Editorial de La Jornada, viernes 12 febrero 2010

Ciudad Juárez: visita improcedente

Como era previsible, la presencia en Ciudad Juárez del titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa, y de su secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, no ha hecho sino exacerbar los agravios cometidos contra la población de esa martirizada localidad fronteriza por las organizaciones delictivas, pero también por las autoridades de todos los niveles gubernamentales.

Al abandono y el desinterés oficial de lustros se sumaron, ayer, la injustificada represión de manifestantes en las calles de Ciudad Juárez por elementos de la Policía Federal, sobre la cual pesan ya diversas acusaciones de indolencia y corrupción. En esta ocasión los aparatosos despliegues policiales sumaron, a la apreciación de ineficiencia, la de una violencia sin propósito ejercida contra la población.

Por añadidura, la disculpa ofrecida por Calderón Hinojosa a los deudos de los estudiantes masacrados hace dos semanas –a quienes el gobernante señaló en una primera reacción como presuntamente vinculados con grupos delictivos– es tardía e insuficiente: tardía, porque la primera rectificación debió provenir del propio Calderón, y no de boca de Gómez Mont; insuficiente, porque durante años el discurso oficial ha pretendido que la inmensa mayoría de los muertos en esta guerra oscura y confusa emprendida por las autoridades eran individuos vinculados a la criminalidad, una caracterización que choca con el sentir de los juarenses –y de los habitantes de otros puntos afectados por la espiral de violencia–, quienes han enterrado, a estas alturas, a muchas víctimas inocentes de la cruzada calderonista.

Por lo demás, lo que da motivo a la disculpa no es únicamente la calumnia oficial contra los jóvenes asesinados en Juárez el 31 de enero, sino la aplicación, en la ciudad fronteriza y en el resto del país, de la estrategia equivocada y errática adoptada desde el primer día de esta administración, centrada exclusivamente en el ejercicio de la violencia del Estado y, según la percepción generalizada, concebida más con propósitos propagandísticos y mediáticos que con miras a fortalecer la seguridad pública y el estado de derecho.

Desde el arranque del gobierno calderonista, numerosas voces alertaron sobre la improcedencia y los peligros de confrontar a la criminalidad sin una visión de conjunto, sin un entendimiento cabal del complejo fenómeno y sin una política integral que solucionara o aliviara, en forma paralela a la persecución de la delincuencia, las causas profundas que le dan origen: la falta de desarrollo económico y social; las carencias educativas, de salud y empleo; los escenarios de marginación multiplicados por el modelo económico neoliberal, aún en vigor. Con el telón de fondo del incremento imparable de la violencia y de las muertes, y a pesar de los reclamos en el sentido de que las acciones gubernamentales no hacen más que agravar lo que pretendían resolver, el gobierno federal persistió, día tras día, semana tras semana y mes tras mes, en defender su política contra el crimen organizado.

Hace unas semanas, las autoridades federales anunciaron por fin, con una discreción contrastante con el bullicio mediático que acompañó el inicio de su cruzada policiaco-militar, la rectificación que numerosos sectores le demandaron durante tres años. Ahora, para la agraviada sociedad juarense, resulta inevitable preguntarse si habrían debido ocurrir tantas muertes y tanta destrucción antes de que el Ejecutivo federal dé un viraje como el que parece estar dispuesto a emprender.

En suma, ningún ceremonial político y ningún despliegue mediático ni policial bastarán para restaurar la confianza de los juarenses en las autoridades en tanto no se ofrezca a la opinión pública una explicación exhaustiva de las consideraciones que pesaron para el cambio de actitud referido; en la medida en que siga ausente la autocrítica de lo realizado en la primera mitad del periodo calderonista y, sobre todo, en tanto la intervención federal en Ciudad Juárez no se traduzca en una real vigencia de la seguridad pública y de los derechos humanos.