Córdova y la reforma panista de la salud

Gustavo Leal F.

Después de las vaguedades y ocurrencias que desplegó Felipe Calderón durante su campaña presidencial y una vez que Vicente Fox y Julio Frenk casi imploraron que se diera continuidad a su fraudulento Seguro Popular, Calderón terminó aceptando que lo “fortalecería y ampliaría”. Desde entonces, el doctor José Ángel Córdova –secretario federal de Salud– repite como cilindrero que –junto con su penosa “aportación” sexenal: el “seguro” para los recién nacidos, o Seguro Popular petit– México se encamina ciegamente hacia un sistema “único” de salud dictado sólo por él.

De manera más confusa, pero igualmente repetitiva, el politólogo Juan Molinar Horcasitas –ese paladín de la transparencia– alude desde el IMSS a la creación de un “mercado interinstitucional de servicios de salud”. Por su parte, acosado por una “reforma” del ISSSTE que nació muerta, Miguel Ángel Yunes sólo declara que “es necesaria la integración de un sistema universal”.

¿Qué quiere decir Córdova con “único” (porque de Horcasitas hay que aguardar, primero, que inserte ordenadamente su extravagante “propuesta” en alguna política federal)?

Lo que quiere decir Córdova lo expusieron con todas sus letras los panistas presidentes de las comisiones de Salud de las cámaras de Senadores y Diputados (60 Legislatura), Ernesto Saro Boardman y Éctor Jaime Ramírez, en la reunión que celebró la Conago en Cocoyoc, Morelos, el pasado 11 de agosto.

En su ponencia Descentralización 2007-2012, ambos legisladores coinciden en que ese sistema “único” –que espera imponer el PAN de Calderón– se reduce a “reformar” la Ley General de Salud (LGS) para introducir paquetes básicos preventivos de servicios a toda la población, mientras se renuncia abiertamente a seguir brindando atención médica integral, oportuna y resolutiva. Saro y Ramírez sólo pretenden extender al IMSS y al ISSSTE el Seguro Popular foxista, “seguro” que ha conducido al caótico y descontrolado estado en que se hallan los actuales servicios estatales de salud, sin siquiera detenerse a examinar la naturaleza de la atención médica que prestan.

Siguiendo el Reglamento del Seguro Popular, Saro y Ramírez reproducen la distinción entre prestaciones de salud pública y personales como la atención médica.

En salud pública, su propuesta prevé que todas las jurisdicciones sanitarias reorienten sus funciones hacia la provisión de estos servicios, así como modificaciones al artículo 4º constitucional para establecer la concurrencia de los municipios en materia de salubridad general.

En atención médica, adecuando ese mismo artículo 4º, pretenden el acceso universal a los servicios de las instituciones mediante un sistema unificado entre ellas.

Entre otros, las reformas a la LGS buscan reglamentar y hacer exigible el derecho de protección a la salud en el marco de una pretendida obligación de universalidad ajustada a la baja vía servicios básicos de salud (artículo 1); promover incentivos –vía las autoridades sanitarias– para que los servicios públicos colaboren con los privados y aseguren esos servicios (artículo 5); obligar a que las instituciones públicas también los garanticen (artículo 8); disponer que el Consejo de Salubridad General determine las intervenciones consideradas como servicios básicos de salud, así como que haga competitivos los servicios públicos de atención médica, incorporando crecientemente a los privados (artículo 27 y 52).

Posteriormente, en la misma reunión, el doctor Córdova refrendó esa “oportunidad de la descentralización”: que todos los mexicanos tengan “un esquema de aseguramiento público que les garantice la provisión eficiente de un paquete explícito de intervenciones”, dijo, mientras Molinar Horcasitas repetía de memoria su abstrusa extravagancia.

Es decir, el paquete explícito es un racionamiento de servicios para las mayorías. Y el “universalismo” de Calderón (como antes el de Fox-Frenk) les reserva, tan sólo, paquetes básicos esencialmente “preventivos”, mientras usa las bolsas públicas sectoriales para atender los padecimientos “costosos” –que realmente enferman y matan a los mexicanos– canalizándolos (subrogando) hacia los establecimientos privados o “priorizándolos” a través del Fondo de Gastos Catastróficos del Seguro Popular. Esto es lo que hará finalmente “explícito” el “derecho de protección a la salud” de Saro, Ramírez y Córdova.

En un encuentro organizado en México por la revista The Lancet (vinculado con la segunda fracasada candidatura de Frenk a la OMS, durante octubre de 2006), Eduardo González Pier, entonces responsable de la Unidad de Análisis Económico de la Secretaría de Salud, lo expresó así: “el principal reto es lograr que el ejercicio de definición de prioridades (paquetes) sea socialmente aceptado, lo que lo legitimaría”. A lo que el propio editor de la publicación, R. Horton, agregó: “debe haber un compromiso sostenido para involucrar a la sociedad civil para que las reformas en salud funcionen”.

¿Legitimar? ¿Involucrar? En cualquier gobierno solvente el asunto procede justo a la inversa. Se requiere “legitimar” e “involucrar” a la “sociedad”, para que “funcionen” las “reformas” cuando ella no estaba presente en su mismo diseño tecnocrático.

Como con el fraudulento Seguro Popular del foxismo, ¿eso es, nuevamente, lo que quieren Saro, Ramírez y Córdova con sus “reformas” a la LGS? ¿Por qué Córdova no llama las cosas por su nombre? Su “oportunidad de descentralización” sólo busca imponer el Seguro Popular en el IMSS y el ISSSTE, usando las cuantiosas bolsas públicas para subrogar servicios a privados.

Afortunadamente –como en el caso de Pemex–, el debate en curso sobre la salud y seguridad social lo obligará a expresarse con la precisión que debe acompañar a todo responsable de un despacho federal y a explicitar lo que, hasta ahora él, Saro y Ramírez dictan solos como “reformas” de salud.