Durante las pasadas dos décadas “no ha bastado” el aumento de penas para remediar los elevadísimos índices de impunidad, advirtió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). “Seguir invocando únicamente esa vía o la aplicación de la pena de muerte limita el análisis del hecho principal que afecta y aqueja a la seguridad pública, que es la falta de resultados y la desconfianza social generalizada por los altos índices de impunidad”, afirmó.
Al fijar su posición sobre la pena de muerte y la convocatoria para la construcción de un amplio frente nacional contra la delincuencia y el crimen organizado, el organismo reconoció que el problema de la inseguridad pública tiene enormes dimensiones y la impunidad es una de sus principales características, ya que alcanza cifras hasta de 99 por ciento.
Subrayó que también hay una irreductible desconfianza social hacia las corporaciones policiacas, hecho que propicia que sólo 10 por ciento de los delitos cometidos en el país se denuncien ante la autoridad judicial, además de que hay una sabida ineficiencia en las mayoría de las investigaciones, sentencias condenatorias en menos de uno por ciento de los casos que llegan a los tribunales y sistemas penitenciarios rebasados por la corrupción.
La comisión consideró que con los altos índices delincuenciales, que han resultado imbatibles con las medidas hasta ahora puestas en vigor, México vive hoy el “resurgimiento de una subcultura de la impunidad”, una de cuyas características es que los integrantes de corporaciones de seguridad pública suelen estar implicados con las organizaciones criminales, situación que agravia aún más a la sociedad. Las bandas organizadas y pertrechadas apuestan a la ineficiencia y falta de coordinación institucional como la mejor garantía de que sus integrantes no serán detenidos y mucho menos sometidos a un proceso penal, planteó en un comunicado.
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