Periodista de la Universidad Nacional su columna aparece desde 1977, su propósito hacer públicos los asuntos públicos, que no son coto de los políticos.
| Carmen Aristegui F. Egresada de la UNAM. Conductora, comentarista y entrevistadora de programas de radio y TV. Moderadora y conferencista en diversos foros. Consejera Electoral en el DF en 1997. Distinguida con el Premio Nacional de Periodismo en diferentes años y el Premio Ondas Iberoamericano entre otros reconocimientos. Dirige y conduce el programa que lleva su nombre en CNN en Español. Colaboradora de Reforma. EL NORTE.COM PLAZA PÚBLICA Renuncia de Joel Ortega |
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Miguel Ángel Granados Chapa
24 Jun. 08
A la gravedad de la tragedia en que murieron 12 personas podría sumarse un conflicto político de trascendencia si el Presidente de la República, que legalmente puede hacerlo, destituyera al Secretario de Seguridad Pública como lo hizo Fox con Ebrard en el 2004
El Secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, Joel Ortega Cuevas, debe renunciar antes de que lo destituya el Presidente de la República y se añada a la abominable tragedia del 20 de junio un nuevo y mayor motivo de tensión en las relaciones del Gobierno federal y el capitalino.
Es preciso aguardar el resultado de la investigación ministerial para determinar las responsabilidades penales y administrativas en torno a la muerte de 12 personas en el antro News Divine. Pero puede ya establecerse, y es urgente hacerlo, la responsabilidad política del caso. Y ésa no puede corresponder sino a Ortega Cuevas, vista su admisión de que personal a sus órdenes actuó indebidamente al planear y ejecutar una operación reclamada por los vecinos (impedir la venta de drogas y alcohol a menores de edad en ese antro) de modo tal que lejos de lograr su objetivo provocó una tragedia incalificable. No es congruente con su rango simplemente trasladar los cargos a un subordinado. Tiene sentido hacerlo en función de la averiguación previa que arrojará conclusiones en el ámbito penal, por más que Guillermo Zayas no haya estado presente en la operación policiaca del viernes pasado. Pero así como a ese jefe de sector puede imputársele responsabilidad administrativa a Ortega debe exigírsele una respuesta a la sociedad por la responsabilidad política que es inherente a su cargo. Por ello debe renunciar, no para eludir acciones penales que no pueden ser fincadas en su contra, sino como reconocimiento de que la función pública implica afrontar una posición personal ante tragedias que pueden ser evitadas.
Por añadidura, existe la posibilidad de que el Ejecutivo federal -que tiene capacidad jurídica para nombrar y destituir al Secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México- asuma esa decisión y despida a Ortega Cuevas, de modo semejante a lo hecho por Vicente Fox con Marcelo Ebrard el 6 de diciembre de 2004, con motivo del linchamiento de policías federales en Tláhuac. No sugiero en modo alguno que los casos sean semejantes, y por eso deban tener consecuencias análogas. Digo que el marco jurídico que rige el desempeño del Secretario de Seguridad Pública y el entorno político abren un riesgo que no tiene la dimensión humana de la matazón del viernes, pero puede agregarle un factor agravante.
En aquel momento estaba en curso la campaña de Fox contra Andrés Manuel López Obrador, que culminaría con su desafuero para impedirle ser candidato a la Presidencia de la República. La destitución de Ebrard era parte de esa innoble batalla política a la postre ganada por Fox, como él mismo se ufanó, porque el candidato de la coalición Por el Bien de Todos no despacha en Los Pinos. En grado menor existe ahora un conflicto entre los poderes federal y capitalino, originado por la negativa expresa del Jefe del Gobierno del Distrito Federal a reconocer a Calderón como Presidente de la República. Se trata, obviamente, de una posición política, no jurídica, que no significa desacato a las facultades presidenciales en torno a la ciudad. Todos los días la acción del Gobierno del Distrito Federal implica el reconocimiento del federal, sin mengua de la posición personal de Ebrard, afiliado a las tesis del presidente espurio y el legítimo. Ortega mismo debe su cargo a designación presidencial y puede por ello ser removido de su cargo por esa voluntad, y la decisión no podría ser objetada ni desobedecida por el Jefe de Gobierno como López Obrador tuvo que admitir el cese de Ebrard.
