La militarización, una falsa solución a los problemas económicos y sociales en nuestro país.

Ponencia leída por Antonio Cerezo del Comité Cerezo y representante de la Coordinadora Metropolitana contra la militarización y la Violencia de Estado.

La militarización, una falsa solución a los problemas económicos y sociales en nuestro país.

El proceso de militarización que vivimos en México no es reciente, no inició en el último sexenio ni con la alternancia partidista en el gobierno federal. Sin embargo, identificamos una agudización de este fenómeno en los últimos años que resulta preocupante en extremo y que exige la reflexión y la organización de la sociedad. Asumimos que la agudización del proceso de militarización es ocasionado por la importación de la agenda de seguridad de los Estados Unidos a través del apoyo logístico y financiero que proviene de la Iniciativa Mérida, complemento militar del TLCAN. Como se sabe, a la par de los tratados de libre comercio, Estados Unidos impulsa convenios de seguridad binacionales (como el Plan Colombia o la propia Iniciativa Mérida); o bien regionales (Centroamérica y Cuenca del Caribe).Dichos convenios, además de los objetivos explícitos de las políticas promovidas por los Estados Unidos (combate al crimen organizado, guerra contra el terrorismo, guerra contra el narcotráfico), son utilizados para acosar y eliminar a los opositores de los Estados que los firman, al mismo tiempo que constituyen un mecanismo altamente eficaz de control social.

Con base en lo dicho anteriormente, debemos comenzar señalando que el proceso de militarización que estamos viviendo en México durante los últimos años ha implicado un estado de sitio de facto que ha dejado en total indefensión a los habitantes de regiones y ciudades del país como Juárez, Tamaulipas, Michoacán, Guerrero, Nuevo León, etc. Como consecuencia de dicho estado de sitio, hemos asistido a un escenario social en el que las violaciones a los Derechos Humanos cometidas por las Fuerzas Armadas no sólo se han generalizado, sino que ocurren con total impunidad. De manera paralela el gobierno mexicano ha echado mano de una retórica bélica, que anteriormente no era expresada de manera pública, lo que sin duda no sólo contribuye a generar más violencia, sino que además promueve y justifica una cultura militarista que se difunde entre la población y, especialmente, entre la juventud.

Los argumentos para este avance de la militarización y el autoritarismo centran su justificación en la expansión del llamado crimen organizado, particularmente del narcotráfico, los secuestros y las extorsiones. Sin embargo, no se habla de las condiciones, económicas y sociales, que han propiciado que un mayor porcentaje de la sociedad se haya incorporado a este tipo de actividades

Los participantes en la Coordinadora Metropolitana contra la Militarización y la Violencia de Estado consideramos que es necesario dejar de lado los discursos que promueven el miedo y que plantean el problema en términos de buenos contra malos, ya que, hasta el momento, el resultado de esta manera de plantear la problemática por parte del Estado mexicano ha ocultado una situación que debe ser descrita como de crisis humanitaria, en la que distintos sectores; entre los que destacan las mujeres, los jóvenes y los migrantes, resultan un blanco recurrente de distintos tipos de violencia, sobre todo de aquella que proviene del propio Estado.

Es importante decir que lo que ocurre en México es la materialización de un proceso histórico en el cual se ha promovido el empobrecimiento masivo de la población, la precarización del trabajo, la reducción del gasto estatal en educación, salud y sistemas de pensiones. No obstante, cuando los medios de difusión masiva, funcionarios del gobierno o los “especialistas” en la materia, hablan del “terrible clima de inseguridad” en el que vivimos, omiten explicar que esta inseguridad proviene del ataque a las garantías sociales, de la destrucción de las expectativas y del futuro de millones de niños y jóvenes y de la atomización de la sociedad que se promueve con la cultura del individualismo.

El incumplimiento de la obligación que tiene el Estado para garantizar, promover y vigilar los derechos humanos de toda la población, así como la ausencia del castigo a los culpables de las violaciones a los derechos humanos provocan incertidumbre, no obstante dicha incertidumbre se ve canalizada por el miedo a la delincuencia que promueven, mediáticamente, los grandes consorcios y las elites gobernantes del país.

En el discurso contra la inseguridad también se ha omitido el hecho de que otra de las vertientes del proceso de militarización no tiene que ver con perseguir o castigar a narcos o secuestradores, sino que se dirige contra los pobres y los luchadores sociales. Por medio de la política de crear “enemigos internos”, el estado criminaliza la pobreza, la protesta social y el disenso. Así, el discurso de la “seguridad” resulta oportuno cuando se utiliza para contener los efectos del desastre neoliberal; tanto los socioeconómicos, cuyo ejemplo es la proliferación de estrategias de supervivencia que se encuentran al margen de la legalidad; como los efectos de las legales y legítimas resistencias al saqueo, al despojo y al ataque sistemático contra las condiciones de vida de la clase trabajadora y de la población en general.

