Honrada medianía

El Universal.

27 enero 2007

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Honrada medianía

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Rosa Albina Garavito

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En el anunciado acuerdo entre las diversas fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión sobre una agenda legislativa para el siguiente periodo de sesiones, está incluido el tema de los salarios de los funcionarios públicos. Sobre este último se han presentado dos iniciativas: una por parte del senador Pablo Gómez del PRD, el 9 de noviembre de 2006, yotra por el Presidente de la República, el pasado 24 de enero. Si los legisladores cumplen con su acuerdo, entonces podemos suponer que los salarios de los funcionarios públicos estarían próximos a reglamentarse.
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La denuncia de las excesivas percepciones de los funcionarios públicos fue un tema central de la campaña electoral de Andrés Manuel López Obrador, misma que generó una alta simpatía popular. Ello logró colocarla dentro de las prioridades de la agenda nacional (si es que existe). No podía ser de otra manera en un país como el nuestro donde impera la pobreza y la desigualdad, y donde los salarios de los altos funcionarios se definen sin transparencia y con todos los vicios del inveterado patrimonialismo con el que se ejerce la función pública.
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Sin duda la iniciativa de Felipe Calderón para reformar los artículos 73 y 127 constitucionales, forma parte de la estrategia de "rebasar por la izquierda" a su adversario político, pero también es cierto que siendo diputado en la 59 Legislatura, Calderón presentó una iniciativa sobre el tema. Ahora lo importante es que dichas percepciones se regulen y transparenten de manera adecuada. Y para ello es necesario abrir el debate público.
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De la lectura de las iniciativas del senador y del Presidente, se desprende que puede tratarse de una gran simulación. Para empezar, Gómez fija a rajatabla una remuneración máxima anual de 33 mil salarios mínimos diarios, más el aguinaldo de 40 días, lo que equivale a un millón 600 mil pesos anuales. Ese nivel le parece al senador Gómez, "suficiente, decoroso, moderado y equilibrado" (¡) Y aunque efectivamente no se trata de un promedio salarial, ¿en base a qué principios se fija ese máximo? ¿Cuáles son los criterios éticos, de eficiencia, presupuestales, laborales, que lo llevaron a determinar ese nivel? ¿Cuáles los parámetros internacionales? Por su parte, la iniciativa del Presidente, aunque discutibles, define los principios que regirán y deja la definición de los tabuladores en manos de "órganos colegiados integrados por servidores públicos y expertos independientes".
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Sin cancelar la aberración mencionada, la iniciativa de Gómez tiene la virtud de incluir en la remuneración tope y, por ende, regular las prestaciones en efectivo o en especie que elevan el salario base de los funcionarios a niveles insospechados. Siempre cito, porque dispuse de la información, el caso de las percepciones del secretario de Hacienda en 1998, que partían de un salario base de 110 mil mensuales pero que alcanzaban los 467 mil pesos mensuales una vez sumadas todas las prestaciones convertidas en prebendas. Y si ese es un acierto del senador, en cambio la iniciativa del Presidente señala que "remuneración es la contraprestación, en dinero o en especie, que reciba el servidor público con motivo del ejercicio de su empleo, cargo o comisión.
En ningún caso, la remuneración comprenderá los apoyos o beneficios inherentes a la función"; si esto es así entonces quedaría en la discrecionalidad alrededor de 75% del ingreso de los altos funcionarios.
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Por otro lado, no deja de sorprender que la iniciativa del jefe del Ejecutivo federal incluye las percepciones de ciertos funcionarios del Poder Judicial, mientras que la del senador Gómez, por respeto al artículo 94 constitucional, pospone su aplicación hasta concluida su actual gestión. Esa excepción incluye al Consejo General del IFE.
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Otro problema de ambas iniciativas es que tratan de regular las percepciones del universo de los servidores públicos, cuando los excesos se registran en los altos funcionarios, es decir, de director general para arriba. En todo caso tendrían que haber incluido no sólo los mecanismos para fijar el tope, sino también la remuneración mínima, la cual debería empezar a recuperar la pérdida de poder adquisitivo de los últimos 30 años.
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Para finalizar insisto: si no se abre el debate sobre el tema, la reforma sobre las remuneraciones de los servidores públicos puede quedar en una gran simulación. ¡Otra más!