jueves, noviembre 19, 2009

El procurador de Morelos, excelso ejemplo de autoridades en tiempos del PAN


De la provocación al
feminicidio

Adolfo Sánchez Rebolledo

M
uy serio, el procurador general de Justicia de Morelos, Luis Benítez Vélez, aceptó llamar feminicidios a los delitos que el Código Penal califica como homicidios. Antes, la diputada Tania Valentina Rodríguez había denunciado que, de acuerdo a territorio y población, el estado disputa el poco honroso primer lugar en este trágico renglón, afirmación que el funcionario panista rebatió con suavidad diciendo que Morelos está “en el séptimo lugar en la incidencia de casos, ya que de 2005 a 2008 ha habido 85 –sin sumar los 25 oficialmente registrados en este año–, mientras que el estado de México tuvo 573, Distrito Federal 427, Chihuahua 360, Veracruz 282, Chiapas 275 y Jalisco 214”.

Según información del reportero José Luis García Tapia, de La Jornada Morelos, como las cifras no cuadraban, el funcionario y la presidenta de la comisión de equidad de género acordaron cotejar archivos, profundizar investigaciones en curso, iniciar las que hiciera menester y arribar a resultados a la mayor brevedad. En buena hora, pues ésa es la exigencia ineludible de la sociedad: un solo asesinato impune sería una afrenta intolerable para todos los ciudadanos. El funcionario se explayó diciendo que, además de los homicidios, existen otros delitos graves en contra de mujeres y menores de edad, como el abuso y explotación sexual y la trata de personas, que representan ganancias millonarias para el crimen organizado. Y dio un dato sorprendente: la venta de niños representa 10 veces más de ganancias que el narcotráfico, amén de que en Japón –consigna el reportero– las mexicanas son muy bien valuadas (sic).

A esas alturas de la comparecencia, cuando el procurador había librado ya los peores baches dialécticos, el diablo hizo de las suyas gracias a una frase que saltó de su boca como sapo indeseable al llamar a las mujeres a que aprendan a prevenir y a no provocar, repitiendo el mantra que autojustifica el más arcaico de los machismos. Si lo traicionó el subconsciente o si nada más recuperó la confianza para decir lo que en verdad estaba pensando sobre los feminicidios, poco importa.

Está probado que no es lo mismo –ni siquiera para un procurador haciendo filigranas retóricas– rendirse ante la utilidad circunstancial del lenguaje políticamente correcto que atender al significado, las implicaciones y las relaciones invocadas por términos como feminicidio, cuyo uso reiterado no lo consagra como sinónimo de otros ya existentes. En este rechazo a comprender dicho fenómeno delictivo tomando en cuenta su carácter específico actúa como una traba ética y conceptual que hasta ahora ha impedido a las autoridades enfrentar situaciones de una gravedad inimaginable, sea en Ciudad Juárez, en Veracruz o en Morelos.

Entiendo que se puede hablar de feminicidio sólo si la definición incluye la idea de que se trata del asesinato de mujeres por razones asociadas con su género, comprendiendo por tal la violencia ejercida por los hombres contra las mujeres en su deseo de obtener poder, dominación o control, según la cita que he tomado del ensayo de Francesca Gargallo, El feminicidio en la república maquiladora (La Jornada, 17/7/05).

Y en el caso que he tomado como ejemplo, o bien el procurador se pasó de listo y le tomó el pelo a los legisladores o no entiende la gravedad del feminicidio, lo cual en nada ayuda a resolver los casos pendientes ni a trazar políticas preventivas. Evidentemente, la postura del funcionario morelense no difiere de las que su partido defiende a título general, ¿No es lugar común –y el colmo de la hipocresía mojigata– responsabilizar a las víctimas de violación por ser, según eso, las portadoras del deseo, las verdaderas culpables originarias del pecado? Lejos de promover la cultura de la prevención sustentada en la valoración de los derechos humanos de la mujer, se argumenta como si fuera natural la recomendación medieval de pedir a las mujeres que se vayan a su casa y no que estén expuestas a ser violentadas. Que a un representante del Ministerio Público no se le ocurra, en pleno siglo XXI, otro consejo que devolver a la mujer al encierro purificador de la casa, da idea del tamaño del retroceso. Sin consideración por los cambios introducidos por la revolución femenina, como si las normas y las mutaciones de la relación hombre-mujer no hubieran cambiado la vida de la humanidad, en el imaginario de los políticos mexicanos a cuyo cargo está la observancia de las buenas costumbres y la elaboración de los códigos legales, persiste la opacidad conservadora, el prejuicio ético-religioso como sustrato moral e intelectual siempre en abierta y clara transgresión al laicismo del Estado. Ya no se reclama el candado de castidad como escudo del honor del varón, pero la épica del machismo cotidiano se regodea en una recomendación de orden medieval insostenible: evitar que los delincuentes se metan a las casas para agredir a las mujeres, pues, ojo, muchas de ellas le(s) abren las puertas. ¿No es esa incertidumbre cargada de riesgos potenciales, de violencia contra la vida, la materia prima para comenzar a prevenir el feminicidio? ¿No se trata de saldar cuentas con una cultura cuyos daños se advierten en casi todos los estados de la República?

La derecha política, enfrentada a la sociedad secularizada, está decidida a preservar la hegemonía moral de la Iglesia, sin respetar la libertad religiosa o el pluralismo. Incapaces de afrontar el feminicidio o el derecho de la mujer a la interrupción del embarazo, temas a los que las autoridades panistas se hallan unidos por finos vasos comunicantes, la maquinaria priísta se hunde en el vacío ideológico que ninguna mayoría le permitirá borrar. Pero le sirve a la derecha. Apenas ayer supimos que Veracruz vendría a ser el estado 17 en penalizar el aborto, claro retroceso que la historia no olvidará.

P.D. La Presidencia ha puesto sordina a la guerra contra el narcotráfico una vez agotadas sus potencialidades propagandísticas más rentables, pero no cede en afirmar el talante duro del gobierno. ¿La ley, la transparencia, el respeto a los derechos humanos? La campaña contra el SME prueba, una vez más, que en ausencia de un proyecto reformador el vacío lo llenan los cantos guerreros. ¿Satisfecho, señor Presidente?


En Morelos, un procurador fallido

Octavio Rodríguez Araujo

E
s viejísima la interpretación machista que dice que las mujeres son violadas porque se lo buscan al vestirse de manera provocativa. ¿Qué quiere decir ser provocativa? Usar atuendos que resalten su belleza y no escondan los atributos femeninos. Vestirse como monjas sería una forma de no provocar. Esta versión, tan anacrónica como estúpida, ha sido corregida por el procurador general de Justicia del estado de Morelos, Pedro Luis Benítez Vélez. Para este peculiar personaje las mujeres provocan que las asesinen (y no sólo que las violen) por el hecho de salir de su casa o del domicilio de sus familiares; y su recomendación es que no salgan a la calle, que no se expongan a ser violentadas. Si el tema del debate con las comisiones de justicia, derechos, género y seguridad del Congreso de Morelos hubiera sido sobre los casos de violación, el procurador hubiera dicho lo mismo: las mujeres son violadas porque se exponen, porque lo provocan con su atuendo y su actitud, porque no se quedan en su casa.

