Lecciones de periodismo.

La Jornada, lunes 13 de agosto de 2007.

.
Astillero
Julio Hernández López
.
-Reporteros levantados por militares.
.

-Oficiales declaran encapuchados.
.

-El caso Castaños: ¿más impunidad?
.

La noche del pasado martes 7, cuatro reporteros de Monclova fueron detenidos por militares que recorrían la ciudad en una aparente operación contra narcotraficantes que hizo a los periodistas (quienes cubrían un accidente automovilístico en una de las puertas de Altos Hornos de México) dar seguimiento profesional a ese desplazamiento sugerente de noticias.

.

Sinhué Adolfo Samaniego y Manolo Acosta, del Zócalo; Jesús González Meza, de La Voz, y José Alberto Rodríguez, del Canal 4 de la televisión local, estuvieron en prisión más de 48 horas. Se les acusó de llevar armas y droga, y este viernes salieron en libertad condicional mediante el depósito de una fianza, obviamente sujetos a proceso, a pesar de los evidentes errores que en sus declaraciones cometieron sus captores castrenses.

.

Incluso algunos de esos militares, de manera destacada el subteniente Adrián Barrera Castorena, aportaron una violatoria innovación consistente en prestar declaración ministerial con el rostro cubierto con pasamontañas a la hora en que los medios de comunicación se alistaban a tomar sus imágenes.
.

Los reporteros, cuyas edades fluctúan entre 19 y 24 años, han recibido ya la primera lección del nuevo México militarizado. A la autocensura a que obliga la impunidad con que el narcotráfico puede actuar contra periodistas en general, los comunicadores de reciente cuño deben agregar todo lo relacionado con el actuar de militares por las calles mexicanas.

.

Novias, familiares y abogados de los jóvenes aseguran haberlos escuchado quejarse de torturas y vejaciones. Por ejemplo, el defensor Luis Humberto Rodríguez Sáenz pedirá que los vecinos del cuartel militar ubicado en la colonia Las Flores rindan declaración ministerial, pues ellos dicen haber escuchado los "gritos de dolor" en el interior de la base militar.
.

Es posible que los reporteros directamente agraviados, y los jefes y directivos de esa ciudad coahuilense y del país entero, estén recibiendo el mensaje de que deben entender que los temas castrenses han de ser tocados con especialísimo cuidado, no sólo en asuntos como el de la "guerra" contra el narcotráfico, sino, por ejemplo, el de las acusaciones a soldados por la violación de 13 sexoservidoras el 11 de julio de 2006 en la zona de tolerancia de Castaños.

.

El proceso contra los acusados de participar en ese terrible episodio está en su tramo final y varias voces conocedoras del expediente aseguran que el poder militar sostendrá la protección a los involucrados, mediante maniobras "legales" que han incluido la amenaza a denunciantes para que retiren sus señalamientos y un retorcimiento jurídico anunciante de impunidades por venir.
.

El pasado 7 de julio, desde Monclova, Jaime Avilés reportaba para La Jornada que el obispo Raúl Vera recibía "presiones y amenazas para que ya no me meta en el caso Castaños. Me queda muy claro que de eso se trata, y veo la mano de algunas dependencias del gobierno federal para que, al igual que en el caso de Zongolica, los militares acusados tengan total impunidad".

.

Lo más preocupante, decía el religioso a Avilés, es "que se está dando una pésima señal para que el Ejército haga y deshaga, como si estuviéramos en una dictadura".
.

Por si hubiese necesidad de más ejemplos, Roberto García M. reporta desde Hermosillo lo publicado ayer en primera plana de El Imparcial con el siguiente encabezado: "Resulta fiasco cateo a casa". Según la nota, "la PGR, la AFI y el Ejército despliegan un operativo por más de 27 horas en la colonia El Choyal y no encuentran nada".

.

Luego del prolongado sitio, supuestamente en preparación de un golpe a traficantes de drogas y armas, un agente del Ministerio Público Federal entró a una casa; 30 minutos después, de acuerdo con la nota de Cuitláhuac Quintero, "salieron con una bolsa negra, que contenía más bolsas de plástico transparente, pero sin indicios de materia ilícita (...) .

.

Adentro todo quedó en desorden, ropa y utensilios de cocina regados y sillones volteados". Graciela Tovar Enríquez, de 46 años, quien gana 100 pesos diarios y paga 600 de renta por esa casa, se quedó esperando alguna explicación por lo sucedido. Dos meses atrás, recuerda el reportero sonorense, "agentes federales también mandaron a los militares a sitiar un expendio en la colonia El Sahuaro. Estuvieron más de dos días y resultó que los agentes se habían equivocado de sitio".