicas o en trayecto vehicular. Es la geografía del terror que abarca Coahuila, Tamaulipas, Durango, Sinaloa, Baja California, Chihuahua, Nuevo León, Guerrero y Guanajuato, por orden de incidencia.

Son levantados en zonas rurales y urbanas donde no basta con tapiar la casa. Quienes los levantan, como perros de guerra persiguen a su presa hasta debajo de las piedras. La raptan camino a la escuela, cuando hace deporte, o en su casa mientras ve el televisor. No importa si está sola o acompañada, como en los tórridos años de la Revolución Mexicana cuando a los hombres se los llevaba la leva. Éstas son sus historias.

Erick, rumbo a lo desconocido

De niño quiso ser hombre, y en ese vivirse la vida al hilo, recién había cumplido los 16 cuando supo que en unos meses sería papá. Dos bocas que alimentar y él sólo había terminado la secundaria. Su tío Javier Pérez le consiguió empleo como vendedor a cambaceo en la fábrica de pintura Atlanta Duramex, ubicada en San Pedro Xalostoc, Estado de México. En provincia, las ventas son más seguras, así que cuando anunciaron el viaje a Coahuila, Erick le suplicó al tío que lo llevara; se acercaba el nacimiento del hijo y con él crecía su necesidad de dinero.

Es Erick Fernando Pardavell Pérez, quien el 17 de marzo de 2009, junto con otros 19 vendedores y Daniel Rentería Tovar, su jefe, salieron de Xalostoc rumbo a Coahuila. Viajaban a bordo de tres camionetas con placas del Estado de México y de Chihuahua. Pernoctarían en Saltillo, su primer punto de venta para los galones de Megavin Express que ofrecían de casa en casa. Para la mayoría no era el primer viaje a esa zona del país, para Erick sí. Planeaba con ese ingreso pagar el parto.

De Saltillo salieron a Monclova, donde permanecieron hasta el día 20. A las cinco de la tarde enfilaron rumbo a Sabinas. Ahí se rompió la caravana. Daniel Rentería y seis vendedores –entre ellos Javier– se quedaron en ese punto de la región carbonífera. El resto llegó a Piedras Negras.

En la camioneta azul, la que conducía Lorenzo Campos Rodríguez, viajaba Erick, junto con José Juan Pacheco Juárez, Pedro Cortez Guzmán, Gersain Cardona Martínez y Juan Garduño Martínez. En la roja: Jaime Ramírez Leyva, Vicente Rojo Martínez, Marco Antonio Ocampo Martínez, Roberto Oropeza Villa, Víctor Abraham Nava Calzotzin y Víctor Ríos Tapia.

A las tres y media de la tarde del sábado 21, desde Piedras Negras, Lorenzo telefoneó al patrón para decirle que no localizaba a sus compañeros de la camioneta roja y que ninguno le contestaba el celular. Su jefe le ordenó que preguntara en la estación de policía. Desde ese momento se perdió también todo contacto con Lorenzo.

Los buscaron en hospitales, dependencias gubernamentales, retenes. Denunciaron su desaparición en la Procuraduría de Justicia del Estado (PGJE) y en la Comisión Estatal de Derechos Humanos. La Policía Ministerial levantó un acta circunstanciada, y fue allí cuando comenzaron los hechos que los condujeron a deducir que estaban implicados policías del estado en su desaparición.

Javier Pérez explica que después de muchas reticencias de la Policía Ministerial para levantar el acta, allí mismo se acercó una mujer para sugerirles regresar a su tierra. “Mejor váyanse para su pueblo, mi’jo porque son los mismos. Tengan cuidado y mejor váyanse ahora mismo”. Después, los obligaron a salir de Coahuila.

“Los ministeriales nos marcaban a los celulares e insistían en que les informáramos dónde estábamos, en qué camioneta íbamos, dónde nos íbamos a quedar. ¡En vez de buscar a nuestros compañeros, querían seguirnos a nosotros! Nos pusimos muy nerviosos, les dimos otra ubicación y nos regresamos”.

Complicidad Zetas-policías

La hipótesis de quienes lograron volver al Estado de México es que a sus compañeros los levantaron Los Zetas en complicidad con policías de Coahuila. “Por eso –dice Javier– no querían que presentáramos la denuncia, ni buscarlos, sino seguirnos a nosotros. Estamos seguros que también nos querían levantar”. La Procuraduría General de la República (PGR) encontró visos de delincuencia organizada, por ello inició la indagatoria PGR/SIEDO/UEIS/077/2009, en integración actualmente.

Han pasado 15 meses. Erick no lo sabe pero tiene un hijo precioso, que nació en una orfandad incierta. De sus 11 compañeros, no hay evidencia de vida, tampoco de muerte. De las camionetas, ni rastro de polvo.

En el México de Felipe Calderón, 12 personas desaparecidas (como los trabajadores de Atlanta Duramex) no son un caso extraordinario, sino más bien común en el clima de impunidad total que vive el país, donde los civiles se han convertido en el blanco tanto de los grupos de la delincuencia organizada como de policías y militares al servicio de las organizaciones a las que dicen combatir.