Calderón tendría que cavilar cuidadosamente el seguir el ejemplo de Fox o abstenerse de hacerlo. La gravedad de los hechos de la Nueva Atzacoalco, el impacto que han tenido en la sociedad, la posibilidad de imputar responsabilidades a un adversario rejego, todo ello milita a favor de un manotazo presidencial que le ganaría aplauso y abonaría la campaña panista de recuperar espacios en el Distrito Federal, que electoralmente es comarca perredista casi en exclusiva. En sentido contrario, el Ejecutivo ha de valorar la conveniencia social de exacerbar con una acción de ese alcance la disputa que en su contra mantiene abierta López Obrador, que ha generado una polarización que no es abiertamente contraria a la gobernabilidad, pero la mantiene en jaque permanente.
Aun sin ese agravante, Ortega tendría que hacerse cargo de que no es válido admitir responsabilidades del personal a sus órdenes sin asumirlas directamente, máxime que el sangriento desenlace del News Divine parece derivar no sólo de negligencia o abuso atribuido a un servidor público en particular sino a un modo de ser y actuar de la policía capitalina. Apenas se comprende, en efecto, que el propósito de la operación del 20 de junio fuera detener in fraganti a decenas de muchachos culpables de... ser víctimas de explotadores de su condición juvenil.
No puede ignorarse que, a pesar de intenciones y acciones en sentido contrario, persiste en la actuación policiaca en el Distrito Federal una visión deformada de la juventud. Sobre todo en zonas marginadas y empobrecidas, pero también en áreas de clase media, la policía infunde temor entre los muchachos porque se comporta como si hubiera un toque de queda o un estado de sitio que permite detener sin causa a los transeúntes y exigirles información sobre sus familias y domicilios, bajo la amenaza de arresto o la solicitud de una mordida. Criminalizar a la juventud es el criterio que presidió la presencia policiaca en una tardeada donde había 500 muchachos alborozados.
24 Jun. 08
A la gravedad de la tragedia en que murieron 12 personas podría sumarse un conflicto político de trascendencia si el Presidente de la República, que legalmente puede hacerlo, destituyera al Secretario de Seguridad Pública como lo hizo Fox con Ebrard en el 2004
El Secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, Joel Ortega Cuevas, debe renunciar antes de que lo destituya el Presidente de la República y se añada a la abominable tragedia del 20 de junio un nuevo y mayor motivo de tensión en las relaciones del Gobierno federal y el capitalino.
Es preciso aguardar el resultado de la investigación ministerial para determinar las responsabilidades penales y administrativas en torno a la muerte de 12 personas en el antro News Divine. Pero puede ya establecerse, y es urgente hacerlo, la responsabilidad política del caso. Y ésa no puede corresponder sino a Ortega Cuevas, vista su admisión de que personal a sus órdenes actuó indebidamente al planear y ejecutar una operación reclamada por los vecinos (impedir la venta de drogas y alcohol a menores de edad en ese antro) de modo tal que lejos de lograr su objetivo provocó una tragedia incalificable. No es congruente con su rango simplemente trasladar los cargos a un subordinado. Tiene sentido hacerlo en función de la averiguación previa que arrojará conclusiones en el ámbito penal, por más que Guillermo Zayas no haya estado presente en la operación policiaca del viernes pasado. Pero así como a ese jefe de sector puede imputársele responsabilidad administrativa a Ortega debe exigírsele una respuesta a la sociedad por la responsabilidad política que es inherente a su cargo. Por ello debe renunciar, no para eludir acciones penales que no pueden ser fincadas en su contra, sino como reconocimiento de que la función pública implica afrontar una posición personal ante tragedias que pueden ser evitadas.
