Militares con poder

Salvador García Soto

¿Cómo actuarían los miembros de las Fuerzas Armadas
en un escenario donde tengan todo el reconocimiento legal
a su actuación en materia de seguridad?

Opacado mediáticamente por la emergencia sanitaria que
desató la llamada influenza porcina, el debate sobre la
propuesta del presidente Felipe Calderón de legalizar la
acción civil de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad
pública y combate al narco, que se mantendrán en lo que
resta de su sexenio, encierra toda una definición de Estado
sobre la forma de enfrentar amenazas como el crimen
organizado, pero también la protesta social.

Aunque el debate será pospuesto por el Congreso hasta el
mes de septiembre, según acordaron ya el PRI y el PRD para
analizar a fondo las propuestas presidenciales, la creación de
la figura de “declaración de existencia de una afectación a la
seguridad interior”, que sería casi un estado de excepción
aplicado por el Ejecutivo federal en situaciones que pongan
en riesgo el orden público, ha sido visto de entrada como un
arma de doble filo que propone Calderón.

Por un lado, se trata de darle pleno sustento legal a la
actuación del Ejército en labores civiles como la seguridad y
el combate al crimen —algo que ya ocurre en los hechos desde
hace dos años—, pero por el otro se abre también la posibilidad
de institucionalizar en los hechos una “ley marcial” en los casos
en que el poder unipersonal del Presidente decida que hay
“amenazas a la seguridad interior”.

No hay que olvidar que fueron los propios militares los que
presionaron al Presidente y al Congreso para que se legislara
en esta materia. El 19 de febrero, en su discurso por el Día del
Ejército, el secretario de la Defensa, Guillermo Galván, urgió a
los legisladores a que convirtieran en ley seis jurisprudencias de
la SCJN que daban pie al uso civil del Ejército en labores de
seguridad, por parte del Presidente.

El problema es que hasta ahora la actuación del Ejército en esas
labores no ha estado exenta de abusos, violaciones de garantías
y hasta algunos asesinatos de civiles —incluidos niños— que
fueron ejecutados por militares al ser confundidos con delincuentes
o porque no hicieron alto en un retén. Los casos han sido plenamente
documentados por la CNDH, que ha denunciado incluso el uso de
la tortura como elemento sistemático en las detenciones arbitrarias
de los militares.

¿Eso es lo que propone legalizar el Presidente? Hasta ahora las
más de 10 recomendaciones de la CNDH por violaciones graves
de garantías cometidas por soldados no han sido todas atendidas
a cabalidad, y los visitadores de la comisión se quejan de que las
denuncias recurrentes en los últimos meses son ignoradas y
minimizadas por la Sedena, que incluso presenta informes médicos
falsos sobre presuntos delincuentes que aparecen golpeados y
lastimados por acciones de tortura. En el último informe anual de la
CNDH se consignó que fueron presentadas en 2008 mil 230
denuncias contra elementos castrenses por cateos ilegales,
detenciones arbitrarias, torturas, violaciones sexuales, de las
cuales ninguna se investigó ni se informó si fueron remitidas a
la justicia del fuero militar, en la que el Ejército es juez y parte.

Si ya ahora, que no tenían sustento legal avalado por el Legislativo,
incurren en esas violaciones y desdeñan la exigencia de castigo a
sus miembros que dañan las garantías fundamentales en su labor
de combate al narco, ¿cómo actuarían los militares en un escenario
donde tengan todo el reconocimiento legal a su actuación en materia
de seguridad?

La decisión del presidente Calderón de mantener al Ejército en las
calles, en el combate al narco y en labores de seguridad durante todo
su sexenio —anunciada no por él sino por un funcionario de segundo
nivel en su gabinete—, representa la decisión de Estado de hacer
permanente algo que fue una medida excepcional y de emergencia.
Es también la aceptación de que han fracasado todos los planes para
reformar, limpiar y eficientar a las policías federales, pero por encima
de eso representa el riesgo de desdibujar el proyecto nacional que
está en nuestra Constitución y avanzar, con el válido argumento de la
seguridad y la amenaza del crimen, hacia un Estado militarizado y con
un rostro más autoritario que democrático.