Comunidades nahuas otomíes víctimas de empresa minera

Llamamiento de nahuas-otomíes de Jalisco al gobierno federal

23 de julio de 2009

Al pueblo mexicano en general,

Al Frente Amplio Opositor a la Minera San Xavier,

A la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA)

A las autoridades competentes

A los medios de comunicación social de la ciudad de México:

1. ¿Quiénes somos?

Nosotros, indígenas nahuas–otomíes de la Sierra de Manantlan, en la zona de conflicto territorial de los estados de Jalisco y Colima, venimos a sumarnos al plantón que el Frente Amplio Opositor (FAO) a la Minera San Xavier (MSX) ha instalado frente a la embajada de Canadá, para protestar contra los abusos cometidos por dicha empresa canadiense a la población del Cerro de San Pedro, en el estado de San Luis Potosí, en este día que pasara a la historia por ser el Día Mundial Contra la Minería a Cielo Abierto.

2. ¿Qué situación padecemos?

En nuestro territorio ancestral nosotros sufrimos desde hace 40 años la actividad depredadora y contaminante de la empresa consorcio Minero Benito Juárez Peña Colorada, SA, constituida inicialmente como empresa del sector paraestatal que fue privatizada por el presidente Carlos Salinas de Gortari (1992) y actualmente pertenece a las empresas trasnacionales TERNIUM - ISPAT y MIITAL STEEL de capital italo-argentino-israelí e hindú.

3. ¿Quiénes nos agreden?

El gobierno priísta del Estado de Colima desde hace 40 años protege a la minera Peña Colorada que funciona y extrae el mineral de nuestra tierra (hierro pelet), pues la empresa es su principal contribuyente fiscal. Tanto como para la empresa como para el gobierno caciquil de Colima nosotros los indígenas no existimos pues han hecho todo lo posible para borrarnos de la historia utilizando todo tipo de amenazas y agresiones como: asesinatos de hermanos nuestros, explotación inmisericorde de las aguas del Río Marabasco y de nuestros manantiales, despojos de nuestras tierras y linderos agrarios, afectación de la salud de nuestras familias, segregación racial, falta de servicios públicos básicos, in comunicación, opresión económica y empobrecimiento de las siguientes localidades: Las Pesadas, La Astilla, el Mameyito, el Platanar, Parotitas, Potros, Plan de Mendez, San Antonio, Changavilan, Jocotlan, la Piedra, Corta Pico, Cerro Prieto, Chanquiahuilt, la Coconal, el Pedregal, la guayabera y Telcruz, situadas en el municipio de Cuautitlán, Jalisco.

4. Afectaciones que padecemos a causa de la minería a cielo abierto:

4.1 Asesinatos de hermanos nuestros como 7 nahuas de Ayotitlán y Telcruz asesinados en 1920 en Timbillos, Jalisco, por caciques de Minatitlán; de Avelino Monroy Sandoval que fue asesinado por la minera el 16 de septiembre de 1986; de Alejandro Monroy de Níz el 2 de noviembre de 1995; del alcalde Raúl Delgado Benavides el 15 de julio del 2006; de Aristeo Flores Rolòn, miembro del Consejo de Mayores de Ayotitlán, el 20 de abril del 2007, entre muchos otros.

4.2 Desplazamiento forzoso de ejidatarios de Plan de Méndez, Jalisco, a la Cabecera municipal de Cihuatlán a causa de múltiples ordenes de aprehensión y procedimientos judiciales impulsados en su contra por el gobierno de Colima y el Ayuntamiento de Minatitlán, en contubernio con la minera

4.3 Cerco policiaco a comunidades: los poblados de las Pesadas y el Platanar, con frecuencia padecen la instalación de retenes policíacos para impedir que las personas transiten libremente por el territorio, como si fuéramos extranjeros en nuestra propia tierra, lo que ha sido motivo de constante conflicto entre el pueblo de Jalisco y las autoridades de Colima. Esto se ha incrementado a causa del abandono en que nos tiene el gobierno del estado de Jalisco que en lugar de defendernos para la defensa del territorio y los recursos, ha optado por una política de tibieza frente a las agresiones que sufrimos

