viernes, octubre 08, 2010

Tres escenarios para una transición



Tres escenarios para una transición

Raúl Zibechi


La realidad política y social en América Latina, y de modo particular en Sudamérica, es cada vez más compleja, intrincada y por momentos confusa. Los hechos de los últimos meses, las recientes elecciones en Venezuela, los sucesos en Ecuador, son emergentes de esa creciente complejidad que en no pocas ocasiones ha llevado a las fuerzas políticas y sociales que comparten objetivos idénticos a posicionarse como si pertenecieran a bandos opuestos. A medida que la crisis del sistema se aproxime a situaciones de caos sistémico, la confusión irá en aumento, por lo que parece necesario intentar, con todas las precauciones necesarias, establecer alguna lectura compartida y compartible de la realidad.

La región se encuentra en un periodo de transición, que será prolongado e incluirá coyunturas de agudas tensiones y conflictos. Nada nuevo o que las fuerzas antisistémicas no hayan conocido en situaciones anteriores. Sin embargo, esta transición contiene tres escenarios diferentes que la hacen más compleja, toda vez que los sujetos que protagonizan cada uno de ellos son estructuralmente diferentes y tienen intereses y objetivos contradictorios, aunque no necesariamente antagónicos. Una realidad que se mueve a tres velocidades no puede sino aumentar exponencialmente los conflictos, de ahí la necesidad de abordarlos por separado.


Un primer escenario es la competencia entre estados, que se manifiesta en la transición de la dominación sin hegemonía de Estados Unidos hacia una región multipolar con tendencia a la hegemonía consensuada de Brasil en Sudamérica. Se trata, en resumidas cuentas, de la confrontación antimperialista, en la que está interesado un amplio abanico de fuerzas políticas y sociales, desde los más pobres hasta las burguesías industriales que abastecen los mercados internos.


Sujetos destacados de este combate son los estados nacionales administrados por fuerzas progresistas y de izquierda. La lucha antifascista, en la primera mitad del siglo XX, nos enseñó que no es un tema menor quién dirige el Estado, porque si se lo apropian los reaccionarios pueden destruir todo vestigio de movimiento popular durante un largo periodo. Incluso una inflexión menor, como la que representa el gobierno de Juan Manuel Santos frente al de Álvaro Uribe en Colombia, puede destrabar conflictos interestatales que favorecen la dominación imperialista.


Un segundo escenario tiene como actores principales a los movimientos sociales antististémicos y está directamente relacionado con la superación del capitalismo, una tarea que –como enseñaron los fundadores del movimiento obrero– sólo la pueden llevar adelante los oprimidos por sí mismos. No depende, por tanto, de los estados nacionales sino de la capacidad y la potencia de los de abajo para arrebatarle a las burguesías los medios de producción y de cambio y, a la vez, liberar las relaciones sociales no capitalistas existentes en el seno del mundo de los oprimidos.

La superación del capitalismo por una sociedad más justa e igualitaria, socialista, será un proceso más largo aún que la transición entre la dominación estadunidense y el mundo multipolar que estamos viendo formarse ante nuestros ojos, que no puede suceder sino luego de una profunda crisis sistémica. Será más complejo aún, ya que el Estado juega naturalmente a favor del capital, aun cuando sea administrado por personas con intencionalidad socialista, porque es una relación social funcional a la acumulación de capital. Y porque es necesario construir poderes no estatales que aún están lejos de salir de su forma embrionaria y local.


En tercer lugar, se registra un combate por superar el progreso, o sea el desarrollo indefinido de las fuerzas productivas, porque el planeta no puede soportarlo sin poner en riesgo la sobrevivencia de la humanidad. Este escenario está siendo protagonizado por las naciones indígenas aymaras, quechuas, mapuches, quechuas y amazónicas, con especial énfasis en Ecuador y Bolivia. La propuesta de Sumak Kawsay/Suma Qamaña (Buen Vivir/Buena Vida) busca abrirse paso desde una filosofía de vida hacia una práctica política, para lo que debe superar enormes obstáculos no sólo ante los estados sino también frente a buena parte de los movimientos antisistémicos.

Es el escenario más novedoso y el que conlleva mayores dificultades, ya que supone no sólo enfrentar el modelo occidental sino también el sentido común instalado en los sectores populares. Sin embargo, es un escenario vital porque un socialismo desarrollista o asentado en la corriente del progreso no contiene una esperanza de futuro para la humanidad. Por eso mismo, es el combate que demorará más tiempo en ser instalado, aunque la crisis ambiental debe jugar a su favor.


Lo ideal sería que estos tres escenarios no fueran excluyentes sino complementarios, pero sabemos que eso no es posible porque los intereses en pugna son contradictorios. Los estados nacionales, primer escenario, están firmemente asentados en el extractivismo que promueve un modelo de exportaciones primarias, que va a contramano de los otros dos escenarios, porque necesitan ingresos frescos para sufragar sus crecientes presupuestos y la ampliación de las burocracias. Las derechas locales y el imperialismo alientan este modelo en el que aún tienen un papel que jugar.

Que existan contradicciones entre los tres escenarios y entre las fuerzas que los protagonizan no debería implicar antagonismo. Jerarquizar un escenario excluyendo los demás puede debilitar las fuerzas del cambio. Un problema adicional son las derechas y el imperio que siguen jugando pesado. Más preocupante aún es la polarización en el interior del campo popular. La arrogancia intelectual, de la que ninguno de los actores de estos debates estamos exentos, suele esconder inseguridades e incertidumbres porque, como nos enseña don Pablo González Casanova, en medio del caos buena parte de lo aprendido se torna irrelevante: no hay una línea a seguir sino caminos a inventar.




jueves, octubre 07, 2010

México SA. Calderón en el espejo


México SA

Calderón en el espejo

Hechos, no propaganda

La memoria de Ortega


Carlos Fernández-Vega


De plano no tiene remedio: el país se le desmorona en las manos; el suyo, entre tantas otras cosas, es el sexenio que reporta los mayores índices de inseguridad y asesinatos asociados a ella; el de peor comportamiento económico en casi cuatro décadas; el que observa ridícula generación de empleo; el de mayor fuga de capitales (51 mil millones de dólares, contra 40 mil de JLP); el que ha elevado la deuda pública en 10 puntos porcentuales en sólo cuatro años, para llevarla a 30 por ciento del PIB; el que en un bienio aumentó en 6 millones el número de mexicanos pobres (para vivir mejor); el que prometió reducir los impuestos y en los hechos los ha elevado como nadie antes; el que, como Fox, ha sido acusado de delincuente electoral… pero es él quien asegura que el peligro para México es otro, que esta acusación es cierta y válida y que el político con apodo de pez le hizo un daño terrible a México con su campaña de rencor y de odio antes y después de las elecciones, según su imparcial evaluación de la realidad nacional.