Por esa sola declaración, que ha sido citada en diversos medios y no sólo en los diarios locales, el procurador debería renunciar o el gobernador Marco Antonio Adame ya debería estarle exigiendo la renuncia. ¿Cómo se puede esperar que se procure justicia a partir de formas de pensar tan primitivas y estúpidas como las del encargado de hacerlo?

Los feminicidios son una realidad en el país, más en Chihuahua y estado de México, cierto, pero existen en otros estados (Morelos ocupa el séptimo lugar), como también las violaciones, aunque a veces van juntos. Asesinatos y violaciones de mujeres son crímenes de odio, además de ser de género. Y como tales deben verse. La cantidad de crímenes contra las mujeres no permite pensar que se trate de un asesino serial o cosa semejante. Estamos hablando de miles, no de unos cuantos. Los casos más conocidos, y sobre los que se han escrito libros y decenas de artículos, son los de Ciudad Juárez, en Chihuahua, pero no por eso deben subestimarse los más de 500 ocurridos en el Distrito Federal entre 2005 y 2008 o los 145 en Morelos en el mismo periodo (datos de La Jornada Morelos, 17/11/09).

Los crímenes o delitos de odio son aquellos que se cometen contra personas pertenecientes a una raza, religión, género, afiliación política u orientación sexual. Con frecuencia este tipo de crímenes son motivados por prejuicios desarrollados por el entorno social e ideologías asumidas como verdades convenientes o ante amenazas subjetivas y enfermizas (poco o nada razonadas) a la propia existencia de quien o quienes los ejecutan. Cierto tipo de crisis son caldo de cultivo para los crímenes de odio.

El fenómeno es muy complejo, pero en las crisis suelen exacerbarse los odios y la creación de culpables, pero también los sentimientos de inferioridad de quienes las viven con mayor agudeza, por lo cual no sólo se buscan culpables, sino formas de realización personal basadas en la dominación sobre aquellos que son más fáciles de victimar, para el caso las mujeres y en ocasiones los menores de edad. El desempleo masivo, por ejemplo en Europa y en Estados Unidos, ha aumentado los crímenes de odio contra los inmigrantes que son vistos como competidores en el mercado de trabajo; en Ciudad Juárez, contra las mujeres que encontraron más empleo que los hombres en las maquiladoras, etcétera. El desempleo masivo, que padecemos en México desde hace tiempo (y que sigue creciendo), puede ser una de las razones por las que ha aumentado el número de feminicidios y no sólo el de robos, asaltos y otros delitos motivados por la desesperación de la pobreza sin salida.

Los asesinatos de mujeres son parecidos a las violaciones. Se llevan a cabo bajo el prejuicio ancestral y reaccionario de que el ser fuerte debe dominar al débil y desquitar sus frustraciones con éste. La violación de mujeres, niños y niñas e incluso de jóvenes varones (por ejemplo en las prisiones) obedece a la misma regla: la dominación. El que no puede dominar sobre sus iguales lo hace con aquellos que considera débiles, sin percatarse de que el débil es el que viola o asesina a quienes considera inferiores. En todos los casos se trata de un abuso, y sólo se puede abusar de quien tiene menos fuerza, igual se trate del abuso colectivo o individual o de quien tiene poder político o económico sobre el que no lo tiene.

Un hombre seguro de sí mismo, estable, feliz y realizado como ser humano, difícilmente será un asesino o un violador de mujeres o de menores de edad. Por lo tanto, aventuro una hipótesis: lo que debe hacerse es promover el empleo, la distribución de la riqueza y la justicia social, y no pedir a las mujeres que se queden en casa.

Si el Estado no puede proteger a las mujeres y a los niños del abuso de hombres frustrados que en compensación subjetiva se sienten muy machos, algo está muy mal en el país y quizá sí debemos hablar de un Estado fallido, cuya materialización son gobiernos igualmente fallidos, con procuradores de justicia más que fallidos.



La persecución a defensores de Derechos Humanos presente a nivel internacional


España deja en el limbo a activista saharaui

Aminatu Haidar fue expulsada de El Aaiún y deportada a Canarias; está en huelga de hambre

Blanche Petrich
Periódico La Jornada
Jueves 19 de noviembre de 2009, p. 40

Luego de un mes viajando de un continente a otro, premiada y reconocida por su activismo por los derechos humanos, Aminatu Haidar aterrizó finalmente en su ciudad, El Aaiún, capital del Sáhara Occidental, bajo ocupación de Marruecos, el 13 de noviembre. Esta mujer, icono de la resistencia anticolonial en el norte de África, llenó el formulario migratorio. En el espacio para indicar su nacionalidad, escribió saharaui. Eso bastó para que fuera detenida durante 24 horas por las autoridades marroquíes. Su pasaporte fue confiscado.

Al día siguiente fue subida contra su voluntad a un avión rumbo a Lanzarote, la menor de las islas Canarias, donde las autoridades españolas permitieron su ingreso sin que ella lo solicitara o aceptara siquiera. A partir de ese momento, ninguna aerolínea la ha admitido para volar de regreso a la ciudad donde la esperan sus hijos, de 13 y 15 años. Menguada por la anemia, las úlceras y otras dolencias derivadas de los años que pasó presa, Aminatu se declaró en huelga de hambre y ha acusado al gobierno español de complicidad con el reino marroquí por su expulsión.

En su nombre, el delegado del Frente Polisario en islas Canarias, Mohamed Salem, declara a La Jornada. El rey Mohamed VI le teme a Aminatu, no sabe qué hacer con ella. No la quiere en el Sáhara porque muchos ciudadanos la siguen en su camino hacia la libertad. No la puede meter presa otra vez porque habría mucha presión internacional. Por eso se optó por la expulsión, con la complicidad del gobierno de España.

Con su protesta pacífica, Haidar –madre soltera de 42 años– ha metido en un brete a la cancillería española. Su abogada, Inés Miranda, define así el limbo legal que provocaron las autoridades migratorias españolas al recibir en su territorio a la líder expulsada: Sin pasaporte se le obliga a entrar a España y se le prohíbe salir.

Con el paso de los días su caso va ganando visibilidad en la prensa internacional y, según informa Salem, va prendiendo la indignación entre la población saharaui. En las últimas horas la presión sobre Madrid ha crecido. Las fuerzas políticas, desde el Partido Popular hasta la oposición de izquierda, exigen al gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero una solución para el retorno de la dirigente a su país.

