Tesorero respondón

MILENIO DIARIO, 4 AGOSTO 2007.

Guillermo Colín.

Dos eventos marcaron en la semana sendos modos de gobernar y hacer política en Monterrey. El primero, sobrado de formas, fue la carta aclaratoria que a costa del erario mandó publicar en la prensa local el tesorero estatal, Rubén Martínez Dondé, sobre un aparente sobregiro presupuestal en la Oficina del gobernador y sobre irregularidades en el ejercicio del gasto público.

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La primera paradoja es que el tesorero deba gastar, innecesariamente, impuestos recaudados para aclarar datos proveídos a medios de comunicación al amparo de solicitudes de información. Ello habla de que los datos suministrados por el gobierno de Nuevo León no tienen la transparencia que en principio debieran tener. De otro modo no se entiende la razón de publicar a posteriori desplegados aclaratorios sobre información en apariencia transparente.

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La confusión surge desde el momento en que la sociedad se entera de que la partida de la Corporación de Proyectos Estratégicos Urbanos ha sido transferida para su ejercicio, sin mediar aviso, al Despacho del gobernador (más de 39 millones de pesos). Si bien este tipo de operaciones no es ilegal, sí evidencia una práctica que deja mucho que desear ya que, cuando se transfieren partidas no para subsanar déficits, sino para que una dependencia ejerza la totalidad del gasto por cuenta de otra, como es el caso, se hace nugatoria la separación de responsabilidades por unidades administrativas. Para administradores doctorados en París, el caso es digno de estudio.

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Más aún, la responsabilidad final se transfiere al gobernador, quien en lugar del titular de la dependencia a la que originalmente el Congreso asignó los recursos, decide por su cuenta cómo gastárselos. ¿Entonces qué papel juega Abel Guerra en el tema? ¿Patiño de la Oficina del gobernador que acaso sólo informa en qué se está gastando su presupuesto? Y, ¿quién se hará cargo de la responsiva oficial: Abel Guerra o Natividad González? Esta irregularidad no se oculta con el dicho del tesorero, pendiente de demostrar, que tal partida sea “recuperable”, lo cual faltaría por ver en esos contratos que según él documentan la recuperación de más de 51 millones a obtener con los 39 presupuestados.

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El otro evento consistió en el recambio de algunas posiciones al interior de la Secretaría de Gobierno de la entidad, recién ocupada por su nuevo titular, Rodrigo Medina, quien con esta acción desmiente a quienes no hace mucho aseguraban que el poder tras el trono en esa dependencia sería el renunciado Rogelio Cerda, -quien, por cierto, ni ha informado cómo van sus afanes de tiempo completo por demandar a quienes habían propalado versiones, supuestamente falsas, que lo vinculaban con la narcoviolencia. Mucho menos con estos cambios tendrá el ex secretario de Gobierno la posibilidad que al renunciar le pronosticaban esos augures de convertirse en ministro sin cartera como operador político tras bambalinas del nativismo. En breve quedó demostrado que tales ditirambos no pasaron de ser agradecimientos a cuenta de facturas pagadas por parte de algunos revisteros.

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La realidad, percibida por una mayoría de actores políticos, es que el nuevo secretario Rodrigo Medina -pese a su juventud que le valió ciertas morcillas a su llegada- parece estar aportando pulcritud, aires nuevos rumbo a la maltrecha dependencia que olía a nauseabundos tratos y acuerdos de una forma de hacer política hace mucho rebasada. Habrá que ver si los cambios anunciados no son sólo cosméticos y avisan de un nuevo modo efectivo de gobernar y hacer política.