¿Desvergüenza, delirium, falta de memoria, masoquismo o muestra fehaciente de que le urgen unas vacaciones en el Fray Bernardino? Tal vez todo junto, sin olvidar su enfermiza actitud de ser el presidente del partido de gobierno, y no cabeza del Estado mexicano. ¿Qué necesidad tenía de regresar a los tiempos de su sucia campaña electoral, cuando cuatro años después de aquella temporada el balance que arroja es deprimente, notorio su fracaso como inquilino de Los Pinos y elevadísimo el costo para el país? ¿Tan urgido está de desviar las miradas? ¿Peligro para México? Sí, pero Felipe Calderón, junto con su gabinetazo, y no es propaganda negra, como la del PAN y su candidato. Son hechos.


En tiempos de su campaña electoral Calderón, su partido político y el gran capital que lo financiaba, pregonaban: si llega a presidente nos va a endeudar más y vendrá una crisis económica, devaluación, desempleo. Estos son los grandes planes de López Obrador, un peligro para México… López Obrador juega con el futuro de México… sus grandes ideas sólo significan deuda y más deuda para todos… con López Obrador perdemos todos… hay formas de que México avance sin deudas… Felipe Calderón te dirá cómo”.

Según amenazaba, quien endeudaría al país sería López Obrador, pero resulta que en cuatro años, con Calderón en Los Pinos, la deuda pública se ha incrementado de 20.3 a 30.2 por ciento del producto interno bruto (casi 2 billones de pesos), y contando, lo que se traduce en que la deuda por mexicano pasó de 18 mil 912 pesos en diciembre de 2006, a 36 mil 234 pesos en junio de 2010, casi el doble en 43 meses (hasta junio de 2010), lo que es lo mismo un aumento cercano a 100 por ciento. ¿Quién iba a endeudar a quién? ¿Cómo está eso de hay formas de que México avance sin deudas y Felipe Calderón te dirá cómo?


Lo anterior, sin olvidar lo relativo a crisis económica, devaluación y desempleo: la primera, la más profunda en 80 años, con un desplome de 6.5 por ciento del PIB, por mucho que la desdeñó calificándola, junto con su secretario de Hacienda, de simple catarrito; la segunda, hasta de 50 por ciento en 2008, para estabilizarse en 30 por ciento desde 2009; el tercero, creciente, con cifras históricas (2.5 millones de desempleados en el país, sin considerar otros indicadores que elevan la tasa a 15 por ciento de la población económicamente activa).


En otro pasaje de su guerra propagandística, Calderón, su partido y los titiriteros acusaban: “López Obrador miente otra vez en su anuncio del IVA… afirma que la propuesta de Felipe Calderón habla del tema… Mentira… además, de manera fraudulenta manipuló un video para engañarte. Lo que realmente propuso Felipe Calderón fue esto: devolver dinero en efectivo a los más pobres, reducir el impuesto sobre la renta… López Obrador te quiere ver la cara”.


En efecto, les vio la cara a los electores, a esos 15 millones de mexicanos que así lo pensamos en 2006 (que el Peje era un peligro para México), pero el propio Felipe Calderón en sus cuatro años de estancia en Los Pinos, aumentó impuestos y creó nuevos gravámenes por doquier; la tasa del IVA creció de 15 a 16 por ciento; la del impuesto sobre la renta de 28 a 30 por ciento y mayores gravámenes a productos como cerveza, alcohol y tabaco; de la manga se sacó el IETU (que comenzó en 16 por ciento y ya va por 17.5 por ciento), el impuesto a la gasolina (independiente del aumento regular a los combustibles), a las telecomunicaciones ((Internet, telefonía celular, telefonía fija, televisión por cable), a depósitos en efectivo, y los que se queden en el tintero. Y de aquello de devolver dinero en efectivo a los más pobres, ni sus luces. Por el contrario.


Felipe Calderón ofrecía al electorado: mi política tiene un solo objetivo: crear empleos bien pagados, para que tú y tu familia vivan mejor, y para eso voy a hacer cuatro cosas. Primero, voy a reducir los impuestos para quienes trabajan, producen o generan empleos, y voy a simplificar su pago; segundo, voy a transparentar totalmente los impuestos que pagamos; tercero, voy a invertir mejor tu dinero, y cuarto, voy a garantizar la estabilidad económica para cuidar tu patrimonio.


Cuatro años después se confirma, con hechos, no con propaganda, que sí hay un peligro para México: Felipe Calderón.


Las rebanadas del pastel

Y si de falta de memoria se trata, allí está Jesús Ortega, quien llama al Peje a serenarse, a no lanzar acusaciones falsas y a argumentar con hechos y datos duros sobre las alianzas emprendidas por la actual dirigencia perredista. Pues bien, va lo que cuatro años atrás decía el presidente de los Chuchos: no hay negociación que valga sino a los intereses superiores del país, y precisamente por ello es que se confunden los que piensan que esto se resuelve con un café, un apretón de manos o unos cargos públicos. La defensa de la legalidad y de la democracia se hace con principios y carácter y de eso hay mucho en el movimiento que defiende el triunfo electoral de López Obrador (El Universal, 7 de septiembre de 2006)… “consecuentes con una actitud de izquierda, hemos decidido resistir ante la injusta e ilegítima toma del poder por una oligarquía que compró un residente y un gobierno (…) somos consecuentes con la lucha democrática y estamos convencidos de que la peor manera de seguir, la que sí echa por la borda lo conseguido, la que sí lesiona a la izquierda mexicana, es la que apunta a dar la vuelta a la página, la de simular que no pasó nada grave y que se puede continuar como hasta ahora” (El Universal, 21 de septiembre de 2006).


De Monterrey a Monterror



Astillero

De Monterrey a Monterror

Procurador Chávez perora

FC, peligro para elecciones

Que pida perdón: AMLO


Julio Hernández López
Foto
ASAMBLEA DEL SME EN EL PALACIO DE LOS DEPORTES. Electricistas acordaron movilizarse el lunes próximo. Se acabó la tregua porque el gobierno no cumple, señalaronFoto Víctor Camacho


C
ada día Felipe Calderón deja más en claro que es un peligro para las próximas elecciones. Ha cercenado de manera sistemática libertades, garantías y legalidad, recluyendo a los ciudadanos en el calabozo del miedo activo y la amenaza latente, haciendo inviable el ejercicio cívico y comicial a causa del narcotráfico dominante y de la reacción policiaco-militar igualmente restrictiva e inhibitoria, envenenando intencionalmente el espectro de la diversidad mediante las alianzas partidistas pervertidas, retorciendo mecanismos judiciales para castigar a adversarios y promover personajes afines (incluso pertenecientes al orden familiar, como sucede en Michoacán) y advirtiendo desde ahora, con toda oportunidad, para que nadie se llame a engaño, que hará cuanto sea necesario para no dejar el poder o, cuando menos, para no dejarlo en manos de quien él no quiera.