4.4 Conflicto por indefinición de límites territoriales: desde el año 1920 se rompió la paz existente entre los estados de Jalisco y de colima con la matanza de Timbillos y Colima para apropiarse de los yacimientos existentes en nuestro territorio movió el límite natural establecido en 1917 que era el cauce del Río Marabasco, para invadir nuestras tierras, a fin de apropiarse de los yacimientos ferruginosos. En 1997 el gobierno de Jalisco demandó el estado de colima en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a causa de la invasión y el despojo de nuestros territorios, reclamando la suma de 406.3 kms cuadrados ubicados en los municipios de Cihuatlán, Cuautitlán y Zapotitlán de Vadillo, en conflicto con los vecinos municipios colimenses de Manzanillo, Minatitlán y Villa de Álvarez. En el 2005, al ver Colima que la controversia constitucional 3/98 estaba perdida para sus intereses, decidió pactar un arreglo con el gobierno de Jalisco encabezado por Ramírez Acuña y reformar la Constitución Federal para quitarle a la corte nuestro expediente y enviarlo al senado de la republica para un arreglo político de los limites, inconformes con esa política equivocada nos amparamos contra la ilegal reforma y acudimos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (OEA).

4.5 Contaminación y desperdicio de agua: a causa de la actividad minera apoyada por la policía de Colima, la empresa Peña Colorada está matando la vida del y el caudal del Río Marabasco, cuyas aguas son utilizadas como medio de transporte del mineral desde el fundo minero de el Cerro de los Juanes hasta la peletizadora Tlapeixtles en Manzanillo, mediante un obsoleto sistema de bombas colocadas sobre el cauce del Río (hoy seco) y dos ferroductos de 52 km de longitud. Aunque la Ley de Aguas Nacionales establece que el agua primero es para consumo humano y para uso agrícola, y por último para usos industriales, en esta zona debido al apartheid de que somos víctimas primero es para la minera, luego para los animales y por ultimo para nosotros los indígenas. Igual suerte padece desde 1992 el Río de Ayotitlán.

4.6 Daños a la salud humana: a causa de actividad minera diversas familias de las comunidades nahuas antes mencionadas padecen desnutrición enfermedades de la piel, esterilidad, daños oculares y constantes diarreas, pues la empresa minera tira sus desperdicios encima de nuestras comunidades, contamina el aire con detonaciones de explosivos, destruye cerros y manantiales además de nuestros sembradíos.

5.- PETICIONES Y PROPUESTAS:

5.1 Le hemos pedido el 15 de junio pasado a la empresa Peña Colorada que modifique el sistema de transporte que utiliza para llevar el mineral a manzanillo mediante medios rodantes, pues el agua la ocupamos para nuestra alimentación aseo y sembradíos. No hemos tenido respuesta hasta ahora.

5.2 Le estamos exigiendo al Gobierno Federal que se haga cargo de asegurar la prestación de los servicios públicos a nuestras comunidades, pues los estados de Jalisco y Colima y los Ayuntamientos en conflicto solo protegen sus intereses, dejando de lado nuestra seguridad pública y menoscabando nuestros derechos humanos y libertades fundamentales. Hasta hoy la federación ha guardado silencio, incumpliendo los acuerdos de Plan de Méndez que firmaron la Secretaría de Gobernación, los gobernadores de Jalisco y Colima juntamente con los alcaldes de Cuautitlán y Minatitlán, el 12 de diciembre del 2007.

