La Comisión de Resistencia Civil Pacífica en Nuevo León reproduce enseguida el Acta de acusación penal de traición a la Patria contra Felipe Calderón preparada por calificados juristas. El tiempo corre ya en contra nuestra y del País. La maquinación de entregar a la Patria, todo lo evidencia, la tienen programada para fines de septiembre, con la complicidad PRI-PAN y la suciedad que resta del PRD.
La acusación de traición a la Patria aparece, a estas alturas, como la única forma de detenerlos antes de que cometan el atropello: después, tardaremos generaciones en echarlos para atrás.
Por ello, este recurso tiene el propósito de enviar un mensaje a los legisladores que están listos a respaldar la entrega del petróleo de que pueden ser, también, acusados del mismo delito.
Es igualmente importante dar a los cientos de miles de mexicanos en defensa del País un elemento más de conciencia y de lucha, incluso institucional, la ley misma, para que no cejen en su afán patriótico.
La acusación penal ‘durante su encargo’, como dice la Constitución, sentará un precedente histórico, político y psicológico en el devenir de nuestro País.
Desde luego, la urgencia nos obliga a recabar miles, cientos de miles de firmas en todo el País. Para ello se anexa el documento que deberá reproducirse y servirá para que los firmantes se enteren de manera contundente y precisa de que van a apoyar: una demanda penal ciudadana. Los ciudadanos deberán poner su nombre, firma autógrafa y número de su credencial de elector.
El día 15 de septiembre, en El Grito de las 9 de la noche, habrá módulos para recoger esas firmas y recibir los paquetes de las ya recabadas.
Estas horas son cruciales; demandan prontitud y determinación para operar esta iniciativa.
Con un abrazo fraternal.
Ciudad de México, a --- de septiembre de 2008.
H. Cámara de Diputados del Congreso de
P r e s e n t e.
Los que suscriben, ciudadanos de
HECHOS
PRIMERO. Los hechos denunciados consisten en el ejercicio con fines ilícitos que presuntamente ha hecho FELIPE CALDERÓN HINOJOSA, en su calidad de Presidente de
SEGUNDO. Calderón envió el 8 de abril de
DERECHO
Lo anterior, se sustenta en los siguientes razonamientos legales:
A pesar de las variadas vertientes de la dogmatica penal, la mayoría de ella es conteste en asegurar que un delito es una conducta típica, antijurídica y culpable. Este trinomio, en el caso del Licenciado FELIPE CALDERÓN HINOJOSA, es factible que se concretice por las siguientes razones
I.- El hecho que se denuncia se trata de una conducta. Es decir, se reprocha a una persona una acción voluntaria, que inequívocamente quiere concretizar. Igualmente, la conducta que se denuncia se encuentra prevista en el Código Penal Federal, en los siguientes términos:
Artículo 123.- Se impondrá la pena de prisión de cinco a cuarenta años y multa hasta de cincuenta mil pesos al mexicano que cometa traición a la patria en alguna de las formas siguientes:
I.- Realice actos contra la independencia, soberanía o integridad de
Dicha conducta consiste en concebir y presentar ante el Congreso de
Lo anterior, es más claro si no se pierde de vista que dichas normas constitucionales aseguran el control exclusivo del Estado respecto de la localización, extracción, procesamiento, almacenamiento, distribución, transporte y comercialización del petróleo, hidrocarburos y petroquímica básica, recursos naturales de los que depende el pueblo de México. No está de sobra decir, que quienes controlan los recursos energéticos de una Nación, tienen la posibilidad de incidir en el precio de los combustibles indispensables para alimentar, transportar y movilizar a la población y, tienen de facto y como consecuencia lógica, el control sobre su gobierno y sus habitantes.