Felipe sin pudor, que revive el lema central de la división social mexicana, el que adjudicaba a Andrés Manuel López Obrador ser un peligro para México, y lo enarbola para dar el banderazo de arranque de una nueva guerra sucia de propaganda contra el tabasqueño que ha resistido una criminal campaña de difamación y se reconstruye desde abajo, a pesar de todos los obstáculos que le han puesto. Si el asesino suele volver al lugar del crimen, el defraudador electoral está regresando al sitio de sus andanzas tramposas, regodeándose del botín alcanzado, una presidencia siempre tachada de espuria, y fabricándose a partir de esos falsos trofeos la creencia convenenciera de que ganó los comicios de 2006 a causa del impacto que habría tenido la frase salvaje que le endilgaron los estrategas estadunidenses y españoles, con el luego naturalizado mexicano Antonio Solá como comandante en jefe. Sueños de legitimidad inalcanzados, que hacen a Calderón hablar de 15 millones de votos logrados como si no hubiese tenido, formal e hildebrándicamente, apenas una diferencia de medio punto porcentual.


Felipe en guerra contra quienes piensan distinto a él y, en particular, contra quienes en legítimo ejercicio de sus derechos decidieron apoyar al candidato oficial de un partido legal, López Obrador, y en ese mismo esquema de libertad de elección podrían volver a apoyarlo. AMLO, según el licenciado HSCHC (haiga sido como haiga sido), le gusta a sus fanáticos, le gusta a un extremo súper radical, le gusta a esta especie de feligresía, pero no le gusta al mexicano común que trabaja, lleva a sus niños a la escuela y quiere vivir en paz y tranquilidad. En la medida que corrija eso va a poder sacar a relucir los talentos que como cualquier persona tiene, y ojalá le vaya bien. ¡El jefe formal del aparato político mexicano descalificando a los millones de personas que votaron y tal vez volverían a votar por ese candidato, y estableciendo normas de conducta y correctivos para ese presunto aspirante! Y, en la misma entrevista con Salvador Camarena, en W Radio, el caldero hablando de fuegos: Se sembró una campaña de odio clasista, revanchista. El despertar en México eso de los ricos, los privilegiados, generó un odio que polarizó mucho.


Fue comedida la respuesta de López Obrador a los exabruptos de FCH. Antes de hacer comentarios a su libro que era presentado en la Alameda de la capital del país, leyó una serie de consideraciones en las que predominó el aire de amor y paz que le ha caracterizado en su fase reciente. Él, AMLO, ni siquiera utilizaría contra Calderón ese fraseo del peligro para México, a pesar de las decenas de miles de muertos a causa de la guerra contra el narcotráfico. Prefirió el ofendido llamar al ofensor a que pida perdón por los daños que ha causado al país, y que de penitencia se abstenga de seguir optando por la mentira y la confrontación.


Pero, así como los escándalos declarativos de Calderón ayudaron a tapar los escándalos relacionados con la ganga otorgada a Televisa y Nextel mediante la vergonzosa y delictiva licitación 21, la respuesta de López Obrador coincidió con el proceso de cambio de nomenclatura norteña: de Monterrey a Monterror. Los habitantes de la capital de Nuevo León y su zona conurbada han ido viviendo el tránsito de la violencia entre ellos, los narcotraficantes, al ataque intencional a personas inocentes. Siembra de miedo entre la población no involucrada en la guerra contra el narcotráfico. Una granada contra gente que descansaba o paseaba en la plaza principal de Guadalupe, en días pasados. Balas en la plaza Morelos, siempre concurrida, de Monterrey. Se va cumpliendo el libreto Hillary que tomaba los ataques con coche bomba como muestra del paso del narcotráfico a fases distintas, no sólo con visos de insurgencia, sino de terrorismo. Dolorosa realidad cotidiana en una entidad cuyo microgobernador, Rodrigo Medina, sólo atina a seguir haciendo grilla con gel a favor de Peña Nieto pero que tiene abandonada la entidad mientras sus adversarios impulsan la idea de que habrá de caer el priísta huidizo; la guerra contra el narcotráfico, en su fase de terrorismo, colocada por algunos como presunta palanca de cambios políticos forzados en un Nuevo León siempre apatecido por el panismo-calderonismo.


En San Lázaro, mientras tanto, el procurador general de la República, Arturo no Chávez no Chávez, regalaba a la concurrencia un didáctico mural de la desgracia nacional. Valido apenas de algunas frases de cajón, pertrechado tras el breviario del buen burócrata intrascendente, el ex procurador de Chihuahua parecía hablar de otro país, uno que fuera medianamente inquieto, firmemente apegado al estado de derecho y sus paraísos reglamentarios, orgullosamente practicante de sus derechos y obligaciones, sin balaceras, colgados, descuartizados, secuestrados ni asesinados. Dosis de inconsciencia e irresponsabilidad de parte de los funcionarios de Calderón que, con éste, son el verdadero peligro para México.


Y, mientras el SME retoma este lunes las calles y la lucha, a un año del golpe, ¡hasta mañana!



Respuesta de AMLO a Calderón


El inútil, cínico y descerebrado usurpador Calderón, se atreve a continuar la campaña negra del 2006 de que AMLO es un peligro para México. Aquí va la respuesta de López Obrador

miércoles, octubre 06, 2010

Las cuentas de la gente decente del PAN



César Nava, emerge la corrupción

Álvaro Delgado


MÉXICO, D.F., 4 de octubre (apro).- Por lo visto el presidente del Partido Acción Nacional (PAN), César Nava, no gastó durante cuatro años en comer, beber, vestirse, alojarse y divertirse, ni siquiera en la manutención de sus tres hijos. Ahorró todos sus ingresos para comprar una casita de 15 millones de pesos en Polanco.

El problema es que ni así, sin gastar nada de todas sus percepciones durante cuatro años, es posible que Nava haya podido reunir el dinero para adquirir el departamento de recién casado en un edificio de lujo que tiene vista al Castillo de Chapultepec.

Aun si el precio de la vivienda de lujo fue de sólo 7.5 millones de pesos, como aseguró Nava a través de un comunicado del PAN, tampoco hay manera de que le salgan las cuentas.

