Ratifica el Senado al Consejo de Administración de Pemex

MEXICO, D.F., 17 de marzo (apro).- Con el voto en contra del coordinador del PT, Ricardo Monreal, y precedida de una negociación de último momento entre pristas y perredistas, el Senado ratificó y tomó protesta hoy a los cuatro nuevos consejeros profesionales del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Fluvio César Ruiz Alarcón permanecerá en el cargo tres años; Rogelio Gasca Neri, cuatro; Héctor Moreira, cinco, y José Fortunato Alvarez Enríquez, seis años.

Gasca Neri fue impulsado por el PRI; Fortunato Álvarez y Héctor Moreira, por el PAN, y Fluvio César Ruiz, por el PRD.

En tribuna, el coordinador del PT, Ricardo Monreal dijo: "Este es un trámite y, para muchos, una farsa".

Señaló que el movimiento de Andrés Manuel López Obrador se opone a este "reparto" que fue producto de "una negociación cupular", y dijo. "Este es un gobierno de cuates no de capacidades ni talentos".

"Qué lastima que la izquierda mexicana se preste a esta farsa", añadió Monreal, sin mencionar al PRD, cuyo coordinador en el Senado, Carlos Navarrete, avaló y negoció junto con el senador Graco Ramírez la integración de la propuesta.

Por su parte, el priista Francisco Labastida, presidente de la Comisión de Energía, afirmó que Pemex enfrenta una crisis que, entre otras cosas, le hace perder el 22% del gas que produce.

"No podíamos ser irresponsables respecto de la propuesta que nos hicieron. No desconocemos a lo que se enfrentan; no les pedimos que hagan milagros, pero sí que cambien esta tendencia tan negativa que hoy se ve en la empresa", añadió.

A su vez, el senador perredista Graco Ramírez, avaló la decisión y dijo que los legisladores deben asumir sus responsabilidades. Afirmó que Fluvio César Ruiz, no fue colocado ahí para rendir cuentas al PRD, sino por su capacidad técnica.

El artículo 8 de la Ley de Pemex, en vigor desde el 29 de noviembre de 2008, establece que, "en todo caso, la Cámara de Senadores o la Comisión Permanente resolverán en un plazo improrrogable de 30 días a partir de la fecha de presentación de la propuesta".

El doble discurso de un FMI deslegitimado

Eric Tousssaint - Damien Millet

Rebelión

Con la crisis internacional desatada en el verano de 2008, quedaron demolidos todos los dogmas neoliberales, saliendo a luz la superchería que representaban. No pudiendo negar sus fracasos, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (el FMI) pretenden haber abandonado las políticas neoliberales conocidas bajo el nombre de “consenso de Washington”. Aunque desacreditadas, estas dos instituciones aprovechan sin embargo la crisis internacional para volver a ubicarse en el frente de la escena.

Durante décadas, estas instituciones han impuesto por la fuerza medidas de desregulación y programas de ajuste estructural que han conducido invariablemente al impasse actual. Se trata de un real fiasco para el Banco Mundial y el FMI que hoy deben responder por sus actos ante la opinión pública mundial.

Por añadidura, sus previsiones económicas no son fiables: en noviembre de 2008, el FMI pronosticó un crecimiento mundial al 2,2% para 2009, luego lo corrigió al 0,5% en enero, y finalmente estimó, en marzo, que será negativo. En realidad, sus expertos defienden los intereses de los grandes acreedores ante los ciudadanos, cuyos derechos fundamentales cada vez son menos garantizados.

Mientras que la situación económica se deteriora rápidamente, los grandes banqueros del mundo se esfuerzan en dar al FMI desacreditado y deslegitimado el papel del caballero blanco [1] que va a ayudar a los pobres a hacer frente a las devastaciones de esta crisis. Ahora bien lo que sucede es lo contrario. Los principios defendidos por el FMI desde los años ochenta y combatidos por el CADTM desde su creación están todavía vigentes. Los Gobiernos que firman un acuerdo con el FMI para recibir fondos deben aplicar siempre las mismas recetas adulteradas, que degradan aún más las condiciones de vida de las poblaciones.

Bajo la presión del FMI dirigido por Dominique Strauss-Kahn, varios países enfrentados a los efectos de la crisis eligieron como factores de ajuste las rentas de los asalariados y las de los ciudadanos que reciben subsidios sociales. Letonia impuso una reducción del 15% en las rentas de los funcionarios, Hungría les suprimió el 13º mes (después de haber reducido las jubilaciones en el marco de un acuerdo previo) y Rumania está a punto de encaminarse también por esta vía. La poción es tan amarga que algunos Gobiernos vacilan. Por ello Ucrania juzgó recientemente como “inaceptables” las condiciones impuestas por el FMI, en particular, el aumento progresivo de la edad de jubilación y el aumento de las tarifas del alojamiento.

Es hora de denunciar el doble discurso del FMI y de Dominique Strauss-Kahn, que, por una parte, piden a la comunidad internacional aumentar los esfuerzos para lograr objetivos de desarrollo del milenio –ya transformados en objetivos bien poco ambiciosos- y, por otra parte, fuerzan a los Gobiernos a bajar los salarios de sus funcionarios públicos. Se trata de propugnar exactamente lo contrario de una verdadera política destinada a hacer frente a la crisis defendiendo el interés de los que son víctimas.

Para responder a la crisis de los años treinta, el Presidente estadounidense Franklin Delano Roosevelt había sido empujado por la movilización social a reducir el tiempo de trabajo aumentando al mismo tiempo los salarios, las asignaciones sociales y los derechos de los trabajadores, en particular, garantizando el derecho de sindicalización. Con el New Deal, Roosevelt había establecido una reforma fiscal que aumentaba los impuestos sobre el capital. El “socialista” Dominique Strauss-Kahn está bien lejos tener la grandeza de Franklin Roosevelt y sigue, cueste lo que cueste, defendiendo los intereses de los grandes acreedores que lo nombraron para ocupar ese lucrativo puesto [2] .

Una vez más el FMI demuestra que es un dócil instrumento al servicio de los mismos que han provocado la actual crisis financiera. En este período de gran inestabilidad monetaria (como lo muestran las enormes variaciones en la paridad entre el dólar y el euro desde hace un año), el FMI se muestra incapaz de proponer la puesta en marcha de una tasa (o impuesto) del tipo Tobin-Spahn que reduciría las variaciones de las cotizaciones combatiendo la especulación y permitiendo juntar los fondos necesarios para erradicar la pobreza y liberar el desarrollo.

Además, desde su creación en 1944, la obligación de favorecer el pleno empleo figura explícitamente en la Misión del FMI que actúa entonces violando sus propios estatutos.

La crisis financiera y económica mundial destaca el fiasco de la desregulación de los mercados financieros así como también el fracaso del abandono del control sobre los movimientos de capitales, ambos predicados por el FMI. Eso hace indispensable la búsqueda de una nueva arquitectura internacional basada en el Pacto Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966) y sobre la Declaración de las Naciones Unidas sobre el Derecho al Desarrollo (1986). Pero tal lógica no podrá imponerse sin una inversión de las relaciones de fuerza. Si, bajo el empuje de las movilizaciones populares, un número suficiente grande de Gobiernos no establece tal alternativa, el Banco Mundial y el FMI estarán en condiciones de superar su crisis aprovechando la caída de los precios de los productos básicos, para llevar a los países débiles hacia una nueva dependencia de sus créditos, acción cuyo meollo será el objetivo de salvar al sistema en vez de satisfacer criterios humanos y ecológicos.

