sábado, febrero 13, 2010

En torno a Cananea

Se eliminó en México el derecho a huelga, sostiene la AFL-CIO
 
David Brooks
CorresponsalPeriódico La Jornada
Sábado 13 de febrero de 2010, p. 13
 
Nueva York, 12 de febrero. La central obrera AFL-CIO condenó este viernes el fallo judicial contra los mineros de Cananea, el cual anula el derecho a la huelga en México.

La organización afirmó que esto es parte de la campaña oficial para destruir al sindicato minero, y otro intento de represión contra el movimiento obrero, por lo que llamó a que el gobierno de Barack Obama responda ante la violación sistemática de los derechos laborales en México.

Richard Trumka, presidente de la principal central obrera nacional, declaró que AFL-CIO condena la decisión de un tribunal mexicano de permitir que Grupo México cese del yacimiento de Cananea a mil 200 agremiados al sindicato minero. Indicó que el argumento de la empresa de que la huelga ha dejado inoperable la mina no fue fundado en ninguna prueba, y afirmó que el yacimiento permanece operable. Al determinar que la huelga es ilegal, a pesar de la falta de pruebas para apoyar el fallo, el tribunal efectivamente eliminó el derecho a la huelga en México.

Trumka tiene conocimiento muy cercano de ese sector, ya que antes de ser presidente de AFL-CIO fue dirigente del combativo sindicato minero nacional de Estados Unidos, el UMWA.

Asimismo, reafirmó el apoyo firme del movimiento sindical estadunidense al gremio minero mexicano y condenó “la campaña de cuatro años del gobierno mexicano para destruir este sindicato independiente.

Condenamos las amenazas del gobierno mexicano de reprimir el movimiento sindical democrático e independiente, en este y otros casos actuales, las cuales –dijo– socavan las promesas hechas hace años a los trabajadores de México, Estados Unidos y Canadá en el contexto del acuerdo laboral paralelo al Tratado de Libre Comercio, de que los derechos fundamentales del sector serían plenamente respetados en América del Norte.

Trumka concluyó con un llamado al gobierno de Obama y al liderazgo legislativo –todos demócratas, que cuentan al AFL–CIO y sus decenas de sindicatos afiliados como sector clave entre sus bases electorales– a tomar medidas inmediatas y decisivas para obligar al gobierno mexicano a rendir cuentas por sus violaciones sistemáticas a los derechos laborales fundamentales.

También solicitó que el gobierno estadunidense inste a su contraparte mexicana a resolver de manera pacífica la situación en Cananea y desistir del uso de la fuerza militar o policiaca.


Fallo de tribunal confirma el fin de la relación laboral en minera Cananea


Latente, un nuevo enfrentamiento entre sindicalistas y fuerzas públicas, temen abogados

Periódico La Jornada
Viernes 12 de febrero de 2010, p. 16

Por unanimidad (tres votos), los integrantes del segundo tribunal colegiado en materia del trabajo en el Distrito Federal negaron este jueves el amparo al Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM), resolución con la que se confirma que quedaron concluidas las relaciones laborales entre Mexicana de Cananea, de Grupo México, y la organización gremial que encabeza Napoleón Gómez Urrutia.
Con este fallo judicial queda firme un laudo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) que el pasado 14 de abril respaldó la propuesta de Grupo México de liquidar a mil 100 sindicalizados y 100 empleados de confianza que laboraban en la mina de Cananea, la cual lleva 31 meses en huelga.


Como el año pasado otro tribunal colegiado determinó que debía persistir la huelga de Cananea en tanto estuviera vigente el juicio de impugnación al laudo del 14 de abril, lo más probable es que en las próximas horas o días la JFCA emita un acuerdo en el que exponga que en virtud de que se confirmó la conclusión de las relaciones laborales con la empresa, lo procedente es que la huelga también debe quedar sin efectos, explicó a La Jornada Carlos de Buen, uno de los abogados del sindicato minero.

Ante ello, está latente el riesgo de un nuevo enfrentamiento entre trabajadores y fuerzas públicas en esta mina, toda vez que la sección 65 de Cananea ratificó en asamblea que no van a dejar su fuente de trabajo, que “la van a defender con todo”, que “están dispuestos a llegar a las últimas consecuencias”, según señaló el secretario del Trabajo de esta organización, Javier Zúñiga. Dijo que “si el gobierno quiere que en esta mina se vuelva a dar la chispa de una revolución, lo van a lograr, porque ellos no van a salir”.

Además, se prevé que de un momento a otro, la sección 271, de Lázaro Cárdenas, inicie una huelga “por solidaridad” con Cananea y además, paralice todo el puerto en protesta por “las violaciones al derecho de huelga”, según advirtió Martín Rodríguez Piedra, dirigente de la misma.

Mientras, es probable que Grupo México presione a la JFCA para que esta autorice pedir el uso de la fuerza pública para que la empresa recupere las instalaciones de Cananea. Incluso la junta ya emitió una orden para que pueda ingresar personal del Ejército Mexicano a Cananea, con el pretexto de “buscar explosivos”, según revelaron ayer los abogados del sindicato Néstor de Buen y Marco Antonio del Toro.

Minutos después de enterarse de que el colegiado optó por no conceder el amparo, cerca de las 13:45 horas, Del Toro, expuso a este diario que prepara una demanda por presunta denegación de la justicia que presentará este viernes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Ante esa instancia internacional, dijo, se pedirán “medidas cautelares” para evitar que en las próximas horas elementos de la Policía Federal (PF) y efectivos militares intenten desalojar a los mineros que custodian las instalaciones del yacimiento, pues si esto ocurre “lo más probable es que se suscite un enfrentamiento de proporciones incalculables, porque los trabajadores han dicho que están dispuestos a defender con todo su centro de trabajo”.
De acuerdo con información de allegados a la empresa, ésta tiene la intención de recontratar –una vez que se desaloje a los mineros en huelga– al mayor número de personal posible, con un nuevo contrato colectivo y con otro sindicato, y para quienes prefieran su liquidación, ésta será depositada en la JFCA.

En su resolución de ayer, los magistrados federales María Edith Cervantes Ortiz, Elisa Jiménez Aguilar y Jorge Farrera Villalobos avalaron lo resuelto por la JFCA, en el sentido de que la empresa operadora de Cananea exhibió pruebas sobre los daños ocasionados en maquinaria, instalaciones y equipo, lo que imposibilita la reanudación de las labores en la planta.

En el laudo de la JFCA, ahora avalado por el Poder Judicial federal, se instruyó a la indemnización, consistente en tres meses de salario más el pago de 12 días de salario por cada año de servicios prestados por cada trabajador, por tanto los mineros perderían sus salarios caídos durante los casi dos años y medio de huelga.

Día negro para la justicia laboral

La resolución de ayer fue calificada como “burla” del Poder Judicial y “vergüenza histórica” para esta instancia, que asestó un golpe criminal al estado de derecho y a la legalidad, por el abogado laboralista Arturo Alcalde y dijo que “éste es un día negro” para la historia del movimiento laboral mexicano.

