Boletín de prensa Tlachinollan

Continúan agresiones y amenazas a defensores/as de derechos humanos de Ayutla, Guerrero

Difusión Cencos México D.F., 1 de septiembre de 2010

Boletín de prensa Tlachinollan

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• Amenazan a hija de Inés Fernández Ortega y envíen mensaje de amenazas para Raúl Hernández.
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• Agreden a integrantes de la OFPM

A cuatro días de que Raúl Hernández alcanzó su libertad después de haber demostrado su inocencia, el coordinador de Dirección Colectiva de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM) Álvaro Ramírez Concepción fue agredido con armas de fuego por ocho hombres que llegaron a la parcela de Jorge Luis García Catarino quien es beneficiario de medidas provisionales otorgadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El ataque duró 20 minutos aproximadamente el pasado lunes 30 por la tarde, donde también resultaron lesionados: su hermano Audencio Ramírez Concepción, Ambrosio García Catarino y Ramón García Guadalupe. Los agresores huyeron con rumbo desconocido mientras que los heridos fueron auxiliados por personas de la comunidad de Juquila, municipio de Ayutla de los Libres de donde son originarios.

Por lo intransitable de los caminos, Álvaro permaneció en su casa desangrándose hasta que sus compañeros lograron abrir la carretera a pico y pala para trasladarlo hoy por la mañana al Hospital General de Ayutla. Hasta el momento los médicos reportan que su estado de salud es estable pero delicado, ya que recibió varios impactos de bala, dos de los cuales son de gravedad pues uno lo recibió en la espalda y el otro en la pierna a la altura de la ingle.

Como Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan hemos pedido a la Secretaría de Seguridad Pública del estado que brinde protección a los compañeros de la OFPM que se encuentran heridos en el Hospital General de Ayutla, porque nada garantiza en este ambiente de impunidad que los agresores no quieran acabar con su vida.

Esta agresión es parte de un patrón de agresiones contra defensores y defensoras indígenas quienes se encuentran en total indefensión a pesar de que la Corte Interamericana ha dictado medidas provisionales 108 defensores y defensoras de la Organización del Pueblo Indígena Mep´haa (OPIM), Inés Fernández, Valentina Rosendo, Tlachinollan y familiares de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce.

El sábado 28 de agosto, una de las hijas de Inés Fernández también fue nuevamente amenazada por dos personas que intentaron secuestrarla cuando caminaba en pleno centro de Ayutla. Al amenazarla, los atacantes hicieron referencia a Raúl Hernández, quien por este motivo ha tenido que cancelar actividades públicas relacionadas con su liberación y adoptar medidas extraordinarias de seguridad.

Condenamos enérgicamente el atentado del que fue víctima el coordinador de la Dirección Colectiva de la OFPM, así como sus acompañantes. Del mismo modo expresamos nuestra preocupación por la amenaza dirigida a la hija de Inés Fernández Ortega y Raúl Hernández Abundio. Estos condenables hechos corroboran una vez más que en Guerrero no existen garantías para las defensoras y defensores de derechos humanos. Especialmente para quienes forman parte de organizaciones indígenas como la OFPM y la OPIM, cuyos esfuerzos para articularse para demandar condiciones de vida digna para las comunidades continúan siendo obstaculizados por agentes estatales y no estatales o criminalizados.

Para Tlachinollan hechos como los que hoy se denuncian son incentivados por la impunidad que ha prevalecido respecto de anteriores agresiones en contra de defensores y defensoras de la OPIM y la OFPM. En la medida en que tales hechos no han sido investigados, se alienta la repetición de los mismos. Ni las fuerzas de seguridad estatales, ni la misma presencia del Ejército en la región, han sido capaces de contener esta espiral de violencia y de garantizar las condiciones básicas para que los pueblos indígenas vivan con tranquilidad.

Es evidente que tanto el atentado que sufrieron integrantes de la OFPM como las amenazas a la hija de Inés Fernández y a Raúl Hernández Abundio,tiene como objetivo frenar el trabajo de los defensores y defensoras de derechos humanos de Ayutla y dejar que los autores de estos crímenes permanezcan sin castigo. Reiteramos nuestra exigencia para que las autoridades competentes realicen una investigación exhaustiva, seria y expedita para dar con el paradero de los responsables y acabar con la impunidad. Asimismo, nuevamente demandamos que las medidas provisionales ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos sean cumplidas a cabalidad y con diligencia como no ha ocurrido hasta ahora.

Antecedentes:

Álvaro Ramírez fue detenido el domingo 6 de junio 2010, por agentes de la Policía Investigadora Ministerial (PIM) cuando transitaba por el zócalo de Ayutla, acompañado de su hija de 10 años de edad.

Su aprehensión se dio por la orden de aprehensión que libró el juez Mixto de Primera Instancia radicado en esa ciudad, Alfredo Sánchez Sánchez. No obstante el sábado 12 de junio Álvaro Ramírez salió libre por falta de pruebas.

La OFPM es una organización hermana de la OPIM, ambas desde 1998 han estado luchando por hacer exigibles sus derechos como pueblos y denunciando las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por el Ejército mexicano, desde la masacre de El Charco. En este marco, dos de sus dirigentes fueron desaparecidos de manera forzada y privados de la vida. Los casos de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas son un claro ejemplo de cómo se protege a los agresores y se deja en total indefensión a los defensores de derechos humanos.

Tlapa, Guerrero a 31 de agosto del 2010