Afirman que a gobernantes les preocupa la autonomía en el INEGI

Por John M. Ackerman - Proceso

22 julio 2007. APRO

MÉXICO.- Pareciera que la autonomía de los órganos públicos no es algo que agrade a la coalición gobernante. No satisfechos con las muestras de lealtad y pleitesía por parte de los titulares del IFE, la CNDH y el IFAI, los diputados panistas y priistas ya se alistan para socavar la independencia de la más reciente entidad autónoma: el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI).
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Hace más de un año, el INEGI fue dotado de plena autonomía con la adición de un apartado B al artículo 26 de la Carta Magna. Hoy le toca al Congreso legislar para darle sentido y realidad a esta reforma con objeto de asegurar que nuestra información estadística y geográfica sea transparente y veraz. Esta misión es de la más alta importancia. Nuestro derecho a la información no concluye con el acceso a documentos públicos por medio de la Ley de Transparencia. Incluye la obligación del Estado de acopiar información demográfica y ofrecer una imagen fiel de lo que somos como nación. Si nuestro espejo estadístico no corresponde a la realidad, estamos destinados a construir castillos en el aire, o peor, a subestimar nuestros verdaderos avances como sociedad.
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Sin embargo, los diputados están a punto de asestar un golpe mortal a la autonomía del INEGI. La Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica aprobada en comisiones el pasado 4 de julio subordina el instituto a la voluntad del Presidente de la República, burocratiza su gestión y envuelve al nuevo organismo en una nube de opacidad.
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Si el pleno de la Cámara de Diputados aprueba la nueva ley, otorgará un cheque en blanco a Felipe Calderón para que escoja de entre sus amigos a los miembros de la Junta de Gobierno del INEGI. El Presidente no tendrá que molestarse con convocatorias públicas complicadas, comparecencias engorrosas o la dictaminación de sus candidatos. Los nuevos titulares del organismo solamente tendrán que saber de matemáticas, tener menos de 70 años y contar con la "aprobación" general por parte de la Cámara de Senadores o la Comisión Permanente.
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Ante la eventualidad de que algún candidato incómodo llegara a la Junta de Gobierno, la nueva y antidemocrática ley señala que de manera discrecional el Presidente decidirá quién de los cinco miembros fungirá como presidente del Instituto. El mando del organismo seguramente quedará en las manos de aquel que asegure mayor sometimiento al Ejecutivo, marginando cualquier expresión de disidencia o independencia. Como colofón, en cualquier momento Calderón podrá solicitar la remoción de uno o varios de los miembros de la Junta de Gobierno y decidirá, en última instancia, sobre la procedencia de un eventual despido. En suma, los titulares del nuevo INEGI "autónomo" serán meros empleados del presidente de la República.
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El dictamen que pronto será votado por el pleno de la Cámara de Diputados también impone candados peligrosos en materia de acceso a la información pública. Los funcionarios del INEGI únicamente podrán divulgar la información que poseen cuando ello les sea autorizado de manera explícita por la Ley del Sistema Nacional de Información. Aunque ya de por sí la autonomía del INEGI le permitirá evitar la mirada del IFAI, con estas cláusulas se busca darle la vuelta a la Ley Federal de Transparencia en su conjunto. Asimismo, el dictamen no requiere que las sesiones de la Junta de Gobierno sean públicas e impone candados estrictos con respecto a la divulgación de sus contenidos.
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La sociedad civil y el sector académico estarán marginados por completo de la operación del nuevo Sistema Nacional de Información. El "Consejo Consultivo" del sistema estará integrado por el presidente del INEGI, un representante de cada secretaría de Estado de la administración pública federal, uno del Poder Judicial, dos del Congreso, cinco de las entidades federativas y un representante del Banco de México. El Instituto "podrá invitar a las sesiones del Consejo a representantes de (...) instituciones públicas, sociales y privadas", pero a estos actores externos en ningún momento se les asignan roles específicos ni se les dota de poderes vinculatorios.
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Nos encontramos en una situación paralela a la ocurrida con la creación del IFE y la CNDH en 1990 bajo la sombra del autoritarismo del partido del Estado. De nueva cuenta el Poder Ejecutivo simula una autonomía inexistente. En lugar de reglamentar y dar sentido al nuevo apartado de la Constitución, el dictamen de la Cámara borra los avances logrados con la reforma constitucional. Si el pleno aprueba el dictamen, sin duda alguna habría lugar para promover una acción de inconstitucionalidad.
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La autonomía simulada del INEGI es preocupante por el campo de acción que abre para la vieja práctica de manipulación de las cifras económicas y sociales para favorecer al Gobierno en turno. Las deficiencias de la ley demuestran la ausencia de un compromiso sólido con la rendición de cuentas por parte de nuestros gobernantes. Éste es un mal augurio tanto para la reglamentación de los nuevos párrafos del artículo 6º constitucional como para la materialización de la Ley para la Reforma del Estado. Como siempre, únicamente una vigilancia ciudadana crítica asegurará que estas otras grandes iniciativas no terminen también en la simulación y la superficialidad.