Astillero

La Jornada, jueves 13 de diciembre de 2007
Por Julio Hernández López

El tema de fondo, más allá de las piruetas relacionadas con el que podría estar siendo rebautizado en estas horas como Instituto del Fraude Electoral, es la reforma judicial. El licenciado Calderón ha sido advertido (a este columnero no le consta que el texto original haya sido en inglés, ni que haya venido del norte) de que los problemas nacionales acumulados, más los provenientes de los desajustes de la economía gringa, y la entrada en vigor del gasolinazo y otros ingredientes socialmente explosivos, han creado un escenario de previsibles protestas públicas y resistencias civiles que deben ser enfrentadas con rigor gubernamental para evitar que el de por sí endeble tejido de la figura formalmente presidencial pueda ceder, romperse o dañarse de manera irreversible. El Fiscal General de la República ya ha militarizado el país, con el pretexto del combate (ja, ja) al narcotráfico, y ha abatido los niveles de condescendencia de la opinión pública respecto a violaciones de derechos humanos y abusos de corporaciones gubernamentales. Ahora podría instaurar abiertamente un estado policial, gracias a los arreglos que ayer estaban en ruta de cierre en San Lázaro –y que serían convalidados por la izquierda mercantil del PRD, que a cambio de migajas electorales, como los relevos de tres consejeros del IFE y la “reforma” electoral, estaría colaborando al fortalecimiento del felipismo, dándole nuevas formas fiscales de hacerse de más recursos y, ahora, legalizando la política represiva ya en curso. Sólo faltaría al coctel la cereza del Plan México, rebautizado como Iniciativa Mérida, para que todo sea felicidad (controlada) en el país de Pefelipe.