El representante del Frente Polisario ante Naciones Unidas, Ahmed Bujari, advirtió ayer al Consejo de Seguridad del organismo que esta súbita y premeditada escalada de Rabat contra los derechos humanos en el Sáhara tendrá un efecto negativo y podría descarrilar las gestiones de paz del secretario general en la región.

Sin embargo, según explica telefónicamente Salem, el representante del Polisario en las Canarias, el gobierno español no ha facilitado ninguna vía de negociación. No tenemos ninguna noticia, ninguna autoridad española se ha acercado. Se palpa un abandono de la responsabilidad política que tiene Madrid sobre este caso. Ella simplemente está esperando que le restituyan su derecho a regresar a su país.

Encima de todo, acusada

–Miguel Ángel Moratinos ha dicho que Aminatu se tranquilice y se serene.

–El canciller puede decir lo que quiera. La señora Haidar lo único que pide es estar con sus hijos en casa, moverse libremente en su país, que es su derecho.

Ella agradece lo que la sociedad española ha hecho por ella, pero no le ha pedido la entrada en España a Moratinos ni quiere ser retenida contra su voluntad aquí. España está desconociendo su derecho a estar en su país.

–La autoridad aeroportuaria de Lanzarote la ha citado penalmente, acusándola de alterar el orden público.

–Ella no está perturbando el orden público. Estamos en la sala de salida de la terminal I; ella está sentada y por momentos acostada en espera de que se le permita tomar un vuelo hacia El Aaiún, nada más; nunca ha hecho un gesto de fuerza en ninguna parte del mundo, su lucha siempre ha sido pacífica. Lo que ha hecho la autoridad aeroportuaria es un absurdo y un insulto.

Haidar preside el Colectivo de Defensores de Derechos Humanos en los territorios ocupados del Sáhara. Otros siete dirigentes de la misma agrupación fueron detenidos en Casablanca el 8 de octubre y serán juzgados por un tribunal militar, acusados de traición a la patria por haber realizado una visita a los campamentos de refugiados en territorio de Argelia. El cargo puede entrañar pena de muerte.

Debilitada por la huelga de hambre de cinco días, la dirigente limita al máximo los esfuerzos, incluso el de tomar la llamada telefónica de La Jornada, por lo que es Salem quien habla por ella. Nos pide que les transmita que está decidida, va a continuar hasta las últimas consecuencias, expresa el delegado polisario.

Médicos del hospital insular y de la Cruz Roja siguen atentos la evolución de los síntomas vitales de esta frágil mujer que a los 20 años, en los ochenta, fue desaparecida y pasó cuatro años presa en la mal afamada Cárcel Negra de El Aaiún, con los ojos vendados durante largas temporadas, por lo que padece severos problemas oculares. Por la tortura también tiene afecciones en la espalda.

Aminatu Haider es la figura más visible de la lucha por la independencia saharaui. La han comparado con Gandhi, La Pasionaria y la premio Nobel de la Paz birmana Aung San Suu Kyi.

–Hay analistas de países aliados de Marruecos que consideran que el gobierno del rey Mohamed VI ha avanzado en la democratización y el clima de libertades…

–Esa visión no tiene nada que ver con la cruda realidad que se vive en los territorios ocupados del Sáhara Occidental. La represión criminal se ha triplicado, ahora mismo hay más de 40 saharahuis presos de conciencia. El miedo a las fuerzas de ocupación es el pan nuestro de cada día.

Anoche, por quinto día consecutivo, la Guardia Civil desalojó a la Haidar y al grupo que la acompaña, a la hora del cierre del aeropuerto, obligándola a pasar la noche a la intemperie.


Exposición y cine en Casa Dr. Margil


CASA MUSEO DEL DR. MARGIL, A. C.

Adherente a La Otra Campaña

Les invita a la

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA:

EL EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL (EZLN)

En la Sala Polivalente del Museo

Del 17 al 30 de Noviembre de 2009

De 2 de la tarde a 7 de la noche, de lunes a sábado.

CINE TERRAZA: “EL DESPERTAR”

Película. “PANCHO VILLA. La revolución no ha terminado”.

Un documental de Francesco Taboada. México. Duración 95´

Viernes 20 de Noviembre de 2009.

Hora: 7 de la tarde.

Entrada Libre

¡VIVA EL EJERCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL (EZLN)!

¡VIVAN LAS COMUNIDADES ZAPATISTAS!

¡LIBERTAD A LOS PRESOS DE ATENCO, DE CHIAPAS Y DE TODO EL PAÍS!

Casa Museo del Dr. Margil, A.C., Calle Moisés Sáenz, No. 400, Col. El Mezquital, Apodaca, N. L., Tel. 83-14-18-65;

E mail: casadrmargil@yahoo.com.mx; http://casadrmargil.ideosferas.org/blog

(Ruta 124 o en Metro Estación San Nicolás tomar Ruta 221)

ANAA 5a. Asamblea


5ª. Asamblea nacional de afectados ambientales

Declaratoria


La quinta Asamblea Nacional de Afectados Ambientales (ANNA), reunida en Chichicuautla, Puebla, los días 7 y 8 de nov de 2009, contando con más de mil delegados de organizaciones y comunidades de 15 estados del país se pronuncia contra la siembra de maíz transgénico en cualquier zona y condición en el país.

Rechazamos la autorización de siembras experimentales de maíz transgénico y denunciamos que es un crimen ambiental, cultural y contra la soberanía alimentaria del país.

Llamamos a todas las organizaciones, pueblos y comunidades a resistir y rechazar esta entrega de nuestro maíz nativo a las trasnacionales y a no plantar ni consumir maíces que no sean campesinos.


Relatoría General de la Quinta Asamblea Nacional de Afectados Ambientales

Esta Quinta Asamblea Nacional de Afectados Ambientales se ha desarrollado en un momento en que la crisis que sacude al país se hace más profunda. Esta situación agrava los efectos depredatorios contra las comunidades y sus recursos naturales. Pero este nuevo momento nos abre la posibilidad y necesidad de hacer más fuertes nuestras luchas.


La gravedad de la situación que vive la nación, se expresa con singular crudeza en muchas localidades de nuestro país, como es el caso de la comunidad donde sesiona esta Asamblea. La comunidad de Chichicuautla, junto con otros pueblos de la región del valle de Perote han asumido la ejemplar lucha en contra de una empresa trasnacional que, con total apoyo e impunidad que ofrecen los distintos órdenes de gobierno de este país, ha envenenado el agua, la tierra, aire y a la misma gente de la región para enriquecerse con un millonario negocio de la cría industrial de cerdos.

A la Quinta Asamblea Nacional de Afectados Ambientales se han incorporado nuevas problemáticas con expresión geográfica en Baja California, Distrito Federal, Jalisco, Morelos, Nayarit, Oaxaca, San Luis Potosí, Puebla, Tlaxcala y Veracruz. Sus problemáticas son de escasez, robo y contaminación de agua; envenenamiento del aire; destrucción de bosques; proyectos de infraestructura carretera; el despojo de tierras, su erosión y contaminación; mega proyectos de minería a cielo abierto; urbanización salvaje y la criminal imposición de la siembra de maíz transgénico.