En ese sentido observamos que la política de militarización también se activa cuando se pone en riesgo la ganancia de los empresarios más poderosos del país o del extranjero. Como ejemplo de esto podemos remitirnos a los casos en los que los pueblos indígenas y las comunidades campesinas defienden su territorio y las maneras en que ancestralmente se han relacionado con él. En todos estos casos las fuerzas represivas que se crean, profesionalizan y a las cuales se destinan enormes porciones del erario público, son utilizadas para asegurar la expoliación de recursos estratégicos como los minerales, el acceso a la biodiversidad, el agua o cualquier otro elemento que resulte atractivo para el mercado. Esto es lo que actualmente sucede en distintas zonas del país, donde las mineras amenazan con irrumpir en el territorio contaminando el medio ambiente. Lo mismo ocurre en los territorios que se encuentran en disputa debido a que ofrecen cuantiosas ganancias tal y como ocurre ahora en Lomas de Poleo, Ciudad Juárez o como ocurrió en San Salvador Atenco, Estado de México.

Tampoco debemos ignorar que la militarización es un recurso indispensable de los gobiernos ilegítimos y de las ofertas políticas que carecen de contenidos genuinos: Mano dura, cámaras de vigilancia, tolerancia cero y programas de mochila segura, es lo único que la clase política está dispuesta a ofrecer. Por eso invierten enormes sumas de dinero en su propaganda del miedo, para eso promueven la desconfianza, la delación, el desgarramiento del tejido social.

El Estado Mexicano y los medios de difusión masiva se empeñan en plantear la problemática de manera burda ya que, al igual que el movimiento blanco contra la delincuencia, les resulta primordial alegar que debemos de conducirnos de manera apolítica, tan solo pedir soluciones que no resuelven las desigualdades sociales, lo cual allana el camino al autoritarismo y a las prácticas violatorias de los derechos humanos. Nosotros sabemos que esto es falso, que la problemática de la inseguridad y de la violencia de Estado son asuntos eminentemente políticos porque son el resultado de políticas gubernamentales, las cuales obedecen a la necesidad de construir enemigos para legitimar un sistema político envilecido y corrupto, que opera con la complicidad de las empresas y el Estado para facilitar la intervención del mercado en cada espacio del territorio nacional que les resulte rentable.

La muerte en cifras.

Las cifras son contundentes, desde el inicio de la gestión del presidente Felipe Calderón al final del año 2010, han muerto en palabras del secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, Alejandro Poiré 33 797 personas en el contexto de la que hoy llaman “lucha contra el narcotráfico”.[1]

Para nosotros aunque se separe el número de muertos entre los ocasionados por los enfrentamientos de “carteles de la droga” y los que causa el actuar de las fuerzas armadas, ambos tienen un mismo origen estructural, pues los carteles no existirían sin la serie de políticas gubernamentales que se han desarrollado desde hace al menos 30 años en el país, su existencia es consecuencia de la violencia que el Estado implementa a través de sus políticas de recorte al gasto social.

“En Ciudad Juárez se registraron 191 homicidios por cada 100 mil habitantes, confirmando a la ciudad como la más violenta del mundo”.[2] Este es otro de los resultados de la estrategia de miedo y control social que ha implementado el gobierno. Otro ejemplo terrible de muertes se muestra en un estudio dado a conocer el mes pasado por la Red por los Derechos de la Infancia. En México, “nueve de cada 100 mil adolescentes (de 15 a 17 años) mueren asesinados, pero en Chihuahua…la cifra es de 45.” El estudio de la Red, asegura, que a Chihuahua le sigue Baja California con una tasa de homicidios de 23.7 por cada 100 mil[3],

Es evidente que las condiciones estructurales niegan las expectativas de trabajo a miles de jóvenes y los arrojan a situaciones que facilitan su enrolamiento en los carteles del narcotráfico esto lo confirma la propia SEDENA en un informe que un medio electrónico publica:

“Durante los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón (diciembre de 2000 a diciembre de 2009), mil 326 menores han perdido la vida en la llamada guerra contra el crimen organizado. Del total, 600 han fallecido en balaceras entre narcotraficantes o presuntos delincuentes y autoridades; los otros 726, cuyas edades iban de los 15 a los 17 años de edad, fueron asesinados por ser sicarios o narcomenudistas, revelaron mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)”…En el periodo del primero de diciembre de 2006 a febrero de 2010 (gestión de Felipe Calderón), la Sedena ha contabilizado 600 muertes de menores de edad, que supuestamente participaban como distribuidores de droga al menudeo o como sicarios. El 40 por ciento de los casos se registró de abril de 2009 al 28 de febrero de este año, al sumar 173 casos”[4].

