CADEREYTA JIMÉNEZ.- Desde mayo de 2007 se encuentran desaparecidos 38 trabajadores de la Refinería Héctor Lara Sosa, afiliados a la Sección 49 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM).
Según Josué Hilario Vega Estrada, hijo de Hilario Vega Zamarripa -secretario general de dicha sección y uno de los desaparecidos-, todo comenzó cuando el 16 de mayo del año pasado los integrantes de la sección se reunieron, por la tarde, en las instalaciones del sindicato. El propósito: discutir sobre la constitución de un comité de huelga.
Cuenta Josué que luego de tratar el caso durante largo rato sin agotar el tema, decidieron continuar las deliberaciones en otro sitio, y refiere que aún no oscurecía cuando los sindicalistas se distribuyeron en cinco vehículos para abandonar el lugar.
Sólo pudieron salir del estacionamiento tres unidades.
Las otras dos fueron interceptadas por un comando armado que secuestró a David Fernando Vega Zamarripa -hermano del dirigente petrolero y tío de Josué-, a los hermanos Félix y David Sánchez Torres y a Jorge Alejandro Suárez Faz.
Además, en su huida los agresores embistieron el vehículo del trabajador Víctor Manuel Mendoza Román.
Alarmados, los familiares de David Fernando Vega Zamarripa y otros miembros del comité se reunieron de inmediato en casa del líder Hilario Vega Zamarripa, en la Colonia Framboyanes. Ahí permanecieron hasta el día siguiente, el 17 de mayo. Alrededor de las 6:15 horas, Hilario recibió una llamada del teléfono de su hermano David a través de su Nextel.
Una voz desconocida le dijo a Hilario que tenía a siete de los desaparecidos, los cuales serían decapitados para arrojar sus cabezas frente a la casa del dirigente petrolero. Hilario manifestó a su interlocutor que él se entregaría para que liberaran a los demás.
Así, prosigue Josué, se inició la negociación.
Hilario les manifestó que iría solo y desarmado al sitio que le indicaran más tarde los secuestradores para liberar a sus compañeros. En seguida manifestó a los reunidos, así como a su esposa y a sus hijos, que debían abandonar la casa de Framboyanes e irse a un sitio seguro.
"Entonces se fue. Pidió que no lo siguiera nadie. Dijo que no iba a permitir que se llevaran a más (compañeros). Insistió en que platicaría con ellos (los secuestradores)... que si querían su cabeza, él se iba a entregar con tal de que soltaran a los detenidos", relata Josué.
Minutos después, Hilario llamó a sus parientes: "Hagan lo que les digan estas personas -instruyó telefónicamente a Josué-. Estoy bien, ya me llevan en una camioneta. No vayan a hacer nada, hagan lo que les digan. Ya me van a quitar los teléfonos. Te encargo a la familia." A la semana siguiente continuaron los secuestros de sindicalistas que, para Josué, son claras "desapariciones políticas".
Después de transcurridos 13 meses sin que ninguno de los secuestrados reaparezca, Josué se siente desalentado por la falta de respuesta de las autoridades.
Hasta ahora, ni la Procuraduría General de la República (PGR) ni el Gobierno estatal han atendido las denuncias, e inclusive las autoridades comentan que este caso puede estar relacionado con el narcomenudeo de la región.
También han guardado silencio los dirigentes nacionales del sindicato petrolero, mientras que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) desechó la denuncia de los familiares de los desaparecidos debido a que no presentaron pruebas de que sus parientes se hallaban en manos de alguna autoridad.
'Creo que fueron militares'
La Senadora Rosario Ibarra de Piedra, quien ha seguido este asunto a petición de los familiares de los desaparecidos, señala que al decir que se iba a "entregar para que liberaran a los demás", Hilario Vega Zamarripa dejó en claro que estaba hablando con autoridades y no con delincuentes.
E insiste: "Es posible que Vega Zamarripa esté detenido por alguna autoridad".
El 4 de junio de 2007, pocos días después de la desaparición del dirigente petrolero, los diarios locales informaron que Hilario Vega Zamarripa y los demás trabajadores habían sido capturados por elementos del Ejército y entregados a la PGR para que esta dependencia los investigara por presuntos vínculos con el narcotráfico.
A partir de ese día, la versión de que los sindicalistas operaban el narcomenudeo en Cadereyta cobró fuerza. Dos semanas después, el 20 de junio, la familia Vega Estrada interpuso una denuncia ante el Ministerio Público Federal con sede en Cadereyta para acallar esas versiones por considerarlas infundios, en tanto que Josué y Salomón Vega solicitaban una audiencia con el Procurador estatal, Luis Carlos Treviño Berchelmann.
Refiere Josué: "Una persona que dijo ser agente del Ministerio Público fue muy déspota. En presencia de varios testigos, me dijo que no tenían nada que hablar conmigo, que me retirara porque mi papá se encontraba en la SIEDO (Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada), y que mejor me cuidara porque tenían informes de que yo me desempeñaba mal".
Pese a ello, la averiguación previa 480/2007-5, integrada por un agente del Ministerio Público Federal, continúa su curso, aseguran los interesados, ya que hasta ahora no se les ha notificado nada en contrario.
Los familiares de los hermanos Vega Zamarripa se quejan también de que han sido integradas diferentes actas circunstanciadas para desprestigiar a los petroleros, e inclusive señalan el hecho de que, en el mismo sentido, una nota del periódico El Mañana, de Reynosa, publicó que elementos del Ejército "reventaron" dos casas de seguridad en las que presuntamente estaban los miembros del sindicato, quienes, de acuerdo con esa información, fueron enviados a la Ciudad de México.
Ante esa publicación, los familiares del dirigente petrolero recorrieran sin éxito varios cuarteles militares y, al respecto, comenta Josué: "Yo creo que (los secuestradores) fueron militares, porque en los lugares donde he preguntado saben todo: el nombre de mi tío, el nombre de mi papá y detalles de la desaparición".
Enojos y amagos panistas.
Además, en las últimas semanas, prosigue Josué, las cosas se han agravado: El pasado 9 de abril un juez federal dictó orden de aprehensión contra el sustituto de su padre, el secretario general interino de la Sección 49 del STPRM, José Izaguirre; del secretario de Vigilancia, Juan Fraga Godínez, y del vocal Marco Antonio Barrón.
A los tres se les acusa de venta de plazas laborales, según la causa penal 35/2008-III.
No es todo. Mientras petroleros del grupo de Carlos Romero Deschamps han difundido rumores de que la desaparición de los sindicalistas de Cadereyta puede estar vinculada con el Ejército Popular Revolucionario (EPR), este grupo guerrillero emitió un comunicado donde menciona varios casos de violación de derechos humanos e incluye el nombre de los hermanos Vega Zamarripa.
Esto porque la Secretaría de Gobernación también los mencionó en su boletín número 331-07/12/2007, donde dicha dependencia acusa a los eperristas de realizar "una campaña de hostigamiento contra el pueblo de México".
En su comunicado del 15 de enero, los eperristas aclararon que sus acciones contra las autoridades federales se deben a la desaparición de los guerrilleros Edmundo Reyes Amaya y Alberto Cruz Sánchez, y denunciaron el uso excesivo de la fuerza con que se conduce el Gobierno de Felipe Calderón.
"Si FCH es Presidente de la República 'haiga' sido como 'haiga' sido, le falta tomar realmente decisiones a favor del pueblo, debe presentar ya a nuestros compañeros Edmundo y Gabriel, a Francisco, David e Hilario, 'haiga' sido como haiga sido (su desaparición)".
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