Los nuevos asistentes reconocen entre las necesidades más apremiantes la asesoría técnico científica, el apoyo legal, defensa de derechos humanos y ambientales; así como el articularse con las problemáticas de tipo ambiental y su secuelas sociales; conservar un espacio amplio, de intercambio de experiencias y ayuda mutua, el respeto a la identidad y autonomía de cada uno de los miembros de la Asamblea.


Las necesidades expresadas por los nuevos participantes se unen al proceso de discusión que hemos desarrollado en esta Asamblea. En especial, sobre las cuestiones organizativas que permitirán reforzar el trabajo, superar los obstáculos y encontrar formas de trabajo conjunto.


Sobre el aspecto organizativo reconocemos a la Asamblea como un espacio donde se intercambian experiencias y se unifican luchas. Nos organizamos de forma plural, horizontal y con respeto hacia todas las formas de organización en lo local, regional, estatal y nacional. La Asamblea no pretende sustituir ni suplantar las luchas locales y su autonomía.


Asumimos la tarea de consolidar un movimiento en defensa del medio ambiente que satisfaga las necesidades de los pueblos. Evitaremos adquirir una estructura burocrática. De esta manera, la estructura del movimiento de afectados ambientales deberá considerar a la Asamblea Nacional como el órgano de representación máxima ante cualquier instancia, por lo que nadie podrá hablar en nombre de ésta y los acuerdos deberán ser tomados por consenso.

Hemos definido la creación de un Consejo Nacional, formado por integrantes de las organizaciones, definidos con base en una representatividad sólida dentro de sus comunidades. Este consejo contará con capacidades de coordinación y ejecución de los acuerdos de la asamblea, convocatoria de subsecuentes reuniones de trabajo y definición de los mecanismos de apoyo solidario entre las luchas. En términos de definición política, la asamblea continuará siendo el único mecanismo de toma de decisiones, por lo que el consejo se enfocará en operativizar y poner en marcha un semáforo de la represión y de las luchas, así como a mantener las rutas de diálogo y comunicación entre las diferentes comunidades.

A la par del Consejo echaremos a andar las siguientes comisiones: Comisión de Difusión y Enlace, Comisión Técnica (de acción jurídica, investigación, etc.) y Comisión de Enseñanza y Capacitación (encargada de socializar los conocimientos en talleres). Las comisiones se definirán acorde a las necesidades y capacidades de cada uno de los espacios de participación, quedando como propuesta que los grupos académicos, jurídicos y sociales de apoyo se integren a dichos equipos de trabajo de manera voluntaria y solidaria.

Queda el compromiso de todos por elegir a nuestros representantes para el Consejo Nacional, que se realizará a finales de la primera quincena de febrero de 2010. Se propone que las reuniones del Consejo Nacional sucedan cada 3 meses, con la posibilidad de reuniones extraordinarias según las circunstancias lo ameriten y contemplando la posibilidad de emplear mecanismos de comunicación a distancia.

Los integrantes de esta Asamblea, asumiendo el nuevo reto organizativo, nos comprometemos a la elaboración de un plan de trabajo

1) por comisiones, que deberán iniciar ya sus actividades y trazar planes de trabajo propios.

2) Incorporarse, en la medida de nuestras posibilidades, a las acciones con motivo de fechas significativas y momentos de convergencia unitaria de otros espacios del movimiento social general.

3) Sumarse a los diferentes actos que convocan los diferentes participantes de esta Asamblea.

4) Pronunciarnos de manera especial en apoyo a la lucha de las comunidades de la región del Valle de Perote contra la trasnacional granjas Carroll y en apoyo a los compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas.

1. Paro cívico nacional, convocado por la Asamblea Nacional de la Resistencia Popular para el 11 de noviembre.

2. 20 de noviembre, movilizaciones de acuerdo a las condiciones de cada comunidad difundiendo las problemáticas y luchas de otras comunidades.

3. Para el 4 de diciembre sumarnos como Asamblea a la propuesta de toma simbólica de la Ciudad de México, conmemorando la llegada del Ejército Libertador del Sur.

4. Acciones simultáneas en cada estado para el 10 de abril en conmemoración de la muerte de Emiliano Zapata

Todo lo anterior, le presenta una serie de retos a la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, que en el fondo, significa dar pasos en un sentido cualitativo, a saber:

A. El crecimiento paulatino que ha mostrado nuestra convocatoria exige repensar el cómo aportar, desde la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, la instalación de la problemática de las relaciones entre naturaleza y sociedad en la agenda de los grandes problemas nacionales.


B. La magnitud de la devastación ambiental nos emplaza a elevar nuestro nivel de conciencia, para que abordemos las diversas problemáticas de los afectados ambientales desde un enfoque adecuado, que nos permita en el corto plazo: Primero, madurar respuestas a la gestión ambiental y el manejo de nuestros recursos naturales en todo el país y, Segundo, que sean las comunidades las que construyan y desarrollen las soluciones ambientales.


C. La crisis del entorno ambiental que se viene mostrando en en el planeta en general y de los territorios del país en particular, nos coloca frente al reto de resolver las siguientes problemáticas: a) la centralidad que adquiere la biodiversidad en el proceso de acumulación mundial; b) el carácter político y conflictivo de la gestión ambiental; c) los debates sobre la legislación y la construcción de marcos institucionales en esta materia; d) las expresiones que asume el escenario mundial en los niveles microsociales; e) las relaciones que las comunidades establecen con la naturaleza y los dilemas que enfrentan en el manejo de sus territorios.


Finalmente estamos conscientes que los retos que se abren con esta Asamblea invitan a que todos nosotros, como integrantes de la misma, asumamos nuestra responsabilidad en las definiciones fundamentales que tendremos que resolver, entre ellas el hacer de esta Asamblea un movimiento de alcance nacional y no un estructura hueca, lo cual exige que redoblemos nuestra participación y nuestros compromisos, tanto con nuestras respectivas comunidades como con los problemas de otros compañeros que están siendo afectados.


¡NO HAY SOLUCIÓN, SIN MOVILIZACIÓN!


¡NO HAY SOLUCIÓN, SIN MOVILIZACIÓN!

¡PRESOS POLÍTICOS LIBERTAD!

Los días 6, 7 y 8 de noviembre tuvimos la oportunidad de tener con nosotros en Nuevo León a una Comisión del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) como parte de la campaña nacional/internacional “Libertad y Justicia para Atenco”.