Sus propias cifras lo delatan: Durante casi dos años como secretario particular de Felipe Calderón y un año como diputado federal cobró, sólo en sueldos, poco más de 4.5 millones de pesos.

Y más aún: Al inicio del sexenio, tenía una deuda de 4 millones 100 mil pesos --casi la misma cantidad que ganó en cuatro años-- por haber comprado, en agosto de 2006, una casa donde vivía con su anterior familia.

Así, salvo que se haya sacado la Lotería o el Melate, que haya recibido una multimillonaria herencia o que el gasto lo haya hecho Patricia Sirvent, quien desde el sábado 2 de octubre es su esposa, hay elementos para presumir que Nava adquirió esa propiedad con dinero mal habido.

No es la primera vez que el próximo expresidente del PAN está bajo sospecha de corrupción, particularmente en su gestión como abogado general de Petróleos Mexicanos (Pemex) --empresa donde fluyen comisiones por los multimillonarios contratos--, ni es raro que la facción gobernante incurra en tal conducta.

(Un ejemplo es el manejo que, con la total complacencia de Calderón, hizo Patricia Elizondo no sólo del multimillonario presupuesto para los festejos del Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución, sino de la propia administración de Los Pinos, una especie de Afore que disfrutará con su pareja al terminar el sexenio).

Tomando como base las cifras de sus propias declaraciones patrimoniales que Nava aceptó hacer públicas, particularmente la correspondiente a 2007, y los tabuladores de los cargos que ha ocupado, es posible presumir que la compra del departamento en Polanco --que se ha ido poblando de nuevos ricos como él-- es un asunto de corrupción.

En efecto, en sólo cuatro años, Nava pasó de la inopia a la prosperidad, que se inició con la fraudulenta elección de 2006.

En agosto de ese año, cuando ni siquiera el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) había decidido que Calderón era el sucesor de Vicente Fox, Nava vio venir la fortuna y obtuvo un crédito hipotecario por 3 millones 100 mil pesos, que sumó a un “préstamo personal” por un millón de pesos para la compra de una casa.

Es decir, comenzó el 2007 con una deuda de 4 millones 100 mil pesos, sin contar otros adeudos, como las tarjetas de crédito.

Respecto a sus ingresos, el puesto de secretario particular de Calderón era nivel HC2, equivalente a subsecretario de Estado, por lo que su sueldo bruto ascendía a 203 mil 564 pesos y, ya sin impuestos, a 143 mil 314. Durante todo el 2007, percibió en total un millón 719 mil 768 pesos.

Al año siguiente, 2008, Nava sólo cobró un millón 576 mil 454, porque en noviembre de 2008 Calderón lo despidió. En todo caso, en los casi dos años que estuvo en el gobierno pudo ahorrar, sin gastar absolutamente nada, un total de 3 millones 296 mil 222 pesos.

Después, durante diez meses, Nava no trabajó en nada y, en teoría, tampoco tuvo ingresos: De noviembre 2008, cuando fue separado de la secretaría particular por Calderón, a agosto de 2009, cuando comenzó su gestión como presidente del PAN --en sustitución de Germán Martínez, quien hace dinero como gestor o coyote--, sólo hizo campaña como candidato a diputado federal.

En todo caso, Nava sólo cobró un mes de sueldo como presidente del PAN, el de agosto de 2009, porque aseguró que renunciaba a él y su ingreso sólo sería su dieta como diputado federal. Por ese mes cobró, según el tabulador de ese partido, 130 mil 352 pesos con 65 centavos netos.

Como diputado federal, Nava percibe un promedio de 100 mil pesos mensuales, que multiplicados por los 12 meses que lleva como tal, suman un millón 200 mil pesos.

De esta manera, si se suman todos esos ingresos de Nava, de enero de 2007 a septiembre de 2009, el resultado es el siguiente: Cuatro millones 626 mil 574 pesos, apenas medio millón de más al adeudo que tenía cuando comenzó el gobierno de Calderón.

Y hay que insistir: Se trata de una cantidad acumulada sólo en el caso de que Nava no haya gastado absolutamente en nada, ni siquiera en la pensión que, al parecer, destina a los tres hijos que tuvo con María Covadonga Baños Ardavín.

Los números de Nava, en suma, sacan a flote un caso de enriquecimiento inexplicable, un asunto de corrupción.

El tema da para más…

Apuntes

Una perla para que los panistas se sientan orgullosos: En homenaje al décimo aniversario de la muerte de Carlos Castillo Peraza, nace en Guanajuato una central corporativa de taxistas que lleva su nombre. Se trata de la Federación “Carlos Castillo Peraza”, que agrupa a cerca de 2 mil choferes en organizaciones que llevan los nombres de otros próceres del partido oficial: “Manuel Gómez Morín”, “Manuel J. Clouthier”. Ahí caben perfectamente los perredistas que aman a Calderón y que encabezan Jesús Ortega, Jesús Zambrano, Graco Ramírez, Carlos Navarrete…

Comentarios: delgado@proceso.com.mx




Sabadazo, Univisión y Brozo



Sabadazo, Univisión y Brozo

Jenaro Villamil


MÉXICO, D.F., 5 de octubre (apro).- Una serie de eventos, en apariencia inconexos, se sucedieron desde que el viernes 1 de octubre, el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas, decidió pasar por alto las medidas cautelares ordenadas por varios jueces y entregar los títulos de concesión para que Televisa y Nextel exploten durante 20 años la nueva banda de telefonía móvil convergente con triple play.

Un día después, el sábado 2 de octubre, Molinar convocó a una rueda de prensa para confirmar que la “ganga” a favor de Televisa-Nextel se había consumado. “No existía ningún obstáculo legal vigente para la entrega de los títulos”, advirtió.

Con cinismo, Molinar mintió y pasó por alto las severas críticas que horas antes le emitió el diputado federal panista, Javier Corral, quien lo acusó de formar parte de una trama de corrupción para favorecer a la empresa mediática más poderosa del país.

Molinar se indignó durante su comparecencia en la Cámara de Diputados, pero ocultó la información sobre la entrega de los títulos.

El sabadazo de Molinar sólo confirmó cómo Televisa ordena y los funcionarios del gobierno calderonista se arrodillan. Peor aún: ningún funcionario de la televisora se atrevió a dar la cara en la rueda de prensa extraordinaria convocada en las instalaciones de la SCT. Sólo asistieron al sabadazo los representantes de la empresa Nextel, Peter Foyo y Gustavo Cantú.

