Militares en Ayutla someten y amenazan a indígenas
en cateos en busca de armas

Fuente: El Sur,   Karenine Trigo


Ahuexutla, Ayutla Guerrero.- Unos 30 efectivos del 48
Batallón de Infantería catearon dos casas en esta comunidad
en busca de armas, una del comisario suplente, Roberto
Leobardo Olivo, la tarde del sábado, y el domingo por la
tarde mantenían un retén en la comunidad de El Ranchito,
a la salida de esta zona indígena de Ayutla, rumbo a Cruz
Grande.

Ahuexutla es una comunidad mixteca que se encuentra
a 40 minutos de la cabecera municipal, la carretera que
conduce hasta allá está pavimentada solamente hasta un
crucero, el lado izquierdo llega a Pascala del Oro y el
derecho a la comunidad El Paraíso. De ahí hasta la
comunidad son alrededor de 10 minutos por una brecha
polvosa.

Hasta aquí llegó el Ejército la tarde del sábado. Los
soldados dejaron un vehículo en el crucero y otros dos
en un sembradío de plátanos donde está el camino que
conduce a la casa de Roberto Leobardo.

El comisario, Fidencio Morales Patricio, denunció que
el sábado como a las 6 de la tarde, acudió a casa del
comisario suplente, Roberto Leobardo Olivo, a invitarlo
a una reunión, después de estar un rato en la vivienda,
se retiró y en el camino se encontró de frente con unos
30 militares armados y algunos cubiertos de la cara con
pasamontañas, uno de ellos le dijo: “a dónde vas,
regrésate con nosotros”.

Al llegar a la casa de Roberto Leobardo, los militares lo
sacaron junto con su esposa Teresa Catarino Emiliano y
a sus tres hijas, Lady, Maribel y Rosy, de 10, 8 y 4 años,
y los condujeron a un árbol que se encuentra a 10 metros
de la casa, les dijeron que se sentaran y que bajaran la
cabeza para que no los vieran, mientras unos 10 militares
buscaban dentro de la casa con una lámpara de pilas. Las
niñas lloraban asustadas y doña Teresa trataba de
consolarlas sin éxito.

En la vivienda, los militares encontraron un rifle calibre
22 y una escopeta calibre 16. Debajo del árbol,
preguntaron a los integrantes de la familia por las demás
armas, les dijeron que las entregaran y que por tener
esas armas en su casa les tocarían 20 años de cárcel.

Mientras tanto, 12 militares se trasladaron a la casa de
Daniel Roberto de Jesús, que se encuentra a unos 200
metros; ahí llegaron diciendo “vengan las pistolas, si no
se van con nosotros”.

Daniel Roberto denunció –con la traducción del ex
dirigente de la Organización Independiente del Pueblo
Mixteco, actualmente Organización para el Futuro del
Pueblo Mixteco, a la que ya no pertenece, Arturo Campos–,
que los militares llegaron a su casa “cuando estaba
oscureciendo”, gritando que se levantaran la playera,
lo cual hicieron y les dijeron que se tiraran boca abajo;
estando en el piso, con sus hijos Pedro de Jesús de 23
años e Isaías de 17, los militares les pusieron el pie en
la cabeza y otro más a la altura de la cintura.

Mientras a doña María Juliana García esposa de Daniel
Roberto y a su hija Librada de 27 años de edad, les
dijeron que se alejaran de la casa, después uno de los
militares tomó un guajolote de las patas y lo golpeó
contra el piso diciéndoles que lo mismo les iba a pasar
si no entregaban las armas.

Daniel Roberto dijo que él no tiene armas y desconoce
porqué llegaron hasta allá los militares, que él se dedica
a trabajar y su familia es tranquila. Dijo además que en
múltiples ocasiones han visto pasar carros llenos de
militares por la carretera y que nunca les habían hecho
nada.

Finalmente, los soldados se retiraron diciéndoles que
no se levantaran y que se quedaran callados.

Los militares regresaron por la casa del comisario
suplente, se lo llevaron y también al comisario
propietario Fidencio Morales, y al llegar al platanal que
se encuentra a orilla de la carretera les dijeron que
sujetaran las armas una en cada mano y les tomaron
fotos a cada uno con las dos armas.

Fidencio Morales dijo que ahí fueron subidos a un
vehículo militar, mientras otro iba detrás de ellos, al
llegar al crucero de Pascala, se encontraron con otro
vehículo militar, ahí ya estaba muy oscuro, nuevamente
les tomaron fotografías y les dijeron que se fueran de
regreso a sus casas y que se mantuvieran callados,
les entregaron una lámpara que sustrajeron de la casa
de Roberto Leobardo para que se alumbrasen de regreso.

Los indígenas de Ahuexutla señalaron que no habían
tenido antes problemas con los militares, pero en otras
comunidades de esta región mixteca de Ayutla han sido
recurrentes las denuncias por violaciones a los derechos
humanos cometidas or el Ejército, y más desde 1998,
cuando se dio la masacre de El Charco, donde fueron
asesinados 11 campesinos, y se dio a conocer que estaban
en una reunión comunitaria en una escuela, en la que se
encontraba también una columna guerrillera del Ejército
Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI).

Los indígenas muertos en El Charco pertenecían a la
Organización Independiente de Pueblos Mixtecos
Tlapanecos, que en años posteriores se conformó en una
por cada pueblo: la Organización del Pueblo Indígena
Me’phaa y la Organización para el Futuro del Pueblo
Mixteco; de ésta eran presidente y secretario Raúl
Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, detenidos el 13 de
febrero, desaparecidos una semana, y hallados muertos
con huellas de tortura.

Entre las frecuentes denuncias por los atropellos
cometidos por el Ejército, los dos dirigentes asesinados
apoyaron a indígenas de la comunidad de La Cortina,
que el 15 de abril del año pasado se quejaron ante la
Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de
Guerrero de que militares catearon viviendas, se
metieron a sembradíos, robaron productos y
preguntaron por gente armada.

Lunes 13 de abril de 2009

CENCOS