Por añadidura, existe la posibilidad de que el Ejecutivo federal -que tiene capacidad jurídica para nombrar y destituir al Secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México- asuma esa decisión y despida a Ortega Cuevas, de modo semejante a lo hecho por Vicente Fox con Marcelo Ebrard el 6 de diciembre de 2004, con motivo del linchamiento de policías federales en Tláhuac. No sugiero en modo alguno que los casos sean semejantes, y por eso deban tener consecuencias análogas. Digo que el marco jurídico que rige el desempeño del Secretario de Seguridad Pública y el entorno político abren un riesgo que no tiene la dimensión humana de la matazón del viernes, pero puede agregarle un factor agravante.
En aquel momento estaba en curso la campaña de Fox contra Andrés Manuel López Obrador, que culminaría con su desafuero para impedirle ser candidato a la Presidencia de la República. La destitución de Ebrard era parte de esa innoble batalla política a la postre ganada por Fox, como él mismo se ufanó, porque el candidato de la coalición Por el Bien de Todos no despacha en Los Pinos. En grado menor existe ahora un conflicto entre los poderes federal y capitalino, originado por la negativa expresa del Jefe del Gobierno del Distrito Federal a reconocer a Calderón como Presidente de la República. Se trata, obviamente, de una posición política, no jurídica, que no significa desacato a las facultades presidenciales en torno a la ciudad. Todos los días la acción del Gobierno del Distrito Federal implica el reconocimiento del federal, sin mengua de la posición personal de Ebrard, afiliado a las tesis del presidente espurio y el legítimo. Ortega mismo debe su cargo a designación presidencial y puede por ello ser removido de su cargo por esa voluntad, y la decisión no podría ser objetada ni desobedecida por el Jefe de Gobierno como López Obrador tuvo que admitir el cese de Ebrard.
Calderón tendría que cavilar cuidadosamente el seguir el ejemplo de Fox o abstenerse de hacerlo. La gravedad de los hechos de la Nueva Atzacoalco, el impacto que han tenido en la sociedad, la posibilidad de imputar responsabilidades a un adversario rejego, todo ello milita a favor de un manotazo presidencial que le ganaría aplauso y abonaría la campaña panista de recuperar espacios en el Distrito Federal, que electoralmente es comarca perredista casi en exclusiva. En sentido contrario, el Ejecutivo ha de valorar la conveniencia social de exacerbar con una acción de ese alcance la disputa que en su contra mantiene abierta López Obrador, que ha generado una polarización que no es abiertamente contraria a la gobernabilidad, pero la mantiene en jaque permanente.
Aun sin ese agravante, Ortega tendría que hacerse cargo de que no es válido admitir responsabilidades del personal a sus órdenes sin asumirlas directamente, máxime que el sangriento desenlace del News Divine parece derivar no sólo de negligencia o abuso atribuido a un servidor público en particular sino a un modo de ser y actuar de la policía capitalina. Apenas se comprende, en efecto, que el propósito de la operación del 20 de junio fuera detener in fraganti a decenas de muchachos culpables de... ser víctimas de explotadores de su condición juvenil.
No puede ignorarse que, a pesar de intenciones y acciones en sentido contrario, persiste en la actuación policiaca en el Distrito Federal una visión deformada de la juventud. Sobre todo en zonas marginadas y empobrecidas, pero también en áreas de clase media, la policía infunde temor entre los muchachos porque se comporta como si hubiera un toque de queda o un estado de sitio que permite detener sin causa a los transeúntes y exigirles información sobre sus familias y domicilios, bajo la amenaza de arresto o la solicitud de una mordida. Criminalizar a la juventud es el criterio que presidió la presencia policiaca en una tardeada donde había 500 muchachos alborozados.
| PLAZA PÚBLICA Ortega: ¿Hacia la renuncia? |
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Miguel Ángel Granados Chapa
4 Jul. 08
El inoportuno elogio del Jefe de Gobierno del Distrito Federal a su Secretario de Seguridad Pública sólo puede ser el preámbulo de una salida airosa, o se convertirá, para mal de la ciudad y del regente, en un acto de solidaridad de un grupo contrario al interés general
Sólo como el preámbulo a la renuncia de Joel Ortega puede entenderse el elogio, no sé si justo pero sí inoportuno, que su desempeño como secretario de Seguridad Pública mereció del jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard. De lo contrario, sería una bofetada al rostro de una importante porción de la sociedad que espera la asunción de responsabilidades políticas por la muerte de 12 personas en una por muchos títulos deplorable operación policiaca, ocurrida hace ya dos viernes.