5.3 Sea levantado de inmediato el cerco policíaco que mantiene hostigados y aislados a nuestros hermanos nahuas de los poblados de Las Pesadas y el Platanar por parte del gobierno de Colima y el Ayuntamiento de Minatitlán, desde la primera semana del 2008 hasta hoy. El apartheid es un delito de lesa humanidad que por desgracia padecemos todavía en México, sin que las comisiones públicas de derechos humanos hayan hecho algo por erradicarlo y castigarlo con todos los medios legales a su alcance

5.4 Hacemos responsable de cualquier nuevo derramamiento de sangre en primer lugar al gobierno federal y sus dependencias, pues al abandonarnos a merced del cacicazgo de Colima y la minería a cielo abierto, se vuelve cómplice de nuestros agresores; en segundo lugar, al gobierno priísta del estado de Colima; en tercer lugar, a las autoridades municipales de Minatitlán, que actúan como capataces de la minería para violar nuestros derechos humanos y despojarnos de nuestros recursos naturales; y por último, al gobierno de Jalisco por el abandono en que nos tiene siendo una de sus obligaciones constitucionales defender la integridad del territorio y ejercer la jurisdicción mediante la prestación de los servicios públicos esenciales a la población jalisciense, de la que formamos parte desde 1826 a la fecha.

5.5 La población indígena de la cuenca norte del Marabasco no nos oponemos a la actividad minera, siempre y cuando los dueños de la tierra y de los yacimientos no sigamos siendo tratados como esclavos, se respeten nuestros derechos humanos y libertades fundamentales, así como la legalidad en materia de aguas y de protección a la biodiversidad, y siempre y cuando se nos reconozca como pueblo indígena ancestral dueño del territorio que hoy ocupa – en parte – la minería, se impulse una minería sustentable y se nos haga participes de los beneficios que dicha actividad industrial produce anualmente pues de no ser así seremos los primeros en pedir el cierre de sus actividades y negocios por ser insustentables, inhumanos, crueles e irracionales.

5.6 Los días 23 y 24 de julio próximo participaremos en el FORO NACIONAL “MINERIA Y AGENDA LEGISLATIVA EN MEXICO”, que se realizara en el auditorio en el salón verde del edificio A, de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para exponer la situación ilegal e inhumana, además de injusta que padecemos.

Fraternalmente:

Mexico Distrito Federal, a 22 de julio del 2009.

J Jesus Hermenegildo García y Esteban Guzmán Pulgarin,

Presidente y secretario del Frente Regional Pro-Manantlán y Cuenca del Marabasco A.C

La riqueza obnubila

GUILLERMO COELLO TORRES, Diario de Colima

LA riqueza siempre ha sido motivo de conflictos, de guerras y acciones que tienden al rompimiento de todos los principios de equilibrio y proporcionalidad, por decir lo menos. La riqueza llamada mal habida, que es casi toda, se monta en la injusticia y en el desamparo material y jurídico de la inmensa mayoría de las poblaciones donde se presenta, otra vez en casi todas las civilizaciones la riqueza es un hecho ejecutado por una minoría que amparada por las posibilidades de su presente inmediato y avalada por el Estado, lleva a cabo en su vértigo de acumulación desmedida.

En esta ocasión, traigo a este espacio dominical un trabajo de presentación periodística y con un respaldo de investigación prácticamente etnohistórico de Jorge Covarrubias que tuvo el acierto de publicarse en La Jornada de marzo del año pasado, que ilustra cómo la riqueza natural de nuestra entidad y región, obnubila la visión de las políticas públicas del Estado en relación con los recursos naturales, así como también para que pueda finalmente establecer legalmente los límites territoriales de las entidades que conforman el país.

Desde luego que nuestros lectores advertirán el “encono” en algunas alusiones directas al proceder del gobierno estatal colimense, las cuales deberán ser entendidas en su contexto referencial específico, por un lado, y valoradas en el devenir histórico de su proceso, por el otro.

Dicho lo anterior y destacando que el trabajo de Covarrubias sostiene el fondo del contenido temático vigente en nuestros días y que además está bien armado formal y periodísticamente hablando, salvo algunas correcciones de enlace se reproduce íntegro para el disfrute, pero también para el acervo y memoria del presente de los colimotas.