El fallo contra los trabajadores se da luego de una batalla legal del sindicato para sostener la huelga, que inició en agosto de 2007, por una demanda de violaciones al contrato colectivo. Posteriormente, la empresa presentó en tres ocasiones demandas ante la JFCA para que se declarará inexistente la huelga y esta instancia se lo concedió las tres veces. Fueron los tribunales colegiados los que declararon la legalidad del paro.
Incluso, en enero de 2008 fuerzas policiacas y militares buscaron romper la huelga y ocuparon la mina luego de un enfrentamiento en que resultaron heridos una decena de sindicalizados.


Grupo México puede contratar ahora nuevos trabajadores: STPS
Patricia Muñoz

Periódico La Jornada
Viernes 12 de febrero de 2010, p. 16
El secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, señaló anoche que la resolución emitida ayer por un tribunal colegiado que da por terminadas las relaciones laborales entre el sindicato minero y Mexicana de Cananea, abre el camino para que la empresa pueda ahora “contratar nuevos trabajadores”.
El funcionario señaló que la empresa, perteneciente a Grupo México, de Germán Larrea, “sólo tendrá que esperar la notificación oficial” para contratar nuevo personal o recontratar a ex trabajadores para “realizar las obras necesarias” y poner en operación la mina.
Sostuvo también que el consorcio sólo está obligado a pagar indemnizaciones de tres meses de salario más 12 días por cada año de servicio.
En opinión del encargado de la política laboral del país, el fallo que le permite a la empresa despedir a más mil mineros, “se apegó estrictamente a derecho”. Agregó que al inicio del conflicto laboral Mexicana de Cananea tenía en activo mil 80 trabajadores, pero como previo a la resolución 63 aceptaron su liquidación; quedarán por liquidarse mil 17 mineros sindicalizados.

viernes, febrero 12, 2010

Ante la "visita" de Calderón a Cd. Juárez, esto fué lo que sucedió






Represión calderonista en Juárez!! URGE SOLIDARIDAD!!!

Ciudad Juárez, Chihuahua amaneció con un aparato de seguridad impresionante por la llegada de Calderón Hinojosa, así que con motivos muy razonables organizaciones, instituciones y gente en general decidió manifestarse, en virtud que desde que él está en la Presidencia, el país no ha cesado de vivir una constante violencia, represión, abusos de autoridad, desempleo, extorsiones y muertes. Así que un grupo de estudiantes de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, activistas, familiares de gente desaparecida y habitantes de la colonia Salvarcar quienes hace una semana apenas perdieron a sus hijos y familiares en la masacre; asistieron al lugar en donde se realiza ese evento, al iniciar con su derecho de expresión e inconformidades de inmediato los militares los replegaron. Es un grupo aproximado de 35 personas, entre ellos está el Diputado Víctor Quintana Silveyra, el visitador de los Derechos Humanos Carlos Gutiérrez Casas, activistas Cipriana Jurado, Santiago Delgado, Jesús Zamarrón, Julián Contreras, Adrian Fuentes entre otros quienes fueron coleteados y replegados por los soldados. En este momento me está hablando un compañero, diciendo que no sólo es este grupo, sino que tienen más gente retenida y coartados de su libertad. No esperemos que termine este simulado acto de solidaridad de Calderón e Iniciemos a reenviar este comunicado. Es URGENTE, para que entre todos exijamos justicia y libertad.

Nuestro camarada Julián Contreras, miembro del FNCR en ciudad Juárez y vecino de Villa de Salvárcar, nos informa que efectivamente han sido golpeados por los diez mil agentes que protegen a Felipe Calderón. Que junto a ellos se encuentra solidario Víctor Quintana y el visitador de DDHH, Carlos Gutiérrez Casas. Pero que no han logrado que les permitan pasar y ahora están acorralados.

Julián agrega que es manifiesto el miedo de Felipe Calderón Hinojosa a cualquier manifestación que no sea la de quienes concuerdan con su política fascista y criminal.

Son las 3:23 del jueves 11 de feb.
Por vía celular, algun@s companer@s estan pidiendo en este momento que nos solidaricemos con ell@s. Acudieron a manifestarse a Cibeles. La agencia antimotines los golpeo y se llevo a Nain estudiante de la UACJ.


Pavel Vázquez escribió:

Camaradas:
Hace aproximadamente 30 minutos se comunico Tomas con el siguiente mensaje:
Compas, necesitamos apoyo, denuncien ya, nos tienen secuestrados en una calle y a otros compas los están levantando, esto último no lo sabemos bien porque estamos secuestrados, también esta secuestrado Víctor Quintana y el comisionado de los derechos humanos Carlos Gutiérrez Casas y una familiar de las víctimas de la masacre, circulen la info y denuncien ya!

Teléfono del Diputado Víctor Quintana Silveyra 04 614 142-12-78
Cipriana Jurado Herrera 656 199-84-13




Cartones




En Chihuahua, la madre de dos jovencitos muertos


Discúlpeme presidente, yo no le puedo dar la bienvenida

Periódico La Jornada
Viernes 12 de febrero de 2010, p. 5

Ciudad Juárez, Chih., 11 de febrero. La mujer menuda, de baja estatura, caminó hacia el presidium y llorando encaró al presidente Felipe Calderón: Le apuesto a que si hubiera sido uno de sus hijos, usted se habría metido hasta debajo de las piedras y hubiera buscado al asesino; pero como no tengo los recursos, no lo puedo buscar.

Luz María Dávila perdió a sus hijos Marcos y José Luis Piña durante la matanza del 31 de enero y fue quien desde que empezó el foro Todos somos Juárez. Reconstruyamos la ciudad, marcó la pauta de las protestas que cercaron al Presidente, a los secretarios de Estado y a las autoridades locales.

Junto con otras cinco señoras, Dávila le dio la espalda al michoacano cuando comenzó a hablar ante un grupo de representantes de la sociedad civil.

Mientras Calderón ofrecía disculpas por haber dicho que el homicidio de los adolescentes fue en un pleito entre pandillas, la señora negaba con la cabeza todo lo que escuchaba, mientras era vigilada por escoltas del Estado Mayor Presidencial (EMP).

El Presidente no volteó a ver a las mujeres, entre las que estaba Olga Esparza, de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa, cuya descendiente Janette Alanís está en la lista de cientos de jovencitas que han sido desaparecidas o asesinadas en esta ciudad de la maquila.

Vengo a escuchar a los juarenses

La ejecución de los adolescentes en una fiesta de cumpleaños hizo que los juarenses reclamaran justicia. En el Centro de Convenciones Cibeles no tuvieron paciencia y apenas los funcionarios exponían los puntos de su estrategia para recuperar la paz, eran increpados.

El yo vengo a escuchar a los juarenses fue seguido fielmente por los representantes de las organizaciones civiles que habían pasado retenes militares y vallas para llegar al foro.

Estaba claro que la señora Dávila no se quedaría callada. Llegó temprano y narró a los reporteros que el Presidente rehuyó reunirse con los familiares donde ocurrieron los asesinatos.

Nosotros queríamos que se presentara, que diera la cara y que ahí mismo, públicamente, se retractara de todo lo que dijo.

Mientras otras voces reclamaban por la violencia en Juárez, Dávila se escabulló del EMP y caminó hasta el presidium. Ahí estaban Calderón; cinco secretarios de Estado; el gobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza, y el alcalde José Reyes Ferriz, quienes utilizaron la tribuna para pronunciar largos discursos y prometer jalar juntos sin importar las diferencias de partido.