Por todas las razones mencionadas la única solución aceptable es la abolición del FMI y del Banco Mundial, y su reemplazo por instituciones radicalmente diferentes, centradas en la satisfacción de las necesidades humanas fundamentales.

NOTAS:

[1] En economía, empresa que acude en ayuda de otra que está sufriendo un intento de adquisición hostil (Nota del Traductor).

[2] El salario anual de Dominique Strauss-Kahn alcanza 500.000 dólares (exonerados de impuestos).

Traducido por Guillermo Parodi

Eric Toussaint es presidente del CADTM Bélgica (Comité por la Abolición de la Deuda del Tercer Mundo www.cadtm.org ), autor de El Banco del Sur y la nueva crisis internacional , El Viejo Topo, 2008, 230 páginas (también publicado en 2008 en Ecuador por Abya Yala y en Bolivia por el Observatorio DESC).

Damien Millet es portavoz del CADTM Francia, autor de Africa sin Deuda , Icaria, Barcelona, 2007.

En este aniversario de la expropiación petrolera

MEXICO, DF., 17 de marzo (LA JORNADA).- Andrés Manuel López Obrador encabezará una serie de reuniones en torno a la lucha del Movimiento Nacional en Defensa de la Economía Popular, el Petróleo y la Soberanía Nacional. Este miércoles mitin en el Monumento al General Lázaro Cárdenas en el Eje Central -a las cinco de la tarde-, donde hará un balance respecto a la defensa del petróleo; el sábado encabezará una reunión con los comités municipales del movimiento; y el domingo asamblea nacional en el Zócalo.

El senador Ricardo Monreal explicó hoy por la mañana, al término de una reunión con López Obrador, que el sábado se fijarán los lineamientos para la etapa siguiente del movimiento y del gobierno legítimo a escala nacional. Aseguró que participarán cerca de 15 mil dirigentes. Ellos, como había asegurado López Obrador, organizaran a la gente en municipios y lucharan por la transformación de México.

Monreal explicó que el ex candidato presidencial definirá a través de un discurso los pasos a seguir para la defensa de la economía popular, el petróleo, y una vigilancia estricta de los gobiernos y que será hasta el domingo, en la asamblea nacional en el Zócalo capitalino, cuando exprese públicamente la estrategia a seguir.

“Para nosotros son clave los tres eventos, máxime ahora que se ratificaron los nombramientos de los cuatro consejeros de administración de Pemex. Es una mala señal porque se repartieron cual si fuera un vulgar botín de guerra las tres principales fuerzas políticas: PAN, PRI y PRD”.

Hicieron de los consejeros, insistió, “un botín”, pese a que los designados no son los más idóneos o independientes para esos cargos. Se trató, remarcó, de “un reparto vulgar y faccioso de consejeros y el movimiento nacional está en contra de ese tipo de prácticas muy comunes en el país”.
Los órganos de gobierno, continuó el senador petista, “se están partidizando” y como los de justicia y colegiados se recurre simple y sencillamente “a repartos vergonzantes, mafiosos, del poder”.

Por eso, aseguró, vamos a redefinir nuestra estrategia.
“Estamos muy tranquilos, muy optimistas porque el movimiento está creciendo de manera sostenida”.

ACTIVIDADES DEL FRENTE EN DEFENSA DE LA ECONOMIA POPULAR, EL PETRÓLEO Y LA SOBERANÍA

PROTESTA CONTRA REFORMA AUTORITARIA

Monterrey, N.L. a 17 de marzo de 2009

H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

PRESENTE.-

Los abajo firmantes ciudadanos del Estado de Nuevo León, respetuosamente les manifestamos lo siguiente:

En los últimos años, se han suscitado en el Estado hechos que además de haber enlutado hogares nuevoleoneses, avergüenzan a nuestra comunidad. Durante ese tiempo, tanto el Legislativo, como el Ejecutivo del Estado, permanecieron pasivos y culparon a la delincuencia de los Estados vecinos, de usar al nuestro como una suerte de fosa común.

El esfuerzo por desestimar la gravedad de la situación que ya se vivía, fue más grande que el que se hizo por combatir a la delincuencia que terminó por corroer de tal manera a Nuevo León, que puso en entredicho la capacidad del Estado para mantener el orden y alcanzó el grado de “movimiento” con el bloqueo de avenidas principales de la ciudad de Monterrey, ante la complaciente mirada de las fuerzas de seguridad.

Con los procesos electorales en puerta, este otrora Honorable Congreso ha dado trámite expedito a una propuesta autoritaria, que además de atentar contra la libre manifestación de las ideas, consagrada en el texto constitucional y reconocida por todos los organismos de derechos humanos, pretende ocultar el fondo de los bloqueos y la incapacidad del actual gobierno ante el crimen organizado.

Por su parte, el Ejecutivo Estatal intenta trasladar su responsabilidad de salvaguarda de la seguridad pública a los ciudadanos, mientras mantiene la discrecionalidad de las autoridades para acallar las legítimas manifestaciones del pueblo de Nuevo León.

La reforma al Código Penal recién aprobada, que criminaliza las protestas, forma parte de este corte autoritario que alcanza para acallar a los ciudadanos pacíficos, pero que nada hace para cumplir con el encargo de velar por la seguridad de todos los nuevoleoneses.

El hecho de que dicha iniciativa haya sido presentada por Rodrigo Medina, quien fue el responsable de la seguridad en el Estado y nada hizo mientras duró su encargo, hace sospechosa la celeridad de su aprobación, toda vez que hoy dicho personaje es el candidato del actual gobernador.

Las sospechas crecen cuando Fernando Elizondo, el candidato de Felipe Calderón, desde su cómplice silencio avala la propuesta, lo que nos convence de que son ciertos los rumores acerca de que “arreglos cupulares” habrán de sustituir la voluntad ciudadana.

Es de vital importancia que los Diputados y Diputadas reconsideren su actitud, deroguen las citadas reformas y en aras de salvaguardar el Estado de Derecho, repongan el proceso de la ley que proscribe la libre manifestación de las ideas y en su lugar exhorten al Ejecutivo Estatal a que rinda cuentas sobre su responsabilidad y se comprometa a tomar las medidas de seguridad que sean necesarias para lograr la tranquilidad de las familias de Nuevo León.

Así mismo, debe rendir cuentas por el tiempo que ocupó el cargo quien fue responsable de la Seguridad y la Política Interna de la Entidad en los últimos dos años, pues su labor a todas luces deficiente, no puede quedar ni impune, ni en el olvido.

Estamos ciertos de que los actos vandálicos y la inseguridad que vivimos reclaman la pronta actuación de las autoridades, pero dichas actuaciones deben ser sin menoscabo de la ya de por si mermada seguridad ciudadana, ni mucho menos, con restricciones que atenten contra los derechos consagrados en el texto constitucional.