La jornada de lucha por la libertad para los presos políticos, por la justicia para las mujeres violadas y a los compañeros asesinados en el conflicto del 3 y 4 de mayo de 2006, se enmarca en un difícil contexto nacional en el que los ataques del gobierno a los sectores explotados y oprimidos se recrudecen como lo demuestra el reciente golpe que recibieron nuestros compañeros electricistas con el cierre de Luz y Fuerza del Centro, los asesinatos a miembros de organizaciones de Derechos Humanos, los encarcelamientos a militantes y activistas, los cierres de radios comunitarias, la acción porril en las dependencias estudiantiles y distintos acontecimientos represivos que se han venido desarrollando a lo largo y ancho del país.

Para los trabajadores y sectores oprimidos la lucha por la libertad de nuestros presos es una consigna central del movimiento, y se impone como una tarea permanente al conjunto de la clase que se coloca por encima de las diferencias ideológicas y plantea la solidaridad incondicional de clase superando los sectarismos propios de grupos pequeñoburgueses.

Los revolucionarios sostenemos que, incluso en los momentos de reacción generalizada, las negociaciones jurídico-legales deben estar subordinadas a la movilización de los sectores en lucha con un espíritu altamente combativo y con la certeza de que no habrá solución alguna sin la movilización permanente de nuestra parte.

Las abominables condenas impuestas a nuestros hermanos de Atenco son un mensaje para el conjunto de los sectores en lucha, una advertencia, y una amenaza a quién se atreva a defender la tierra, el salario, la vivienda, la educación, la salud y todas las necesidades que nos crean un interés común y una tarea en la historia como clase explotada y oprimida.

En estos momentos donde las contradicciones entre los trabajadores y el pueblo oprimido se agudizan con los de la patronal y el gobierno, los compañeros Ignacio del Valle (sentenciado a más de 112 años de prisión bajo tres distintos cargos por el delito de secuestro equiparado) Felipe Álvarez (sentencia a 67 años por el mismo cargo) y Héctor Galindo (con 67 años bajo el mismo cargo) se tornan como el emblema de la Clase Obrera y el pueblo de México en la lucha por todos nuestros presos políticos del país en forma particular, y de la resistencia frente al gran capital de manera general.

De su más próxima liberación bajo la presión de nuestras movilizaciones, dependerá en gran medida que más temprano que tarde caminemos codo a codo con todos nuestros hermanos que se encuentran tras las rejas en estos momentos, como resultado de la confrontación entre las clases sociales, en la lucha por la emancipación económica de todos los trabajadores, y en este sentido, retomamos las palabras que nos dejaron dicha comisión en su paso por tierras regiomontanas se hace urgente la movilización de la sociedad civil para abrir el camino hacia la libertad. Pero para ellos se requiere de mayor participación y organización.

La situación actual nos impone como tarea cerrar filas contra el enemigo y reagruparnos como clase, la movilización permanente, la confrontación directa contra nuestro enemigos de clase, el desarrollo de nuestras capacidad de resistencia y ataque en los métodos obreros de lucha son las consignas que nos permitirán arrancarle al Estado y la patronal a nuestros presos.

Es por esto que saludamos con júbilo la liberación de Gloria Arenas y Jacobo Silva, dirigentes del ERPI, quiénes estuvieron presos desde octubre de 1999, sometidos a la salvaje venganza del encierro en las mazmorras de la represión burguesa.

Pero es la misma razón no podemos dejar de exigir la liberación de las y los compañeros detenidos en Oaxaca, Chiapas, Guerrero y todo el país, así como la presentación con vida de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, miembros del EPR, y en general de las y los detenidos desaparecidos.

Razón por la cual, desde nuestra perspectiva, es imposible pasar por alto las acciones y particularmente las omisiones de grupos y organizaciones que “negocian” la solidaridad con los presos políticos, o que la traicionan al no llegar a acuerdos con sus familiares y/o organizaciones de procedencia.

Apuntamos que una perspectiva coherentemente revolucionaria debe de reconocer en primera instancia a la totalidad de los presos, comunes y políticos, como rehenes del Estado burgués, puesto que los segundos lo son por su militancia política y los primeros por ser víctimas de la primigenia violencia del Estado/capital que los orilló a cometer conductas sancionadas por el Estado burgués, la mayor parte de ellas asociadas a la pobreza y a las condiciones de vida infrahumanas.

Y en segunda instancia, a los presos políticos como presos de la lucha de clases, sin distinción de su filiación partidaria o ideológica, y con esto la solidaridad para con ellos se desmarca de las posiciones posteriores que pudiesen tomar los comités de familiares y amigos que luchan por su liberación.

El sectarismo y el oportunismo de oponer las negociaciones entre grupos, a la solidaridad proletaria, en perjuicio de los presos y desaparecidos, es sin duda una clara muestra del lado de la trinchera en que se encuentran algunos “compañeros”, como el Partido de los Comunistas Mexicanos, y algunos grupos del ex FZLN.

Nuestros compañeros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Atenco nos han indicado muy bien cuál debe ser nuestro papel en la lucha por los presos políticos de Atenco y del país, de nosotros va cumplir nuestro deber para con ellos y las responsabilidades que tenemos con nuestros hermanos de clase como militantes revolucionarios.

¡Libertad a los 12 presos políticos de Atenco, presos de la lucha de clases!

¡Revocación de las sentencias condenatorias!

¡Castigo a los responsables materiales e intelectuales de la represión!

¡Alto a la persecución política de América del Valle y Adán Espinoza!

¡Abajo la represión burguesa!

¡Luchar y Vencer!

12 de noviembre de 2009

Organización Popular Anarquista Revolucionaria
México
www.opar.ideosferas.org
contacto_opar@yahoo.com.mx

Movimiento Nuestra América


Declaración del Movimiento Nuestra América y de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad en solidaridad con el SME

"Es inadmisible privatizar las empresas de servicios vitales para la población"


En un contexto de aguda crisis económica y desempleo creciente, el Estado mexicano liquida inconstitucionalmente a más de 44.000 trabajadores activos, a los que se suman los trabajadores jubilados de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro (LyFC). La toma de las instalaciones de Luz y Fuerza por la Policía Federal Preventiva (policía militar) el 10 de octubre pasado y el decreto presidencial de extinción de dicha empresa paraestatal, muestran el despliegue armado y policial del neoliberalismo –en el que el uso de la fuerza antecede a la política.


Este embate sigue los lineamientos del neoliberalismo clásico impuesto por el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y demás instituciones internacionales que buscan precarizar el trabajo, anulando todos los derechos conquistados por los trabajadores a lo largo de más de un siglo. La agresión gubernamental pretende, además, destruir la organización sindical independiente, al tiempo que propina un ataque brutal a la legislación laboral mexicana, al derecho a la organización de los trabajadores, y se inscribe en una estrategia que busca conducir a la nación entera hacia un Estado de excepción.


