Cantaletas

Cantaletas

Sergio Sarmiento
6 Oct. 10. El Norte


"Estoy aquí porque busco justicia, la justicia que el Gobierno nunca quiso aceptar".

Valentina Rosendo


Los hechos son suficientemente graves. El 16 de febrero de 2002, Valentina Rosendo, una indígena de 17 años de edad, fue encarada por ocho soldados armados mientras lavaba ropa en su humilde vivienda de la sierra de Guerrero. Le preguntaron si sabía dónde estaba un encapuchado. Como ella no sabía, los militares empezaron a presionarla hasta que dos de ellos la violaron.

Valentina, como Inés Fernández, otra indígena violada por militares el 22 de marzo, buscó justicia dentro de México, pero siempre se le negó. Bajo la excusa del fuero militar, los soldados que abusaron de las dos fueron protegidos por el Gobierno y el Ejército. Tanto a Valentina como a Inés las autoridades las cuestionaron, las acusaron de mentir. En sus comunidades se les marginó. Valentina cuenta cómo su marido la abandonó y los miembros de su pueblo la hicieron a un lado. En las comunidades indígenas, una mujer violada no vale nada.

Los casos de Valentina e Inés son los más recientes en que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha fallado en contra del Estado mexicano. Fueron precedidos por el de Jorge Castañeda, quien se enfrentó a la legislación electoral que le impidió ser candidato independiente; el de Rosendo Radilla, detenido ilegalmente por el Ejército en Guerrero en 1974 y desaparecido desde entonces; y el de las mujeres cuyos cuerpos sin vida y con signos de tortura fueron abandonados en 2001 en Campo Algodonero, Ciudad Juárez.

La Corte Interamericana no se dedica por lo general a resolver delitos del fuero común en los países del continente. Su intervención sólo tiene lugar cuando el Estado nacional no otorga los instrumentos necesarios a las víctimas para defenderse o buscar justicia. Es lo que ha ocurrido en estos casos.

No todos los soldados mexicanos son criminales. La mayoría es gente del pueblo que respeta al pueblo del que ha surgido. Pero eso no significa que se deba dejar en la impunidad a aquellos que cometen delitos contra los civiles.

La insistencia de los mandos militares en juzgar en el fuero militar a los soldados que delinquen contra civiles ha significado, como lo señalan los casos ventilados en la Corte Interamericana, una simple impunidad. De hecho, se ha llegado al extremo de considerar traidores o criminales a quienes buscan justicia contra los abusos cometidos por militares.

El propio Presidente de la República, Felipe Calderón, ha expresado su exasperación ante quienes se quejan de las violaciones a los derechos humanos por parte de miembros de las fuerzas armadas. En una entrevista radiofónica con Joaquín López Dóriga el 27 de agosto dijo: "Aquí a cada rato vienen a decir que las violaciones a derechos humanos del Ejército, una serie de cantaletas que también ya empiezan a cansar, que no son ciertas, porque se respeta la dignidad de los criminales, y se les pone ante el juez y todo".

Esto no siempre es cierto. Si bien el Ejército cumple con una función valiente y necesaria al suplir las falencias de las policías en la lucha contra el crimen organizado, los soldados a veces cometen delitos. Quizá sea inevitable, pero el Estado mexicano debe tener un sistema que garantice justicia a las víctimas de estas faltas. Hasta el momento el fuero militar ha servido más para ocultar los crímenes que para castigar a los culpables.

Lo que nos dicen los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que son vinculantes para el Estado mexicano, es que estas quejas no son una simple cantaleta.



Los 20

Algunas autoridades y medios supusieron que los 20 michoacanos privados de su libertad en Acapulco el 30 de septiembre tenían necesariamente vínculos con el crimen organizado. Hoy sabemos que eso es falso. Ninguno tenía antecedentes criminales; todos vivían de manera honesta. Como los muchachos de Villas de Salvárcar, no son pandilleros, sino víctimas de criminales.


www.sergiosarmiento.com