Hoy más que nunca es la inteligencia la que debe prevalecer. No son las declaraciones lo que detendrá al crimen organizado, mucho menos un endurecimiento del marco punitivo vigente, por el contrario, es el combate a la impunidad, la limpia de los organismos que se suponen de seguridad y una actuación firme pero respetuosa, de las libertades de quienes nada tenemos que ver con el crimen y la delincuencia.

Las declaraciones estridentes en nada contribuyen para mitigar el estado de zozobra que vivimos en Nuevo León, mucho menos lo hace la aprobación de una reforma a la ley que terminará por proscribir hasta las manifestaciones de los ciudadanos por la paz y la seguridad.

Llamamos a los integrantes de la LXXI Legislatura del Estado de Nuevo León, a que enderecen el rumbo y realicen las tareas a las que está llamada a cumplir una verdadera representación popular.

A t e n t a m e n t e.-

Frente Estatal en Defensa de la Economía Popular,

el Petróleo y la Soberanía.

Comisión de Resistencia Civil Pacífica en N.L.

De Oficio de Papel

La guerra perdida de Felipe Calderón

•El silencio del beisbolista Carstens

•AIG, la empresa que apoyó Gil Díaz

Por todos los medios el gobierno federal pretende hacernos creer que la lucha que libra en contra de bandas del narcotráfico es legítima y que la confrontación armada, con todas sus consecuencias, es la única forma de hacerlo. Sin embargo hasta ahora los resultados son catastróficos y diariamente los muertos elevan las estadísticas criminales, aunado a los secuestros, los heridos, los consumidores de drogas y las detenciones.

Pero en esta guerra que libran militares y policías contra cárteles de la droga, también hay bajas de la población civil que, indefensa, observa con temor cómo se reducen sus espacios de libertad y de tránsito, al tiempo que las bandas delincuenciales ganan terreno, por más que el mismo Felipe Calderón diga que el gobierno tiene bajo control todo el territorio nacional.

Para reducir la violencia que mantiene a México como una de la zonas de mayor riesgo del mundo, lo que ha golpeado al sector turístico del país y al ingreso de divisas e inversiones de capitales extranjeros, algunas voces se han pronunciado por la legalización del consumo de droga y otras por la negociación directa con las bandas del narcotráfico, a fin de pactar la producción y el transporte de estupefacientes hacia territorio estadounidense, sin que ello ocasione más muertes en el país. A esto la respuesta ha sido inmediata y unánime del gabinete, en el sentido de que el gobierno calderonista no negociará con delincuentes, como se hizo en el pasado, llámese Vicente Fox, Ernesto Zedillo, Carlos Salinas y otros expresidentes. Tampoco, dice, se legalizará el consumo.

Sin embargo hay muchas dudas sobre las verdaderas intenciones presidenciales para mantener la extrema violencia en las calles, en donde lo mismo mueren narcotraficantes, policías y militares, así como personas inocentes que cruzan en el momento menos oportuno por calles y avenidas de todo el país. Y ello tienen que ver con la enorme corrupción que hay en los cuerpos de seguridad y justicia, así como en las áreas administrativas y de operación de las secretarías de Estado o empresas paraestatales como Pemex. Esto es lo que ha permitido que cualquier área de gobierno sea infiltrada por el crimen organizado y así se allega información a todos los niveles, lo que hace imposible acabar con él y su red de corrupción y complicidad.

Entre los últimos mensajes relevantes que envió Felipe Calderón a la nación de que su gobierno sería omiso para combatir la corrupción y además la fomentaría, fue el caso de los contratos que el exsecretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, firmó con la paraestatal Petróleos Mexicanos, en su dualidad de empresario-servidor público, en donde el presidente no sólo no retiró del cargo a quien consideraba su hombre para sustituirlo en Los Pinos, sino que lo alentó para continuar impunemente bajo un manto protector presidencial, enviando así un mensaje equivocado a la población en el sentido de que cualquier funcionario público puede hacer negocios con el gobierno aún cuando sea la misma área en donde labora, sin importar que con ello viole leyes y reglamentos que lo impiden.

Entonces la principal lucha que debería encabezar Felipe Calderón es en contra de funcionarios corruptos, que los hay en todas las áreas de gobierno, e impedir así la infiltración del crimen organizado en las distintas entidades públicas, desde donde se sienten seguros para controlar el país.

De tal manera que no es mediante la fuerza pública, incluidas las fuerzas armadas, las que deben de tomar las calles para enfrentarse a balazos con sicarios y delincuentes que están dispuestos a morir, porque tienen garantizados sus funerales y la ayuda económica a sus familias, mientras que policías y soldados esperan con miedo el siguiente ataque sin mayor protección que su habilidad y suerte.

Otro dato inequívoco de la falta de voluntad del gobierno federal para combatir a fondo el problema del crimen organizado, es su negativa a investigar el dinero sucio que se genera con las actividades ilícitas, pues ninguna autoridad pretende siquiera molestar a las instituciones financieras y bancarias, en su mayoría extranjeras, que por excelencia son los principales centros de lavado de dinero en el mundo.

Si se intentara quebrar las estructuras delincuenciales, es precisamente pegándoles en el manejo de los recursos económicos como el gobierno podría realmente mermar a las bandas del crimen organizado, pues sin dinero les sería imposible contratar a más personal dispuesto a arriesgar su vida a cambio de unos cuantos dólares. Lo mismo sucedería con la compra de estupefacientes a países de centro y Sudamérica, el pago a transportistas y el soborno a funcionarios y policías corruptos en ambos lados de la frontera. Sin estos recursos, el narcotráfico realmente se vería afectado, y no como se piensa que deteniendo a unos cuantos sicarios y operadores podrán terminarlo.

Calderón se ha mostrado escandalizado porque, según él, la revista Forbes ha hecho apología del delito al incluir en sus listas de los hombres más ricos del mundo, algunos de los cuales, si no es que todos, deberían ser investigados por delitos de cuello blanco, al narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, quien se ha convertido en el principal jefe del tráfico de drogas que se consumen en Estados Unidos.

Es ahí en donde Calderón quiere presume carácter contestando al gobierno de Estados Unidos que es corresponsable de la violencia en México, al mantener el principal mercado de consumo de drogas, pero ante ello ha sido sumiso y obediente a las directrices que le dictan desde Washington, mientras que su gobierno prefiere poner su territorio y los muertos para que sea aquí en donde se libre la guerra que todos sabemos ya tiene perdida.

Las violaciones de la banca extranjera

En esta semana que inicia, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá dar a conocer la posición del gobierno federal sobre la banca extranjera en México que ha incurrido en violaciones a la Ley de Instituciones Crédito. El anuncio debería presentarse antes del 19 de marzo, la fecha que han marcado los banqueros del país para reunirse en su cónclave anual en el puerto de Acapulco. De otra forma, fuera del lugar – como sucedió con su reciente aparición en un campo de beisbol, el titular de Hacienda, Agustín Carstens, tendrá que ofrecer una explicación a la opinión pública del silencio que guarda la dependencia a su cargo respecto del control que ejerce el Departamento del Tesoro en el capital de Citibank y, por lo tanto, de Banamex.