Es inadmisible privatizar las empresas de servicios vitales para la población, entregándolas a corporaciones nacionales y extranjeras que no atienden al bien público sino a intereses privados. Se responde así a las necesidades de integración y suministro energético del mayor consumidor del mundo, Estados Unidos, y al interés económico de ex funcionarios gubernamentales y empresas transnacionales, particularmente españolas, que buscan obtener la concesión exclusiva de la red de fibra óptica de la compañía, instalada en el Valle de México, para hacer un negocio privado de telecomunicaciones consistente en transmisión de datos, audio y video (Triple play), cancelando así la posibilidad de que la compañía pública de Luz y Fuerza brinde dicho servicio como servicio público.


Rechazamos de la manera más enérgica este nuevo acto de violencia y despojo del capital contra el pueblo de México y expresamos nuestra mayor solidaridad con el Sindicato Mexicano de Electricistas. Nos sumamos a las miles de voces que exigen la derogación inmediata del decreto de extinción de LyFC; la salida de las fuerzas policiacas y militares de los centros de trabajo de los electricistas; el regreso del Ejército a sus cuarteles, y el retorno inmediato a la Legalidad Constitucional.


Movimiento Nuestra AméricaRed de Intelectuales y Artistas En Defensa de la Humanidad

Pablo González Casanova, José Luis Ceceña, Miguel Concha Malo, Enrique Dussel, Ana Esther Ceceña, Gilberto López y Rivas, Camilo Pérez Bustillo, Ana María Aragonés, Miguel Álvarez, José Steinsleger, Alicia Castellanos, Oscar González, Héctor Díaz-Polanco, Carlos Fazio, Enrique Rajchenberg, Lucio Oliver Costilla, José María Calderón, Enrique González Ruiz, Francisco López Bárcenas, Oscar González, Arturo Guillén, Hugo Aboites, Carlos Beas, Margarita Favela, Josefina Morales, Mariana Berlanga, Eduardo Correa, Clemencia Correa, Rubén García Clarck, Catalina Eibenschutz, Marcos Roitman Rosenmann (España), Roland Denis (Venezuela), Efraín León Hernández, Elder Andrade de Paula (Brasil), Roberta Lobo da Silva (Brasil), Nayar López Castellanos, María Atilano, María Guerra, Antonia Candela, José Gandarilla Salgado, Rebeca Peralta Mariñelarena, Massimo Modonesi, Sara Neria Ordaz, Maricarmen Montes, Cristina Steffen, Isabel Sanginés, Daniel Ezcurra (Argentina), Gabriela Roffinelli (Argentina), Luis Arizmendi, Miguel Mazzeo (Argentina).



Candelaria, Campeche y las tarifas de la CFE


Comisión Federal de Electricidad a la caza de deudores

Autor: Ana Lilia Pérez

15 Noviembre 2009. Contralínea

En medio de la aguda crisis económica por la que atraviesa el país, la Comisión Federal de Electricidad comenzó la “cacería” de deudores, en la que promueve que se encarcele a jefes de familia por no pagar el consumo de energía, y que en diversas entidades se criminalice la protesta social en contra de los altos precios del servicio

Los pobladores de Candelaria, en el estado de Campeche, dedicados en su mayoría a la agricultura, silvicultura, pesca, crianza de animales y pequeño comercio, se manifestaron por los altos cobros de energía eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE); de 50 pesos bimestrales en un periodo de seis meses, pasó a 4 mil y 5 mil pesos en promedio bimestral, enteramente desproporcional a sus ingresos familiares y al salario mínimo en la región que es de 49.50 pesos diarios.

Para cubrir el consumo, echaron mano del dinero destinado a los alimentos, el agua, gas y medicamentos, pero al poco tiempo no hubo dinero que alcanzara a cubrir los graduales aumentos en las tarifas, así que ante la CFE se declararon en mora de pagos, por lo cual fueron procesados y encarcelados.

En agosto de 2006, las familias de 30 comunidades se agruparon en el frente denominado “Resistencia Civil Contra las Altas Tarifas de Energía Eléctrica”. Primero, expusieron a las autoridades de los tres niveles de gobierno su problemática, y demandaron un reajuste a las tarifas, problemática que en el Congreso de la Unión han planteado en diversas ocasiones diputados federales de entidades del norte del país.

Con el lema “¡No a la privatización de la energía eléctrica!” y en demanda de “tarifas justas”, las familias de Candelaria organizaron manifestaciones, plantones, mítines, encuentros y foros en otras entidades. Infructuosamente esperaron una solución del gobierno.

La respuesta fue la represión y el encarcelamiento de varios de ellos, las primeras presas de una “cacería” de deudores que la CFE hoy extiende a, por lo menos, sietes estados: Campeche, Chiapas, Tabasco, Oaxaca, Veracruz, Querétaro y Chihuahua, que a excepción de Querétaro, se trata de las entidades que, de acuerdo con los datos de la Secretaría de Desarrollo Social, concentran los municipios y comunidades en mayor depauperación de todo el país.

Pobreza criminal

Ubicado a 239 kilómetros al sureste de la capital de Campeche, Candelaria es el segundo municipio con el Índice de Desarrollo Humano más bajo de la entidad, sólo por debajo de Calakmul, su vecino del Este. Con cerca del 20 por ciento de su población analfabeta, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el municipio encabeza también los índices de desempleo en la región.

Antaño terruño de fincas chicleras que sucumbieron junto con su principal activo, en Candelaria, la mayoría de sus 37 mil residentes –herencia del emporio que creó la The Campeche Timber & Fruit Company– cohabita en cobachas, hacinados en dos o tres habitaciones que hacen las veces de dormitorio, cocina, comedor y estancia para familias de seis a ocho integrantes. Las mejores están construidas con block y piso de cemento o firme, aunque más del 20 por ciento aún tiene piso de tierra.

El principal bien con el que cuentan algunas familias es una televisión, un refrigerador, un ventilador y un radio. No hay lavadoras ni hornos. El consumo de energía eléctrica es relativamente bajo. Dos o tres focos son suficientes para alumbrar la vivienda, de hecho, sólo 4 mil 272 casas de las 6 mil 194 que hay en Candelaria dispone de energía eléctrica, según cifras oficiales del gobierno de Campeche.

En ese empobrecido municipio se registran los primeros casos de jefes de familia encarcelados por no poder pagar las altas tarifas de energía eléctrica de la CFE, las cuales, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, se ubican entre las más caras del mundo.

A partir del 2004, millones de familias en todo el país vieron incrementados sus cobros en el consumo de electricidad sin un aumento significativo del consumo real, a raíz de las modificaciones a las tarifas zonales y a la reducción de los subsidios del gobierno federal. El ingeniero José Luis Apodaca, del Frente de Trabajadores de la Energía, aduce este incremento a una mera política gubernamental “de encarecimiento”.

Las detenciones

Amnistía Internacional y la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) acreditaron que en un operativo violento, el 9 de julio de 2008, personal de CFE inició los primeros cortes masivos de energía eléctrica en Candelaria: dejó sin luz a 12 familias. La comunidad se agrupó para exigir la reinstalación.

