Conocí en los años 60 al patriarca de la familia Martí en su tienda de artículos deportivos en el centro de la ciudad. Hoy esa familia llora la pérdida de Fernando, el menor de la dinastía, asesinado por quienes lo raptaron hace poco más de dos meses. En decenas de esquelas y declaraciones a los medios, empresarios y organizaciones deportivas, funcionarios y políticos se solidarizan con los Martí Haik y reprueban un crimen que ha conmovido a la ciudadanía. La Comisión Permanente del Congreso guardó un minuto de silencio mientras el licenciado Felipe Calderón asistió a la misa en memoria del joven estudiante. El cardenal Rivera exigió acabar con la ola criminal que azota a México.
Que del grupo asesino presuntamente formen parte agentes judiciales de la capital, politizó el caso. Así, Calderón reclamó que el gobierno citadino gaste recursos en plebiscitos (legales por lo demás) en vez de destinarlos a resolver los problemas que afectan a la gente. Si la lógica presidencial funcionara, los cientos de millones de pesos gastados por el Ejecutivo en convencer a la ciudadanía de las bondades de su proyecto de reforma para privatizar Pemex hubieran estado mucho mejor invertidos en dotar de armas y equipo a los agentes federales para que enfrenten con éxito al crimen organizado.
De paso, Calderón debió reprochar al etílico gobernador de Jalisco dedicar dinero público a las obras celestiales que patrocina el cardenal Sandoval. Ese dinero serviría para combatir a la delincuencia en Jalisco, donde hace unos días asesinaron con crueldad a los seis integrantes de la familia Bautista Campos. Entre las víctimas había dos pequeñas. Del grupo que los mató formaba parte un agente antisecuestros.
Calderón Hinojosa también se sumó a la ola de críticas contra el Gobierno del Distrito Federal por la falta de coordinación con las instancias federales en materia de seguridad. El jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, sostiene que sí la hay y que funciona.
Empeñados en sacar provecho de la tragedia, voceros de la derecha, así como los integrantes del partido en el gobierno federal, casi culparon a Ebrard Casaubon por la muerte del joven Martí Haik.
Muchos nos preguntamos por los olvidos oficiales y privados a la hora de los duelos y las condenas: el asesinato de don Jorge Palma, de 61 años, el chofer que llevaba a la escuela a Fernando y que pagó con su vida intentar defenderlo, no mereció siquiera unas palabras para lamentarlo. En cuestión de esquelas, condenas de los grupos empresariales, minutos de silencio de los diputados y senadores y pésames públicos de los funcionarios, ¿no valen nada los más de 60 secuestrados (desde menores de edad hasta ancianos) que han perdido la vida en este año? ¿Tampoco la familia masacrada en Jalisco? En cambio, el secretario de Gobernación hizo públicas las más sentidas condolencias a los deudos de don Marco Iván del Rincón (integrante de una distinguida familia militante del PAN), asesinado cruelmente en Sinaloa. Las familias de las demás víctimas se olvidan. ¿Cosas del dinero y la militancia?
Reviso los secuestros registrados oficialmente en Jalisco, Baja California, Veracruz, Guanajuato, Guerrero, Sinaloa, San Luis Potosí. Ya fueron olvidados, y en los pocos casos en que se detuvo a los delincuentes se comprobó que algunos eran integrantes de la fuerza pública. ¿No prometieron Fox y Calderón profesionalizar los cuerpos policiales, eliminar y sancionar a los malos elementos, modernizar el sistema judicial y acabar con la impunidad? En el barco sin brújula que es el aparato de seguridad pública, la dama que preside el grupo antisecuestros en la Procuraduría General de la República dijo en entrevista con Ciro Gómez Leyva que esa dependencia no interviene en la solución de los casos y que no se enteraron del secuestro del joven Fernando hasta que apareció muerto. Distinto opinan la familia Martí Haik, funcionarios públicos, empresarios y algunos comunicadores. El secuestro era un secreto a voces.
El martes, luego de la misa en memoria de Fernando, su hermana dijo a Calderón y a su esposa: “Nos tiene abandonados”. También a muchos más, víctimas del crimen organizado y la ineptitud oficial.
Nota: Algo de verdad tiene el señalamiento de que la industria del secuestro se ha horizontalizado al comprobar que antes las víctimas eran políticos o empresarios connotados para los que se pedía altísimos rescates millonarios y ahora "casi cualquiera" se encuentra expuesto, es decir: profesionistas, ejecutivos, comerciantes, esto es lo que en otros tiempos se les motejaba como pequeña burguesía. Algunos nos tratan de convencer que aún los "pobres" son víctimas potenciales o reales de este tipo de criminalidad. Lo cierto es que las manifestaciones o expresiones de indignación de parte de los que se sienten dueños del país (gobiernos y empresarios, incluidos los medios) se disparan de manera especial cuando los ofendidos por el secuestro son los pertenecientes a las élites. Incluso "los pobres" se solidarizan con ellos: muchos comentan sobre el niño Martí, tan joven, con tanto futuro, tan "chido" (como él mismo caracterizaba su vida). Mención y solidaridad muy menguadas, si las hay, merecen el resto de las víctimas que no tienen la suerte de ser de sangre azul. Y ante todo, la opción ampliar el número de polícias, pfpos, militares o los años de prisión para los "culpables". En una desatada originalidad: una marcha en contra de la violencia promovida desde lo alto y aceptada por los borreguines y/o ingenuos. ¿Por qué no se les ocurre al CCE y al gobierno federal usar una pizca del dinero que ganan y manejan a raudales para: una verdadera educación, alta y efectiva creación de empleos con remuneración digna y horarios decentes, opciones recreativas no enajenantes, fomento a la cultura y al deporte, para EL PUEBLO no para los privilegiados eternos, pero sobre todo medidas para un ingreso general más equitativo. Con una sociedad con sus problemas más urgentes resueltos, donde haya justicia social, los delitos de toda índole disminuirían drásticamente. Pero no les interesa probarlo, prefieren sus ganancias extremas a cualquier costo, y arreglar lo que se pueda con represión política sobre la represión económica que ya se padece.
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