El gobierno federal tendría que hablar públicamente sobre lo que seguramente ya ha conversado en privado con las autoridades del gobierno estadounidense. No se trata de un asunto sencillo. Es necesario conceder al menos eso al gobierno de Felipe Calderón. Sin embargo, se necesita experiencia para administrar una situación que, por primera vez en el sector financiero, colocarían a México con una ventaja frente a los estadounidenses.

Aquí en México uno de los principales bancos estadounidenses opera la subsidiaria que se ha convertido en la joya de la corona de sus ingresos. Además, el gobierno mexicano tiene en sus manos la oportunidad de exigir que se cumpla la ley y propiciar la venta de Banamex. Pero no sólo se trata de Banamex. Ahora resulta que la aseguradora estadounidense AIG, que también ha recibido recursos millonarios en un intento por salvar a millones de hipotecas que dependen de ella en Estados Unidos, pues se trata de la compañía que garantizó préstamos a la vivienda para su colocación como deuda en los mercados de valores, se enfrenta a la misma situación irregular que Citi.

La Ley General de Instituciones de Seguros y Sociedades mutualistas también sanciona que un gobierno extranjero participe en el capital de una compañía aseguradora con operaciones en México. AIG, igual que Citigroup, podría constituir un fideicomiso con acciones de tipo neutro para salvar buscar regularizar la posición accionaria del gobierno federal, derivada de la capitalización de sus operaciones. Se trata de lo que algunos juristas califican como simulación, pero que en estricto sentido podría ayudar a salvar este problema legal en el que la crisis ha colocado a los gigantes de sus sistemas financiero que han extendido sus operaciones a México.

AIG ha recibido del gobierno estadounidense poco más de 180 mil millones de dólares. Respecto a los negocios que abrió AIG en México, vale la pena recordar que, gracias a la intermediación de la Secretaría de Hacienda en la época de Francisco Gil Díaz, esta aseguradora buscó participar en el mercado de las hipotecas mexicanas cuando arrancó el mercado de certificados bursátiles.

Hoy, por supuesto, es la principal empresa que ofrece el Seguro de Crédito a la Vivienda, cuyo componente se incluye en casi cada préstamo hipotecario que se autoriza en el país y que ha sido parte de una emisión de deuda. Entre los directivos de AIG figuran desde 2004 exdirectivos de Banamex y Bancomer, especializados en el mercado de riesgos, que conocen la profundidad del mercado de hipotecas. Su principal cliente ha sido la Sociedad Hipotecaria Federal a cargo de Javier Gavito. Hoy directivos como Octavio Figueroa rinden cuenta de sus operaciones en México al Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Fue apenas en octubre de 2008 cuando AIG United aprobó iniciar sus operaciones en México luego de que la SHCP le otorgó la licencia para operar como aseguradora de créditos hipotecarios. Sin embargo, desde 2005 y 2006, AIG recibió el respaldo de Hacienda para ofrecer este tipo de productos.

oficiodepapel@contralinea.com.mx
oficiodepapel@yahoo.com.mx

Título:		Programa Discrepancias
Fecha:		martes 17 marzo 2009
Hora:		8:00 PM - 9:00 PM
Repeticiones:		Este evento se repite todas las semanas.
:
Ubicación:		Radio UNAM, 860 Khz, en AM
Calle:		Tambien por Internet: http://www.radiounam.unam.mx
Notas:		***Para romper el cerco informativo*** Programa de análisis conducido por Miguel Ángel Velázquez y Nora Patricia Jara. 55368989 con 4 Lineas 01 800 505 2688 desde el interior del país sin costo Correo de Voz 562 33281

México y EU: la guerra del “otro”

Acentos

Ricardo Monreal Ávila

• 2009-03-17•Acentos

El TLC abrió una década de relativa amistad y entendimiento entre México y Estados Unidos (1994-2003). Sin embargo, dos guerras sucesivas han terminando por contaminar la relación y abrir más la brecha del desencuentro y la distancia entre ambos países: la guerra en Irak iniciada por EU y a la que no quiso sumarse México, y la guerra contra las drogas declarada por el gobierno de México en su territorio y a la que no quiere apoyar Estados Unidos, sino manejarla directamente.

El TLC, a pesar de sus enormes asimetrías y costos para el mercado interno mexicano, obligó a la comprensión de los problemas y padecimientos del “otro”, que se convirtieron en problemas y padecimientos “nuestros”. Mal que bien dejamos de ser “vecinos distantes” para convertirnos en algo parecido a socios y amigos cercanos.

Sin embargo, la luna de miel terminó con la “guerra de Irak”. La mayoría de la sociedad mexicana tenía muy claros los motivos de esa aventura bélica y el rechazo a la misma: “EU quiere el petróleo de Irak, los terroristas son el pretexto y nosotros no debemos apoyar esa injerencia; no es nuestra guerra, es la guerra de ellos; más aún, es la guerra del señor Bush”. Entre los contados aciertos del gobierno de Fox estaría precisamente la negativa de sumar a México a esa aventura y el rechazo a enviar tropas nacionales a ese Vietnam de medio oriente que fue Irak.

La guerra de Irak sacó a México de los radares de Washington. Volvimos a la condición de “el patio de atrás”. La agenda diplomática y económica de México no avanzó un centímetro; el tema migratorio se pudrió y China nos desplazó como el principal socio comercial de Estados Unidos. La crisis económica estadunidense (originada en gran medida en el hoyo fiscal que significó la guerra en Irak) terminó por amurallar al imperio herido y distanciarlo de su vecino del sur.

En este contexto de deterioro funcional de la relación bilateral, el gobierno de Felipe Calderón inicia su propia guerra, no contra un enemigo externo, sino contra una amenaza para la seguridad nacional y pública: el narcotráfico. Al igual que la de Irak, la guerra mexicana contra las drogas tenía una clara veta política: la gente quería ver a sus gobernantes en acción y, por tanto, apoyaron la guerra en sus inicios. Cada uno por su lado, los gobiernos vieron en esta urgencia social una fuente de legitimidad. Bush y Calderón venían de sendas elecciones controvertidas, de accidentados pasos iniciales de gobierno y ambos vieron en las flechas de Marte una tabla de salvación, no la espada de Damócles con la que al final se encontraron.

Ambas guerras comparten además otras similitudes: malos diagnósticos, estrategias deficientes, altos costos fiscales y la desesperación social. Para la mayoría de los mexicanos, la guerra contra las drogas la está perdiendo el gobierno, como en su momento fue evidente para la mayoría de los estadunidenses la impronta bélica en Irak.

Para el gobierno estadunidense, la guerra contra las drogas es la guerra del “otro”, no es “nuestra” guerra. Si hay poderosos carteles de la droga es por “la corrupción de ellos”, no por el consumo en EU. Si hay armas estadunidenses en territorio mexicano es por la complicidad de “sus aduanas”, no por la libertad constitucional que tienen los ciudadanos de EU para comprarlas y venderlas. Si hay violencia en la frontera, es por la incompetencia de las autoridades mexicanas, no por la incomprensión de las autoridades de la Unión Americana.