El martes pasado, Ebrard y Ortega acudieron a la celebración del Día del ingeniero. El ahora jefe, y antecesor del secretario de Seguridad Pública, aprovechó el festejo para "reconocer el trabajo que ha llevado a cabo, siempre con valor, con lealtad, con honestidad, el ingeniero Joel Ortega, aquí presente". Honrado así ante su gremio, y ante la opinión pública, Ortega se marcharía por decisión propia. Tendría una salida airosa y no quedaría despedido por errores graves de la corporación a su cargo en un caso de extrema delicadeza.
Pero 48 horas después de conocido ese juicio laudatorio, Ortega sigue en su puesto, con lo que las palabras de Ebrard se convierten en expresiones de solapamiento y eventualmente de complicidad. Un móvil ignorado habría conducido al jefe de Gobierno de un extremo a otro: la semana pasada citó a una conferencia de prensa cuyos convocantes sugirieron que versaría sobre la renuncia de Ortega. Una conversación previa entre los dos funcionarios parece haber concluido en la permanencia del secretario en su sitio. Para no dejar plantados a los medios de información, Ebrard apareció ante ellos para anunciar que Francisco Chiguil, jefe delegacional en Gustavo A. Madero, pediría licencia mientras se investigaba la participación de personal a sus órdenes en el proceso administrativo de la discoteca de mala muerte. Los jefes delegacionales no dependen del jefe del gobierno central, pues unos y otro derivan su autoridad del voto ciudadano, de modo que Ebrard no tenía por qué ser el conducto para el paso dado por Chiguil.
Interrogado días atrás, poco después del atroz acontecimiento del 20 de junio, sobre la suerte de Ortega, Ebrard dijo que completaría su juicio sobre la actuación de su colaborador al conocer los informes y la recomendación que prepara la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Antes de que esos documentos se emitan, anticipándose quizá a su contenido, Ebrard ha decidido solidarizarse con Ortega y no acusarlo para que se marche del gobierno.
No es difícil suponer el sentido de los reportes de la CDHDF. Sin faltar a la discreción, sino hablando formalmente ante legisladores capitalinos, el ombudsman de la Ciudad de México ha lamentado que la tragedia de la discoteca tenga entre sus orígenes, además de las causas específicas, la desatención de la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría de justicia a las recomendaciones de la comisión. De 2004 a la fecha ha emitido siete recomendaciones sobre operaciones policiacas, y ha hecho llamados acerca del trato a los jóvenes y en materia de uso de la fuerza y evaluación de ese uso de la fuerza. Álvarez Icaza dijo a los diputados locales, que realizan su propia indagación, que la SSP es renuente a la presencia de personal de la comisión en sus operativos: "Cuando la autoridad sabe que hay visitadores, el comportamiento es distinto (porque) genera un factor de inhibición". Precisó que "la SSP tenía obligación de avisarnos" y no lo hizo: "no sabíamos del operativo" (Reforma, 2 de julio).
La responsabilidad política de Ortega en este caso, que debería conducirlo a la renuncia, se refuerza con los avances de la averiguación previa. La Procuraduría enumeró 19 defectos de la operación conducida por jefes policiacos y el responsable de la misma está ya, desde el miércoles, formalmente preso por homicidio doloso. Guillermo Zayas se ha convertido así en el principal responsable de los hechos desde la perspectiva penal. ¿Es exagerado proponer que su jefe, quien lo atrajo a la SSP después de su salida de la Procuraduría donde desempeñó un papel relevante, deba tener una responsabilidad política de gran alcance, congruente con la que se imputa penalmente a Zayas?
