Barrabás

Ximena Peredo

14 Ago. 09

Jacinta Francisco lleva tres años detenida, acusada de haber secuestrado a seis policías de la extinta AFI en la comunidad Santiago Mexquititlán, en Querétaro. Una mujer indígena desarmada, ¿cómo podría someter a seis policías entrenados y armados? La pregunta es ineludible.

A Jacinta, que vendía aguas frescas en el mercado en el que los agentes cometieron destrozos, se le ha negado por tres años un justo proceso judicial. Ella debería estar libre. Casos como el de Jacinta pululan en este País.

Como el caso de Héctor Camero, acusado de perpetuar daños a los bienes de la Nación, un delito grave, por coordinar una pequeña radio comunitaria que llevaba noticias y cultura a los integrantes de su barrio. Por estar ejerciendo su derecho de libre expresión, Camero está librando un proceso judicial injusto que parte de premisas erróneas.

En México lo que sobran son sentenciados inocentes, chivos expiatorios, presos políticos. Personas arrolladas por el peso de la orden: "¡A ése, déjamelo adentro!". Por eso, extraña que el Centro de Investigación y Docencia Económicas, institución pública, seria y reconocida, haya financiado y dirigido -con recursos de procedencia desconocida- una investigación que concluyó en la injusta liberación de los paramilitares sentenciados por haber asesinado a 45 personas en Acteal, Chiapas, en 1997.

El miércoles pasado, una comisión de la Suprema Corte de Justicia aceptó que al menos 20 procesos judiciales presentaban inconsistencias, con lo que se cayeron las sentencias condenatorias.

Al quedarse sin condena, fueron liberados 20 de esos paramilitares, pero esto de ninguna manera los acredita como inocentes, sino simple y llanamente como personas juzgadas por un sistema de impartición de justicia negligente, en el mejor de los casos. Al encontrar violaciones a las garantías procesales de los sentenciados, la Corte debió ordenar una nueva investigación del caso, consignando a los sospechosos, no liberándolos.

Los asesinos están sueltos, igual que el afortunado Barrabás de los evangelistas. Lo espeluznante es que haya sido la Suprema Corte la que abriera la puerta para que regresaran a casa quienes a machetazos cortaron cabezas, brazos, piernas y pechos a las mujeres, quienes abrieron de tajo los vientres de las embarazadas y jugaron a lanzarse de mano en mano a sus hijos.

Lo que sucedió en la comunidad de Acteal fue un crimen de lesa humanidad por el que todavía no se juzga a Ernesto Zedillo y al entonces Gobernador de Chiapas, Julio César Ruiz Ferro, quien permitió la masacre al dar la orden de no intervenir.

A pesar de toda la documentación, de los testimonios de los sobrevivientes, de los reportes que a unos días de la masacre dieran autoridades de la PGR y de la CNDH, Héctor Aguilar Camín y Ricardo Raphael (líder del mencionado proyecto del CIDE) consideran que lo sucedido el 22 de diciembre de 1997 no fue una matanza sino una batalla, un enfrentamiento intercomunitario.

Dicen esto intentando desmentir los testimonios que hablan de fuerzas paramilitares priistas, "los máscaras rojas", no sólo acusados por los sobrevivientes, sino procesados y sentenciados como asesinos. Los dos periodistas aseguran que las 45 personas muertas fueron víctimas de un fuego cruzado entre dos bandos.

Lo extraño es que los balazos hayan sido disparados a menos de un metro de los cuerpos, como constó en las autopsias, y que se considere un accidente de guerra penetrar con palos los cadáveres de algunas mujeres. Lo extraño es que todos los muertos eran de la asociación civil "Las Abejas", defensores de los derechos y de la autonomía indígena.

Lo que sucedió el miércoles es una doble bofetada a los pueblos indígenas, y una de las aberraciones más repudiables en nuestra historia reciente. Da vergüenza compartir este país con los defensores de Barrabás.


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