Así como en los ataques terroristas del 11/S nos solidarizamos con el pueblo y el gobierno estadunidense por tal felonía, pero no apoyamos la solución bélica en Irak; así el gobierno de EU reconoce ahora la valentía y la decisión de Felipe Calderón de combatir el narcotráfico, pero no comparte “su” estrategia de guerra, centrada exclusivamente en la contención militar y policial, y duda de sus resultados. Al igual que muchos mexicanos, al parecer la administración Obama tampoco cree en el elefante “cazarratones” ni en el exterminio de un avispero a base de escobazos o escopetazos.

El gobierno mexicano debe modificar su ineficaz estrategia en la guerra que libra contra el crimen organizado, antes de que EU haga “suya” esa amenaza contra la seguridad y la salud de los estadunidenses. En cuanto Washington diga “esta guerra sí es nuestra guerra”, el gobierno mexicano perderá el último reducto de soberanía que aún conserva: la facultad estatal para garantizar la seguridad nacional y pública de sus ciudadanos. ¿O será este resultado lo que verdaderamente busca el actual gobierno?

ricardo_monreal_avila@yahoo.com.mx

Mexico-EU: ¡¿guerra comercial?!

A Puerta Cerrada

Marcela Gómez Zalce

• Escalada del tira-tira bilateral
• TLCAN…

Tarde o temprano una guerra comercial, mi estimado, se convierte en una guerra mortífera. Mientras las lacritas amarillas se consagran con sus distintivos chuchineros en su pasada elección interna, donde esos chuchos de la nueva izquierda (con minúsculas) comienzan a sentir lo duro y tupido de desfilar en la navaja de la incongruencia política, el (des)gobierno de Felipe CalderónBarack Obama con relación al célebre TLCAN... activa el segundo frente contra el gobierno de

Que, como le hemos reiterado en este irreverente espacio, my friend, es uno de los simpáticos puntos en la agenda de promesas de campaña del inquilino de la Casa Blanca, a raíz de la gran crisis económica que enfrenta no sólo su administración, sino el mundo entero.

Hace unos días Obama promulgó la ley de gastos del año fiscal 2009, y en una de sus divertidas disposiciones bloqueó los fondos federales para el programa piloto de acceso a Estados Unidos de los camiones mexicanos, que se había puesto en vigor después de una serie de atractivos jaloneos bilaterales por parte del gobierno de George W. Bush, para así cumplir con las obligaciones suscritas en el mentado Tratado, que lo establecía desde 1995.

El maravilloso meollo, amable lector, es que los Teamsters —uno de los sindicatos de transportistas que junto a los USW (ambos, by the way, substanciales aliados de Napoleón Gómez Urrutia en su lucha contra los atropellos de Grupo México de Germán Larrea y las complicidades del (des)gobierno federal)—, ha sido desde siempre la piedra en el zapato del acuerdo de libre comercio que doblegó a Bill Clinton, obligándolo a incumplir la maravillosa cláusula para la entrada de los camiones mexicanos que, según el poderoso sindicato estadunidense, le quita oportunidades de trabajo, entre otras cosas, a sus transportistas.

Hoy, ante la peligrosa crisis económica y sus devastadores índices en el desempleo, ObamaFelipe a Washington, el vocero de la Casa Blanca, Robert Gibbs, with a low diplomatic hit, enfatizó que se había abordado el tema del TLCAN en sus rubros ambientales y laborales y que, con la pena amigous, pero ambos serían pasados a la báscula, yes? nuevamente envía señales de que el TLCAN será revisado. Recuerde que hace algunas lunas y justo en la deslucida visita de

Días después del anuncio de Obama —que evidentemente está incrustado en la agenda económica de los poderosos sindicatos—, el achispado secretario de Economía, Gerardo Ruiz Mateos, aventó uno de sus ilustres y reconocidos discursos acusando recibo del tubazo proteccionista estadunidense (sin tomar en cuenta que en la complejidad del problema hay resistencias e intereses de las agrupaciones de transportistas mexicanos para que transiten por territorio nacional los camiones norteamericanos), y advirtiendo que México aplicará un incremento de aranceles a cerca de 90 productos industriales y agrícolas en represalia por la cancelación del sugerente programa piloto.

Luego entonces, Estados Unidos respondió que se va a proponer una nueva legislación (which could take a hell of a fucking time) para este controvertido tema —que implica muchos billetes que, con lo sucedido en la Iniciativa Mérida no están, digamos, muy receptivos en los desembolsos–, y que ya encarrerados, se trabajará con los mexicanos para encarar las obligaciones del TLCAN… en donde tarde o temprano saldrán los temas ambiental y laboral.

Acto seguido, México reculó, perdón, replanteó que la delicada represalia no incluiría al arroz, frijol y trigo porque son productos sensibles para los mexicanos.

Todo el tira-tira bilateral aderezado además con las declaraciones de Germán Martínez desde Aguascalientes escupiendo que el PAN —partido en el poder (del no poder)— le reprochará a Hillary Clinton en su próxima visita lo que llaman como una campaña de desprestigio vs el (des)gobierno de Calderón, orquestada por la otra guerra, la de señalamientos, acusaciones e innegables evidencias sobre el descontrolado tsunami de violencia que vulnera ya la seguridad nacional de ambos países.

El auténtico desmadre de la histérica incontinencia verbal federal continúa por el camino del yo acuso, sin que tercie prudencia, sensatez y oficio de por medio. Y las consecuencias, my friend, no tardan en aflorar ante la falta de propuestas y estrategias. Porque cuando se agote el sonsonete del discursito nacionalista, la peligrosa realidad terminará por dimensionar el contexto y colocar a cada quien en su lugar.

Arriba a penal del Altiplano comisión por la libertad para Atenco; le impiden ver a presos

Víctor Ballinas e Israel Dávila

Enviado y corresponsal

Almoloya de Juárez, Méx., 16 de marzo. Hasta el penal del Altiplano, ubicado en este municipio, llegaron los integrantes de la campaña nacional e internacional Libertad y Justicia para Atenco, entre ellos el obispo Raúl Vera, el padre Miguel Concha y el actor Daniel Giménez Cacho, así como algunas organizaciones sociales y civiles, en demanda de libertad para Ignacio del Valle, Felipe Álvarez, Héctor Galindo y 12 presos políticos más.

A los manifestantes no se les permitió entrevistarse con los atenquenses presos.

El obispo Raúl Vera, el padre Miguel Concha, el abogado Leonel Rivero y el diputado Antonio Almazán, quienes llegaron en la caravana que partió desde las cinco de la mañana desde San Salvador Atenco e hizo escala en el Monumento a la Revolución, en el Distrito Federal, para arribar a este penal, ingresaron en la comisión para intentar entrevistarse con los detenidos. La petición de visita les fue negada, con el único argumento de que había alerta máxima para esos detenidos.

Ingresaron al penal y después de media hora fueron recibidos por la directora, Jessica Abigail Landeros Pelayo, y por un criminólogo de nombre José Antonio Contreras. A ellos la comisión les dio a conocer el emplazamiento a la Secretaría de Gobernación para que a más tardar el 3 de mayo de este año sean trasladados a otros penales Ignacio del Valle, Felipe Álvarez y Héctor Galindo, para que sea más fácil el proceso de su defensa y su liberación.