El lunes 4 de octubre, el abogado de Grupo Salinas, Salvador Rocha Díaz, afirmó que se procederá legalmente contra Molinar por haber incurrido en al menos tres tipos de responsabilidades al firmar los títulos de concesión: de carácter administrativo, porque los entregó en contra de los mandatos judiciales; de carácter penal, por el desacato que le valdrá una demanda ante la PGR, y de carácter político, que puede costarle el puesto al funcionario que ha tenido un pésimo papel en el caso de la quiebra de Mexicana y en las licitaciones de la fibra óptica y de telefonía móvil, ambas en beneficio de Televisa.

Televisa envió el mismo lunes 4 un extraño comunicado a sus inversionistas bursátiles. En él señala lo siguiente: “Grupo Televisa S.A.B. anunció el día de hoy que, con respecto a la adjudicación de la concesión del espectro por 30Mhz en la banda AWS el pasado viernes, Grupo Televisa y NII Holdings están evaluando si las condiciones precedentes para cierre de la transacción se han alcanzado o se podrán alcanzar”.

En otras palabras, la sociedad con Nextel no es segura.

El críptico mensaje quedó en segundo plano frente al anuncio mediático de Emilio Azcárraga Jean, quien afirmó en Nueva York que Televisa va a invertir 1,200 millones de dólares para comprar el 5% del capital de Univisión y llegar hasta el 30% de la inversión en este conglomerado.

“Mediante este acuerdo, Univisión podrá expandir la oferta de canales de TV de paga y Televisa logrará finalmente llegar con su contenido a plataformas de internet a través de Univisión.com”, afirmó el presidente de Televisa.

El anuncio triunfalista tenía otro objetivo: convertir la derrota de Televisa en la compra de Univisión (junio de 2006) en una victoria pírrica. Falta que el consorcio de Azcárraga Jean sea autorizado por las entidades regulatorias y antimonopólicas de Estados Unidos.

En el país vecino no todo es tan rápido ni tan fácil para que Televisa incremente su presencia monopólica en territorio norteamericano. Ahí no hay un Juan Molinar o un Felipe Calderón que hagan todo para favorecerlas. Además, existe un candado legal que impide que un extranjero posea más del 25% de propiedad de un medio de comunicación electrónica en Estados Unidos.

Y eso lo saben Azcárraga Jean y su vicepresidente, Alfonso de Angoitia.

El anuncio tenía el objetivo de posicionar a Televisa en el mercado bursátil mexicano. Y lo lograron. Este martes, los títulos de la televisora (CPO’s) cotizaron en 53.80 pesos, lo que representó una ganancia de 12.8%, en comparación con un día antes. Pura especulación bursátil.

Todo parecía bien hasta que Brozo, el “Payaso Tenebroso”, el alfil de Televisa en los videoescándalos, lanzó al aire esta mañana una amenaza digna de un sicario: “Ya estamos sobre ti. Ya todos los instrumentos que hay en la empresa y en la justicia mexicana estamos muy cerca de ti. Hazte a un lado, bríncate, llégale como quieras. Estás en peligro. Ya estamos muy cerca y te vamos a caer, si te metes con uno de nosotros te metes con todos. Ya te chingaste y te lo estoy diciendo por la buena”.

Tal amenaza tuvo como pretexto un twittero que se hizo pasar pos su colaboradora Marissa Rivera. Brozo afirmó que le llegaron amenazas que fueron subiendo de tono. Y como parece que no existe ministerio público que valga, Televisa decidió lanzar una amenaza al aire, sin que la dirección general de Radio, Televisión y Cinematografía –un organismo fantasma que solía vigilar que los concesionarios cumplan con la ley-- le dijera nada. Al menos hasta ahora.

¿De qué se tratan estos mensajes? ¿Televisa intimida así a las redes sociales o a sus críticos? ¿Estamos en la impunidad mediática o en un nuevo macartismo televisivo?

www.jenarovillamil.wordpress.com




Óoooorale con Brozo

Cantaletas




Cantaletas

Sergio Sarmiento

6 Oct. 10. El Norte


"Estoy aquí porque busco justicia, la justicia que el Gobierno nunca quiso aceptar".

Valentina Rosendo


Los hechos son suficientemente graves. El 16 de febrero de 2002, Valentina Rosendo, una indígena de 17 años de edad, fue encarada por ocho soldados armados mientras lavaba ropa en su humilde vivienda de la sierra de Guerrero. Le preguntaron si sabía dónde estaba un encapuchado. Como ella no sabía, los militares empezaron a presionarla hasta que dos de ellos la violaron.

Valentina, como Inés Fernández, otra indígena violada por militares el 22 de marzo, buscó justicia dentro de México, pero siempre se le negó. Bajo la excusa del fuero militar, los soldados que abusaron de las dos fueron protegidos por el Gobierno y el Ejército. Tanto a Valentina como a Inés las autoridades las cuestionaron, las acusaron de mentir. En sus comunidades se les marginó. Valentina cuenta cómo su marido la abandonó y los miembros de su pueblo la hicieron a un lado. En las comunidades indígenas, una mujer violada no vale nada.

Los casos de Valentina e Inés son los más recientes en que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha fallado en contra del Estado mexicano. Fueron precedidos por el de Jorge Castañeda, quien se enfrentó a la legislación electoral que le impidió ser candidato independiente; el de Rosendo Radilla, detenido ilegalmente por el Ejército en Guerrero en 1974 y desaparecido desde entonces; y el de las mujeres cuyos cuerpos sin vida y con signos de tortura fueron abandonados en 2001 en Campo Algodonero, Ciudad Juárez.

La Corte Interamericana no se dedica por lo general a resolver delitos del fuero común en los países del continente. Su intervención sólo tiene lugar cuando el Estado nacional no otorga los instrumentos necesarios a las víctimas para defenderse o buscar justicia. Es lo que ha ocurrido en estos casos.

No todos los soldados mexicanos son criminales. La mayoría es gente del pueblo que respeta al pueblo del que ha surgido. Pero eso no significa que se deba dejar en la impunidad a aquellos que cometen delitos contra los civiles.

La insistencia de los mandos militares en juzgar en el fuero militar a los soldados que delinquen contra civiles ha significado, como lo señalan los casos ventilados en la Corte Interamericana, una simple impunidad. De hecho, se ha llegado al extremo de considerar traidores o criminales a quienes buscan justicia contra los abusos cometidos por militares.

El propio Presidente de la República, Felipe Calderón, ha expresado su exasperación ante quienes se quejan de las violaciones a los derechos humanos por parte de miembros de las fuerzas armadas. En una entrevista radiofónica con Joaquín López Dóriga el 27 de agosto dijo: "Aquí a cada rato vienen a decir que las violaciones a derechos humanos del Ejército, una serie de cantaletas que también ya empiezan a cansar, que no son ciertas, porque se respeta la dignidad de los criminales, y se les pone ante el juez y todo".