De aquí, que pretender que se apruebe una reforma en la legislación secundaria que es contraria a los artículos 25, 27 y 28, para privatizar bienes nacionales, no solamente es solicitar al Congreso de
La reforma precitada es anticonstitucional en agravio de los artículos 25, 27 y 28 en cita, por las siguientes razones:
1) Se entregará a inversionistas privados, preferentemente extranjeros fases de la industria petrolera que constitucionalmente (artículo 25 y 28) están confiadas en exclusiva al sector público;
2) Se privatizan bienes nacionales porque las decisiones en materia de petróleo, hidrocarburos y petroquímica básica, no las adoptará exclusivamente el Estado sino que las compartirá con las empresas privadas;
3) Se privatiza porque jurídicamente las relaciones entre PEMEX y los empresarios particulares podrán regirse por el derecho privado y no por el derecho público, además de que las controversias se podrán ventilar ante árbitros y tribunales extranjeros, los que interpretarán y aplicarán el derecho extranjero y no el nacional;
4) Se privatiza porque los empresarios podrán ser propietarios de instalaciones, equipos, ductos y refinerías;
5) Se privatiza porque los contratos de desempeño o incentivados implican compartir los beneficios de la explotación de los recursos petroleros con particulares;
6) Se privatiza porque habrá funcionarios en Petróleos Mexicanos, según las iniciativas de Calderón, exentos de las responsabilidades que obligan al resto de los servidores públicos y porque las decisiones de Petróleos Mexicanos estarán protegidas por un velo de opacidad mayor al de otros entes públicos;
7) Se privatiza porque PEMEX se constituye como un régimen de excepción en el derecho público mexicano para adquirir las características de una corporación privada;
8) Se privatiza porque el Estado mexicano abandona la reserva que hizo en el capítulo VI “Energía y Petroquímica básica” del Tratado de Libre Comercio;
9) Se privatiza porque en la aplicación de los tratados sobre los yacimientos transfronterizos, el Estado mexicano no actuará siempre de Estado a Estado sino con particulares extranjeros;
10) Se privatiza porque los poderes legislativo y judicial mexicanos perderán competencias frente a los intereses de los particulares.
La primera privatización implica que inversionistas, principalmente extranjeros, podrán participar mediante permisos en el transporte, almacenamiento y distribución de los productos de la refinación, así como en petroquímica básica, gas natural y artificial, y hasta en las ventas de primera mano. Además los inversionistas privados podrán intervenir en la exploración y extracción del crudo a través de contratos de desempeño.
La segunda razón entraña que la participación de los inversionistas, principalmente extranjeros, creará una industria petrolera paralela a la industria petrolera del sector público. La primera industria asumirá la forma de un negocio totalmente particular y se regirá por el derecho privado, en donde los inversionistas ni siquiera tendrán que obtener concesión alguna (volveremos al porfiriato), además de que estarán protegidas sus inversiones, vía el Convenio relativo a
La tercera razón significa que el derecho público nacional queda supeditado a la lógica del derecho y tribunales extranjeros. Los criterios de solución de controversias no se basarán en los principios de área estratégica, exclusividad del sector público en la explotación del petróleo, inalienabilidad e imprescriptibilidad de los recursos del subsuelo, propiedad originaria de la nación sobre los recursos, sino por los criterios individualistas del derecho mercantil, civil y corporativo.
La cuarta razón comporta que los empresarios, nacionales, podrán ser propietarios de ductos, instalaciones, equipos y refinerías, que han sido hasta la fecha propiedad de la nación. Se trata de volver a etapas previas a la nacionalización y expropiación de 1938.
La quinta razón privatizadora recurre a los contratos de desempeño que son contratos riesgo prohibidos por el párrafo sexto del artículo 27 constitucional, en donde el inversionista privado, nacional y extranjero, compartirá los resultados de la producción y la renta petrolera con el Estado.
La sexta razón que prueba la privatización es que habrá funcionarios de PEMEX con responsabilidades diferentes y más acotadas al resto de los servidores públicos y, no todas las decisiones de PEMEX serán públicas en los términos del artículo 6 constitucional.
La séptima razón que demuestra la privatización, entraña como se explicará adelante, un régimen de excepción para PEMEX y no un marco jurídico de autonomía de gestión, que lo acerca más a una corporación privada que a un monopolio del Estado.
La octava razón que acredita la privatización consiste en el abandono que el Estado mexicano hace de la reserva que hizo para sí mismo en el capítulo VI “Energía y petroquímica básica” del Tratado de Libre Comercio, en donde apartó el petróleo, hidrocarburos y petroquímica básica, en sus diferentes fases de explotación, de la zona de libre comercio de Norteamérica. Ahora, vía la ley se modifica subrepticiamente el Tratado, y quedamos colocados en los supuestos de los capítulos XI y XV del mismo, en donde se estipula que sí un Estado renuncia, privatiza o transfiere a particulares un área sujeta al control estatal, ésta ya no puede ser asumida libremente por el Estado.
La novena razón que aclara la privatización tiene que ver con lo dispuesto en los artículos
La décima razón de esta privatización muestra cómo el Estado mexicano se despoja de su autoridad y cómo los poderes legislativo y judicial, entre otros, pierden competencias a favor de los inversionistas, tal como se desprende de la nueva Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos propuesta por Calderón.