CONCLUYE LA PAZ DE UN SIGLO

Desde la introducción del trabajo referido se plantea que “la riqueza forestal y la minera Peña Colorada, en el municipio de Cuautitlán de García de Barragán, acabaron con un siglo de pacífica convivencia entre los pueblos de Jalisco y Colima”, por lo que ésta es la conclusión o “el diagnóstico al que llega el Frente Regional Pro Manantlán y Cuenca del Marabasco, AC, organismo creado en septiembre de 2006 por las víctimas del conflicto de límites territoriales para defenderse de los gobiernos de ambos estados, empresas y cacicazgos”.

Luego proporciona un documento extenso que entregaron a diversas autoridades estatales y federales en enero de 2008, comenzando por el Presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa; el gobernador del estado, Emilio González Márquez, y el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, José Luis Soberanes, donde la asociación civil manifestó lo siguiente: “Por cerca de un siglo, los pueblos de Jalisco y Colima vivimos en pacífica convivencia, hasta que la riqueza forestal del Cerro Grande y la minera Peña Colorada, así como las ricas y hermosas playas La Culebra y San Francisco, movieron la codicia de políticos colimenses que trataron de extender su frontera, alegando que algunas de esas propiedades estaban registradas en Colima”.

Jesús Hermenegildo García, Esteban Guzmán Pulgarín, Pedro Enciso Cortés, Francisco Javier Aguilar Roblada, Félix Monroy Rutilo y Plácido Villa Ruiz, indígenas de la Sierra de Manantlán avecindados en las comunidades nahuas de San Antonio, Las Pesadas, Plan de Méndez, El Platanar, Los Potros y Changavilán, en la zona de conflicto limítrofe, refirieron que los miembros que integran la Comisión de Límites Territoriales de las Entidades Federativas (CLEF) en el Senado de la República han tomado diversos acuerdos sin escucharlos a ellos, que son los propietarios legítimos de un territorio entregado en 1757 por el rey Carlos III de España, reconociendo como suyas 424 mil hectáreas que actualmente abarcan los municipios de Tolimán, Tuxcacuesco, Autlán, Purificación, Casimiro Castillo, La Huerta y Cihuatlán.

“¿Por qué ese trato tan indigno y despectivo hacia nosotros? Estamos de acuerdo que en las ciudades es lo más frecuente hacia nosotros los indígenas, pero en nuestras propias tierras, montañas, casas y escuelas, levantadas por nosotros, venir a tratar de imponer obras de relumbrón para aparentar que hay progreso y que no faltan los servicios públicos a fin de seguir dándole largas al problema de fondo, es un trato injusto, cruel e inhumano que nos resulta inaceptable además de incomprensible”.

De acuerdo con los inconformes, fue en la administración del hoy secretario de Agricultura, Alberto Cárdenas Jiménez, que el asunto cobró relevancia cuando el entonces mandatario demandó, en 1997, al estado de Colima ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación –derivado de una queja-denuncia interpuesta por el poblado de Las Pesadas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos en 1991–, iniciándose el trámite de la controversia constitucional núm. 3/1998, en que se reclama una extensión de 406.8 kilómetros cuadrados del territorio que les pertenece, pero que es disputado por Jalisco y Colima.

Después de ocho años de tramitarse en la primera sala de la Suprema Corte la controversia, iba ganando terreno a favor de Jalisco; sin embargo, el gobernador en turno, Francisco Ramírez Acuña, abandonó el litigio e incluso se mostró indiferente a la contrarreforma constitucional que transfirió la responsabilidad del máximo órgano de justicia de la nación, al Senado de la República, cuya instancia ni siquiera ha aprobado la ley reglamentaria que permitirá resolver alguno de los cuatro expedientes jurídicos del conflicto.

