Paradojas de los derechos humanos


Ricardo Sepúlveda, El Universal


Una de las paradojas mexicanas, de ésas que nos singularizan
frente a otros pueblos, es el de ser un país de gran desarrollo
institucional, de grandes leyes y decretos, pero de mínima
efectividad. Esto es aplicable al tema de derechos humanos y
es el diagnóstico más severo que se puede hacer, pero es
tan real como compartido.

Ningún país tiene el sistema de protección de derechos
humanos que tenemos en México, ni en tamaño ni recursos, y
son pocos los que han ratificado —como nosotros— casi la
totalidad (95%) de los tratados internacionales de derechos

humanos.

En muchos lugares se envidiaría contar con la dimensión y los

recursos de una Comisión Nacional de los Derechos Humanos
como la que tenemos en México, para potenciar su estado de
derecho y mejorar la actuación de las autoridades.
Somos también un lugar donde en la primera oportunidad se
habla de aplicar la ley, de libertad y de estado de derecho.
El discurso de los derechos humanos es un valor dado de la
ortodoxia gubernamental y social.

Sin embargo, frente a estos avances “formales”, se presentan
en México violaciones a derechos humanos propias de las peores
épocas de autoritarismo. No hace falta mirar demasiado lejos para
advertirlas: inseguridad, privilegios, impunidad, corrupción. En los
llamados derechos civiles y políticos, lo primero que resalta es la
incapacidad de las estructuras de seguridad y justicia para garantizar
ambos derechos. Los abusos en el uso de la fuerza siguen siendo
una constante, la tortura no se ha podido erradicar de los ámbitos de
procuración de justicia y del penitenciario, particularmente en el
nivel local.

Esto se ha recrudecido en el contexto de una creciente priorización
de las acciones de combate al crimen organizado y de su
militarización, en las que uno de los derechos más amenazados en
México es el derecho a la vida.

En el caso de los derechos económicos, sociales y culturales,
los problemas que enfrentamos son de dimensiones mayúsculas
por las condiciones de pobreza y desigualdad que genera nuestro
sistema económico. Además, a los programas de desarrollo social
les hace falta una perspectiva de derechos humanos, que
reconozca que cualquier individuo tiene verdaderos derechos
exigibles para una educación de calidad, servicios de salud dignos,
etcétera.

A lo anterior cabe añadir que nuestro sistema jurídico de
protección de derechos humanos es muy endeble, incluso
comparándolo con el que tienen algunos países latinoamericanos.

Por ejemplo, nuestro juicio de amparo, que es el principal recurso
de defensa de derechos humanos, no produce efectos generales y
resulta poco efectivo para hacer valer los derechos sociales o los
derechos llamados difusos, amén de haberse convertido en
complicado, caro, técnico y que las autoridades pocas veces
cumplen.

La paradoja es grande, sin duda, y la pregunta que resulta
obligada es por qué las acciones que hemos tomado como país
no han logrado cambiar la faz de los derechos humanos.

Podríamos contar ya 17 años desde que en 1992 se creó la CNDH
y que se tomó como decisión constitucional para que se respetaran
los derechos humanos en México. Sin embargo, esto no se ha
reflejado en cambios de fondo y efectivos.

Por eso la solución no debe estar ni en crear más instituciones,
ni siquiera más leyes, comisiones, decretos, fiscalías, sino en hacer
que las que tenemos funcionen. ¿De qué sirve una ley que no se
aplica? ¿O de qué una Comisión de Derechos Humanos que
guarda silencio?

En el fondo existe una falta de compromiso público y social con
el tema de los derechos humanos, que se traduce en una equivocada
visión en la que se considera que promover los derechos humanos
es sinónimo de debilitar la capacidad del gobierno para mantener el
orden, o de proteger a la delincuencia, o bien, en el caso de los derechos
económicos y sociales, que su cumplimiento dejará sin recursos al
Estado para atender las necesidades sociales —¡otra
paradoja!.

El gran reto de México es adoptar una política de Estado en
derechos humanos, que asegure el compromiso de toda autoridad;
sin esta decisión de fondo las acciones seguirán siendo
“avances formales” que no permitirán cambiar las circunstancias
de vida de los ciudadanos. La oportunidad está en adoptar esta

visión renovada que permita el verdadero desarrollo del país
partiendo de respetar los derechos de cada persona.

Director del Centro Jurídico para los Derechos Humanos

Miércoles 22 de julio de 2009