Si analizamos las iniciativas de Calderón, encontramos lo siguiente:
A
La nueva Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos conforma un régimen de excepción para PEMEX con el pretexto de otorgarle “autonomía de gestión”. A PEMEX, sus competencias, y servidores públicos se les excepciona, entre otras, de las siguientes disposiciones: de
a) Establece un Comité del Consejo de Administración de PEMEX que pretende llamarse de “Transparencia y Auditoría”, el que tendrá facultades para aprobar reglas sobre las adquisiciones, obras, arrendamientos y servicios (artículo 22). Tal intención viola los artículos 49 y 134 de
b) Se prevé un Comité de Remuneraciones que propondrá al Consejo de Administración de PEMEX las retribuciones de la alta burocracia de esa empresa estatal –artículo 24-, lo que se opone a los artículos 49, 73, 74, 75 y 126 constitucionales, pues los salarios de los funcionarios previstos en ley necesariamente deben determinarse en el presupuesto o en ley posterior. Es decir, el Comité de Remuneraciones viola el principio de división de poderes y las atribuciones constitucionales de
c) El artículo 29 de la iniciativa limita las atribuciones de
d) Contempla más burocracia y presidencialismo, y propone que existan cuatro nuevos Consejeros para el Consejo de Administración de PEMEX, los que serán nombrados por el presidente de
e) El artículo 36 de la nueva ley propone un régimen de excepción en materia de responsabilidades para los miembros del Consejo de Administración, lo que violenta el título cuarto de
f) Faculta a PEMEX para contratar deuda externa –artículo 38 fracción II- sin tomar en cuenta al Congreso y a la propia Secretaría de Hacienda, lo que constituye una contradicción, entre otros, del artículo 73 fracción VIII de
g) Incorpora –en su artículo 41- bonos ciudadanos, según esto para que todos los ciudadanos recibamos los beneficios de la explotación del petróleo y los hidrocarburos, en donde se permite la participación de los intermediarios financieros (Afores, bancos y hasta casas de bolsa) y establece que
h) Propone en su artículo 45 no llevar a cabo licitaciones públicas –invitaciones que hace el gobierno para que todos los proveedores que quieran puedan participar- para adquirir bienes, servicios u obras, lo que infringe el artículo 134 de
i) El artículo 46 determina que PEMEX y sus organismos subsidiarios podrán celebrar contratos en los que se fije una remuneración fija o variable, determinada o determinable, con base en las obras y servicios especificados al momento de la contratación o que el desarrollo del proyecto exija con posterioridad. PEMEX podrá pactar incentivos tendientes a maximizar la eficacia o éxito de la obra o servicio, y los contratos serán pagaderos en efectivo. A tales contratos se les denomina de desempeño o incentivados y, para muchos constituyen auténticos contratos de riesgo porque se compartirían con los particulares las reservas o su equivalente en efectivo, los resultados de la producción y, la misma renta petrolera, lo que infringe el párrafo sexto del artículo 27 constitucional (la característica fundamental de los contratos de riesgo es que la remuneración al particular está en relación con el grado o nivel de la extracción o de la producción). Por otra parte, y además de la pésima técnica legislativa, porque estos contratos deben estar regulados en
j) Prevé información escasa a los ciudadanos sobre el funcionamiento de PEMEX –artículos 47 y 48- sin cumplir con los mínimos del artículo sexto constitucional que establecen el principio de máxima publicidad. Es decir, las normas citadas contemplan satisfacer el derecho de acceso a la información de manera acotada, y siempre y cuando la información sea parte de los informes anuales o trimestrales que PEMEX entregará al Congreso, a
k) Favorece que se aplique el derecho extranjero y que los tribunales extranjeros resuelvan conflictos en la materia –artículo 49-, lo que implica una limitación y violación a los principios de exclusividad del sector público sobre los recursos petroleros por ser parte del área estratégica del Estado, seguridad y soberanía nacionales y, por tanto, una violación a los artículos 25 y 28 constitucionales.
En cuanto a las reformas a Ley Orgánica de
Se modifica para que
Respecto al proyecto de reformas y adiciones a
- En su artículo 2 viola el artículo 25 de
- Contempla permisos a particulares en el transporte, almacenamiento y distribución del petróleo, hidrocarburos y petroquímica básica –artículo 4-, lo que viola los artículos 25, 27 y 28 de
- En su artículo 4 permite que los particulares, nacionales o extranjeros, sean propietarios de refinerías, ductos, instalaciones y equipos, lo que contradice los artículos 25, 27 y 28 de
- El artículo
- Permite que los particulares, nacionales o extranjeros pueden obtener permisos para reconocer y explorar posibilidades petrolíferas –artículo 7-, lo que es inconstitucional porque se trata de actividades que exclusivamente puede realizar el Estado a través de PEMEX (artículos 25, 27 y 28 constitucionales).
