Salarios paupérrimos

El Universal.

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Salarios paupérrimos

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Rosa Albina Garavito

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6 de enero de 2007
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Con el año que inicia se cumplen 30 de caída y estancamiento salarial. Un ciclo que ha determinado que economía informal, migración y delincuencia organizada sean las rutas de sobrevivencia y movilidad social, sobre todo para las nuevas generaciones. Mientras las autoridades gubernamentales se ocupaban de dar una vuelta de tuerca más al poder adquisitivo del salario mínimo legal (de cuya evolución depende el comportamiento del resto de los salarios, menos por supuesto el de los altos funcionarios de los sectores público y privado), o de mantenerlo estancado como sucede a partir del 2000, los millones de jóvenes que entran por primera vez al mercado laboral han visto canceladas las esperanzas de un mejor futuro, y quienes tenían un empleo se han visto obligados -entre otras estrategias- a alargar la jornada personal y familiar para resistir la violenta caída de la capacidad de compra de sus ingresos.
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A partir de 1977 esta caída acumula 75% respecto de su valor inicial, lo cual equivale a que en ese periodo los asalariados hayan donado 22.5 años de trabajo. Por supuesto, el valor generado en esos 22.5 años no se esfumó; por el contrario, fue a nutrir las ganancias de capitalistas nacionales y extranjeros. Que los salarios hayan crecido más lento que los precios se convirtió en una invaluable fuente de ganancia, que sumada a la riqueza nacional transferida a manos privadas mediante la privatización de empresas públicas, y a la especulación financiera, explican que México sea uno de los principales productores de grandes riquezas personales a nivel mundial, aunque el país y sus habitantes se coloquen en las escalas más bajas de competitividad, prosperidad y bienestar social.
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Pero la política de contención salarial en torno de la definición de los mínimos legales no sólo canceló la esperanza de un mejor horizonte económico para casi 30 millones de personas que dependen de un salario, sino también la posibilidad de convertir a México en un país competitivo. Los términos se invirtieron: en lugar de otorgar alicientes a los trabajadores para mejorar su productividad, se alentó la entrada de inversión extranjera directa mediante la garantía de aprovechar una de las manos de obra peor pagadas del mundo. Así, para la economía nacional el beneficio de las exportaciones manufactureras generadas por esa inversión se ha limitado a esa pobre masa salarial, mientras el sector externo funciona desintegrado del resto de la economía, y México se ve arrasado en la competencia internacional por economías emergentes que han apostado a la productividad aunque también a los bajos salarios como China e India.
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A pesar de que este ciclo histórico de caída salarial es el más largo en los últimos 100 años, no existen indicios de su necesaria recuperación. Durante las fracasadas discusiones sobre la reforma laboral del sexenio pasado, realizadas en la mesa central instalada para el efecto en la Secretaría de Gobernación, ni siquiera se incluyó el tema salarial, pues el debate se limitó al nivel de la ley reglamentaria. Ello no significa que en el Congreso no se hayan presentado iniciativas de reforma -como la de UNT y PRD- que incluye cambiar el régimen salarial vigente, cuya esencia es la discrecionalidad en la materia ejercida de manera unilateral por el Poder Ejecutivo. Pero en los hechos esa propuesta pareciera inexistente.
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Mientras no se fortalezca el ingreso real de los trabajadores, cualquier pequeña recuperación del mercado interno provocará -como ya está sucediendo- el crecimiento vertiginoso de la cartera vencida del consumo financiado con tarjetas de crédito. Si la estabilidad de la economía nacional está fincada en el espejismo de los ingresos petroleros y de las remesas, el repunte del consumo de bienes finales se funda en un crédito bancario que empieza a tornarse incobrable. Y de esas carteras vencidas sabemos que el sistema bancario resulta ser un gran beneficiario.
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Pagar salarios suficientes en lugar de vivir una economía de ficción, que cada día ve más lejana la posibilidad de engancharse al tren de un crecimiento suficiente y competitivo, tendría que ser una prioridad nacional. ¿O acaso el cumplimiento del estado de derecho no incluye acatar la fracción sexta del artículo 123 constitucional?