El suplicio de una familia en Juárez o cuando los militares son noticias

Mientras estuvieron secuestrados los Reyes, no fueron noticia nacional en México. Después de muertos, la indignación llegó hasta diputados y políticos

El 25 de febrero de 2011 aparecieron muertos en una estación de gasolina. El reporte de inmediato lo dieron los medios de comunicación en la Ciudad de México. Legisladores se movilizaron a dar declaraciones de indignación y a ofrecer su ayuda. Otros activistas y políticos ayudaron a organizar de inmediato una conferencia de prensa. Las redes sociales fueron invadidas por mensajes de lamentos y coraje por unas horas. La noticia del asesinato de Malena Reyes, Elías Reyes y Luisa Ornelas se convertía en noticia nacional.

¿Por qué ahora sí aceptaron el aviso por parte de un activista en la misma mañana en que ocurrió el asesinato? ¿Por qué decidieron dar la noticia con tanta eficacia a nivel nacional? ¿Qué se pretendía concluir? ¿Cómo es que la radiodifusora MVS ahora sí tenía el reporte puntual de un suceso que ocurría en el mismo día, mientras que la noticia del secuestro tardó Aristegui dos semanas en darla?

¿Por qué los diarios, de prestigio nacional, omitieron el 14 de febrero las denuncias contra militares que hizo de viva voz Marisela Reyes, hermana de la activista asesinada? ¿Por qué los medios mexicanos no cubrieron el acoso de policías federales la madrugada del 13 de febrero frente a las instalaciones de la Procuraduría General de la República (PGR), cuando en España y en EEUU se publicó al día siguiente? ¿Por qué el prestigiado diario mexicano La Jornada publicó sólo la versión del fiscal cómo versión única de los hechos cuando hubo denuncias de la familia Reyes en contra de éste? ¿Por qué el secuestro de los Reyes nunca fue una noticia de peso político, tratándose de una denuncia contra militares y en la ciudad catalogada por la ONU como la más peligrosa del mundo?

La familia Reyes ha vivido el suplicio de muchas familias en Ciudad Juárez. La diferencia de esta familia, si es que hay alguna con respecto a las demás, es que no ha dejado de denunciar. Cada uno de sus muertos ha sido una denuncia contra la militarización de la ciudad. Cada una de sus amenazas recibidas es una bandera de derechos humanos entre la población. Cada uno de los atropellos padecidos, le espetan al presidente Felipe Calderón, su guerra fallida contra el narcotráfico.

Así ha sido desde la llegada de los policías federales y militares a Ciudad Juárez. La población se ha reducido a una cuarta parte de lo que era antes del 2006. Su gente ha huido o la han matado. Como si se llevara a cabo una guerra de exterminio con el respaldo oficial.

Sus habitantes, hoy, apenas sobreviven en talleres de oficios, en empleos públicos, con hospitales saturados. Son víctimas de extorsiones por parte de servidores para cualquier trámite burocrático. Como es el caso de Infonavit, el organismo público de la vivienda, que a través de sus despachos de cobranza extorsiona a los trabajadores que están perdiendo sus casas, o ya las perdieron. La mayoría ha abandonado sus patrimonios por salvar a su familia. Y los que se han quedado, no tienen un trabajo bien remunerado o simplemente no tienen trabajo. Las pequeñas empresas han cerrado por la extorsión de delincuentes para darles seguridad privada. El tráfico de drogas sigue circulando entre los jóvenes y los profesionales para su paso a Estados Unidos. Y el miedo a los federales continúa.

Las Denuncias contra militares versan, según los reportes de Amnistía Internacional y el Centro Pro Derechos Humanos, desde violaciones sexuales a mujeres hasta desapariciones y tortura a jóvenes. En esto han convertido a Juárez. Una ciudad que tenía dos millones de habitantes y una vida intensa por su ubicación fronteriza con Estados Unidos. Hoy es un poblado abandonado, frío, militarizado. Le llaman la “Ciudad del Chapo”, en referencia al narcotraficante Joaquín Guzmán, privilegiado del combate selectivo del gobierno de Calderón.

Es este contexto, el que Josefina Reyes, daba cuenta en parte, después de la desaparición forzada de su hijo a manos de militares, Miguel Ángel Reyes, y de la muerte de otro, Julio César Reyes. Josefina llegó a realizar diversos actos públicos exigiendo a los militares la liberación de su hijo y denunciando violaciones de derechos humanos.

En 2008, realizó una huelga de hambre frente la delegación de la (PGR), en el mismo lugar que ahora lo hiciera su madre para exigir la liberación de sus otros dos hijos y su nuera. En agosto de 2009, Josefina participó en el foro contra la Militarización y la Represión, organizado por el Frente Nacional Contra la Represión.A Josefina Reyes la mataron el 3 de enero de 2010, de un balazo en la cabeza. Según su hermana Marisela, en entrevista dijo que se la querían llevar los soldados, y al no dejarse, le dispararon en la cabeza. Una versión que se ha recogido oficialmente en los reportes de los organismos de derechos humanos, pero de la que no han hecho eco los medios nacionales mexicanos, ni tampoco ha sido desmentida por el Ejército.

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