Manifiestan que Héctor Pérez Plazola, quien fuera secretario general de Gobierno en el pasado sexenio, ahora como senador de la República ha mantenido su postura de indiferencia, y ejemplo de ello es que no asistió a la reunión de la Comisión de Límites Territoriales en septiembre del año pasado, donde se presentó el caso de manera informal.

UNA HISTORIA DE SACRIFICIOS

Es una historia de matanzas .Los enfrentamientos e incidentes de violencia entre los ayuntamientos de Cihuatlán, Jalisco, y Minatitlán, Colima, aunque tienen varios años de suscitarse con decenas de nahuas muertos, heridos y desplazados de sus poblados, señalan los afectados, durante 2007 hubo dos momentos especialmente graves y violentos en que las corporaciones policiacas de ambos estados estuvieron a un paso de “chocar y medir la fuerza de su armamento”: la detención, el 13 de junio, de ocho ejidatarios de Plan de Méndez por policías de Colima que trabajaban en la renovación de un puente colgante sobre el río Marabasco, que permite el libre tránsito de personas, servicios y mercancías entre ambas entidades, y la suspensión en el mes de noviembre de una obra para abastecer de servicios públicos a los habitantes de la cuenca del Marabasco.

Lo anterior se suma al asesinato de Raúl Delgado Benavides, presidente municipal de Cuautitlán, el 15 de julio de 2006 en una emboscada “artera”, pues fue el único funcionario que nunca llegó a arreglos con la minera Peña Colorada y que reclamó en varias ocasiones a Ramírez Acuña su “tibieza, falta de congruencia y su tolerancia a las violentas incursiones del estado de Colima contra los predios agrícolas y forestales de los nahuas”, y el 20 de abril de 2007 el homicidio de Aristeo Flores Rolón, miembro del Consejo de Mayores de Ayotitlán, sin que hasta la fecha se conozcan resultados de investigaciones, ni los nombres de los asesinos.

Ambos asesinatos se suman al de Nazario Aldana Villa, el 31 de diciembre de 2003, también integrante y refundador del Consejo de Mayores; así como el de Concepción Gabiño Quiñónez, a mediados de 2006, perteneciente a la comunidad indígena de Cuzalapa, en la Sierra de Manantlán. Quiñónez encabezaba la lucha de su comunidad contra la corrupción de la Procuraduría Agraria que, a base de trampas, pretendía imponer el Programa de Certificación de la Tierra (Procede) en la comunidad.

A PUERTA CERRADA

El 12 de diciembre del año pasado, los gobernadores de Colima y Jalisco, además de los alcaldes de Cuautitlán y Minatitlán, así como el entonces secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, se reunieron a puerta cerrada en la escuela primaria intercultural bilingüe Kuikakalco, en el poblado de Plan de Méndez. Los afectados exigen que se muestren las actas de los acuerdos tomados, ya que los altos funcionarios llegaron en helicópteros, sin mediar la mínima consulta ni diplomacia a un territorio que les pertenece.

El Frente Regional Pro Manantlán puntualizó que los acuerdos pactados en dicha reunión no son suficientes, pues el tema de fondo está en desactivar el apartheid o segregación racial con que una minoría de personas trata a su cultura y territorio, lucran desde hace décadas mediante recursos ilícitos y criminales, y la explotación despiadada de su trabajo, los recursos acuíferos y forestales y minerales de la región.

Por lo anterior, la asociación civil emplazó al gobierno federal a reconocerla como gobierno civil o ciudadano e instar a un referéndum en caso que se niegue, pero sin la participación de ningún partido político.

“Nosotros nacimos aquí, las tierras son nuestras, los ríos y aguas nos pertenecen, no nos negamos a compartir los recursos dentro de un consenso o pacto social razonable y justo, donde no sigamos siendo las víctimas predilectas de la riqueza ajena, sino socios y actores dignos del desarrollo sustentable y la preservación de la biodiversidad”.