CONTRA EL RETROCESO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS

México, D. F., a 12 de diciembre de 2007

Integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos manifiestan su preocupación por algunas propuestas de reforma constitucional que podrían significar un retroceso en la tutela de los derechos fundamentales de todas las personas en nuestro país. Por ello hicieron un llamado a los legisladores, con el fin de lograr acuerdos congruentes con la vigencia de un Estado democrático de derecho y con el respeto absoluto a los derechos humanos.

Se pronunciaron en favor de una reforma penal que equilibre el legítimo deseo de mayor eficacia en la persecución de la criminalidad con la debida protección de los derechos de todas las personas. Estas garantías y la seguridad pública, aseguraron, son dos objetivos del Estado que pueden y deben convivir armónicamente.

Las iniciativas señaladas pretenden modificar la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos con el fin de, entre otras cuestiones, constitucionalizar el arraigo –lo que va en contra de recomendaciones que la ONU ha enviado a nuestro país— y poner en peligro la inviolabilidad del domicilio, al permitir la entrada de la policía sin orden judicial.

También permitirían rebajar el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas al darles valor probatorio en un juicio penal si son presentadas por alguna de las partes, así como ampliar las competencias del titular del Ministerio Público Federal para recabar información bancaria, bursátil, fiduciaria e incluso electoral en las investigaciones relacionadas con la delincuencia organizada.

Integrantes del Consejo Consultivo de la CNDH consideraron que la sociedad mexicana ha expresado en los últimos años un sentido reclamo a sus autoridades por la inseguridad pública que viven los ciudadanos. Señalaron que comparten plenamente esa preocupación y señalaron que el primero de los deberes del Estado es proteger la integridad física de las personas, bienes y familias que están en el territorio nacional.

Reiteraron que el cumplimiento de dicho deber no puede realizarse a costa de los derechos humanos.

CONTRA EL RETROCESO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS.

México, D.F. 13 diciembre 2007.

Los integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, abajo firmantes, manifestamos lo siguiente:

La sociedad mexicana ha expresado en los útimos años un sentido reclamo a sus autoridades por el clima de inseguridad pública en la que se vive en todo el territorio nacional. Como ciudadanos compartimos plenamente esa preocupación y creemos que el Estado mexicano tiene como el primero de sus deberes proteger la integridad física de las personas y de sus bienes.

Estamos convencidos, sin embargo, de que el cumplimiento de dicho deber no puede ni debe realizarse a costa de los derechos humanos. Nos preocupan profundamente algunas propuestas de reforma constitucional que podrían significar un grave retroceso en la vigencia y la tutela de los derechos de las personas. Particularmente, nos preocupa que algunas iniciativas pretendan modificar nuestra Carta Magna para, entre otras cuestiones:

1.- Constitucionalizar el arraigo, lo que va en contra de recomendaciones que la ONU ha enviado a nuestro país;

2.- Poner en peligro la inviolabilidad del domicilio al permitir la entrada de la policía sin orden judicial;

3.- Rebajar el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas al darles valor probatorio en un juicio penal si son presentadas por alguna de las partes;

4.- Ampliar las competencias del titular del Ministerio Público Federal para recabar información bancaria, bursátil, fiduciaria e incluso electoral en las investigaciones relacionadas con la delicuencia organizada.

En este contexto, nos pronunciamos a favor de una reforma penal que equilibre el legítimo deseo de mayor eficacia en el combate a la criminalidad y el derecho a la paz social con la debida protección de los derechos de todas las personas. Tenemos la convicción de que los derechos humanos y la seguridad pública son dos objetivos indisociables del Estado que pueden y deben convivir armónicamente.

Por lo anterior, hacemos un atento llamado a nuestros legisladores para que logren acuerdos congruentes con la vigencia de un Estado democrático de derecho y con el respeto absoluto a losderechos humanos.

CONSEJO CONSULTIVO

Héctor Fix-Zamudio, Ricardo Pozas Horcasitas, Graciela Rodríguez Ortega, Joaquín López Dóriga, María Patricia Kurczyn Villalobos, Juliana González Valenzuela, Paulette Dieterlen Struck, Miguel Carbonell Sánchez, Miriam Cárdenas Cantú.