En conferencia de prensa, integrantes de la comisión manifestaron que se dio a conocer a la directora del penal que dichos presos están ahí por motivos políticos, que el sistema de justicia se ha utilizado en contra de ellos en forma facciosa, que no son delincuentes ni han cometido delito alguno, y que son integrantes de un movimiento en defensa de la tierra.

El padre Miguel Concha dio lectura al emplazamiento a la Secretaría de Gobernación para que a la brevedad se reúna con los familiares y los abogados de los detenidos, y con las autoridades del gobierno del estado de México para facilitar el traslado de los reos a otros penales, ya que no son presos de alta peligrosidad.

En tanto, el obispo Raúl Vera, también en la conferencia, señaló: no nos dieron ninguna explicación de por qué no se nos permitió la visita. Les pusimos muy en claro que veníamos a visitar a los detenidos de San Salvador Atenco, pero ellos no salieron de su argumento de que había alerta máxima.

Indicó que se insistió a los directivos del penal en que los tres detenidos ahí por los hechos de San Salvador Atenco, el 3 y 4 de mayo de 2006, “no reúnen el perfil de ‘peligrosos’, y que están ahí por cuestiones políticas, pero no aceptaron nada”.

El diputado Antonio Almazán señaló también que las autoridades penitenciarias son cómplices por tener presos a inocentes.

Daniel Giménez Cacho, miembro del Comité de Libertad y Justicia para Atenco, llamó a continuar la lucha por la defensa de la legalidad; no podemos dejar que las cosas continúen como están, que los gobernantes manejen las leyes a su antojo.

Tendrá problemas para adquirir agua 50% de la población global

Advierten sobre efectos negativos de que industriales tengan el control de ese recurso

Policías turcos se enfrentaron ayer a manifestantes que protestaban contra el inicio del Foro Mundial del Agua. Según reportes de autoridades, 17 personas fueron arrestadas. Foto Reuters.

AFP.
Estambul, 16 de marzo. El quinto Foro Mundial del Agua fue inaugurado ayer en esta ciudad para dar respuesta a la escasez de ese recurso por el crecimiento de la población, el derroche, el consumo extravagante y el incremento de la necesidad de energía.

El encuentro, de una semana, tiene lugar cada tres años, y en esta ocasión reúne un número de participantes nunca visto: 28 mil personas de más de 180 países, según los organizadores.

Nuestro comportamiento es cada vez más irreflexivo e inconsecuente, denunció en el acto inaugural el francés Loïc Fauchon, presidente del Consejo Mundial del Agua, que convoca a la reunión.

Aumentar indefinidamente la oferta del líquido resulta caro en el actual contexto de crisis financiera global. Incrementarla pone en peligro el medio ambiente, explicó.

Somos responsables de las agresiones contra ese recurso, de los cambios globales y de las situaciones que reducen la disponibilidad de agua dulce, indispensable para la supervivencia de la humanidad, abundó.

La población mundial, que actualmente asciende a más de 6 mil 500 millones de personas, podría llegar a 9 mil millones a mediados de este siglo. A ese ritmo de crecimiento la demanda del líquido crecerá en 64 mil millones de metros cúbicos al año, según la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la cantidad de personas con graves problemas para conseguir agua se elevará a 3 mil 900 millones en 2030, es decir, la mitad de la población del mundo. La mayoría vive en China y el sur de Asia.

Las cuentas de la OCDE no incluyen el impacto del cambio climático, que podría estar ya modificando el lugar y el momento en que caen lluvias y nevadas, según algunos expertos.

Cerca de 2 mil 500 millones de personas no tienen acceso a una higiene decente, lo cual va en contra de lo que buscaban los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU.

Los especialistas sostienen que algunas causas de esa crisis son la irrigación excesiva, las fugas en el suministro urbano, la contaminación de los ríos y la extracción desefrenada de cualquier fuente.

El foro comienza con una minicumbre, en la que participa un pequeño número de jefes de Estado y de gobierno invitados por autoridades de Turquía.

También tiene lugar una reunión ministerial, de mayores proporciones, que busca esbozar las formas para una mejor gestión del agua y para la resolución de conflictos motivados por los recursos hídricos.

Tenemos que organizarnos para usar el líquido de manera sostenible. Necesitamos sistemas para gobernar el agua, dijo Mark Smith, del grupo ecologista Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.

Además de ecologistas, especialistas y políticos, participan algunos protagonistas del multimillonario negocio de la industria del agua.

Cada año se requieren entre 92 mil 400 millones y 148 mil millones de dólares para construir y mantener los sistemas de abastecimiento, riego y saneamiento, según el Informe mundial de desarrollo del agua, publicado antes de este foro.

Sólo China y los países desarrollados de Asia necesitan entre 38 mil 200 y 51 mil 400 millones de dólares al año.

Cómo se negocia la inversión y cómo supervisar la gestión de las compañías que se dedican a ello son dos de las grandes retos de la conferencia.

Aquellos que sufren los aspectos negativos del control empresarial del líquido, como alzas de precios, cortes de suministro o escasez, están profundamente afectados, resaltó Mark Hayes, de la organización Responsabilidad Empresarial Internacional.

Sin embargo, esa gente sedienta no tiene voz en estos encuentros, lamentó.

Autoridades criminalizan la libertad de expresión

• Denuncia penal de Segob contra integrantes de la radio comunitaria Tierra y Libertad de Monterrey, Nuevo León.
• El castigo puede ser la cárcel, se criminaliza la libertad de expresión.

México D.F., 12 de marzo de 2009.- Las organizaciones firmantes manifestamos nuestro más profundo rechazo y preocupación ante la denuncia penal que interpuso la Secretaría de Gobernación a través de su Unidad de Asuntos Jurídicos en contra de los integrantes de la emisora comunitaria Tierra y Libertad de Monterrey, Nuevo León, mediante la utilización de la Ley General de Bienes Nacionales que implica castigo de cárcel hasta por 12 años y multa de aproximadamente 15 millones de pesos.

El día de hoy fue llamado a comparecer ante la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra el Ambiente y Previstos en Leyes Especiales de la Procuraduría General de la República, Héctor Camero, integrante de la comunidad Tierra y Libertad, la cual tiene una larga trayectoria en la defensa de los derechos de los trabajadores. La determinación del ministerio público fue cambiar su situación de testigo a indiciado, de acuerdo a la averiguación previa 83/UEIDAPLE/2008.

La comunidad Tierra y Libertad instaló una radio comunitaria que operaba desde hace siete años para dotar de información sobre servicios, derechos humanos, salud y asesoría jurídica civil, entre otros temas. Solicitaron formalmente el permiso ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes desde el 2002, lo cual ratifica la voluntad de legalidad de la emisora. El 6 de junio de 2008 la radio fue cerrada de manera violenta por más de 120 elementos de la Policía Federal Preventiva, sin que se observara un debido proceso, tal como que el ministerio público que atestiguó los hechos, se negara a dejarles copia de la orden de cateo, así como del acta administrativa que están obligadas las autoridades a realizar.

La utilización de la vía penal, en lugar de la vía administrativa que marca la ley especial en la materia, la ley federal de radio y televisión, muestra un endurecimiento y el inicio de una política más represiva y persecutoria en contra de las emisoras comunitarias en el país y es un grave retroceso en materia de derechos humanos. Esta persecución penal en contra de integrantes de la radio comunitaria constituye un agravio a sus derechos y una forma de inhibir el ejercicio del derecho a la comunicación de una comunidad marginal de Monterrey, la utilización de la legislación penal resulta excesiva, desproporcional e innecesaria para los fines que se buscan dado que existen otros medios tales como los administrativos.

