Ejercen Acción penal contra
Héctor Camero, integrante de la
radio comunitaria Tierra y Libertad


Difusión Cencos México D.F., 29 de mayo
de 2009

Pronunciamiento

Organizaciones de Libertad de Expresión y
erechos
Humanos


• MP Federal encuentra elementos suficientes para
acusar penalmente a Héctor Camero integrante de
comunidad que ejerce el derecho a la libertad de
expresión
• Demuestra continuidad de política de criminalización
contra las radios comunitarias
• Organizaciones manifiestan rechazo frente a estas
acciones

Las organizaciones firmantes manifestamos nuestro
más profundo rechazo y preocupación frente a la
ejercitación de la acción penal que el Ministerio Público
Federal realizó, al consignar al Juez Federal la
averiguación previa numero 83/ueidaple/2/2008, quien
podría librar orden de formal prisión en contra de Héctor
Camero Haro, integrante de la emisora comunitaria Tierra
y Libertad de Monterrey, Nuevo León, como parte de la
investigación iniciada a denuncia de la Secretaría de
Gobernación mediante la utilización de la Ley General
de Bienes Nacionales que implica castigo de cárcel
hasta por 12 años.

El día de ayer los integrantes de la radio fueron
notificados de la consignación que la Unidad
Especializada en Investigación de Delitos contra el
Ambiente y Previstos en Leyes Especiales de la
Procuraduría General de la República realizó al Juez
Federal, por lo cual ya se interpuso un amparo, en caso
de que el Juez decida girar orden de aprehensión.

La comunidad Tierra y Libertad instaló una radio
comunitaria que operaba desde hace siete años para
dotar de información sobre servicios, derechos humanos,
salud y asesoría jurídica civil, entre otros temas.
Solicitaron formalmente el permiso ante la Secretaría de
Comunicaciones  y Transportes desde el 2002, lo cual
ratifica la voluntad de  legalidad de la emisora. El 6 de
junio de 2008 la radio fue  cerrada de manera violenta
por más de 120 elementos de  la Policía Federal
Preventiva, sin que se observara un debido  proceso,
tal como que el ministerio público, que atestiguó los
hechos, se negara a dejarles copia de la orden de cateo,
así como del acta administrativa que están obligadas las
autoridades a realizar.

La utilización de la vía penal, en lugar de la vía
administrativa que marca la ley especial en la materia,
la ley federal de radio y televisión, muestra un
endurecimiento y la continuidad de una y persecutoria
en contra de las emisoras comunitarias en el país y es
un grave retroceso en materia de derechos humanos.
Esta persecución penal en contra de integrantes de la
radio comunitaria constituye un agravio a sus derechos
y una forma de inhibir el ejercicio del derecho a la
comunicación de una comunidad marginal de Monterrey,
la utilización de la legislación penal resulta excesiva,
desproporcional e innecesaria para los fines que se
buscan dado que existen otros medios tales como los
administrativos.
.
La libertad de expresión no debe estar enmarcada en el
ámbito de la justicia penal. Criminalizar la libertad de
expresión y el acceso a la información de lo ciudadanía
es un grave atentado contra el Estado Democrático de
Derecho, conforme lo establece la Declaración de
Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos. Iniciar
procedimientos penales en contra de quienes ejercen
su derecho constitucional a la libertad de expresión es
criminalizar el ejercicio de una prerrogativa fundamental
que tiene todo ser humano.

A lo largo de estos años las radios comunitarias han
demostrado su vocación de legalidad, sin embargo, el
actual marco normativo, así como los requisitos que
se les piden a las comunidades para poder acceder a
frecuencias son excesivos e inequitativos, y aún cuando
logran cumplirlos las autoridades o no contestan a las
peticiones o establecen trabas técnicas para impedir que
obtengan sus permisos de operación. Las autoridades
dicen que no tienen capacidad de respuesta ante tantas
peticiones de permisos, pero sí muestran una gran
capacidad para implementar medidas de represión
en contra de las comunidades en mayor situación
de vulnerabilidad donde operan las radios
comunitarias.

De seguir esta misma política de la vía penal para
aquellas emisoras comunitarias que aún no cuentan
con el permiso, las cárceles estarán llenas de indígenas,
campesinos y jóvenes marginales de las ciudades, por
ejercer su libertad de expresión, pues existen en el país
más de 200 radios comunitarias que claman porque el
Estado mexicano les reconozca su derecho a comunicar.
Las autoridades en lugar de invertir una gran cantidad de
recursos públicos para reprimir a las comunidades más
vulnerables del país, deberían invertirlos en la solución
de fondo a este problema, garantizar el ejercicio pleno
de la libertad de expresión y cumplir con sus obligaciones
para el respeto a los derechos humanos, por lo que
exigimos:

1. Que el Ejecutivo cumpla con la obligación establecida
en el Plan Nacional de Derechos Humanos de reconocer
a los medios comunitarios y establecer acciones para su
fortalecimiento, de acuerdo a los estándares
internacionales, mediante la facultad que tiene de emitir
decretos y proponer leyes al Congreso.
2. Cesar de inmediato la persecución  en contra de las
radios comunitarias en el país y establecer  un plan de
regularización para que operen dentro del marco de la
ley y en apego a sus derechos.
3. Llevar a cabo todas las acciones necesarias para
evitar que integrantes de radios comunitarias sean
castigados mediante las penas privativas de la libertad.
4. Cumplir con la recomendación que la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos le ha hecho al
Estado mexicano para legislar en materia de medios
comunitarios

Organizaciones Firmantes:

• Article 19
• Asociación Mexicana de Derecho a la
Información (AMEDI)
• Asociación Mundial de Radios Comunitarias
(AMARC-México)
• Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos)
• Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de
los Derechos Humanos (CMDPDH)
• Red Nacional de Organismos Civiles de DH
"Todos los Derechos para Todas y Todos"

Red de Radios Comunitarias de México, A.C.
AMARC-MEXICO.
Vista Hermosa 89, Col Portales, CP 03300.
México DF . TEL. 56 72 49 61 . FAX
25 95 65