Esto no siempre es cierto. Si bien el Ejército cumple con una función valiente y necesaria al suplir las falencias de las policías en la lucha contra el crimen organizado, los soldados a veces cometen delitos. Quizá sea inevitable, pero el Estado mexicano debe tener un sistema que garantice justicia a las víctimas de estas faltas. Hasta el momento el fuero militar ha servido más para ocultar los crímenes que para castigar a los culpables.

Lo que nos dicen los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que son vinculantes para el Estado mexicano, es que estas quejas no son una simple cantaleta.



Los 20

Algunas autoridades y medios supusieron que los 20 michoacanos privados de su libertad en Acapulco el 30 de septiembre tenían necesariamente vínculos con el crimen organizado. Hoy sabemos que eso es falso. Ninguno tenía antecedentes criminales; todos vivían de manera honesta. Como los muchachos de Villas de Salvárcar, no son pandilleros, sino víctimas de criminales.


www.sergiosarmiento.com


Inés y Valentina

Inés y Valentina

Miguel Ángel Granados Chapa


6 Oct. 10. El Norte


La Corte Interamericana ordenó al Estado mexicano realizar una investigación eficaz y seria de los hechos en un plazo razonable, y que debe hacerse en el fuero común, no en el militar

Valentina Rosendo Cantú tenía sólo 17 años, y una hija de tres meses, cuando fue atacada en febrero de 2002 por miembros del 41 batallón de infantería, dos de los cuales la violaron cruelmente. Inés Fernández Ortega contaba con 25 años cuando padeció una agresión semejante, agravada porque los militares allanaron su domicilio y la ultrajaron en presencia de sus tres hijos. Ambas pertenecen al pueblo Me'phaa (es decir, son tlapanecas); ambas fueron desoídas cuando denunciaron su desgracia. Cuando finalmente consiguieron que sus casos fueran tratados por la justicia, los procesos se confinaron en la jurisdicción castrense, en cuya tramitación las dos jóvenes mujeres rehusaron participar debido a su convicción de que los juicios respectivos no respetarían sus derechos.

Asistidas por abogados del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, ante la denegación de justicia en México, llevaron su caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en 2003. Sólo hasta el año pasado el asunto fue turnado a la Corte Interamericana. El viernes pasado ese organismo de la justicia internacional sentenció al Estado mexicano a satisfacer el derecho que cada una de ellas tiene a acceder a la justicia y a llevar una vida libre de violencia. Asimismo, las resoluciones del organismo interamericano insisten, como ya hicieron los jueces de esa Corte, en otro recientemente fallado, el de Rosendo Radilla, en que los militares implicados en delitos contra civiles sean llevados ante la justicia ordinaria, y no juzgados en los tribunales del fuero de guerra, que no reúnen las condiciones de quienes deben impartir justicia imparcialmente.

El caso importa porque las afectadas son mujeres indígenas, desprovistas de un entorno que favorezca la práctica de sus derechos, salvo por su pertenencia a una comunidad organizada. De no ser por el impulso que dio a su causa la Organización del pueblo indígena Me'phaa, y a la asistencia legal del centro Tlachinollan, en México, y del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cetil), ante los organismos interamericanos, Inés y Valentina hubieran sufrido a solas la agresión y sus efectos, entre ellos el estigma que padecen personas en su situación.

Por no haberse resignado a sufrir las agresiones, ambas han sido objeto de amenazas, que luego se extendieron también a los abogados y activistas de derechos humanos que las acompañan. Esos amagos pueden reactivarse tras la emisión de las sentencias, por lo que es urgente el cumplimiento de las resoluciones judiciales, que vinculan a los órganos del Estado. Ya en el caso Radilla -un campesino detenido por militares en 1974, en presencia de su hijo, y que desapareció sin que se le sometiera a proceso alguno- las autoridades mexicanas han mostrado reticencias que en este caso generan riesgos que se añadirían a la vulneración de los derechos de las dos jóvenes -siguen siéndolo a pesar de los ocho años transcurridos desde que fueron agraviadas-.

La Corte Interamericana ordenó al Estado mexicano realizar una investigación eficaz de los hechos, aunque en el proceso correspondiente quedaron acreditadas las circunstancias alegadas por las víctimas. Esta investigación debe hacerse en el fuero común, es decir, no en el militar. La Corte dispuso además que la indagación sea seria y efectiva, concluya dentro de un plazo razonable, con participación de las agraviadas y teniendo en cuenta su identidad étnica y sin exponerlas a nuevos riesgos. Asimismo se ordena imponer una sanción disciplinaria a la Procuraduría de Justicia de Guerrero, por su actuación negligente, y por lo mismo al médico que mal las atendió en aquel entonces. Igualmente se ordenó devolver a las víctimas su buen nombre, en un acto público previo su consentimiento, difundido por la radio, debe hacerlo una autoridad de alto nivel, en español y en lengua Me'phaa.

Con semejante propósito debe publicarse un extracto de las sentencias en el Diario Oficial de la Federación, en dos diarios, uno de alcance nacional y otro que lo tenga en Guerrero y por la radio local en lengua Me'phaa. El fallo debe conservarse durante un año en los sitios pertinentes, en la red, de los gobiernos federal y estatal. Ha de otorgarse una beca a Valentina y a su hija, ya de ocho años, toda vez que ella era menor de edad en el momento de la agresión. Ambas deben ser indemnizadas por los daños, material e inmaterial que les fueron causados.

El organismo interamericano no emite recomendaciones de aceptación voluntaria. Sus jueces dictan sentencias de acatamiento forzoso, pues a ello se obligó el Estado mexicano al suscribir y ratificar la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que por esos actos de adhesión forma parte del derecho mexicano. Por esa causa es de esperar el cumplimiento de providencias que van más allá de los casos de Inés y Valentina. Se trata de medidas de dos niveles, una de alcance comunitario como el fortalecimiento del centro de salud de Caxitepec y de la agencia del Ministerio Público en Ayutla. Otras son de orden más general, como el establecimiento de un protocolo para investigar la violencia contra las mujeres.

El punto nodal de la sentencia, en su ámbito más dilatado, es la modificación del artículo 57 del Código de Justicia Militar que permite a los militares ser juzgados por sus tribunales aunque cometan delitos del orden común, y su correlato, el establecimiento de un recurso para impugnar las decisiones de jueces civiles que cedan su competencia al fuero militar.

miguelangel@granadoschapa.com


martes, octubre 05, 2010

Abuela Grillo. El Agua es sagrada.