En septiembre, la CFE ordenó suspender la energía a los morosos, particularmente a los integrantes del movimiento “Resistencia civil contra las altas tarifas de energía eléctrica”. Los cortes iniciaron a las nueve de la mañana del 25 de septiembre, en un operativo en el que participaron 20 camionetas de la CFE y tres patrullas de la policía municipal. Se cortó el suministro a 60 familias.

Los colonos iniciaron protestas pacíficas ante las oficinas de la CFE, quejándose de que su condición económica les impedía cubrir los adeudos, que, según los cálculos de la CFE, llegaban en algunos casos a 30 mil pesos. Sara López y Joaquín Aguilar, voceros del movimiento, se reunieron con el jefe del Departamento Comercial de la CFE, Leovigildo Domínguez López, quién se comprometió a respetar al grupo e informar a las instancias correspondientes sobre la situación.

Sin embargo, ese mismo día el representante legal de la paraestatal, Joel Rafael Baeza Manzanero, presentó una demanda penal ante la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) en Escárcega, en contra los colonos, por el delito de “obstrucción de obra o servicio público y otros que resulten contra funcionarios federales”. Se integró en la averiguación previa AP/PGR/CAMP/ESC-I/103/2008 bajo los cargos de violación al artículo 26 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, y al artículo 185 del Código Penal Federal, “por oposición a que se ejecute una obra o trabajo determinado”.

El pasado 25 de junio se consignó la averiguación. Con los elementos aportados por el ministerio público federal, en la causa penal 45/2009, el Juez Segundo de Distrito en Campeche, Mario Toraya, liberó órdenes de aprehensión en contra de 33 personas: Sara López González, Joaquín Aguilar Méndez, Andrés Aguilar López, Guadalupe Borjas Contreras, Filiberto Reyes y/o Rigoberto Reyes Aguayo, José Alberto Villafuerte García, Víctor Díaz Andrade, Octavio Solís Cortés, Elmer Castellanos Velazquez, Guadalupe Lizcano Gómez, Miguel Félix Acopa, Salatiel Concepción de la Cruz, Emilio García de la cruz, Eduardo Pérez Oy, María del Carmen Domínguez Guzmán.

Además de Turi Ramírez Domínguez, Nicolás Arcos Guzmán, Humberto Arcos Díaz, Abigail Canal López, Héctor Alejos Jiménez, Domingo Álvarez Silvano, Ricardo Uc Canal, José Cambranis, Luis Domínguez Bautista, Miguel Domínguez Martínez, Julia Baeza Cruz, María Elena Rosario Muñoz, Rodrigo Reyes Aguayo, Manuel Aguilar Compán, Miss Salas Rosas, Manuel Rodríguez, Juana Pech y Lourdes Félix Alejo.

La madrugada del 10 de julio se cumplieron cinco aprehensiones. La Policía Ministerial Federal detuvo en sus domicilios a Sara López, Joaquín Aguilar, Elmer Castellanos, Guadalupe Borjas y Guadalupe Lizcano.

Amnistía Internacional acreditó numerosas irregularidades durante las detenciones:

Al filo de las 5 de la mañana, Sara López escuchó fuertes golpes en la puerta de su casa. Minutos después, policías ministeriales rompieron las puertas e ingresaron a la vivienda. No se identificaron ni presentaron orden judicial alguna.

?¡Hijo de tu puta madre, cómo te llamas!” –increparon a Joaquín.

?¿A quién buscan? –preguntó Sara. Nosotros tenemos un abogado.

?¡A tu abogado también se lo va a llevar la chingada!

Sara fue obligada a cambiarse de ropa frente a los agentes. Luego encañonaron a su hijo y esposaron a Joaquín. En tanto, en los domicilios de Guadalupe Lizcano, Elmer Castellanos y Guadalupe Borja, ocurrían detenciones similares con violencia e insultos.

Sin informar a los familiares dónde los trasladarían, a Sara y Joaquín los metieron a una camioneta. El trayecto fue aderezado con golpes en la cabeza y cuello, amenazas, y el terror perenne de sentir el cañón de las armas en la cabeza.

Los cinco detenidos fueron trasladados a la delegación de la PGR en Campeche. Hasta las once de la mañana, a Sara le permitieron telefonear a sus hijos para informarles que los ingresarían al Centro de Readaptación Social (Cereso) de San Francisco Kobén. Seis días después se les dictó auto de formal prisión por los delitos de “privación ilegal de la libertad en su modalidad de retener una persona como rehén y obstrucción o impedimento de una obra o servicio público”.

La averiguación previa PGR/CAMP/ESC-I/103/2008, a la que tuvo acceso Contralínea, integra la declaración de los ocho testigos de la CFE, todos ellos trabajadores de la paraestatal. En su testimonio, cada uno simplemente ratifica lo que dijo el testigo que le precedió en su declaración.

Una declaración ilustrativa es la de Kermitt Leonardo Bacelis Patrón, jefe de oficina de la CFE en Candelaria, quien el 15 de octubre de 2008, dijo estar “de acuerdo con la denuncia y querella interpuesta por el licenciado Joel Baeza Manzanero (apoderado legal de CFE), y con el contenido de la comparecencia del licenciado Leovigildo Domínguez López, jefe del Departamento Comercial de la CFE en Candelaria”.

Ninguno de los testigos se refirió a hechos propios, sino a los declarados por su jefe directo y por el apoderado legal de la CFE. Al respecto, David Peña Rodríguez, de la Asociación de Abogados Democráticos, representante de los inculpados, denuncia que “los testigos indebidamente fueron orientados y aleccionados por el Ministerio Público de la Federación para encuadrar las denuncias y posteriormente liberar las órdenes de aprehensión”.

Ello, explica Peña, “es una acción irregular, violatoria y dolosa por parte del representante social federal, y constituye una grave violación a los principios procesales que rigen la integración de toda averiguación previa, y constituyen una violación procesal grave que vulnera los derechos humanos de los procesados”.

Al estilo Cisen

El 7 de noviembre de 2008, cuando se integraba la averiguación previa, el Ministerio Público giró un oficio al representante de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), Jorge Adalberto Sánchez Aparicio, para que sus agentes investigaran “el nombre o los nombres de las personas que aparecen en las placas fotográficas que obran en la presente indagatoria, emitidas por la perito K. Paloma Sánchez Cadena”, y también “el modus vivendi y modus operandi de dichas personas”.

La AFI entregó su informe el 28 de noviembre. Un legajo con el “perfil” de los inculpados: fotografías con pie de foto donde se asienta el nombre de la persona, domicilio, vínculos familiares y particularmente su pertenencia a movimientos sociales, destacándose como si su activismo fuese un delito.

La ficha de Sara López, indica: “Es cabeza visible del movimiento Resistencia Civil en Candelaria. Ligada al movimiento zapatista de Chiapas y con otros grupos izquierdistas del país. Su familia radicaba en Pedro Baranda, pero hace años se establecieron en Candelaria”.

