Las dos compañeras de Jacinta continuan acusadas de secuestro

La PGR insiste en acusar a dos mujeres
por el secuestro de seis afis

El pasado 25 de noviembre de 2009, Día Internacional
para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la
Procuraduría General de la República reiteró sus
infundadas acusaciones en contra de Alberta Alcántara
y Teresa González. Lo hizo a través del agente del
ministerio público de la federación adscrito al Juzgado
Cuarto de Distrito en Querétaro, quien presentó
conclusiones acusatorias en contra de ambas mujeres.
No conforme con solicitar que se les condene, el
ministerio público pidió que se les imponga la pena más
alta, que podría alcanza más de 40 años de prisión.

Alberta y Teresa están privadas de la libertad en el
Centro de Readaptación Social femenil (CERESO) de
San José el Alto, Querétaro, desde el 3 de agosto de
2006, cuando fueron aprehendidas por ser señaladas
como responsables del secuestro de seis agentes de
la hoy extinta Agencia Federal de Investigación (AFI).
La acusación derivó de lo ocurrido el 26 de marzo de
2006, cuando dichos servidores públicos pretendieron
decomisar ilegalmente la mercancía de algunos
tianguistas de la comunidad ñhañhú de Santiago
Mexquititlán, Querétaro, propiciando la inconformidad
de los vendedores. Por el mismo suceso se presentaron
cargos en contra de Jacinta Francisco Marcial quien en
septiembre de este año recuperó su libertad al
evidenciarse las irregularidades de la acusación.

Para la defensa de Alberta y Teresa, a cargo del
licenciado Leonides Ortiz Castillo, y para sus familiares
las conclusiones presentadas por el ministerio público
expresan, de nueva cuenta, la reiterada intención de la
PGR de mantener en prisión a ambas mujeres como
represalia en contra de los comerciantes que se
defendieron de los abusos de los agentes. Máxime si se
considera que fueron Teresa y Alberta quienes les
exigieron que se identificaron cuando empezaron a
despojar violentamente de su mercancía a la gente.

Para los centros de derechos humanos Miguel Agustín
Pro (Centro Prodh) y Fray Jacobo Daciano las
conclusiones acusatorias constituyen un claro ejemplo
de la inexistencia del debido proceso en México así como
de la ilegal y excesiva penalización de las expresiones
de protesta. Lo primero, en razón de que como
defensores de Jacinta Francisco Marcial constatamos
de primera mano la ausencia de pruebas contundentes
que conduzcan a sostener que efectivamente los agentes
fueron “secuestrados”; lo segundo, atendiendo a que a
todas luces lo que busca la PGR en el caso no es tutelar
bienes fundamentales y perseguir los delitos que más
agravian a la sociedad, sino sancionar desproporcionadamente
a quienes se defienden de la arbitrariedad de los
servidores públicos de la Procuraduría. En Santiago
Mexquititlán jamás se cometió un secuestro, pues sólo
abusando de la ley puede equipararse lo ocurrido con
ese deleznable crimen.

Tras la determinación de la PGR, el destino de Alberta
y Teresa queda en manos del juez cuarto de distrito
en el estado de Querétaro, Rodolfo Pedraza Longi.
Dicho juzgador, en el pasado, ya dictó sentencia
condenatoria en contra de Jacinta, Teresa y Alberta,
mostrándose complaciente con las irregularidades
patentes en la acusación; aunque dicha sentencia
fue revocada en segunda instancia, es ilustrativa del
talante del funcionario judicial. Por tal motivo, la
defensa de Teresa y Alberta, sus familiares y los
centros Prodh y Fray Jacobo Daciano, realizarán
en lo inmediato una serie de acciones orientadas a
demandar la exoneración de las mujeres, destacando
entre ellas: la presentación de las conclusiones
absolutorias de la defensa; la difusión de una nueva
campaña de firmas y solidaridad; y, la realización
públicos, entre otras. Jacinta Francisco Marcial, quien
como Teresa y Alberta conoció de primera mano las
iniquidades del sistema de justicia mexicano, participará
activamente en dichas actividades.

Para la defensa de Alberta y Teresa, sus familiares,
y los centros Prodh y Fray Jacobo Daciano, la inocencia
de ambas mujeres debe ser confirmada por el juez cuarto
de distrito. En Santiago Mexquititlán no hubo ningún
secuestro y los afis lejos de ser inocentes víctimas,
fueron cómplices de una burda maquinación que se
echó a andar como represalia en contra de una
comunidad que no toleró los abusos de los servidores
públicos de la PGR, institución que se ensañó
cobardemente contra quienes suelen ser particularmente
discriminadas por la sociedad y el sistema de justicia:
las mujeres en situación de exclusión, originarias
de una comunidad rural indígena. Es inaceptable, por
lo ya dicho, que las autoridades federales pretendan
mantener en prisión más de cuarenta años a Alberta y
Teresa. Corresponde al Poder Judicial, en la faceta del
juez cuarto de distrito en el estado de Querétaro,
enmendar este abuso.

Cencos.