Autoridades criminalizan la libertad de expresión

• Denuncia penal de Segob contra integrantes de la radio comunitaria Tierra y Libertad de Monterrey, Nuevo León.
• El castigo puede ser la cárcel, se criminaliza la libertad de expresión.

México D.F., 12 de marzo de 2009.- Las organizaciones firmantes manifestamos nuestro más profundo rechazo y preocupación ante la denuncia penal que interpuso la Secretaría de Gobernación a través de su Unidad de Asuntos Jurídicos en contra de los integrantes de la emisora comunitaria Tierra y Libertad de Monterrey, Nuevo León, mediante la utilización de la Ley General de Bienes Nacionales que implica castigo de cárcel hasta por 12 años y multa de aproximadamente 15 millones de pesos.

El día de hoy fue llamado a comparecer ante la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra el Ambiente y Previstos en Leyes Especiales de la Procuraduría General de la República, Héctor Camero, integrante de la comunidad Tierra y Libertad, la cual tiene una larga trayectoria en la defensa de los derechos de los trabajadores. La determinación del ministerio público fue cambiar su situación de testigo a indiciado, de acuerdo a la averiguación previa 83/UEIDAPLE/2008.

La comunidad Tierra y Libertad instaló una radio comunitaria que operaba desde hace siete años para dotar de información sobre servicios, derechos humanos, salud y asesoría jurídica civil, entre otros temas. Solicitaron formalmente el permiso ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes desde el 2002, lo cual ratifica la voluntad de legalidad de la emisora. El 6 de junio de 2008 la radio fue cerrada de manera violenta por más de 120 elementos de la Policía Federal Preventiva, sin que se observara un debido proceso, tal como que el ministerio público que atestiguó los hechos, se negara a dejarles copia de la orden de cateo, así como del acta administrativa que están obligadas las autoridades a realizar.

La utilización de la vía penal, en lugar de la vía administrativa que marca la ley especial en la materia, la ley federal de radio y televisión, muestra un endurecimiento y el inicio de una política más represiva y persecutoria en contra de las emisoras comunitarias en el país y es un grave retroceso en materia de derechos humanos. Esta persecución penal en contra de integrantes de la radio comunitaria constituye un agravio a sus derechos y una forma de inhibir el ejercicio del derecho a la comunicación de una comunidad marginal de Monterrey, la utilización de la legislación penal resulta excesiva, desproporcional e innecesaria para los fines que se buscan dado que existen otros medios tales como los administrativos.

La libertad de expresión no debe estar enmarcada en el ámbito de la justicia penal. Criminalizar la libertad de expresión y el acceso a la información de lo ciudadanía es un grave atentado contra el Estado Democrático de Derecho, conforme lo establece la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Iniciar procedimientos penales en contra de quienes ejercen su derecho constitucional a la libertad de expresión es criminalizar el ejercicio de una prerrogativa fundamental que tiene todo ser humano.

La denuncia penal en contra de los integrantes de esta emisora es contraria a la racionalidad de los medios que debe emplear el Estado para la utilización de las leyes, a lo largo de estos años las radios comunitarias han demostrado su vocación de legalidad, sin embargo, el actual marco normativo, así como los requisitos que se les piden a las comunidades para poder acceder a frecuencias son excesivos e inequitativos, y aún cuando logran cumplirlos las autoridades o no contestan a las peticiones o establecen trabas técnicas para impedir que obtengan sus permisos de operación. Las autoridades dicen que no tienen capacidad de respuesta ante tantas peticiones de permisos, pero si muestran una gran capacidad para implementar medidas de represión en contra de las comunidades en mayor situación de vulnerabilidad donde operan las radios comunitarias.

De seguir esta misma política de la vía penal para aquellas emisoras comunitarias que aún no cuentan con el permiso, entonces las cárceles pronto estarán llenas de indígenas, campesinos y jóvenes marginales de las ciudades, por ejercer su libertad de expresión, pues existen en el país más de 200 radios comunitarias que claman porque el Estado mexicano les reconozca su derecho a comunicar. Las autoridades en lugar de invertir una gran cantidad de recursos públicos para reprimir a las comunidades más vulnerables del país, deberían invertirlos en la solución de fondo a este problema, garantizar el ejercicio pleno de la libertad de expresión y cumplir con sus obligaciones para el respeto a los derechos humanos, por lo que exigimos:

1. Que el Ejecutivo cumpla con la obligación establecida en el Plan Nacional de Derechos Humanos de reconocer a los medios comunitarios y establecer acciones para su fortalecimiento, de acuerdo a los estándares internacionales, mediante la facultad que tiene de emitir decretos y proponer leyes al Congreso.
2. Cesar de inmediato la persecución en contra de las radios comunitarias en el país y establecer un plan de regularización para que operen dentro del marco de la ley y en apego a sus derechos.
3. Cumplir con la recomendación que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le ha hecho al Estado mexicano para legislar en materia de medios comunitarios

Las organizaciones internacionales que defienden el derecho a la libertad de expresión como Artículo 19 y Reporteros Sin Fronteras, así como organizaciones nacionales que defienden los derechos humanos tales como la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria y la Red de Organizaciones Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todos y Todas”, acompañaron a Héctor Camero, miembro de la comunidad Tierra y Libertad al citatorio que hizo el ministerio público por la acusación que hizo la Segob por el delito de uso, explotación y aprovechamiento de un Bien Nacional sin el permiso correspondiente.