La mujer que se puso de espaldas al jefe del Ejecutivo federal lo confrontó:

“Discúlpeme, señor Presidente. Yo no le puedo decir bienvenido, porque para mí no lo es, nadie lo es. Porque aquí hay asesinatos hace dos años y nadie ni nada han querido hacer justicia. Juárez está de luto.

“Les dijeron pandilleros a mis hijos. Es mentira. Uno estaba en la prepa y el otro en la universidad, y no tenían tiempo para andar en la calle. Ellos estudiaban y trabajaban. Y lo que quiero es justicia. Le apuesto que si hubiera sido uno de sus hijos, usted se habría metido hasta debajo de las piedras y hubiera buscado al asesino, pero como no tengo los recursos, no lo puedo buscar.”

Relató que en su casa estaban rezando el novenario y clamó: quiero justicia, pónganse en mi lugar, a ver qué sienten.

Las autoridades veían con sorpresa y desconcierto el rostro y los gestos de impotencia de Dávila, quien finalmente regresó a la esquina del salón en medio de aplausos, incluso del Presidente. Hasta ahí fue Margarita Zavala, esposa de Felipe Calderón, protegida por escoltas y asistentes para intentar consolarla. A ella y a otras madres que lloraban les daban agua y trataban de imbuirles alivio con promesas y palabras, pero las voces de protesta siguieron.

Después vendría el no rotundo de Calderón a la salida del Ejército.

Esto, porque antes Patricia Galarza, representante de la mesa de derechos humanos, exigió: Que salga el Ejército.

Hubo aplausos, y denunció que hay más de mil casos documentados de desaparición forzada, tortura, ejecuciones extrajudiciales y robos cometidos por elementos del Ejército y de las fuerzas federales. “Lo que ocurre en Juárez –afirmó– es delito de lesa humanidad.”

Explicó: porque Ciudad Juárez está viviendo una catástrofe: impunidad, violación a los derechos humanos, indolencia, corrupción y la incorrecta intervención de políticas públicas.

Vivimos los efectos de una guerra que no pedimos, sostuvo Galarza, y destacó que ante las próximas elecciones no podemos ser botín político.

Entre aplausos, Julia Monárrez Fragoso, representante de la mesa social, había planteado que combatir la violencia con violencia ha tenido altísimo costo en vidas humanas y dolor para nuestra ciudad. Nuestros jóvenes, manifestó, están desolados y hay juvenicidio generalizado.

Algunos asistentes, hartos de los discursos, se lo hicieron ver al alcalde José Reyes Ferriz cuando éste aseguró que estaban ahí para cuidar la ciudad.

¡Miente, miente!, gritaron y lo abuchearon.

Apenas proponían algo los funcionarios, los increpaban, como cuando una señora demandó que los policías dejaran de trabajar encapuchados y denunció que las cámaras para vigilar las calles no sirven.

Otros interrumpieron varias veces a Calderón. Alegaron que un grupo de jóvenes hizo una manifestación y fue reprimido. No podemos construir con la macana en la mano, exclamó un hombre que se puso de pie para exigir que los muchachos fueran escuchados, por lo que el Presidente envió al secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, a atenderlos.

Así transcurrió la sesión. Entre discursos, promesas y la impaciencia de la gente. Como cuando un joven felicitó a Calderón porque tenía planes para ellos, sólo que le hizo ver que aquí no hay jóvenes. Vea cuántos estamos aquí. Hay miles que quieren hablar. El Presidente propuso: “hagamos un chat para que platiquemos”.

Teresa Almada, defensora de los derechos de los jóvenes, se declaró desmoralizada porque el secretario de Educación Pública planteó fortalecer Escuela Segura cuando los juarenses tienen sus propios programas, y lo invitó a asomarse a una preparatoria para que conozca la represión y el hostigamiento que sufre ese sector.

Cuando el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, prometió que habría cero tolerancia a la delincuencia, otra mujer le respondió: es a la gente a la que hostigan.

Otra persona relató que un colega suyo, de profesión médico, había sido secuestrado en la mañana. No se vale, Presidente, y apoye a la sociedad, porque usted está por nosotros, exigió otra voz.


Editorial de La Jornada, viernes 12 febrero 2010


Ciudad Juárez: visita improcedente

Como era previsible, la presencia en Ciudad Juárez del titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa, y de su secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, no ha hecho sino exacerbar los agravios cometidos contra la población de esa martirizada localidad fronteriza por las organizaciones delictivas, pero también por las autoridades de todos los niveles gubernamentales.

Al abandono y el desinterés oficial de lustros se sumaron, ayer, la injustificada represión de manifestantes en las calles de Ciudad Juárez por elementos de la Policía Federal, sobre la cual pesan ya diversas acusaciones de indolencia y corrupción. En esta ocasión los aparatosos despliegues policiales sumaron, a la apreciación de ineficiencia, la de una violencia sin propósito ejercida contra la población.

Por añadidura, la disculpa ofrecida por Calderón Hinojosa a los deudos de los estudiantes masacrados hace dos semanas –a quienes el gobernante señaló en una primera reacción como presuntamente vinculados con grupos delictivos– es tardía e insuficiente: tardía, porque la primera rectificación debió provenir del propio Calderón, y no de boca de Gómez Mont; insuficiente, porque durante años el discurso oficial ha pretendido que la inmensa mayoría de los muertos en esta guerra oscura y confusa emprendida por las autoridades eran individuos vinculados a la criminalidad, una caracterización que choca con el sentir de los juarenses –y de los habitantes de otros puntos afectados por la espiral de violencia–, quienes han enterrado, a estas alturas, a muchas víctimas inocentes de la cruzada calderonista.

Por lo demás, lo que da motivo a la disculpa no es únicamente la calumnia oficial contra los jóvenes asesinados en Juárez el 31 de enero, sino la aplicación, en la ciudad fronteriza y en el resto del país, de la estrategia equivocada y errática adoptada desde el primer día de esta administración, centrada exclusivamente en el ejercicio de la violencia del Estado y, según la percepción generalizada, concebida más con propósitos propagandísticos y mediáticos que con miras a fortalecer la seguridad pública y el estado de derecho.

Desde el arranque del gobierno calderonista, numerosas voces alertaron sobre la improcedencia y los peligros de confrontar a la criminalidad sin una visión de conjunto, sin un entendimiento cabal del complejo fenómeno y sin una política integral que solucionara o aliviara, en forma paralela a la persecución de la delincuencia, las causas profundas que le dan origen: la falta de desarrollo económico y social; las carencias educativas, de salud y empleo; los escenarios de marginación multiplicados por el modelo económico neoliberal, aún en vigor. Con el telón de fondo del incremento imparable de la violencia y de las muertes, y a pesar de los reclamos en el sentido de que las acciones gubernamentales no hacen más que agravar lo que pretendían resolver, el gobierno federal persistió, día tras día, semana tras semana y mes tras mes, en defender su política contra el crimen organizado.

Hace unas semanas, las autoridades federales anunciaron por fin, con una discreción contrastante con el bullicio mediático que acompañó el inicio de su cruzada policiaco-militar, la rectificación que numerosos sectores le demandaron durante tres años. Ahora, para la agraviada sociedad juarense, resulta inevitable preguntarse si habrían debido ocurrir tantas muertes y tanta destrucción antes de que el Ejecutivo federal dé un viraje como el que parece estar dispuesto a emprender.

