Tribunal reconoce irregularidades
en acusación a Jacinta Francisco
Marcial; la mantiene en prisión


Difusión Cencos México D.F., 15 de abril de 2009


Centro Prodh

No hay justicia para las mujeres indígenas en México:
Tribunal reconoce graves irregularidades en la
acusación contra Jacinta pero la mantiene en prisión

• Pese a que constata muy graves vicios en el proceso,
el magistrado se limita a ordenar la reposición del juicio.
• Tras más de dos años y medio en prisión, la justicia
vuelve a negarse a quienes más padecen su inequidad.
• La defensa de Jacinta Francisco Marcial acudirá a todas
las instancias restantes para buscar la justicia hoy
aplazada; la campaña de solidaridad por su liberación
seguirá adelante.

El 19 de diciembre de 2008, Jacinta Francisco Marcial,
mujer indígena ñhä-ñhú (otomí), fue sentenciada
injustamente en la ciudad de Querétaro. El Juez Cuarto
de Distrito en el estado de Querétaro la condenó, junto
con Alberta Alcántara y Teresa González,
considerándola responsable de haber secuestrado a
seis agentes de la Agencia Federal de Investigación
(AFI) durante hechos ocurridos el 26 de marzo de 2006
en la comunidad indígena Santiago Mexquititlán, del
municipio de Amealco, Querétaro.

Ante la insuficiencia de las pruebas empleadas para
acusarla y la profunda injusticia patente en el caso,
el Centro Prodh asumió la defensa de Jacinta en
segunda instancia durante enero de 2009. Junto con
una campaña de solidaridad en su favor que suscitó
numerosas adhesiones, el Centro Prodh interpuso el
recurso de apelación en representación de la mujer
indígena. Éste recayó en el Tribunal Unitario del
Vigésimo Segundo Circuito, con sede en Querétaro, a
cargo del magistrado Hanz Eduardo Muñoz López.

Las numerosas irregularidades del proceso permitían
al magistrado restituir los derechos de Jacinta para
modificar la sentencia y devolverle su libertad. No
obstante, en su resolución de fecha 7 de abril el
magistrado López Muñoz se limitó a ordenar la
reposición del procedimiento; es decir, regresó el
expediente al Juez Cuarto de Distrito en Querétaro,
Rodolfo Pedraza Longhi, para que nuevamente se
desahoguen pruebas. Con esto, la misma autoridad
que condenó a Jacinta a más de veinte años de prisión
tendrá nuevamente en sus manos su libertad.

En su fallo, notificado apenas en días pasados a
Jacinta, el magistrado reconoce abiertamente que
existen “contradicciones sustanciales” en los
testimonios de los seis agentes federales de
investigación que dicen haber sido “secuestrados”
por Jacinta, Teresa y Alberta. También reconoce
expresamente la posibilidad de que los hechos se
hayan derivado de una negociación consentida y
propuesta por los servidores públicos de la
Procuraduría General de la República (PGR). No
obstante, ante las contradicciones, omite presumir
la inocencia de Jacinta y ordena el desahogo de
nuevas pruebas; así, ante la duda no absolvió sino
que optó por perpetuar el encarcelamiento.

Con la sentencia dictada por el Tribunal Unitario se
refrenda la negativa a reconocer la presunción de
inocencia de Jacinta y a presumir en los hechos lo
contrario: su culpabilidad, aun cuando la acusación
en su contra es absurda.

Por otra parte, el fallo del Tribunal Unitario revictimiza
a Jacinta al posponer, casi indefinidamente, la
resolución sobre el fondo del caso. En efecto, si se
considera que algunos de los careos ordenados por
el magistrado requieren que los agentes federales,
que se dicen víctimas de Jacinta, acudan al Juzgado
Cuarto, el juicio puede prolongarse considerablemente:
durante el juicio estos fueron infructuosamente
llamados para careos en más de quince ocasiones, lo
que muestra su desinterés absoluto en el proceso y
su negativa a colaborar con el cabal esclarecimiento de
los hechos.

Es importante recordar que, como ha sido
reiteradamente señalado por este Centro –y por la
opinión pública interesada en el caso– el juicio seguido
a Jacinta Francisco Marcial patentiza la discriminación
que prodigan las instancias de justicia en contra de
quienes son indígenas, mujeres y viven en situación
de marginalidad. Para ellas, en México, no hay justicia
ni Estado de Derecho.

Igualmente, este Centro ha insistido en que el caso
muestra que en la actualidad las instancias de justicia
son empleadas deliberadamente, abusando de figuras
como el secuestro, para castigar o inhibir expresiones
de protesta o descontento popular. Las mismas
procuradurías que no son efectivas al investigar y
esclarecer los verdaderos secuestros –aquellos donde
se extorsiona privando violentamente de la libertad y
exigiendo rescate– son expeditas e implacables cuando
se trata de imputar ese grave delito a quienes, con
pruebas o sin ellas, son relacionados por las autoridades
con actos de protesta.

En la actual circunstancia, Jacinta, su familia y el Centro
Prodh seguiremos agotando todas las instancias jurídicas
necesarias para probar su inocencia. Por ende, hacemos
un renovado llamamiento a las personas que se han
solidarizado con ella a que continúen participando en la
campaña emprendida para alcanzar su liberación.
En este sentido, en el sitio de internet del Centro Prodh
(www.centroprodh.org.mx ) seguirán encontrando
acciones a realizar para participar en la campaña.
Hoy más que nunca, apoyar a Jacinta y exigir justicia es
imprescindible.

Contacto Prodh: Tania Gómez
(comunicacion@centroprodh.org.mx)
(01 55) 55 46 82 17, ext. 116.