La libertad de expresión no debe estar enmarcada en el ámbito de la justicia penal. Criminalizar la libertad de expresión y el acceso a la información de lo ciudadanía es un grave atentado contra el Estado Democrático de Derecho, conforme lo establece la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Iniciar procedimientos penales en contra de quienes ejercen su derecho constitucional a la libertad de expresión es criminalizar el ejercicio de una prerrogativa fundamental que tiene todo ser humano.

La denuncia penal en contra de los integrantes de esta emisora es contraria a la racionalidad de los medios que debe emplear el Estado para la utilización de las leyes, a lo largo de estos años las radios comunitarias han demostrado su vocación de legalidad, sin embargo, el actual marco normativo, así como los requisitos que se les piden a las comunidades para poder acceder a frecuencias son excesivos e inequitativos, y aún cuando logran cumplirlos las autoridades o no contestan a las peticiones o establecen trabas técnicas para impedir que obtengan sus permisos de operación. Las autoridades dicen que no tienen capacidad de respuesta ante tantas peticiones de permisos, pero si muestran una gran capacidad para implementar medidas de represión en contra de las comunidades en mayor situación de vulnerabilidad donde operan las radios comunitarias.

De seguir esta misma política de la vía penal para aquellas emisoras comunitarias que aún no cuentan con el permiso, entonces las cárceles pronto estarán llenas de indígenas, campesinos y jóvenes marginales de las ciudades, por ejercer su libertad de expresión, pues existen en el país más de 200 radios comunitarias que claman porque el Estado mexicano les reconozca su derecho a comunicar. Las autoridades en lugar de invertir una gran cantidad de recursos públicos para reprimir a las comunidades más vulnerables del país, deberían invertirlos en la solución de fondo a este problema, garantizar el ejercicio pleno de la libertad de expresión y cumplir con sus obligaciones para el respeto a los derechos humanos, por lo que exigimos:

1. Que el Ejecutivo cumpla con la obligación establecida en el Plan Nacional de Derechos Humanos de reconocer a los medios comunitarios y establecer acciones para su fortalecimiento, de acuerdo a los estándares internacionales, mediante la facultad que tiene de emitir decretos y proponer leyes al Congreso.
2. Cesar de inmediato la persecución en contra de las radios comunitarias en el país y establecer un plan de regularización para que operen dentro del marco de la ley y en apego a sus derechos.
3. Cumplir con la recomendación que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le ha hecho al Estado mexicano para legislar en materia de medios comunitarios

Las organizaciones internacionales que defienden el derecho a la libertad de expresión como Artículo 19 y Reporteros Sin Fronteras, así como organizaciones nacionales que defienden los derechos humanos tales como la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria y la Red de Organizaciones Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todos y Todas”, acompañaron a Héctor Camero, miembro de la comunidad Tierra y Libertad al citatorio que hizo el ministerio público por la acusación que hizo la Segob por el delito de uso, explotación y aprovechamiento de un Bien Nacional sin el permiso correspondiente.

Guerrero, “licencia para matar”

En Guerrero, “hay licencia para matar a indígenas organizados, bajo el supuesto de que están vinculados a grupos armados. Así el Estado justifica la barbarie”.

Gloria Muñoz en Ojarasca | La Jornada | Hoy 17:02 | 26 lecturas

Un clima de violencia en el que se cruzan la delincuencia organizada, el narcotráfico, la militarización y la represión institucional contra las organizaciones indígenas que reivindican sus derechos colectivos en Guerrero, fue el marco en el que se produjeron los asesinatos no esclarecidos de los luchadores mixtecos Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, presidente y secretario de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM).

En Guerrero, denuncia Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, “hay licencia para matar a indígenas organizados, bajo el supuesto de que están vinculados a grupos armados. Así el Estado justifica la barbarie”.

En los últimos cuatro años, señala Barrera Hernández, “han querido hacernos creer que con el gobierno de Zeferino Torreblanca, emanado del Partido de la Revolución Democrática (PRD), las cosas serían distintas, pero las prácticas que se instalaron con la guerra sucia continúan, igual que las estructuras caciquiles regionales a las que ahora se añade la delincuencia organizada y el narcotráfico, configurando un ambiente de mayor violencia con una población inerme ante los grupos que la ejercen”.

El gobierno de Torreblanca mantiene la visión de que los luchadores sociales son “lucradores sociales”, argumento que utiliza para castigar a los movimientos en un estado habitado por un pueblo empobrecido pero “que no se pone de rodillas, se organiza y lucha por sus derechos. Un pueblo heroico forjado en la sierra y en la montaña”, como lo describe Abel Barrera.

Las luchas actuales en Guerrero, como las que protagonizan los ecologistas de Petatlán, la Policía Comunitaria de la Montaña y la Costa Chica, los opositores a la construcción de la presa La Parota, los estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa o los miembros del Consejo Regional para el Desarrollo del Pueblo Indígena Me’ Phaa, entre muchas otras, han te­nido como respuesta la represión oculta o descarada.

El centro Tlachinollan documentó en su informe del 2008 las violaciones a los derechos humanos que confirman que en Guerrero la resistencia tiene un precio y que “por cada paso que dan los pueblos indígenas para avanzar en el camino de su dignidad, el gobierno se les adelanta diez pasos más para reprimirlos y encarcelarlos”. Tan sólo en un año (de junio de 2007 a mayo del 2008) el gobierno estatal emprendió 201 acciones penales contra líderes sociales.

Una de las experiencias de autonomía indígena más notables en todo el país es la Policía Comunitaria de la Costa Chica y La Montaña de Guerrero, proyecto de procuración e impartición de justicia conforme a usos y costumbres indígenas que ha logrado frenar la delincuencia en una región en la que los maleantes actúan coludidos con las autoridades municipales y estatales. Este eficiente ejercicio autonómico los tiene bajo amenaza permanente. Actualmente hay 38 órdenes de aprehensión en su contra.

Una lucha tenaz por la defensa del territorio la protagoniza el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Parota (CECOP), movimiento que lucha contra la construcción de una presa que afectaría 17 mil 300 hectáreas y provocaría el desplazamiento de 25 mil campesinos. La respuesta del gobierno ha sido la detención de seis de sus dirigentes, quienes desde el 2004 siguen procesados. La construcción está parada.

En junio del 2007 los estudiantes y egresados de la Escuela Normal de Ayotzinapa iniciaron un movimiento en defensa de la educación pública, exigiendo que la Secretaría de Educación en Guerrero garantice su derecho al trabajo con la creación de nuevas plazas en educación primaria. En la protesta los estudiantes tomaron casetas de cobro y edificios públicos y el 30 de noviembre de 2007 fueron detenidos y salvajemente golpeados en la caseta de La Venta, en la Autopista del Sol. El saldo fue de 56 personas detenidas y 28 sujetas a proceso.