- Establece en su artículo 12 que los permisos y contratos entre PEMEX y los particulares, en lo no previsto por la ley reglamentaria, se regirán por el Derecho Privado, incluyendo actos sobre yacimientos transfronterizos, lo que significa que PEMEX deja de ser autoridad y pasa a ser otro particular y, que el Estado mexicano está dispuesto a negociar con particulares lo referente a yacimientos transfronterizos. Esa disposición violenta los principios que consideran a los hidrocarburos como parte del área estratégica del Estado y que consagran la exclusividad del sector público en su explotación, así como los de soberanía nacional, infringiendo los artículos 25, 27, 28 y 133 constitucionales.
En cuanto a las reformas a
- Permite que el Estado deje de tener en exclusiva el control de los precios de las ventas de primera mano de los productos que se obtengan de la refinación del petróleo, de gas y de petroquímicos básicos cuando existan condiciones de competencia efectiva en el mercado a juicio de
- Establece el otorgamiento de permisos a particulares para la prestación de servicios de transporte, distribución y almacenamiento del petróleo, de los hidrocarburos y de los petroquímicos básicos –artículo 10-, lo que se opone a los artículos 25, 27 y 28 de
Sobre
Este ordenamiento insiste en permisos a los particulares sobre los recursos energéticos en casi todo su texto –artículos 3 y 8 entre otros -, los que están prohibidos por el artículo 27 de
Respecto a la iniciativa de reforma a
El miércoles 14 de mayo de 2008, Calderón envió a
Todas esas iniciativas se oponen a la Constitución[2] porque limitan la soberanía del país, diluyen el concepto de área estratégica sobre el petróleo, los hidrocarburos y la petroquímica básica, previstos en el artículo 28 párrafo cuarto de
II. El análisis anterior revela con claridad que una reforma a
Además, no debe soslayarse que una norma secundaria (aunque sea evidente que infringe una norma constitucional que expresa una decisión jurídico político fundamental de
III.- La conducta denunciada es antijurídica, por no estar apoyada en ninguna de las causas de exclusión de delito previstas en el artículo 15 del Código Penal Federal. A este respecto, podría cuestionarse que si el Presidente de
Es incontrastable que en el ejercicio de cualquier atribución legal, existen limitaciones que devienen de principios lógicos ínsitos en el propio sistema constitucional y, que no están sujetos a los caprichos de ningún legislador, ya que no puede derogar las leyes de la lógica, ni modificarlas.
Es evidente que resulta contradictorio lógica, jurídica y éticamente, por ello es inaceptable, que sea posible que el régimen constitucional imponga a todos los servidores públicos de
Cierto es que hay casos en que la discordancia de una norma secundaria con
IV.- La acción reclamada tiene los claros tintes de la culpabilidad, puesto que el agente tiene la capacidad de comprender los actos que está realizando y conducirse conforme a esa comprensión, además que tiene varias alternativas de acción, por lo tanto, le es exigible una conducta distinta a la que está ejecutando. Asimismo, por su investidura está obligado a motivar su conducta en la norma constitucional más que cualquier otro habitante de
Por lo anterior, respetosamente le solicitamos
PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 87, 108, 110 párrafo cuarto y 111 párrafo cuarto de
SEGUNDO.- Acusar a FELIPE CALDERÓN HINOJOSA ante el Senado de
TERCERO.- Solicitar ante las instancias competentes de
Protestamos lo necesario.
[1] Se entiende por permiso en el derecho administrativo el acto administrativo que remueve un obstáculo o impedimento que la norma administrativa o legal ha establecido para el ejercicio del derecho de un particular. El elemento fundamental del concepto alude a derechos de particulares cuyo ejercicio está limitado por las normas administrativas o legales. En otras palabras, los permisos son para modificar obstáculos o impedimentos que las normas administrativas o legales han contemplado para restringir derechos de los particulares, lo que entraña que los permisos en principio no se otorgan para explotar bienes, recursos o servicios públicos. La institución jurídica que existe para estos últimos propósitos se llama concesión.
[2] No sólo se oponen a
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