En suma, ningún ceremonial político y ningún despliegue mediático ni policial bastarán para restaurar la confianza de los juarenses en las autoridades en tanto no se ofrezca a la opinión pública una explicación exhaustiva de las consideraciones que pesaron para el cambio de actitud referido; en la medida en que siga ausente la autocrítica de lo realizado en la primera mitad del periodo calderonista y, sobre todo, en tanto la intervención federal en Ciudad Juárez no se traduzca en una real vigencia de la seguridad pública y de los derechos humanos.


Del Correo Ilustrado, declaración de la ANAD


Medida extrema contra el sindicato minero

La medida extrema del tribunal colegiado contra los mineros de Cananea, luego de dos años y siete meses de huelga, agota los límites del estado de derecho, porque antes el gobierno federal había dado la misma negativa, por conducto de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, al declarar el 14 de abril de 2009 terminadas las relaciones de trabajo de los mil 100 mineros y el contrato colectivo de trabajo por causa de fuerza mayor, cuando los dos años de huelga vuelven imposible e ilógico invocar tal causal, sería tanto como aceptar como causal contra una huelga la moral de la Iglesia o la de Televisa y poder echar a la calle a mil 100 trabajadores y sus familias.

La medida es extrema porque en dos años siete meses también se había negado la conciliación como salida, pese a que 97 por ciento de las conflictos colectivos se arreglan por esa vía. Los Larrea y el gobierno federal se negaron a la negociación para derrotar al sindicato minero exclusivamente por la confrontación, la fuerza bruta, la imposición y la ilegalidad.

Es extrema la medida porque el quinto gobierno neoliberal, gracias a dos fraudes, se ha convertido en una dictadura disfrazada que impone triunfos en favor del gran capital por la fuerza. Es extrema porque cancela la autonomía del Poder Judicial, el principal apoyo de los mineros por medio del cual habían resistido cuatro años los actos ilegales del gobierno federal. La resolución del tribunal colegiado quebranta el estado de derecho, es antecedente del conflicto del SME y se vuelve la política laboral vigente.

El gobierno federal lleva a un panorama de agotamiento de las alternativas legales al impedir que el Poder Judicial ejerza su autonomía al dictar sus resoluciones, para que sean apegadas a derecho, no al poder.

Por la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, Manuel Fuentes, Estela Ríos, María Luisa Campos, José Luis Contreras, Edith Ramírez, Octavio Lóyzaga, Enrique Larios y Óscar Alzaga


De La Jornada


Celebrar la diferencia

Gustavo Esteva

Las palabras son ventanas de la percepción, materia del pensamiento. (Materia viene de mater, madre. Las palabras procrean el pensamiento.) Pensamos con las palabras que usamos. Nuestro vocabulario acota nuestra experiencia del mundo.

Las palabras que han estado usando los obispos en el debate actual sobre las sociedades de convivencia expresan con claridad el estado de sus percepciones, el nivel de su pensamiento. No tienen madre, según el obispo de Cancún. El arzobispo de Morelia sostuvo que los perros no hacen el sexo entre dos del mismo sexo. Esta banalización atroz, sin embargo, que revela un dogmatismo tan arrogante como ignorante, no debe conducir a la banalización del debate mismo, que adquiere otra dimensión cuando la misma pobreza de entendimiento se observa en la Procuraduría General de la República y en Felipe Calderón al presentar una controversia constitucional, la primera, y defenderla el segundo.

Señalar que se está poniendo en entredicho el Estado laico y que la separación de la Iglesia y el Estado es históricamente precondición de las sociedades democráticas es pertinente pero insuficiente. Se trata de algo mucho más grave. Estamos experimentando otra peligrosísima vuelta de tuerca en el estado de excepción no declarado que prevalece ya en el país, la cual se aplica tras una larga serie de atropellos y profundiza aún más el desmantelamiento del estado de derecho.

No se trata solamente, en efecto, de una discriminación inaceptable contra un grupo específico de personas. Lo que se hace es afectar las bases mismas de la convivencia de todas y todos.

El Estado-nación moderno es una estructura cada vez más insoportable: se ha hecho evidente que es una forma de dominación basada en la violencia. El principio que aún lo sostiene, y en su momento representó un avance notable, fue el del respeto a la condición de los individuos que formalmente lo constituyen. Es este principio el que se pone ahora en cuestión.

Hacer que prevalezca el estado de excepción no declarado implica sustituir normas de convivencia formalmente pactadas en la ley por el ejercicio arbitrario del poder coactivo. Se concentra ahora en el control de la población, invirtiendo así el sentido de la ley misma y de la fuerza pública: concebidos e implantados para proteger a la gente, se emplean ahora para proteger de ésta a quienes han usurpado el poder político y policiaco.

Lo que está ocurriendo es un cambio cualitativo en ese ejercicio arbitrario, al ponerlo al servicio de una moralina –una moralidad inoportuna, superficial y falsa– que se eleva a la categoría de principio constitucional.

Al reaccionar con vigor contra esta profundización de la amenaza que se cumple sobre nosotros, necesitamos apreciar debidamente la constelación de fuerzas que enfrentamos. No se reducen a lo que queda del PAN y a otros políticos igualmente confesionales. A veces se disimulan en un lenguaje de apariencia laica que no desciende al nivel del que usan los obispos pero tiene su mismo sello. Conviene recordar que la alianza del PRI con la Iglesia católica empezó con Carlos Salinas y se guió por el mismo pragmatismo sin principios que están ostentando sus actuales dirigentes. Reconozcamos que se trata de un callejón que no tiene más salida que la violencia.

Al mismo tiempo, necesitamos abordar la cuestión con ojos menos empañados. Javier Sicilia abrió una rica veta al recordar que la mayor Ana María señaló con claridad, al defender los derechos indios: Somos iguales porque somos diferentes (Proceso 1734, 24/01/10:46). Refutaba así, brillantemente, la noción de igualdad que la equipara a homogeneidad, a semejanza.

La tolerancia es sin duda preferible a la intolerancia, particularmente cuando ésta empieza a convertirse en comportamiento general, como ocurre ahora. Pero la tolerancia es sólo la forma más civilizada de intolerancia. Tolerar, dice el diccionario, es sufrir con paciencia. Quien tolera alguna condición del otro le está diciendo: No eres como debes ser, pero soy tan generoso que tolero tu existencia. Como decía Goethe, tolerar es insultar: contiene una ofensa inaceptable. Los tolerantes, además, pierden la paciencia a la menor provocación. Se vuelven intolerantes.

La hospitalidad es algo completamente distinto. Significa abrir brazos, corazón y cabeza a la otredad del otro y celebrarla.

En Juchitán hay seis géneros o preferencias sexuales (modos de ser, diría yo) que son públicamente reconocidos y celebrados, aunque todavía haya juchitecos que sólo los toleran y otros que ni siquiera eso.