Estos datos son relevantes pues comprueban, una vez más, que uno de los sectores de la población que está siendo golpeado con más firmeza por la estrategia del gobierno federal, es la juventud, esa que, cómo ya dijimos, sufre los embates de la violencia estatal que no le asegura una forma de vida digna y se enfrenta a una sociedad hipócrita en la que, por un lado, se premia la acumulación de dinero, sin importar los medios con los que se obtenga; pero, por el otro lado,l censura el narcotráfico.

Otra cifra lamentable es el del número de mujeres asesinadas: 1,080, de 2006 al 2010 según los documentos de la SEDENA; este número aumenta conforme nos acercamos al presente, pues tan sólo en 2010 ocurrieron 427 casos.

Las cifras anteriores nos permiten, afirmar que el Estado mexicano ha decidido profundizar, en los últimos cuatro años, la aplicación de una guerra que nos afecta profundamente y que tiene como fin la imposición de un modelo económico injusto y acelerar el control absoluto de la sociedad eliminando toda disidencia.

Las violaciones de Derechos Humanos.

La guerra que el Estado mexicano nos impone agrava la ya de por sí crítica situación con respecto a la violación de los derechos humanos de la población. A la pobreza, que afectaba a 80 millones de mexicanos en 2008 y que implica la violación permanente y sistemática de muchos otros derechos humanos como son el derecho al trabajo bien remunerado, a la educación, a la salud, a la recreación, a la vivienda digna etcétera,^[5]debemos sumar la violación de los derechos de la población que ha decidido organizarse y protestar contra estas condiciones de vida y contra las decisiones que el Estado toma sin consultarlos.

Como ejemplos de lo anterior podemos citar la represión que ocurrió en mayo de 2006 contra el movimiento de San Salvador Atenco, y que tuvo, entre otros resultados, 2 personas muertas, cientos de presos, de torturados y más de 20 mujeres agredidas sexualmente; la represión contra el movimiento social de Oaxaca que alcanzó su momento más álgido en octubre y noviembre de 2006 y que arrojó más de 20 ejecutados extrajudicialmente y cientos de presos y de torturados; y la represión contra el movimiento magisterial de Morelos que ocurrió en 2008, y que arrojó cifras de decenas de detenidos y torturados.

En todos los casos anteriores se violaron los derechos a la vida, a la integridad física y moral, a la organización, a la libre expresión de las ideas, a la manifestación, al libre tránsito, al debido proceso legal, entre otros. Pero también tenemos ejemplos más recientes de actos que constituyen violaciones graves a los derechos humanos: La ejecución extrajudicial de once luchadores sociales en 2010^[6], entre los que se encuentran Josefina Reyes Salazar, quien luchaba contra los abusos del ejército en Ciudad Juárez y fue ejecutada el 3 de enero, Marisela Escobedo Ortiz, quien luchaba por justicia para su hija asesinada en Cd, Juárez y fue ejecutada el 16 de diciembre, y la detención-desaparición de siete luchadores sociales durante ese mismo año.

La detención-desaparición ha vuelto a ser un mecanismo de represión política como en los años de la llamada guerra sucia y, actualmente, también es un mecanismo de control social. El derecho a no ser detenido-desaparecido es otro derecho que no se respeta en México y ningún funcionario del Estado ha sido castigado por su responsabilidad en este crimen cuyo nivel de impunidad es del 100%.

Sin embargo, no sólo la población organizada ha sido víctima de violaciones graves a los derechos humanos, no obstante estos casos han intentado ser ocultados o minimizados al igual que la gran cantidad de violaciones a los derechos que sufre la población civil víctima de la “guerra o lucha” que el Estado mexicano ha profundizado contra el enemigo interno que él mismo construyó: el narcotráfico.

En este contexto, se han restringido, por vía de los hechos, derechos humanos básicos. Ciudad Juárez, Chihuahua es un ejemplo que muestra que el Estado no respeta, no garantiza ni promueve el derecho a la vida, a la integridad física y emocional, a la justicia, a la organización, a la manifestación, a la libertad de expresión, al libre tránsito, al debido proceso; basta ver los números de feminicidios, de niños y niñas muertos en retenes o en enfrentamientos y de las masacres de jóvenes sin relación con la delincuencia. Estas cifras muestran que el estado Mexicano ha violado sistemáticamente los derechos humanos de millones de compatriotas por comisión, por omisión y por aquiescencia.