Encuentro internacional de H.I.J.O.S. 2010

A 42 años de la masacre de Tlatelolco, el balance de la realidad sigue siendo desalentador: Comité 68


Manifiesto Nacional Comité 68

Las referencias más dramáticas de la situación que vive el país en 2010, a 42 años de los acontecimientos del 2 de Octubre de 1968 en Tlatelolco son: más de 28 mil muertos en los últimos tres años de la llamada “Guerra contra el narco”, ahora renombrada como “Lucha por la seguridad pública”; los cientos de miles de jóvenes rechazados de los sistemas de enseñanza media y superior, y los 7 millones de jóvenes sin empleo –cerca del 30 por ciento de la población en edad de trabajar—.A esta visión fotográfica de lo que sucede en México, debe añadirse la perspectiva agobiante de la crisis económica mundial en sus múltiples manifestaciones, y los anuncios ominosos de las políticas públicas antipopulares, represivas, violentas y de control opresivo con las que se pretende sofocar el descontento social.

Las actividades y marchas conmemorativas de los sucesos de Tlatelolco que se han venido realizando año con año, con la divisa de “2 de Octubre No se Olvida” han sido verdaderas jornadas de lucha popular en las que no sólo se refrendan las reclamaciones históricas y los asuntos pendientes, sino también los temas y casos de actualidad referidos a las prácticas de violencia política ejercida por el sistema en sus modalidades de fuerza militar o policíaca con sus complementos judiciales y mediáticos. Se trata de las mismas situaciones vividas con especial gravedad en el movimiento estudiantil de 1968, ahora restablecidas en sus contenidos, aunque con nuevas maneras o disfraces en la situación actual, obligando al pueblo a responder puntualmente y en cada ocasión a las formas violentas que se ejercen en su contra, con la notable y ejemplar característica de que se trata de movimientos de resistencia pacífica que hacen uso de los recursos legales de los que se puede disponer.

Esto ha conducido a una creciente conciencia popular de las políticas, procedimientos de gobernabilidad, control de los movimientos sociales y de oposición diseñados y aplicados por el sistema político prevaleciente, a partir de la estructura institucional de los poderes de la República, pero también de los llamados poderes fácticos, consistente en una práctica de violencia sistemática e incluso extrema que no ha dudado en transgredir su propia legalidad para hacer prevalecer sus privilegios económicos y políticos.

La contraparte de la práctica abusiva y desviada de ejercicio del poder ha sido la conciencia creciente de que los movimientos sociales se han venido constituyendo también en un poder fáctico, que dentro de la legalidad puede determinar también decisiones trascendentes. Desde el movimiento social hemos reclamado reformas legislativas para abrir mecanismos legales y democráticos de revocación de mandatos para todos los niveles de gobierno, medios eficaces para recurrir a juicio político de funcionarios coludidos con los criminales de todo tipo, incluyendo jueces cómplices de narcotraficantes, de secuestradores, etc.

Por esta razón se hace necesario ejercer organizadamente el poder fáctico que potencialmente se ha constituido con una participación sistemática y organizada programáticamente con las demandas que hemos enarbolado desde la perspectiva de los intereses de los movimientos sociales. Para ello habremos de acrecentar la disposición a ejercer nuestra capacidad de orientación del voto ciudadano en campañas de diverso tipo, que pueden ir desde la abstención generalizada hasta campañas de veto y objeción a partidos y candidatos que actúen como cómplices o encubridores de ex gobernantes genocidas y de políticas represivas potencialmente semejantes.

En los planteamientos y declaraciones del Comité 68 hemos tenido especial cuidado en no partidizar nuestras reclamaciones específicas de castigo a los ex gobernantes responsables de los crímenes de genocidio y a sus cómplices actuales, y en esta línea de actuación seguiremos en consonancia con la caracterización como “Crimen de Estado” que hemos sostenido respecto a esos hechos. Ahora que nuestros litigios se han empezado a dirimir en tribunales internacionales y que ya se cuenta con sentencias condenatorias al Estado Mexicano (la primera fue la de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso Rosendo Radilla de noviembre de 2009), se han establecido de manera puntual resoluciones que obligan a corregir la denegación de justicia y la impunidad, con el valor adicional de que en las sentencias mismas se obliga al gobierno a hacer público el proceso de corrección requerido, lo que en consecuencia resalta el deslinde de las responsabilidades personales y de cada uno de los poderes.

En el caso del legislativo, al que le corresponden prácticamente todas las acciones de remediación, se deben registrar con todo detalle, las posiciones, iniciativas y el comportamiento de cada legislador y de su partido, porque hoy en México no se vive un régimen de partido único, sino que se encuentra una distribución del poder entre diversos partidos con intereses y propósitos formalmente diferentes, pero que operan con turbias prácticas de negociación entre ellos y al margen de los intereses populares, incluso cuando han sido explícitamente advertidos de las implicaciones negativas de decisiones que están en curso, como ocurrió en el Senado con la aprobación de la minuta de la Ley de Seguridad. En la agenda de temas de seguridad y justicia destacan numerosas cuestiones que han sido expuestas por el movimiento social, ante los cuales los legisladores y los funcionarios gubernamentales aparentan no conocer los diagnósticos y reclamos de solución reivindicados por el pueblo. Hace apenas unos años se recolectaron y entregaron a la Cámara de Diputados más de dos millones de firmas de ciudadanos opuestos a la privatización de la industria eléctrica que fueron ignoradas. Lo mismo ocurrió con los cientos de miles de amparos solicitados a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por los trabajadores del Estado en contra de las modificaciones regresivas de la ley del ISSSTE.

En el presente, los casos más graves son la represión anti obrera (destacadamente contra electricistas y mineros) encaminada a imponer un nuevo marco de relaciones laborales; las medidas de violencia tanto abierta como encubierta con la que se pretende contener el flujo migratorio de la población, ahora complejizadas por acciones coordinadas en ambos lados de la frontera, y la ominosa amenaza que se cierne sobre los jóvenes estigmatizados con el nada gracioso y sí peyorativo apelativo de “Ninis”, que conlleva la intención, de señalarlos como una de las fuentes principales de delincuencia, o sea criminalizar su condición social de la que no son responsables, sino en todo caso víctimas de las políticas neoliberales instrumentadas en los últimos 30 años.

No podemos dejar de mencionar una serie de asuntos pendientes y de acciones políticas y legislativas en curso que si se abren y se dan las bases para que se empiecen a resolver positivamente pueden ser indicativas de una disposición a abrir las vías de una verdadera procuración e impartición de justicia en el país.