En el siglo XXI, en México y en el mundo, tendremos una convivencia hospitalaria, forjada desde abajo y a la izquierda… o experimentaremos un autoritarismo bárbaro, conducido por toda suerte de moralinas.

gustavoesteva@gmail.com

miércoles, febrero 10, 2010

SME y el apoyo exterior

El acto del 4 de Febrero por El Derecho a Decidir

De La Jornada


El Ejército sale en defensa de la reforma política de Calderón

El titular de Sedena critica a quienes quieren dividir a los soldados de aire, mar y tierra

Foto
El presidente Felipe Calderón Hinojosa, el titular de la Suprema Corte de Justicia, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, y los secretarios de la Defensa, Guillermo Galván Galván, y de Gobernación, Fernando Gómez Mont, durante el acto por el 97 aniversario de la Marcha de la LealtadFoto José Antonio López
Jesús Aranda y Claudia Herrera
Periódico La Jornada
Miércoles 10 de febrero de 2010, p. 3

El secretario de la Defensa Nacional, general Guillermo Galván Galván, salió en defensa de la propuesta de reforma política del presidente Felipe Calderón al señalar que sólo mediante reformas integrales, estaremos en condiciones de consolidar ese bienestar colectivo que todos exigen, pero que no todos procuran, y añadió que es ésta una oportunidad inmejorable para tomar decisiones, cambiar lo obsoleto o anquilosado e impulsar lo vigente o innovador.

Asimismo, llamó a construir acuerdos políticos basados “en la madurez y en el fino diálogo; subrayó la importancia de garantizar un sistema político que dé cauce a la resolución de conflictos, y señaló que la cohesión de la sociedad es un factor insustituible para concretar el proyecto del país.

Consideró que, desde nuestro ámbito miliciano, las prioridades del México contemporáneo pueden quedar enmarcadas en dos grandes objetivos: la cohesión social y el acuerdo político. Ambos en aras del interés nacional.

Orador único en la ceremonia del 97 aniversario de la Marcha de la Lealtad, acto realizado en el patio central del Castillo de Chapultepec, Galván Galván dijo que la convocatoria presidencial a una reforma política no es una utopía, se trata de voluntad, de responsabilidad cívica y de compromiso histórico.

Aprovechó para criticar a los detractores de México que quieren dividir a los soldados de aire, mar y tierra, y reiteró el compromiso de las fuerzas armadas de combatir los desafíos de la seguridad interior, dando todas las batallas, las que sean necesarias, contra viento y marea, sin la mínima confusión.

Ante Felipe Calderón, los presidentes de las mesas directivas del Senado y la Cámara de Diputados, Carlos Navarrete y Francisco Ramírez Acuña, respectivamente, y del titular de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, el militar evocó la marcha de hace 97 años en la que Francisco I. Madero enfrentó con férrea actitud las aviesas intentonas de quienes se oponían a su convicción política.

El rumor, la intriga y la crítica destructiva, añadió, crearon un ambiente de descomposición social que culminó en amargos desenlaces. Recordó que en aquel entonces, los cadetes del Heroico Colegio Militar escoltaron al presidente Madero a Palacio Nacional, en un acto de lealtad y en cumplimiento de su deber.

Respecto de los dos grandes objetivos que tienen los militares, el general secretario subrayó que el acuerdo político es actitud propositiva y virtuosa que conduce al consenso por la vía del respeto, la prudencia y la buena intención para escuchar y comprender las razones de los demás. Es expresión de madurez y fino diálogo, indicó, que permite capitalizar las coyunturas que se nos presentan.

Dejó claro que el gobierno de la República ha sido enfático al plantear la urgencia por alcanzar los cambios que demanda el país. Por ello es necesaria la savia tonificante de todos, sostuvo. También es imprescindible fortificar la institucionalidad en todos los ámbitos del poder y órdenes de gobierno, para hacer propicio el orden y asegurar una visión de futuro válida y factible que genere mayor calidad de gestión y garantizar un sistema político que dé cauce a la resolución de conflictos y para fortalecer los vínculos entre gobernados y autoridades, afirmó.

Esa es la propuesta, esa es la convocatoria del Presidente de la República, dijo el militar en relación con la iniciativa de reforma política que Calderón Hinojosa envió al Senado el pasado 15 de diciembre, en la que planteó instaurar la segunda vuelta en los comicios presidenciales, candidaturas independientes en todos los cargos de elección popular, la disminución del número de diputados y senadores, así como la votación en referendo de determinadas reformas constitucionales.

Galván aseveró: Tensar el tejido social lastima y obstruye el avance, y es menester tener siempre presente que la coexistencia pacífica es un bien inestimable, por lo que mal haríamos en ver nubarrones en el porvenir o hacer cábalas con las coincidencias cronológicas para emplearlas como matriz de nuevas rediciones violentas de la historia.

Ejército, Fuerza Aérea y Armada se mantendrán unidos, atentos y disciplinados, con el compromiso y la responsabilidad que implica servir a la nación y para contener en primera línea el daño que la criminalidad organizada causa en la sociedad, lo que nos hace conscientes de los peligros que acechan y de los riesgos que se corren. Nos asiste, aseguró, la confianza social y la razón del Estado para responder a la exigencia de paz y tranquilidad de la población.

Reiteró que la lealtad del Ejército a su comandante supremo se ha labrado en la historia patria. Lealtad para vencer antagonismos, lealtad para enaltecer el orgullo de ser soldados y lealtad para resguardar las instituciones.



De La Jornada. editorial


Sedena: señalamientos improcedentes

Al encabezar la ceremonia de la Marcha de la Lealtad en el Castillo de Chapultepec, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Guillermo Galván Galván, realizó una equívoca defensa de la propuesta de reforma política enviada en diciembre pasado al Congreso por el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa; dijo, al respecto, que sólo mediante reformas integrales estaremos en condiciones de consolidar ese bienestar colectivo que todos exigen, pero que no todos procuran; llamó a construir acuerdos políticos basados en la madurez y en el fino diálogo; subrayó la importancia de garantizar un sistema político que dé cauce a la resolución de conflictos, y señaló que la cohesión de la sociedad es un factor indispensable e insustituible para concretar el proyecto del país.

Las declaraciones formuladas por el titular de la Sedena dejan entrever un desarreglo institucional de gran calado –que, según puede verse, ha alcanzado a las fuerzas armadas– que sienta un mal precedente en la interacción entre los ámbitos militar y civil. A juzgar por lo expresado en su alocución, el general Galván Galván pasa por alto que los objetivos fundamentales de las fuerzas a las que representa son, de acuerdo con la Constitución, salvaguardar el territorio nacional y preservar la soberanía, y que no deben involucrarse en asuntos de índole política, ni mucho menos indicar a las autoridades civiles ni a los representantes populares –quienes son, en última instancia, los que habrán de decidir sobre la iniciativa calderonista de reformas políticas– lo que deben o no hacer.

El tono empleado por Galván Galván podría ser interpretado como una señal ominosa por el conjunto de la clase política y, más específicamente, como una presión orientada a imponerle la aprobación de las modificaciones legales referidas. Si bien es cierto, como lo señaló el militar, que tensar el tejido social lastima y obstruye el avance, es innegable, sin embargo, que el origen principal de las tensiones que hoy desgarran ese tejido provienen de las decisiones adoptadas por el propio gobierno federal en materia de economía, de seguridad y de relaciones con las entidades federativas, y que los impactos y costos de tales medidas son, precisamente, los que han introducido nubarrones en el porvenir o, a mayor precisión, riesgos reales de estallido social y de ingobernabilidad.