La ficha de Joaquín Aguilar señala: “Es esposo de Sara López, operador del movimiento de R.C. y de Layda Sansores en su momento, así como de diferentes movimientos siempre que sean de izquierda o anarquistas. Trabaja en el reparto de agua purificada La Candelaria”.

De Guadalupe Borjas Gutiérrez: “Vecino de la Col. Independencia, dedicado a la compra-venta de borregos”.

Sobre Alfonso Borjas Gutiérrez, dice: “Hermano de Guadalupe Borjas, vecino de la Col. Independencia, relacionado con la misma familia. Trabaja en una carnicería de su propiedad”.

Sobre Rigoberto Reyes Aguayo, el perfil elaborado por la AFI indica que “fue uno de los primeros que se opuso al corte del servicio argumentando que no paga porque sus recibos llegan muy altos y considera injustos los cobros”.

Sobre Oscar Álvarez, “exalbañil, actualmente dedicado a la venta ambulante de aguas y comida, vecino de la Col. Independencia que se suma al movimiento por el costo de energía eléctrica”.

Otra: “Toñita, anciana, vecina de la colonia San Martín, vive a espaldas del cementerio. Es esposa del Caporal, un sujeto borracho y pendenciero muy hábil como jinete y como vaquero, pero disminuido por los años. Se suma al movimiento por lo que considera los altos costos de energía, tiene prácticamente tapado el medidor de su casa para evitar lecturas”.

De David Jiménez: “Vecino de la Col. San Isidro, pertenece a un grupo de la tercera edad, participa con frecuencia en este tipo de movimientos. Hace años fue gente de posibilidades, pero fue acabando con sus recursos y actualmente está en la pobreza. A su derecha Severiano Anguiano y a su izquierda un activo participante de izquierda pendiente de identificar, miembro de un grupo anarquista de tricicleteros. También se dedica a la venta de tacos y perros calientes. Es cotidianamente opositor a todo y con frecuencia (está) metido en movimientos de este tipo”.

Incluye la fotografía de otro vecino no identificado, de quien se cita: “Muy conocido porque está dedicado al reparto de tortillas y leche en motocicleta; participa en todo tipo de movimientos de izquierda. Va en su moto por buena parte de la ciudad de Candelaria y por una buena parte del municipio. (Está) muy identificado con movimientos de izquierda”.

De Severiano Anguiano: “Se ha sumado también a R.C. por el pago de energía que considera onerosa”.

De Abraham Ríos: “Exalbañil, actualmente microcomerciante, vende tamales en triciclo y tiene una tiendita Frutería y Abarrotes Ríos”.

De Cruz Hernández: “Pertenece a un grupo de senectos que protestan en contra de todo, apoyaron a Layda Sansores en su momento, después a Marcelino Mis; a veces están con Armando García, etc. Es de las personas que disparan contra todo lo que se mueve. Con razón o sin ella”.

El documento, que el Ministerio Público usó como informe en materia criminalística de campo fue validado por el juez segundo de distrito, sin que cumpliera con los lineamientos para este tipo de pruebas que exige acreditar la metodología empleada para las entrevistas, el protocolo de investigación seguido para obtener los resultados buscados, las fechas, horas y momentos en donde se desarrolló la investigación.

Carece también de las referencias mínimas para ubicar a las personas que le fueron “presentadas” en la placas fotográficas al agente investigador; omite hacer referencia a los medios a través de los cuales obtuvo la información que señala en cada pie de foto; el mecanismo utilizado para contrastar dicha información, así como la relevancia en términos de investigación de la pertenencia o filiación de una grupo o movimiento social.

Por lo anterior, los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos calificarían el informe de la AFI, que sirvió de sustento principal a la PGR para consignar, como violatorio a la privacidad e intimidad de las personas, pero sobre todo, una violación flagrante y una intimidación a los derechos de libertad de reunión, libre manifestación y libre expresión de las ideas.

Castigar la pobreza

En sus declaraciones ministeriales, el 20 de noviembre de 2008, Sara López y Joaquín Aguilar mencionaron a ocho personas que podrían declarar como testigos y corroborar que el día de los hechos imputados por la CFE no se encontraban en el lugar identificado por los representantes de la paraestatal, es decir, que avalarían su dicho de ser inocentes de los cargos en su contra.

Ninguno de ellos fue llamado a declarar, en cambio, la PGR solicitó las órdenes de aprehensión contra los testigos de Sara y Joaquín. El juez segundo de distrito liberó las órdenes de aprehensión sin que se acreditara la imputación de algún delito.

De las 33 órdenes de aprehensión, 20 corresponden a la lista de “deudores” que la CFE presentó como prueba contra los colonos, a los que se les imputó el delito de adeudo del suministro de energía eléctrica.

La denuncia presentada por el apoderado legal de la CFE, Joel Rafael Baeza, cuya copia obra en poder de Contralínea, enlista el nombre del usuario, el domicilio y el número de medidor. Se especifica que dichos usuarios “se encuentran con adeudos de dos o más bimestres (recibos de pago)”.

El 16 de julio se les dictó auto de formal prisión por los delitos de “privación ilegal de la libertad en su modalidad de retener a una persona como rehén y obstrucción de una obra o servicio público”; el juez consideró la oposición al corte de energía eléctrica como “obstrucción de una obra o servicio público”.

El abogado defensor apeló ante el tribunal de alzada, y éste resolvió retirar el delito de “privación ilegal de la libertad” a Elmer Castellanos y Guadalupe Lizcano “por falta de elementos”, pero confirmó el auto por ambos delitos para Sara López, Joaquín Aguilar y Guadalupe Borjas, identificados en el informe de la AFI como “cabecillas” del movimiento de resistencia contra las altas tarifas de la CFE.

El 18 de septiembre se concedió la libertad bajo fianza a Elmer Castellanos y Guadalupe Lizcano. Aunque se trataba de las mismas imputaciones, de nuevo se negó la libertad a los demás.

David Peña, especialista en defensa de derechos humanos ante cortes nacionales e internacionales, dice que la actuación del Ministerio Público y del juez de distrito y del Tribunal Unitario, “es una clara muestra del uso político y faccioso de las acusaciones penales en contra de líderes y movimientos sociales, pues además de criminalizar la protesta social como una práctica reiterada de la PGR, ahora criminalizan también la pobreza de la gente que no tiene dinero para pagar la luz”.

En Candelaria, las familias que no pueden pagar el suministro de energía eléctrica ahora duermen en las banquetas o en el techo de sus casas, sólo así soportan las altas temperaturas que superan los 35 grados centígrados en épocas de calor. Lo que más les preocupa, explican algunas madres de familia, es el riesgo de contraer enfermedades gastrointestinales por no refrigerar lo alimentos, sobre todo en las casas aledañas al canal.

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