NL: amparan contra formal prisión a colono que apoyó a desalojados

David Carrizales (Corresponsal)

Monterrey, NL, 8 de agosto. El juez tercero de distrito en materia penal, Rafael Rodrigo Cruz Ovalle, otorgó un amparo contra el auto de formal prisión y su ejecución, en el caso de Juan Gerardo Armendáriz García, quien junto con otras cuatro personas está preso en el penal de Topo Chico, por apoyar a colonos que intentaron recuperar un predio en la colonia Nueva Castilla, del cual fueron desojados por el Instituto Estatal de la Vivienda.

Luis Gerardo Vázquez Payán, abogado de Armendáriz –detenido cuando acompañaba a los colonos como observador de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos–, precisó que el juez de distrito consideró que la formal prisión decretada por la juez segundo penal de San Nicolás de los Garza, María Francisca Marroquín Ayala, carece de fundamento, pues “la juez responsable no estableció su fallo con razonamientos lógicos jurídicos”.

Por lo anterior, el representante del Poder Judicial federal emplazó a Marroquín Ayala a dictar una nueva resolución en diez días, y justificar su fallo anterior, o en su defecto, dejar en absoluta libertad al procesado.

Confió que en el mismo sentido vendrán en próximos días los amparos promovidos por el asesor de los colonos, Juan Balderas; la dirigente de la Colonia Agropecuaria Emiliano Zapata, Alicia Gutiérrez; Josué Obed Juárez Flores, hijo de la propietaria de uno de los predios en disputa; y Gabriela Bautista, hija del capitán Leopoldo Bautista, quien vendió terrenos de 300 metros cuadrados a 900 familias, que ya fueron desalojadas de las 184 hectáreas.

Precisamente ayer, informó por su parte el abogado, Jaime Noyola Cedillo, el gobierno del estado consumó el desalojo total de las familias, pues la señora Gloria Rito, quien permanecía en su vivienda de la Nueva Castilla acompañada por un infante de brazos, fue engañada por Andrés Marcelo Marroquín, operador del Instituto Estatal de la Vivienda, quien la citó para entregarle las escrituras de su casa y cuando quiso regresar a ésta guardias privados se lo impidieron.

Ante esto, el abogado Luis Gerardo Vázquez consideró que el propósito del gobierno estatal, al sacar de su casa a la señora Gloria mediante un vil engaño, es echar abajo una prueba ofrecida por él en el caso de Gerardo Armendáriz, respecto de que los colonos eran los despojados y todavía una familia habitaba en la colonia.

No obstante el otro litigante, Noyola Cedillo, estimó que hay pruebas testimoniales y documentales que comprueban que ahí residieron las familias, pues muchos de los colonos cuentan con credenciales de elector, hay planos oficiales del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática y del municipio de Escobedo que reconocen la existencia de la mencionada colonia.