Amnistía Internacional

El Norte, Carmen Aristegui F.3 Ago. 07

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Irene Khan, secretaria general de Amnistía Internacional (AI), se encuentra en México con motivo de una misión de alto nivel. El objetivo: evaluar al sistema de justicia de México y su relación con los derechos humanos. Sus investigaciones y los testimonios que ha recogido directamente de familiares y víctimas de abusos arrojan un balance desolador.

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Casos como el de Lydia Cacho, San Salvador Atenco, Oaxaca, Ciudad Juárez o los delitos del pasado muestran un denominador común: falta de acceso a la justicia e impunidad. Lo que cabe, tal como lo ha hecho AI, es un señalamiento serio al Estado mexicano por su incapacidad para mejorar la situación de los derechos humanos en México.

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Estamos ante el fracaso de la justicia en forma reiterada sobre situaciones como éstas. Fallas sistémicas de la justicia mexicana, "cáncer con raíces largas" -les llamó Khan- que se ceba en mujeres, pobres e indígenas principalmente. Khan ha contrastado lo que México hace en el ámbito internacional con lo que no se hace aquí. Candil de la calle, oscuridad de la casa, en un tema crucial para el país.

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Además de los múltiples encuentros con personas relacionadas con las problemáticas más agudas de violación a derechos humanos, de un trabajo de investigación amplio y continuo -coordinado por Rupert Knox, experto sobre México de AI en la situación mexicana- la mirada de Irene Khan se alimenta de los encuentros que también ha tenido y tendrá en estos días con diversas autoridades de alto nivel que explican -o tratan de- lo que desde sus respectivas responsabilidades hacen a favor de los derechos humanos.

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La lista de funcionarios que componen la agenda de encuentros de esta en apariencia frágil pero firme mujer, empieza por el Presidente de la República, la Secretaria de Relaciones Exteriores, el Secretario de Gobernación, el de Seguridad Pública y otros de alto nivel como los ministros de la Suprema Corte de Justicia con quienes también se ha programado un encuentro. El impacto de un pronunciamiento de Amnistía, a raíz de una visita de esta importancia a nivel internacional, puede ser tan fuerte y tan costoso para un gobierno que prácticamente no hay quién se rehúse a una reunión con la representante del más alto nivel de una organización tan influyente como ésta. Ni siquiera Ulises Ruiz.

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El Gobernador de Oaxaca acordó un encuentro con Khan en un hotel de aquella ciudad (ya se sabe que el gobernador no puede despachar en sus propias oficinas como producto del continuado y largo conflicto que ha escalado bajo su propia actuación); lo de menos es que el Gobernador la hiciera esperar durante unos 20 minutos según me contaron colegas que estaban cubriendo la información; lo de más es la calidad y tipo de encuentro que ahí se desarrolló.

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Amnistía Internacional ha puesto especial atención en el caso Oaxaca por considerarlo ya como un asunto emblemático de las peores prácticas que se pueden hallar en contra de los ciudadanos por parte de las autoridades en los diferentes niveles de Gobierno. El informe "Oaxaca, clamor por la justicia" es amplio, exhaustivo y sin contemplaciones. Obviamente no le gustó al Gobernador lo que ahí le dijeron, como normalmente no le gusta a ninguna autoridad que le lean la cartilla. Habitualmente, en casos similares, la autoridad atiende los señalamientos y presenta alguna respuesta retórica en el peor de los casos, o bien, en lo deseable, se compromete a tomar acciones que ayuden a resolver la situación. Aquí no.

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El encuentro mostró uno de los peores rostros del conflicto: la negación de los hechos y la absoluta falta de voluntad para enfrentar una situación crítica en materia de derechos humanos. La principal autoridad responsable de impulsar procesos de investigación sobre situaciones que involucran incluso la pérdida de vidas humanas se muestra totalmente renuente para enfrentar las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante más de un año, muchas de las cuales presentó documentadas Amnistía Internacional. No extraña que Khan haya calificado como "decepcionante" la respuesta del Gobernador, quien no quiso "...ni siquiera escuchar y mucho menos decir qué estarían dispuestos a hacer para resolver la situación".

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Me imagino la tensión del encuentro. Khan contó que el Gobernador le dijo que ese documento era parcial y que representaba a la APPO. Salida fácil y grosera frente a un informe hecho con los rigores de investigación a los que está sometida una organización del alcance de Amnistía Internacional, la más grande e importante del mundo. El informe, hay que decirlo, también describe conductas de ciudadanos que en medio del conflicto pudieron haber transgredido la ley en asuntos que también deben ser investigados.

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Lo de Ulises es sólo otra manera de no encarar una responsabilidad que hasta el momento también han eludido las demás autoridades del país, que por evidentes condicionamientos políticos han permitido que Oaxaca se convierta en la vergüenza que hoy es. Muertes sin investigar, arrestos arbitrarios, brutalidad policiaca, tortura y -sobre todo- la impunidad rampante. Ni la política ni la justicia han hecho su tarea. La bancarrota, pues.