Desde la mañana siguiente a la tragedia del News Divine parece haber quedado a la vista una sorda disputa de competencias, de poder y de imagen entre la Procuraduría y la SSP. Aprovechar la muerte de 12 personas para dirimir una querella burocrática o política sería más que irresponsable, ruin, y acaso por ello Ebrard ha tenido necesidad de situarse por encima de la disputa (en vez de ordenar que cese) y ejercer un arbitraje que hiciera necesario contrastar con un elogio suyo la cauda de evidencias contra el personal policiaco manejadas por el Ministerio Público. Situarse como tercero en discordia dentro de su gabinete y de su equipo de operación política sería, en Ebrard, también una distorsión inadmisible del servicio público, especialmente en una circunstancia que hiere tanto la sensibilidad pública.
Ebrard y Ortega han tenido un desempeño político y administrativo cercano, desde los años ochenta y noventa, en que pertenecieron al grupo encabezado en el gobierno priista de la ciudad por Manuel Camacho. Quizá esa proximidad obliga a Ebrard a un trato cuidadoso a Ortega, que lo lleve a propiciarle una salida digna. Si no fuera así, si privilegiara el espíritu de cuerpo sobre el servicio a la ciudad, Ebrard erraría el camino.
4 Jul. 08
El inoportuno elogio del Jefe de Gobierno del Distrito Federal a su Secretario de Seguridad Pública sólo puede ser el preámbulo de una salida airosa, o se convertirá, para mal de la ciudad y del regente, en un acto de solidaridad de un grupo contrario al interés general
Sólo como el preámbulo a la renuncia de Joel Ortega puede entenderse el elogio, no sé si justo pero sí inoportuno, que su desempeño como secretario de Seguridad Pública mereció del jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard. De lo contrario, sería una bofetada al rostro de una importante porción de la sociedad que espera la asunción de responsabilidades políticas por la muerte de 12 personas en una por muchos títulos deplorable operación policiaca, ocurrida hace ya dos viernes.
El martes pasado, Ebrard y Ortega acudieron a la celebración del Día del ingeniero. El ahora jefe, y antecesor del secretario de Seguridad Pública, aprovechó el festejo para "reconocer el trabajo que ha llevado a cabo, siempre con valor, con lealtad, con honestidad, el ingeniero Joel Ortega, aquí presente". Honrado así ante su gremio, y ante la opinión pública, Ortega se marcharía por decisión propia. Tendría una salida airosa y no quedaría despedido por errores graves de la corporación a su cargo en un caso de extrema delicadeza.
Pero 48 horas después de conocido ese juicio laudatorio, Ortega sigue en su puesto, con lo que las palabras de Ebrard se convierten en expresiones de solapamiento y eventualmente de complicidad. Un móvil ignorado habría conducido al jefe de Gobierno de un extremo a otro: la semana pasada citó a una conferencia de prensa cuyos convocantes sugirieron que versaría sobre la renuncia de Ortega. Una conversación previa entre los dos funcionarios parece haber concluido en la permanencia del secretario en su sitio. Para no dejar plantados a los medios de información, Ebrard apareció ante ellos para anunciar que Francisco Chiguil, jefe delegacional en Gustavo A. Madero, pediría licencia mientras se investigaba la participación de personal a sus órdenes en el proceso administrativo de la discoteca de mala muerte. Los jefes delegacionales no dependen del jefe del gobierno central, pues unos y otro derivan su autoridad del voto ciudadano, de modo que Ebrard no tenía por qué ser el conducto para el paso dado por Chiguil.
Interrogado días atrás, poco después del atroz acontecimiento del 20 de junio, sobre la suerte de Ortega, Ebrard dijo que completaría su juicio sobre la actuación de su colaborador al conocer los informes y la recomendación que prepara la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Antes de que esos documentos se emitan, anticipándose quizá a su contenido, Ebrard ha decidido solidarizarse con Ortega y no acusarlo para que se marche del gobierno.