Coahuila, el paradigma

En sus cuatro puntos cardinales, Coahuila es una trampa para propios y extraños. De 2008 a la fecha, más de 200 hombres han sido levantados sin que haya indicios de su paradero. La cifra corresponde sólo a los casos denunciados por los familiares ante instancias estatales y federales.

Los datos se consideran conservadores ante las circunstancias en las que se efectúan las sustracciones o de quienes participan en ellas, pues “muchos familiares no denuncian por temor a represalias”, explica la abogada Blanca Isabel Martínez, directora del Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, de Saltillo, de entre los primeros en denunciar públicamente este tipo de agravios.

Los casos ocurridos en Coahuila son un paradigma de este fenómeno no sólo por la frecuencia, sino porque en algunos se ha identificado tanto a comandos armados como a elementos del Ejército Mexicano o de policías locales.

En Torreón, ciudad que concentra al 23 por ciento de la población total y es la segunda en importancia en el estado, hay 64 casos reportados de levantones de civiles que, sumados a los asaltos, secuestros, tiroteos y ejecuciones, han convertido a esta metrópoli en una “zona de excepción”.

En la “ruta” de los levantones

Pedro Ramírez Ortiz y su sobrino Armando Salas Ramírez tomaron un día la “ruta” de los levantones.

?¿Y cómo habrían de saberlo?, si Torreón no era lo que es hoy” –dice indignada María del Carmen, hermana de Pedro y madre de Armando.

Aquel 12 de mayo de 2008, salieron de su casa a las 10 de la mañana. Dedicados al mantenimiento de máquinas de videojuegos, andaban en una vieja camioneta apenas con sus herramientas. Ese día les tocaba arreglar las de los locales del centro, pero antes irían a la Tesorería del Palacio de Gobierno a realizar unos pagos. Todavía a las 17:30 llamaron a su patrón.

Con la llegada de la noche, la familia percibió su ausencia. María del Carmen se la pasó en vela marcando insistentemente el celular de su hermano. A las 10:30 de la mañana, timbró su celular, ella contestó y sólo escuchó lamentos. Su desaparición quedó registrada en el acta circunstanciada LIRD-439/2008 que abrió la PGJE.

Durante la indagatoria, en julio siguiente, Gerardo Valdés Segura, jefe del Grupo Antisecuestros, quien tomó el caso de Pedro y Armando, fue levantado por “un grupo armado”, según confirmó la Procuraduría. En un cateo a una casa de seguridad de Los Zetas en Torreón, los militares encontraron sólo las identificaciones de Armando.

El 12 de mayo de 2008, en la colonia Ampliación, también levantaron a Edgar Alejandro Salas Burciaga, de 20 años de edad, 1.75 de estatura. Ocho días antes, de su domicilio se llevaron a José Alberto de la Cruz Martínez, de 21 años, 1.75 de estatura. El 19 de mayo, a Javier Jacobo Najar Calderón, de 43 y 1.89 de estatura. El día 26, a Arturo Molina González, Enrique Mendoza Mata y Fernando Torres González, los tres de 37 años: Arturo 1.80 de estatura; Enrique y Fernando, 1.73 metros, respectivamente.

El 26 de agosto, Víctor Manuel Chavarría Sandoval viajaba de Lerdo, Durango, a Torreón, junto con sus sobrinas Adriana y Gabriela Sosa Hernández, de 22 y 17 años de edad. En un retén que identificaron como “de corporaciones militares y policiacas”, les hicieron el alto. Mientras revisaban el vehículo, Víctor llamó a su esposa Blanca Estela. Le dijo que estaban “a punto de llegar”, que el vehículo estaba en revisión en un retén.

“¡Quítenle el teléfono a ese cabrón!”, escuchó ella. Después un golpe fuerte y luego la grabación del celular de “fuera de servicio”.

Sanjuana Sosa Sandoval recibió una llamada de su hija Adriana, quien angustiada le dijo: “Los militares nos detuvieron y la PFP (Policía Federal Preventiva), y están bajando a mi tío del carro”.

*¿Dónde están? –preguntó Sanjuana.

*En Torreón –le dijo Adriana. Cuando su madre inquirió la causa de la retención, la comunicación fue cortada. Desde ese momento, Blanca y Sanjuana perdieron todo rastro de su paradero. Tampoco se halló el vehículo en el que viajaban.

Adriana es de complexión delgada, tez morena clara, frente amplia y boca grande; la muchacha de ojos color avellana y cabello castaño vestía blusa azul claro de manga corta y jeans de mezclilla azul marino; sus 1.63 de estatura calzados en tenis blancos. Gabriela, cinco años y un centímetro menor; tiene los ojos y el cabello color azabache, de tez morena clara, cara redonda, labios delgados y frente mediana. La familia no recuerda la ropa que vestía. Responsabilizan de su desaparición al Ejército Mexicano, a la PFP y las corporaciones de la Comarca Lagunera.

Leer más