Sumado a esto, existe otra vía por la cual se restringen nuestros derechos humanos: la modificación de leyes que criminalizan la protesta social, de la cual sólo daremos dos ejemplos: La ley federal contra la delincuencia organizada y la definición del delito de terrorismo. La primera de estas ha sido cuestionada como resultado del Examen Periódico Universal al que se presentó México ante la ONU en 2009, porque su definición de delincuencia organizada es tan abierta que no se apega a los criterios de la legislación internacional en dicha materia. Esto significa que cualquier luchador social puede ser acusado, en cualquier momento, de dicho delito, basta con que un juez reúna indicios y no necesariamente pruebas plenas para abrirle un proceso judicial, de tal manera que indicio puede ser que alguien haya escuchado a otra persona decir que el procesado participaba en alguna organización criminal o la declaración de un testigo protegido por las autoridades y que el acusado no conoce.

El delito de Terrorismo, según la nueva definición, también incluye a “quienes por cualquier otro medio violento…” presionen “a la autoridad para que tome una determinación”. Según el Artículo 139 del Código Penal. Por tanto, si las autoridades consideran que una huelga, un plantón o una marcha sobre una carretera son un medio violento que utilizan los manifestantes para presionar a una autoridad, y, además, causan “alarma, temor o terror en la población o en grupo o sector de ella”, con apego a su legislación aplicarán el delito de terrorismo a los luchadores sociales y si son más de tres es posible que les apliquen La ley federal contra la delincuencia organizada.

De esta manera los luchadores sociales y la población en general, que vemos restringidos nuestros derechos humanos, por la vía de los hechos y las modificaciones a las leyes podemos pasar a ser, por decisión de las autoridades y en cualquier momento, peligrosos miembros de la delincuencia organizada o “daños colaterales” de la misma.

Conclusiones

El proceso de militarización de nuestro país se ha acentuado en los últimos cuatro años, como un instrumento para asegurar la implementación de medidas desreguladoras del mercado, que tienen como consecuencia el estrangulamiento de los derechos a la educación, el empleo y la salud y por lo tanto en el cierre a la expectativa de una vida digna de miles de trabajadores de este país. Esto implica para los grupos dirigentes de este proceso, la creación de marcos jurídicos y campañas mediáticas para criminalizar a cualquier persona o grupo que no esté de acuerdo con su visión.

Otro punto a destacar es que la militarización del país conlleva necesariamente una política estructurada para causar miedo y terror entre la población, con la intención de que los habitantes del país legitimemos la presencia de los militares en las calles: por un lado se realza la figura del militar y del policía, así como de las Instituciones encargadas de la seguridad pública; mientras que por otro lado, se explota mediáticamente, el trauma familiar que implica ser víctima de la violencia estructural a la que nos hemos referido, esto crea un precedente en la sociedad cultivando el miedo a la realidad, a la vida y a la organización como opción de transformación social.

Que el miedo se apoderé de nuestras vidas es sólo un primer momento en el transcurso de la normalización de la violencia, interés primario de nuestro gobierno en su estrategia psicológica, si las personas comenzamos a observar como algo cotidiano el número de muertes y el aumento de la violencia, no cuestionaremos el por qué de estos hechos, solamente los dejaremos pasar, y, aunque no los legitimemos de manera activa, sí estaremos permitiendo su implementación al no hacer nada.

Este proceso de militarización sólo se detendrá si denunciamos abiertamente que la estrategia federal desprecia la vida humana y nos desensibiliza ante su violencia.

La Coordinadora Metropolitana contra la Militarización y la Violencia le exige al Estado que cumpla con la responsabilidad social que tiene con toda la población asignándole un porcentaje mayor del aumento al presupuesto de seguridad a los rubros del llamado gasto social, con el objetivo, de crear trabajos bien remunerados, que posibiliten condiciones de vida digna.

Exigimos que el Ejército no cumpla funciones policíacas y que las policías no se militaricen

Exigimos juicio y castigo a todos los responsables de las violaciones de derechos humanos contra la población civil, los luchadores sociales y los defensores de derechos humanos.

Por último hacemos un llamado a incrementar los esfuerzos de información y de sensibilización respecto al tema de la militarización y la violencia de Estado; a intensificar la organización para exigir alto a la impunidad, y para exigir justicia. Debemos de evitar que la mayoría de la población considere la militarización y la guerra de este gobierno como las únicas soluciones posibles a los problemas económicos y sociales que vivimos en la actualidad.

Para leer en línea: http://www.comitecerezo.org/spip.php?article848

Coordinadora Metropolitana contra la militarización y la Violencia de Estado.