Es inquietante, por lo demás, que el general secretario aluda a detractores de México, expresión que no es fácil encajar en ninguno de los actores políticos e ideológicos presentes en el escenario republicano actual; resulta inevitable preguntarse, en consecuencia, si el titular de la Defensa Nacional formuló una alusión sesgada a los múltiples detractores del actual gobierno; si hubiese sido el caso, ello pondría de manifiesto un faccionalismo fuera de lugar y una amenaza inaceptable a la libertad de expresión.

Sin duda, la convivencia pacífica es un bien inestimable. Su preservación demanda que las instituciones cumplan con su tarea, y la de las fuerzas armadas consiste en preservar la soberanía y la integridad territoriales, en auxiliar a la población en casos de emergencia y en asistir al Ejecutivo federal en forma disciplinada, pero no en transformarse en un actor deliberante en el terreno político. Tal pretensión empeoraría la actual crisis de legitimidad, representatividad y operatividad de los organismos del Estado y, habida cuenta de la debilidad y el extravío que dejan traslucir muchas de las decisiones gubernamentales, podría llevar al país a escenarios de pesadilla.


Astillero


Julio Hernández López
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SALUDO EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS. El secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont; el legislador priísta Fernando Morales y el gobernador de Puebla, Mario Marín, durante la instalación de la Comisión Especial de Protección Civil, en el salón de Protocolo de la Cámara de DiputadosFoto Cristina Rodríguez
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l secretario de la Defensa Nacional ha realizado un operativo discursivo en los terrenos de la política. En el primer acto de la tanda de acontecimientos históricos que en este mes dan especial tribuna a las fuerzas armadas, el general Guillermo Galván Galván brincó las trabas divisorias de lo civil y lo castrense, y se lanzó, en forzada concordia con la denominación de su secretaría, a la defensa del proyecto de reforma política que en diciembre pasado presentó a revista el comandante máximo, Felipe Calderón.

El nuevo secretario de la Defensa Política dijo, en la ceremonia conmemorativa de la Marcha de la Lealtad, que desde nuestro ámbito miliciano, estimamos que las prioridades del México contemporáneo pueden quedar enmarcadas en dos grandes objetivos: la cohesión social y el acuerdo político; ambos, en aras del interés nacional. Y, cual una especie de Reyes Heroles (padre) en traje verde olivo, el poderoso militar explicó detalladamente lo relacionado con sus dos grandes pinceladas, en abierto análisis político con firme propuesta adjunta (los interesados, lean el discurso completo en la página de la Sedena http://bit.ly/cOqmKg sobre todo el párrafo que comienza diciendo: También es imprescindible fortificar la institucionalidad en todos los ámbitos de poder y órdenes de gobierno y que también habla de la necesidad de garantizar un sistema político que dé cauce a la resolución de conflictos).

El asomo conceptual del jefe de las tropas que hoy están en muchas partes del país fuera de sus cuarteles tiene líneas inquietantes. Por ejemplo: tensar el tejido social, lastima y obstruye el avance, sin que explique el alto funcionario si la tensión es producida por un gobierno que no satisface los reclamos populares o, por el contrario, por ciudadanos y organizaciones que al protestar, criticar y ejercer sus derechos, estarían, según esa visión amenazante, tensando, lastimando y obstruyendo.

Pero el general secretario considera que el momento actual es una oportunidad inmejorable para tomar decisiones, cambiar lo obsoleto o anquilosado e impulsar lo vigente o innovador y que sólo mediante reformas integrales estaremos en condiciones de consolidar ese bienestar colectivo que todos exigen, pero que no todos procuran. Esa es la propuesta; esa es la convocatoria presidencial. No es utopía; se trata de voluntad, de responsabilidad cívica y compromiso histórico. Zaz. ¡Paso redoblado rumbo a las reformas obligadas, ya! ¡Congreso de la Unión: romper filas, ya! ¡Discusión cívica tensa e intensa, media vuelta, ya!

Sobre asuntos de calendario Galván también habló: Es menester entonces tener siempre presente que la coexistencia pacífica es un bien inestimable. Mal haríamos en ver nubarrones en el porvenir o hacer cábalas con las coincidencias cronológicas para emplearlas como matriz de nuevas rediciones violentas de la historia. Luego, para enfrentar las versiones de que los marinos han entrado en acción contra el narco porque los soldados no estaban dando los resultados deseados, el jefe militar advirtió: “Pierden el tiempo aquellos que pretenden dividir a los soldados de aire, mar y tierra. Jamás habrá discordancia entre quienes tenemos la misma cuna, la misma forja y un mismo horizonte… México”. Y aseguró que el Ejército continuará en la lucha contra la delincuencia organizada dando todas las batallas, las que sean necesarias, contra viento y marea; sin la mínima confusión. Nos asiste la confianza social y la razón del Estado, para responder a la exigencia de paz y tranquilidad de la población.

Densas palabras el mismo día en que Fernando Gómez Mont seguía hilando en Ciudad Juárez para que Felipe Calderón vaya de visita el próximo jueves, en un ambiente de tensión política y social. El Mártir Gástrico de Bucareli ha hecho saber que el ocupante de Los Pinos irá a hablar a los juarenses, lo que a fe de esta columna hereje es un despropósito, pues quienes quieren hablar son los habitantes de aquella urbe, de tal manera que el hombre peor informado del sistema político actual (le reportaron a Tokio que una masacre era un pleito entre pandillas) debería privilegiar el escuchar, más que el ir a hablar. Pero no todo ha de ser sufrimientos y enredos: el gringo embajador en jefe, Carlos Pascual, felicitó al calderonismo por las detenciones recientes de capos dominantes de Baja California y, en otro desenlace feliz, se anunció que los miembros del gabinete federal de seguridad se reunirán en privado, a puerta cerrada y en domicilio discreto y resguardado, con legisladores federales para analizar abiertamente los planes de la guerra contra el narcotráfico y los detalles de la troyana Iniciativa Mérida.

Astillas

Sarkozy dejó momentáneamente mudo al otrora parlanchín de la influenza, el médico electoral Córdova Villalobos, que fue a París a recibir una distinción y hubo de escuchar al esposo de Carla Bruni pedirle que le dijera a Felipe Calderón que no se olvidara del caso de Florence Cassez. Para él, dijo el político francés, sería un deber entregar a su país a un mexicano envuelto en un incidente judicial, conforme a tratados internacionales que Sarkozy dice que él sí respetaría. El secretario mexicano de salud sufrió un ataque de evasión declarativa marca FCH1N1... El video de la BBC sobre la guerra mexicana contra el narco no pudo verse mediante la liga aquí proporcionada ayer porque fue restringido el acceso para que solamente estuviera al alcance de habitantes del Reino Unido. Si algún corresponsal voluntario hace alguna maravilla técnica, ya se informará de ella... Las arcas nacionales se cubrieron de IETU: la Suprema Cortedad mantuvo esa impugnada fuente de ingresos... Carolina Rocha Menocal dio a conocer en Televisión Azteca nuevos videos sobre la agresión al deportista paraguayo Salvador Cabañas. Cada día la historia original queda más maltratada. Televisa difícilmente puede sostener un alegato de limpieza en ese oscuro asunto... Y, mientras sigue adelante El Arca de Cué, ¡hasta mañana, en esta columna de milicianas teclas populares!


martes, febrero 09, 2010

De Proceso


¡Calderón, pida perdón!