1.- En el caso de los procesos penales en contra de Luis Echeverría y las cincuenta y dos averiguaciones previas concluidas en 2005 que no se han consignado, se requiere que se suspenda el estado de inacción de la PGR y se reactive con toda intensidad la disposición punitiva del Estado respecto a crímenes que se le imputan. Esta nueva disposición debe iniciarse con la aclaración pública de la situación de “libertad bajo las reservas de ley” con la que se le suspendió la prisión domiciliaria a que Echeverría estuvo sujeto durante 2 años por el delito de genocidio. Aunque la libertad bajo reservas de ley, no significa que Luis Echeverría haya sido exonerado, es evidente que se trata de otorgarle impunidad. La complicidad de la propia PGR en esa maniobra, está acreditada por la inacción del Ministerio Publico para presentar como agravios ante el Tribunal de amparo, la supuesta falta de pruebas que incriminaran directamente a Echeverría.

En la lógica particular del litigio han tomado relevancia y actualidad los elementos y pruebas supervinientes de la responsabilidad de Luis Echeverría en delitos contra la salud, en la modalidad de promoción de las drogas para modelar y controlar el comportamiento de los jóvenes, con las evidencias registradas en el llamado “Festival de Avándaro” de septiembre de 1971, apenas tres meses después de la masacre de estudiantes del 10 de junio.

Desde el punto de vista metodológico y doctrinal, resaltan dos promociones judiciales que no han tenido respuesta explícita: El embargo precautorio de todos los bienes de Luis Echeverría para cubrir las indemnizaciones correspondientes a las víctimas de sus acciones criminales, en concordancia con las medidas de la nueva estrategia de combate al crimen organizado, mediante acciones de extinción de dominio y la reapertura del juicio al expresidente, incluyendo en la nueva consignación los cargos por delitos contra la salud, con el reconocimiento del hecho de que si bien es cierto que el narco ha infiltrado las estructuras del Estado, también es cierto que antes el gobierno promovió al narco con el interés político de desmovilizar a la juventud para controlarla.

2.- Desde noviembre del año pasado, conocimos y celebramos la resolución categórica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenando al Estado Mexicano por el caso del desaparecido Rosendo Radilla la cual, incluye una serie de puntos de amplia trascendencia e interés jurídico para los siguientes casos que se están examinando en las mismas instancias internacionales: 10 de Junio de 1971, 2 de Octubre de 1968. Sin embargo, como conocedores de las malas artes de las autoridades mexicanas, antes que festejar anticipadamente y relajarnos por lo logrado en las resoluciones, constituimos junto con otras ocho organizaciones de familiares y víctimas de crímenes de lesa humanidad, el Comité de Seguimiento y Vigilancia de las Resoluciones de la Corte. Nos alienta la advertencia contenida en la resolución de que el Estado Mexicano cuenta con el plazo de un año para informar puntualmente a la Corte los alcances logrados en todos y cada uno de los puntos de la resolución. Pero lamentamos que a tres meses de que se cumpla el plazo establecido, prácticamente no hay nada sustancial de las medidas requeridas para remediar el estado de denegación de justicia prevaleciente. En los tres meses restantes antes de que se cumpla el plazo señalado, la carga de los asuntos pendientes se deberá centrar en el poder legislativo, como espacio idóneo para abordar todo lo conducente, y romper de tajo, hipotéticamente, con el perverso juego de cada uno de los poderes de no asumir las responsabilidades propias.

3.- Leyes de exoneración. De especial significación es el trámite legislativo de la nueva Ley de Seguridad Nacional congelada en la Cámara de Diputados por las numerosas objeciones levantadas en el mismo momento en que en la Cámara de Senadores aprobaban el dictamen correspondiente. La maniobra política de hacer prácticamente una exoneración del ejército por los sucesos del 68 y años posteriores, también se explica por el interés de buscar una exoneración del poder ejecutivo actual, por la utilización del ejército con graves violaciones a la Constitución, –sin marco jurídico explícito en la guerra contra las drogas. Violaciones tales como el dotar de capacidad de decisión y de mando a civiles para la utilización discrecional del ejército y de la Policía Federal por encima del Ejército mismo han estallado haciendo prácticamente imposible restablecer las condiciones para la aprobación de ésta Ley, pero no por ello vamos a dejar de estar atentos del curso de esos propósitos legislativos.

4.- Los puntos anteriores ilustran la enorme complejidad que se tiene para reordenar la vida política del país en un ambiente civilizado, sin la utilización de la violencia como elemento abierto o encubierto para dirimir las diferencias y dar cauce a las demandas populares. En numerosos asuntos de la vida nacional la violencia física, jurídica y procesal, e incluso mediática, está adquiriendo niveles alarmantes. La responsabilidad política general recae en las más altas autoridades. Hoy se mantiene la apariencia de una supuesta vida institucional que sólo se usa para encubrir los crímenes del pasado y preparar las mejores condiciones para favorecerse de los mecanismos de fuerza en las coyunturas presentes y en las luchas políticas que se están librando con especial ferocidad en la perspectiva de las elecciones federales del 2012.

En fin, es enorme la lista de los nuevos agravios de la autoridad y los poderes en contra de la población y sus organizaciones. Habrá que hacer el balance de los casos de las represiones en contra de los pueblos movilizados en torno de la APPO; los agravios en contra del pueblo de Atenco; las familias afectadas en Pasta de Conchos; los niños de la Guardería ABC del IMSS en Hermosillo, Sonora; la agresión y persecución perpetua en contra de las Comunidades Zapatistas; la represión en contra de los Triquis en Copala, Oaxaca; la infinidad de mexicanos inocentes afectados por las acciones militares y de las diversas policías en el transcurso de este fenómeno conocido con el eufemismo “Lucha por la seguridad pública y contra la delincuencia”, donde hay que destacar a los pobladores de Reynosa; los jóvenes acribillados en Ciudad Juárez y en el Tecnológico de Monterrey; niños y familias enteras asesinadas en los retenes militares, etc., ante cuyos casos y los reclamos de justicia de sus familiares y de la población, los poderes de la unión permanecen impávidos, cínicos e irresponsables.

Por todo lo anterior, explicitamos estas consideraciones de balance de la situación política general en los temas que nos conciernen; anunciamos nuestra disposición a ejercer los derechos y obligaciones políticas y morales que tenemos ante la sociedad y nuestro pueblo, y llamamos a todos nuestros compañeros y amigos, a los movimientos sociales actuales a redoblar todos los esfuerzos necesarios para sentar un precedente imperecedero de que los crímenes contra el pueblo se deben castigar con todo rigor para alejar en definitiva el riesgo y la tentación de que esos métodos de gobierno se repitan.

Alto a las políticas económicas genocidas neoliberales

Educación y empleo para los jóvenes

¡2 de Octubre No se Olvida!