Habitantes de 28 comunidades me´phaa de los municipios de Atlamajalcingo del Monte, Metlatónoc y Tlapa de Comonfort, se constituyeron como Consejo Regional para el Desarrollo del Pueblo Me´phaa de la variante lingüística bátháá con el fin de reivindicar el derecho a la educación en su variante lingüística y el desarrollo de sus pueblos. La intimidación y 17 órdenes de aprehensión en su contra ha sido la respuesta oficial.

La autonomía del pueblo amuzgo ha sido reivindicada por las autoridades tradicionales de Xochistlahuaca, derecho que les ha costado casi diez años de represión. En diciembre de 2004 nace en este municipio autónomo Radio Ñomndaa, La Palabra del Agua, para difundir su cultura, sus costumbres y tradiciones en su propia lengua, además de fomentar la unidad entre los pueblos de la región. El gobierno reaccionó a este proyecto autogestivo con amenazas, hostigamiento constante y 11 órdenes de aprehensión en contra de sus miembros.

De acuerdo al informe más reciente del centro de derechos humanos Tlachinollan, la Organización del Pueblo Indígena Me´phaa (OPIM) es “la más perseguida y hostigada por el ejército, la policía y la autoridad municipal de Ayutla de los Libres”. La OPIM es una organización hermana de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM), a la que pertenecían Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, ejecutados extrajudicialmente en febrero de este año, en lo que, afirma Tlachinollan, “es un crimen de Estado”. La OPIM y la OFPM habían denunciado abusos militares y policiacos, además de exigir justicia para dos indígenas violadas por soldados del ejército, así como indemnizaciones para las mujeres esterilizadas bajo engaños por la Secretaria de Salud.

Otras organizaciones indígenas víctimas de la represión en Guerrero son la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero, conformada por 30 organizaciones sociales y gremiales del estado; la Asamblea Permanente del Ejido de Carrizalillo, que se enfrentó a la minera canadiense Goldcorp Inc y al gobierno estatal para exigir un precio justo por la renta de sus tierras; el Consejo Ciudadano de Chilapa y el Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón.

UNA PROPUESTA DESDE ABAJO

Bernardo Bátiz V., secretario de Justicia y Seguridad del gobierno legítimo de México

La Jornada el 16 de marzo 2009

Andrés Manuel López Obrador concluyó su recorrido por todos los municipios del régimen constitucional que hay en México: 2 mil 38, nada menos; la hazaña es única, ningún otro político mexicano ha llevado a cabo un periplo como ése, ni un municipio de los 31 estados ni las 16 delegaciones del Distrito Federal se quedaron sin un encuentro entre ciudadanos y el dirigente social que asombra una y otra vez con su forma diferente de participar en la vida pública de México.

Me tocó acompañarlo en el recorrido por los 51 municipios de Nuevo León, estado considerado conservador y de derecha, en el que el Revolucionario Institucional y Acción Nacional se han turnado en los gobiernos principales; a pesar de ello, en todos lados, tanto en los municipios industrializados y muy bien comunicados del área metropolitana, como en los relativamente prósperos de la zona citrícola o los más pobres y semidespoblados de amplias zonas del sur y del norte, el dirigente encontró grupos numerosos de personas que lo recibieron con asombro por su presencia en los más remotos y en todos con entusiasmo por la renovación de la esperanza de un cambio, que encuentran, lo mismo en sus discursos que en su incansable caminar.

Los que pensaban que el fraude electoral de 2006 iba a desembocar en unas cuantas semanas de alborotos callejeros y reclamos airados, que se irían apagando al correr del tiempo, no conocen ni el temple de AMLO ni el talante del pueblo de México, que no deja de luchar por un cambio en la política y en la economía, cambio revolucionario, pero incruento y eficaz que dé salida al desastre al que hemos llegado, y que ha sido generado por años de políticas dóciles al neoliberalismo globalizador, corruptas por añadidura y sumamente ineficaces.

Ante la destrucción del campo, la dependencia alimentaria, el intento de malbaratar lo poco que queda del patrimonio nacional, Petróleos Mexicanos especialmente, los bajos niveles educativos y otros datos desalentadores, todo fruto de la miopía que impide a quienes hoy mandan encontrar soluciones propias y los hace esperar pasivos las soluciones que vengan de fuera; ante esta situación el movimiento encabezado por AMLO es una corriente de aire fresco que recorre el país y renueva la esperanza de un cambio de fondo y desde abajo, con el pueblo y para beneficio del pueblo.

Las impresiones y reflexiones del recorrido han sido recopiladas en cinco capítulos que publicó La Jornada y que son un atinado diagnóstico, que concluye en propuestas agrupadas en cuatro ideas fundamentales: "rescatar las instituciones políticas", que han demostrado su descomposición y franca decadencia; "cambiar el modelo económico", es decir, pasar del inhumano capitalismo, que tritura los lazos sociales, a un sistema basado en la solidaridad, la justicia y la equidad a partir de la rectoría del Estado, que garantice para todos acceso al estudio, la cultura, la habitación decorosa y el sustento; "moralizar el gobierno", sin comentarios, los que llegaron con las siglas del PAN han superado a sus maestros del PRI; lo que ahora requiere México es gobernantes de convicción republicana y que no estén obsesionados por la codicia y la superficialidad, ambas tendencias que los hacen irresponsables; "crear una nueva corriente de pensamiento", llamado que coincide con una vocación de nuestro pueblo que busca que el ser humano valga por lo que es, por lo que sirve, por lo que sabe y no por lo que acumula y atesora.

Con la conclusión del admirable recorrido por el país, con la publicación de las experiencias y pensamientos que el contacto con tanta gente provocó, con las líneas generales del nuevo proyecto que se propone, López Obrador no "regresa", como algunos afirman, con nerviosismo y temor mal disimulado, lo que pasa es que no puede regresar porque no se ha ido, sigue presente, no ha variado su ruta y con quienes participamos en el mismo proyecto, que somos cada vez más, se prepara para los nuevos trabajos que ahora vienen.

Por lo pronto, la actual coyuntura electoral que fue preciso afrontar, no como una meta en sí misma, sino como un paso al gran cambio, que permite la presencia en la vida pública de quienes compartimos las mismas convicciones e ideales.

Otra tarea es consolidar y poner en acción a los cuadros que a todo lo largo del país se han constituido como colaboradores del Gobierno Legítimo; de ellos se espera mucho y también exigirá mucha entrega y convicción.

Ante la presencia, ante la persistencia, al lado de la gente común, de los ciudadanos sin cargos y sin prebendas, afectados duramente por la crisis, el caminar sin descanso, hablar, proponer y debatir se logra que las expectativas de cambio no mueran, sino, por el contrario, se sientan cercanas.

Sin embargo, del otro lado, los convencidos por la guerra sucia de 2006, los fanatizados por las campañas del miedo, los que tienen ojos y no ven, y oídos y no escuchan, renuevan sus rencores y sus prejuicios y retornan a la andanada de diatribas, bajos ataques y adjetivos despectivos y descalificadores; pero, ciertamente son ahora menos, el mal gobierno de Calderón y la ineficacia de su equipo han desengañado a muchos; la crisis ha abierto los ojos a otros, pero los que quedan como los chuanes desterrados por la Revolución Francesa, ni olvidan nada ni nada aprenden.