Álvaro Delgado



MÉXICO, D,F., 8 de febrero (apro).- La investidura que Felipe Calderón ostenta no le da derecho a la calumnia ni su ignorancia es atenuante para la infamia contra los jóvenes asesinados en Ciudad Juárez, Chihuahua, cuya memoria mancilló de manera vil.

Debe pedir perdón a las víctimas y a sus dolientes, pero también a la nación entera que ha sido ofendida.

Si no tiene valentía de ir a esa ciudad ensangrentada, emblema del fracaso de su parcial “guerra” contra el narcotráfico, que se retracte de la bajeza que cometió desde la comodidad de la residencia oficial de Los Pinos, donde se guarece con la tropa.

Pero que lo haga sin simulaciones: Que públicamente confiese a las madres y familiares de los jóvenes asesinados el sábado 30 de enero que fue una estupidez atribuir el crimen de Villas de Salvárcar a una rivalidad entre pandillas de las que, según él, formaban parte.

Porque con el mismo impudor que lo hizo Fernando Gómez Mont, el pendenciero secretario de Gobernación que este lunes ofreció en Juárez que habría una disculpa pública, Calderón no consideró siquiera la presunción de inocencia de los muchachos en su declaración emitida desde Japón, tres días después de los hechos.

“No sabemos qué haya ocurrido ahí: Si estamos en presencia de simplemente un hecho de rivalidad entre dos grupos de jóvenes, prácticamente adolescentes, o si esto refleja una lógica de pandillas o bandas criminales, que de suyo ya es una expresión de descomposición o de deterioro social muy preocupante.”

Así, para ese individuo, cualquiera de las dos variantes de esta ecuación arroja el mismo resultado: Los 16 jóvenes abatidos con balas de AK-47 y R-15, mientras disfrutaban carne asada en un domicilio particular, son criminales.

Aun si los muchachos hubiesen sido pandilleros, como los hay en cientos en tanto víctimas de la marginación, Calderón y Gómez Mont tampoco tienen derecho a justificar por ello la masacre, como lo ha hecho con al menos otras dos ocurridas en septiembre del año pasado, en las que fueron acribillados más de 30 adictos en dos centros de rehabilitación.

Por ello, tolerar no sólo el juvenicidio en Juárez sino la calumnia, sobre todo de quien se autodenomina jefe de Estado --ya se sabe que ilegítimamente--, implica convalidar el proceso de decadencia que sufre la nación, en la que, desde el poder, se han invertido los valores y las categorías, incluyendo las jurídicas.

Las víctimas pasan a ser delincuentes y los criminales gozan de un aura de santidad, algo inaceptable para quien tenga respeto por sí mismo. Menos aceptable es que la propia autoridad, con todo su poder, proceda contra inocentes sólo con afanes electorales o, por ineptitud, libere a bandoleros.

Y esto es lo que ha ocurrido en otro episodio de vergüenza del gobierno de Calderón: La liberación de 12 funcionarios y exfuncionarios de Michoacán que hace ocho meses --justo en el proceso electoral-- fueron capturados por fuerzas federales, exhibidos con vestimenta amarilla y sujetos a proceso por su presunta responsabilidad en delincuencia organizada.

Ahora que están libres, el muy personalísimo representante de Calderón, Gómez Mont, regatea ya no sólo una disculpa a los acusados, sino la propia presunción de inocencia. La falta de pruebas, dice, no quiere decir que los liberados sean inocentes. ¡Vaya lógica de quien es, junto con Diego Fernández de Cevallos, de los litigantes más costosos de México!

Pero, además, ese talante de Gómez Mont es la confesión nítida de la ineptitud: Con todos los recursos financieros, tecnológicos y humanos de las policías y procuraduría federales, así como los “soplones” del crimen organizado acogidos al programa de testigos protegidos, no fueron capaces de probar que esos funcionarios están coludidos con el crimen y, si lo están, los dejaron impunes.

¡Vaya papelazo!

En fin, qué se puede esperar de un gobierno encabezado por alguien que confunde la Biblia con la Constitución y asegura que en ésta se “habla explícitamente del matrimonio entre el hombre y la mujer”, argumento principal para que, en complicidad con el clero, su gobierno pida a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que declare inconstitucional la unión entre personas del mismo sexo.

¡Ya ni los más obtusos panistas ni sus jilgueros en los medios son capaces de defender tales aberraciones!

Apuntes

Que no se olvide: El gasolinazo, promovido por Calderón, es permanente: Apenas el sábado se produjo el cuarto aumento en poco más de un mes. Así, la Magna, la que más se consume en México, subió 8 centavos (costará ahora 7.96 pesos por litro), 4 la Premium (9.70) y 8 el diesel (8.32 pesos el litro)… La politiquería y la incompetencia que han arrojado tantas muertes en Juárez, no sólo los jóvenes, también se ha impuesto en el marco de las inundaciones en zonas del Valle de México. Calderón y su golpeador José Luis Luege maniobran para cachar votos. Estos ejemplares del PAN son los nuevos aliados del PRD…


Comentarios: delgado@proceso.com.mx


FSM


Décimo Foro Social Mundial: síntomas de decadencia


Raúl Zibechi

ALAI AMLATINA, 05/02/2010.- Una década es tiempo suficiente –en el terreno políticosocial- para el crecimiento, madurez y, tal vez, decadencia de un “movimiento de movimientos” que se propuso cambiar el mundo. Aunque su declinación es un dato de la realidad, sus mentores pueden contentarse con que su oponente, el Foro Económico de Davos, atraviesa dificultades aún mayores.

Los síntomas son bien conocidos: debatir hasta el cansancio si lo que se está haciendo tiene sentido, si debe continuarse el mismo camino o torcer el rumbo en alguna dirección que permita encontrar soluciones a los males y malestares que se perciben. En efecto, tanto el seminario “10 años después” realizado en Porto Alegre, como el Foro Temático, con sede en Salvador, dedicaron buena parte de su tiempo a constatar la pérdida de vitalidad de un movimiento que pretendió ser la alternativa a la globalización neoliberal.

Este año, el Foro Social Mundial no contó con un evento central sino que realizó actividades en una veintena de ciudades de diferentes partes del mundo, entre ellas las dos capitales estatales brasileñas. La opción por la descentralización es un indicador de que los grandes eventos de decenas de miles de personas jugaron un papel importante en su momento, a comienzos de la década, pero en esta etapa no tendría sentido repetirlos ya que, según se pudo constatar en las últimas ediciones, el formato se fue desgastando.

El evento de Porto Alegre, a partir del 25 de enero, consistió en un conjunto de debates entre intelectuales y miembros de ONGs, con escasa participación de los movimientos sociales que son, en los hechos, la razón de ser del Foro. Por cierto, no era la intención de los organizadores apostar por la masividad que arrastró a más de 150 mil personas en las ediciones anteriores, pero los debates atrajeron ahora a menos del diez por ciento del anterior pico de participación.