No es difícil suponer el sentido de los reportes de la CDHDF. Sin faltar a la discreción, sino hablando formalmente ante legisladores capitalinos, el ombudsman de la Ciudad de México ha lamentado que la tragedia de la discoteca tenga entre sus orígenes, además de las causas específicas, la desatención de la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría de justicia a las recomendaciones de la comisión. De 2004 a la fecha ha emitido siete recomendaciones sobre operaciones policiacas, y ha hecho llamados acerca del trato a los jóvenes y en materia de uso de la fuerza y evaluación de ese uso de la fuerza. Álvarez Icaza dijo a los diputados locales, que realizan su propia indagación, que la SSP es renuente a la presencia de personal de la comisión en sus operativos: "Cuando la autoridad sabe que hay visitadores, el comportamiento es distinto (porque) genera un factor de inhibición". Precisó que "la SSP tenía obligación de avisarnos" y no lo hizo: "no sabíamos del operativo" (Reforma, 2 de julio).
La responsabilidad política de Ortega en este caso, que debería conducirlo a la renuncia, se refuerza con los avances de la averiguación previa. La Procuraduría enumeró 19 defectos de la operación conducida por jefes policiacos y el responsable de la misma está ya, desde el miércoles, formalmente preso por homicidio doloso. Guillermo Zayas se ha convertido así en el principal responsable de los hechos desde la perspectiva penal. ¿Es exagerado proponer que su jefe, quien lo atrajo a la SSP después de su salida de la Procuraduría donde desempeñó un papel relevante, deba tener una responsabilidad política de gran alcance, congruente con la que se imputa penalmente a Zayas?
Desde la mañana siguiente a la tragedia del News Divine parece haber quedado a la vista una sorda disputa de competencias, de poder y de imagen entre la Procuraduría y la SSP. Aprovechar la muerte de 12 personas para dirimir una querella burocrática o política sería más que irresponsable, ruin, y acaso por ello Ebrard ha tenido necesidad de situarse por encima de la disputa (en vez de ordenar que cese) y ejercer un arbitraje que hiciera necesario contrastar con un elogio suyo la cauda de evidencias contra el personal policiaco manejadas por el Ministerio Público. Situarse como tercero en discordia dentro de su gabinete y de su equipo de operación política sería, en Ebrard, también una distorsión inadmisible del servicio público, especialmente en una circunstancia que hiere tanto la sensibilidad pública.
Ebrard y Ortega han tenido un desempeño político y administrativo cercano, desde los años ochenta y noventa, en que pertenecieron al grupo encabezado en el gobierno priista de la ciudad por Manuel Camacho. Quizá esa proximidad obliga a Ebrard a un trato cuidadoso a Ortega, que lo lleve a propiciarle una salida digna. Si no fuera así, si privilegiara el espíritu de cuerpo sobre el servicio a la ciudad, Ebrard erraría el camino.
| Ebrard en su laberinto |
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4 Jul. 08
A la nefasta cadena de errores que marcaron los trágicos hechos del News Divine, el pasado 20 de junio, le ha seguido otra larga cadena de despropósitos que han colocado al gobierno de Marcelo Ebrard en la peor crisis de su trayectoria política. Ebrard, que hoy forma parte de las -siempre anticipadas- listas de los presidenciables, se juega con esto no sólo sus márgenes de actuación como gobernante en la Ciudad de México, sino su capital político rumbo al 2012.
Ebrard daba muestras de construir, para sí, una estrategia que lo colocara como protagonista de la escena política, por ejemplo, en el debate petrolero, no al lado, sino delante de López Obrador. Hoy, con el caso News Divine, se encuentra instalado en medio de un laberinto. Ahí lo metieron, y él se dejo meter, el Secretario de Seguridad Pública y el Procurador de Justicia del Distrito Federal. Su condición de rivalidad ha aflorado y la prensa no ha dejado de recibir información diversa que incrimina a la policía y/o al Ministerio Público, según sea el caso.