En Salvador, por el contrario, en el Foro Temático realizado entre el 29 y el 31 de enero, la presencia de los movimientos era esperada con cierta expectativa. La opción por descentralizar el evento, con mesas de debates en hoteles de la ciudad y las actividades de los movimientos relegadas al recinto de la Universidad Católica, tuvo un efecto negativo para la participación social. A diferencia de lo que sucedía en Porto Alegre años atrás, cuando la ciudad giraba por unos días en torno al Foro, en la capital de Bahía la gente no se enteró del evento altermundialista.

Buscando nuevos rumbos

El viraje en la situación política mundial y en América Latina, parece estar en la base de un cierto desconcierto que se plasma en la aparición de propuestas notoriamente divergentes. En las primeras ediciones de los Foros, se registraba un fuerte ascenso del conservadurismo comandado por George W Bush, a caballo de las invasiones a Irak y Afganistán. En este continente, se estaban estrenando los gobiernos del cambio y se registraba aún una oleada de movilización social que desembarcó con sus múltiples colores en los eventos multitudinarios de Porto Alegre.

La crisis mundial, el ascenso de Barack Obama a la Casa Blanca, el otoño de los gobiernos progresistas y de izquierda de la región y la creciente desmovilización social, pautan una coyuntura bien distinta. El tono de la Carta de Bahía, documento final aprobado por una asamblea de movimientos, delata el nuevo clima. La declaración enfatiza en el rechazo a “la presencia de bases extranjeras en el continente sudamericano”, la defensa de la soberanía y de los grandes yacimientos de petróleo descubiertos en el litoral brasileño.

La Carta hace una defensa cerrada del gobierno de Lula. “En Brasil, muchos avances fueron conquistados por el pueblo durante los siete años del gobierno Lula”. Menciona que aún falta realizar reformas estructurales, pero llama a apoyar a los diversos oficialismos “en este período de embate político que se aproxima”, en clara alusión a los procesos electorales venideros.

En este punto, aparecen fuertes divergencias. El Movimiento Sin Tierra, muy crítico con Lula por no haber hecho la reforma agraria prometida, no movilizó sus bases hacia el Foro como en ocasiones anteriores. En Salvador, el movimiento más potente es el de los Sin Techo, que en diferentes talleres mostró claras distancias tanto con el gobierno federal como con el estatal, comandado por el petista Jacques Wagner.

La distancia, social antes que política, entre movimientos y gobiernos fue una de las características del Foro de Salvador. Uno de los “intercambios” con los movimientos se realizó en un hotel de cinco estrellas, con la participación del gobernador Wagner, el ministro de Desarrollo Social Patrus Ananias y el Secretario Especial para Asuntos Estratégicos de la Presidencia, Samuel Pinheiro. No era ese el mejor ambiente para movimientos de base que, como los de Salvador, están integrados en su inmensa mayoría por negros pobres que viven en favelas, que son sistemáticamente rechazados en esos espacios.

En la visita que realizamos a tres ocupaciones urbanas de los Sin Techo, pudimos comprobar que las bases de esos movimientos no tenían la menor idea de lo que sucedía en el centro de la ciudad, ni mostraban intención de asistir cuando se les informaba que debían registrarse en otro hotel, también de cinco estrellas, ubicado en el corazón elitista de la ciudad racista. Si alguna vez los foros fueron un genuino encuentro de movimientos sociales, en los hechos se convirtieron en encuentros de elites, intelectuales, miembros de ONGs y representantes de organizaciones sociales.

En palabras de Eric Toussaint, miembro del Consejo Internacional del FSM, un dato central es que el encuentro “fue patrocinado por Petrobrás, Caixa, Banco do Brasil, Itaipú Binacional y con fuerte presencia de gobiernos”. O sea, grandes multinacionales que están también en el encuentro empresarial de Davos, donde Lula fue proclamado “estadista global”. En su opinión, el núcleo histórico de fundadores del Foro, donde tienen especial presencia brasileños vinculados al gobierno, son los más reacios a buscar otros formatos, que “se apoyen en fuerzas militantes voluntarias y se alojen en casas de activistas”.

Cuestión de Estado

En cuanto al formato, las propuestas son muy variadas. El portugués Boaventura de Sousa Santos, cree que el Foro fracasó en Europa, Asia y África al no haber conseguido “conquistar la imaginación de los movimientos sociales y los líderes políticos” como sucedió en América Latina. Cree que el FSM debería haber acudido con una posición propia a la cumbre de Copenhague y que el próximo encuentro, a realizarse en Dakar (Senegal), deberá “promover algunas acciones colectivas” en la dirección de buscar “una nueva articulación entre partidos y movimientos”.

Toussaint va más lejos y aspira a que los movimientos recojan la propuesta lanzada por Hugo Chávez de crear una Quinta Internacional, que sería un “instrumento de convergencia para la acción y para la elaboración de un modelo alternativo”. En el otro extremo, el sociólogo brasileño Emir Sader cree que el Foro ya fracasó porque al no estrechar vínculos con los gobiernos progresistas, “quedó girando en el vacío”.

Dos temas siguen estando en el centro de los debates, como estas posturas manifiestan: la relación entre gobiernos y movimientos y el grado de centralización y de organización que debe dotarse el Foro. Hay quienes, como Toussaint, defienden un modelo tradicional, que se resume en “un frente permanente de partidos, movimientos sociales y redes internacionales”, porque es la mejor forma de impulsar la movilización. Cree, por añadidura, que el golpe de Estado en Honduelas se consolidó porque la movilización “fue totalmente insuficiente”.

De Sousa Santos echa más leña al fuego al abordar el otro tema en debate. Sostiene que “ahora existe un novísimo movimiento social que es el propio Estado”. Defiende su tesis señalando que si al Estado se lo deja librado a su lógica, “es capturado por la burocracia y por los intereses económicos dominantes”. Pero si los movimientos, que siempre han trabajado por fuera de los estados, lo toman en cuenta como “un recurso importante”, ese Estado “puede ser apropiado por las clases populares como está ocurriendo en el continente latinoamericano”.

En su comunicación al seminario “10 años después”, Immanuel Wallerstein presentó una perspectiva que incluye una variante más, estirando las diferencias entre los militantes. Sostuvo que los impactos mayores de la crisis vendrán en los próximos cinco años, con un posible default de la deuda de los Estados Unidos, la caída del dólar y la aparición de regímenes autoritarios, incluyendo algunos países de América Latina, y la creciente demonización de Obama en Estados Unidos. Cree que se están formando varios bloques geopolíticos que excluyen a Washington: Europa Occidental-Rusia; China-Japón-Corea del Sur; Sudamérica liderada por Brasil.

En ese escenario, opina que en las dos próximas décadas la izquierda social y la política irán percibiendo que “la cuestión central no es poner fin al capitalismo, sino organizar un sistema que lo suceda”. En ese lapso, la confrontación entre derechas e izquierdas, cuyas fuerzas se han expandido a todo el mundo, será inevitable, pero no será una batalla entre estados sino “entre las fuerzas sociales mundiales”. Y cree, además, que a las izquierdas y a los movimientos “les falta una visión estratégica de medio plazo”. Esto último se ha mostrado enteramente cierto, por lo menos en el último Foro Social Mundial.

- Raúl Zibechi, periodista uruguayo, es docente e investigador en la Multiversidad Franciscana de América Latina, y asesor de varios colectivos sociales.