Queda claro que de un lado y otro hay interesados en subrayar la responsabilidad de una instancia o de la otra en la tragedia del News Divine. Todo esto, por supuesto, para beneficio de la opinión pública. Cada día se tiene más claro que el caso News Divine se trasciende a sí mismo, para mostrar el tamaño y profundidad de un problema mayor: la procuración de justicia y la tarea policiaca son un desastre.
El operativo del News Divine mostró un rostro que a ningún gobierno se le puede permitir, menos a uno que llegó con las siglas de la izquierda: la criminalización a los jóvenes. Lo que hoy se sabe de lo ocurrido en el antes, durante y después del operativo nos habla de un acto policiaco represivo en contra de estos cientos de muchachos que -apretujados en un lugar de mala muerte- bailoteaban su fin de cursos.
Todo esto debe avergonzar al responsable político, legal y administrativo de la Ciudad de México y obligarlo a rectificar. No acaba de entenderse cómo -frente al tamaño de las faltas- los responsables de cada una de las áreas, voluntaria y humildemente, no pusieron a disposición sus respectivas renuncias.
No sólo Joel Ortega como jefe de la policía, o Rodolfo Félix como Procurador de Justicia deben rendir cuentas de tan deplorable panorama. Marcelo Ebrard, como máxima autoridad política de la capital del País, está obligado a explicar la gravedad y el alcance de lo que está sucediendo en la ciudad.
La difusión de las fotografías de los jóvenes que fueron fichados como si fueran delincuentes. Fotos que aparecen en la prensa y desaparecen de la investigación. Policías brutos e incapacitados. Problemas de mando, prácticas erráticas y descoordinación. Ministerios públicos ruines y abusivos. A los maltratos, durante y después del operativo y las prácticas vejatorias que se practicaron durante las diligencias, se suman las amenazas que dicen haber recibido familiares de víctimas y testigos. Está también, la serie de fotografías tomadas a funcionarios y autoridades durante el operativo, y difundida en la prensa, para ver de qué lado caben más culpas. Además de las vidas perdidas, todo lo anterior abre nuevos frentes de indignación ciudadana.
El caso News Divine es un compendio de errores, descoordinación y estupidez que terminó con el trágico saldo de 12 muertes (la mayoría jóvenes y adolescentes) que todos conocemos y que ha cimbrado profundamente a la sociedad mexicana. Es un caso que ha demostrado también cuán caro puede resultarle a un político -frente a la brutalidad de lo ocurrido y las fallas sistémicas que se exhiben de su gobierno- no tomar decisiones a tiempo.
Joel Ortega no tomó parte directa del operativo, ni empujó a jovencitos hasta asfixiarlos, pero tiene una responsabilidad política que asumir como mando máximo de quienes sí lo hicieron. Rodolfo Félix no desnudó jovencitas, ni las numeró con un plumón, pero hoy traslada, como responsable final de las investigaciones, una circunstancia que lo involucra.
La Unipol, figura policiaca recién creada y puesta en práctica en el News Divine, obedece a un esquema de mando compartido entre la policía y el Ministerio Público. Su necesidad de deslinde ahora lo lleva, por ejemplo, a acusar de homicidio doloso a Francisco Zayas.
Nadie creería que el mando del operativo hubiera "querido" matar a los muchachos. En realidad, la investigación está entrampada en un cruce de responsabilidades de los mismos que investigan. Y Ebrard, en medio de su laberinto. En un extremo, su Procurador y en el otro, el jefe de la policía.
Si ni Ortega ni el Procurador presentaron sus renuncias o se separaron del cargo temporalmente de forma voluntaria para que se pudiera llevar a cabo una investigación que no los involucre, y que los sustraiga, no sólo de su pleito, sino de investigar a quienes han sido sus subalternos y colaboradores y, eventualmente, a sí mismos, entonces Ebrard tendría que decirles él mismo que se vayan. Antes de que sea demasiado tarde, y la ciudadanía se lo empiece a pedir a él.
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